(Red Eco).-
Mientras se baten récords de ingresos de camiones cargados de granos a
los
puertos, se despliega la crisis de los principales establecimientos
productivos. A los cierres de Arzinc, Paraná Metal y Meyde SRL, se suman
despidos, retiros voluntarios, adelantos de vacaciones, suspensiones,
amenazas de cierre, sueldos atrasados y rebajas salariales en diversas
empresas
como Aerolíneas Sol, Nuevo Central Argentino, Talleres Rioro, Bambi,
Electrolux, General Motors, La Virginia, Acindar, Metalbo, Ricedal, Dasa
y
Vassalli Fabril. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo
(Mario Hernandez para Red Eco) Santa Fe- El mediodía del pasado 14 de
abril, mientras dentro de la Bolsa de Comercio de Rosario se realizaba
el remate del primer lote de soja de la temporada, la CTA Autónoma junto
a diversas agrupaciones se manifestó en la puerta de la
histórica entidad local.
Con carteles, cánticos y consignas un grupo de militantes se concentró
en la Plaza Pringles para repudiar, como cada año, la
convocatoria de la Bolsa que contó con la presencia de autoridades
locales y provinciales. La realidad es que allí se festeja el
producto de lo que, al interior de las provincias litoraleñas, está
generando enfermedades y muertes. Algo reconocido por el propio
Ministerio de Salud de Santa Fe, cuyas estadísticas arrojaron en 2015
que los tumores son la segunda causa de muerte en esta provincia y que
los departamentos que registran una mayor tasa de mortalidad por la
enfermedad tienen una intensa actividad agroindustrial.
“Realmente le presentamos batalla a este modelo que sigue siendo
neoliberal, extractivista, que agota nuestro suelo y aire. Parecen
palabras
sueltas, pero se nota el malestar de toda nuestra gente. El llamado
cordón industrial hoy es el cordón sojero, tenemos soja de punta a
punta con campos enteros fumigados, donde crecen las deformaciones en
los niños, problemas respiratorios y tantísimos casos de
cáncer. Gente joven que muere a causa de este modelo”, aseguró Norma
Giménez, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA
Rosario.
La Bolsa de Comercio de Rosario es un emblema del modelo sojero dado que
el 80% de la exportación agropecuaria del país sale por los
puertos de la zona. Como lo definió la Intendenta, Mónica Fein, en su
discurso dentro del enorme edificio del microcentro rosarino:
“..este mercado físico de granos, que reúne el 80% de la producción y
exportación de granos del país y que es
el principal centro de comercialización de soja a nivel mundial".
“Se sigue enseñoreando a este modelo que enriquece a unos pocos, sigue
llenando los bolsillos a la clase que puede sacar las riquezas del
país. Derechos humanos son todos y el derecho humano primordial es la
salud, el bienestar también en materia económica, porque
las capas pobres crecen cada vez más”, denunció Giménez.
Mientras se colocaban las banderas y carteles en el ingreso por calle
Paraguay, pasó la manifestación de trabajadores bancarios, de paro
reclamando por los despidos y mejoras salariales. “Es un momento álgido
para todo el país y nuestra zona y no tenemos que
quedarnos, tenemos que movilizarnos y estar en pie de lucha”, consideró
la dirigente.
Consultada sobre la posibilidad cierta de subvertir este esquema
económico en un marco creciente de deterioro social, medioambiental y
económico, la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA aseguró que “hay
sectores con nuevos planteos, los sectores movilizados,
los jóvenes que quieren revolucionar este sistema. Ya hay experiencias
agroecológicas a lo largo y ancho del país. Todos los
gobiernos de los últimos años no tocaron a la clase que mantuvo la
economía del país que sigue siendo para unos pocos. No
podemos desentendernos de lo que está pasando. Vamos a seguir viniendo
aquí cada año. Que sepan ahí adentro que hay gente
que no quiere esto”.
Si bien las cifras difieren en función de las entidades que los
proporcionan y los mecanismos de medición, se calcula que de enero a
marzo hubo entre 1.153 y 1.953 despidos cada día hábil. La Unión
Industrial Argentina (UIA) aseguró que de no mejorar el
panorama, 200.000 puestos de trabajo están en riesgo.
La provincia de Santa Fe es un escenario de análisis de este proceso.
Mientras se baten récords de ingresos de camiones cargados de
granos a los puertos, se despliega la crisis de los principales
establecimientos productivos que habían resucitado por la
reindustrialización y la recuperación del mercado interno desarrollada
durante la posconvertibilidad. La caída del consumo, el
desmantelamiento de la protección contra las importaciones y el aumento
de costos derivados fundamentalmente de los tarifazos, tensan los
conflictos en importantes localidades santafesinas.
Los cierres de Arzinc y Paraná Metal, son los dos casos más emblemáticos. Las patronales cerraron las
fábricas y dejaron cientos de familias en la calle. Una situación similar ocurre en Aerolíneas Sol, donde la
patronal anunció el cierre que deja a 300 trabajadores sin su fuente de trabajo, de los cuales 160 son de Rosario y alrededores.
Estos ataques, se combinan con decenas de despidos en Bambi, en Electrolux (disfrazados de retiros voluntarios), en
adelantos de vacaciones, suspensiones y rebajas salariales en otras como General Motors, La Virginia, Acindar o Metalbo.
Los despidos alcanzaron también al sector de los ferrocarriles y esto generó que desde la Unión Ferroviaria de Rosario se
declararan en estado de alerta. Se trata de 90 trabajadores contratados en NCA (Nuevo Central Argentino) y 200 de Talleres
Rioro (en la localidad de Pérez) que realizaban reparación de vagones donde “se ha abierto un proceso de retiros
voluntarios y también despidos”.
El secretario general del gremio, Ariel López, aseguró: “Estamos en estado de alerta ante una situación preocupante de
despidos”, y añadió que “se debe a la situación nacional donde estamos inmersos en un escenario de tarifazos e
inflación que evidentemente repercute sobre la clase trabajadora”.
Otros casos
En la aceitera Ricedal de Chabás, la amenaza del cierre
viene desde el 2013. Tres veces intentaron dejar a sus casi treinta
obreros en la calle, pero volvieron a abrir. "Es un marco excelente para
arriesgarse", consideró el delegado Leonel Zulliani quien sospecha que
la empresa tiene la intención de desprenderse del sector afiliado a la
Federación Aceitera para reabrir con otra gente, con salarios a
la baja.
Pensando en el contexto nacional, analizó que "se invitó a las empresas a
una ola de despidos y ellos se subieron". De todos modos,
más allá de las problemáticas climáticas que afectan a la región que,
como los tarifazos, fueron posteriores al
estallido del conflicto, los trabajadores de Ricedal denunciaron que
"están acopiando cereales en otro lado por si pueden arrancar. Si logran
despedirnos, van a volver a arrancar en el mismo lugar".
Los aceiteros mantienen desde el 29 de febrero, con una tregua durante el período de conciliación obligatoria, el acampe en
Chabás, en lo que es la medida de lucha más larga que recuerden en el lugar.
La ciudad de Firmat sumó un nuevo conflicto en la zona al producirse el
despido de una decena de trabajadores en la planta fabril que
Nestlé tiene cerca de la ruta 33, en el ingreso a esta localidad, lo que
se tradujo en un paro de actividades y una protesta, que
incluyó cortes intermitentes sobre la ruta. Allí, la empresa cuenta con
casi 200 empleados.
Mientras, los trabajadores de la fábrica de silos Dasa, siguen de huelga al no haber cobrado los sueldos atrasados que
reclaman.
La situación se suma a la compleja coyuntura por la que atraviesan otras
empresas del sector agroindustrial, entre las principales, la
fábrica de cosechadoras Vassalli Fabril, que emplea a unos 600 obreros. Si bien está trabajando tras superar un
conflicto gremial, aún preocupa el riesgo que representa para los trabajadores su delicada situación financiera.
La problemática ya dejó el saldo negativo del cierre de la también metalmecánica Meyde SRL
que
dejó sin empleo a más de una veintena de trabajadores que todavía no
cobraron el total de sus acreencias laborales. Cabe recordar
que hace un mes se realizó en Firmat una multitudinaria movilización
organizada por la mesa intersindical local a fin de visibilizar la
situación y reclamar medidas.
Acindar
Sofía Alberti, Secretaria de Comunicación de la CTA rosarina, dialogó con Silvio Acosta, Secretario General de la CTA-A Villa
Constitución y Comisión Interna de Acindar.
“Las cuatro medidas que tomó el gobierno, nos destrozaron: cese de obra
pública, altas tasas de interés en bancos, apertura
externa e incremento de tarifas”, aclaró de entrada Acosta. Hoy la
planta villense de Acindar tiene un horno trabajando a media
capacidad, cuela acero por una sola línea, porque sencillamente está a
poco menos de la mitad de lo que producía el mes pasado:
de 130.000 toneladas mensuales, bajó a 60.000. Además se suma a que
tiene en despacho 80.000 toneladas, por lo que se deduce, tiene
stock equivalente a un tercio de la producción actual.
En Villa hay 41 contratados que no han vuelto a la planta y para los
efectivos hay suspensiones con el 85% del sueldo, bajo formas de
vacaciones,
francos compensatorios, o licencias rotativas de a cien obreros sobre un
total de 1.200. En Acindar Rosario (ex Navarro), la patronal decidió
bajar de tres turnos a dos desde el 31 de julio, lo que podría
preanunciar un cierre que dejaría en la calle a 200 trabajadores.
Según Acosta, desde la propia UOM advirtieron que de no mejorar el
segundo semestre la situación, se prevén entre 25 y 50.000
puestos de trabajo menos a nivel nacional. Vale recordar que hablamos de
un gremio con 250.000 afiliados, por lo que se quedaría sin la quinta
parte de los mismos de concretarse el negro panorama.
“Es real la caída de producción principalmente por el parate de 1.300
permisos de obra pública, en teoría porque
hace seis meses no se cumplió con proveedores y el gobierno los estaría
revisando. El problema es que mientras revisa esos planes, frena
todo lo vinculado a la producción de obra pública. A la situación con
Brasil, que bajó de 7.000 a 1.000 las toneladas para
exportación y que se agudizaría, se suma que a nivel interno no se
invierte en la producción: ni el tipo que tiene plata o un
taller invierte, porque le conviene poner la guita a plazo fijo, lo dice
la propia empresa. El banco da más porcentaje de ganancia que la
producción y sin riesgos”, explicó el dirigente de la CTA-A Villa
Constitución.
A la violenta suba de los precios, los impuestos y servicios, se suma
que el sector siderúrgico (Rama 21 del convenio UOM) no cerró su
paritaria. “Tenemos un ajuste terrible en precios, impuestos, esperemos
poder cerrar una buena paritaria. Queremos un 42% de aumento, con un
básico de convenio de bolsillo de 22.000 pesos”, adelantó.
Además, la que supo ser la autopartista más grande de Latinoamérica, la única que fabricaba en el país blocks de
motores, hoy está cerrada: Paraná Metal (ex Metcon).
“El panorama es oscuro porque hoy no se ve que haya avanzado en mejoras
en la producción. Desde el gobierno nacional tomaron cuatro
medidas que no favorecieron absolutamente en nada al trabajador. Tenés
bajos salarios, precios altos y problemas de producción. No solo
no se invierte en producción, sino que se da continuidad a un modelo
productivo que no beneficia la industria nacional. Si nosotros no
empezamos a discutir, además del aumento salarial, la producción
nacional, el mercado interno y las inversiones en el país, se va
a complicar hacia adelante”, concluyó Acosta.
Solo el pueblo hará la “revolución de la alegría”
El gobernador Miguel Lifschitz recibió la fría negativa del ministro de Energía de la Nación a su pedido de moderar el
tarifazo energético que pone patas para arriba a industrias clave de la geografía provincial. Sólo concedió la posibilidad
de estudiar un plan de pagos para los sectores electrointensivos.
Como en los ‘90, los Estados locales quedarán en la primera línea de los
conflictos derivados de la reestructuración
económica. Santa Fe entra en esta zona de turbulencia con el respaldo
del fallo de la Corte que ordenó el fin de la detracción de
fondos coparticipables para Anses. También aspira a sumarse a la ola de
deuda de la era posbuitre. Pero también siente el impacto de la
parálisis de la obra pública nacional, las suspensiones y despidos en la
industria, el comercio y la construcción, y del impacto
de la inflación y la caída de la actividad en las condiciones de vida de
la población local.
Una mesa multisectorial analizó la problemática
viernes, 6 de mayo de 2016
POR LA LIBERTADA DE BELÉN, CONDENADA A 8 AÑOS DE PRISIÓN POR SUFRIR UN ABORTO ESPONTÁNEO
(APL).-
Personal del hospital encontró en un baño un feto e inmediatamente la denunciaron asumiendo que era el “hijo” de Belén, pero sin tener ninguna prueba ni análisis de ADN que probara su relación con el feto. Belén relató contó que un enfermero le trajo el feto en una cajita y la insultó por lo que le había hecho, argumentando que se trataba de su “hijo”. Cuando despertó del legrado en su cama, estaba rodeada por varios policías que inspeccionaban sus partes íntimas. Todos estos hechos pueden ser considerados tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda información protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que es revelada, incluso a funcionarios policiales, constituye una violación del derecho a la privacidad. Los médicos profesionales tienen una obligación de proteger la confidencialidad de la información a la que han accedido como parte del ejercicio de su profesión.
Belén fue detenida en prisión preventiva por más de dos años, acusada de haberse inducido un aborto. El fiscal de la causa luego cambió la acusación por la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, que tiene una pena mayor de hasta 25 años de prisión. El 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a 8 años de prisión por homicidio y difirió la lectura de los argumentos de la sentencia al próximo 3 de Mayo. La defensa de Belén apelará la decisión y solicitará su libertad inmediata.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma,
Exhortando a las autoridades a liberar de manera inmediata e incondicional a Belén, garantizando ni ella ni ninguna otra mujer o niña será sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica;
Exhortándolos a que se instruya a los profesionales de la salud a garantizar el deber de confidencialidad médico-paciente y a garantizar mecanismos efectivos para sancionar a todo aquel que viole el derecho a la privacidad de la mujer o niña;
Exhortando a las autoridades a iniciar de manera rápida, imparcial e indepeniente una investigación sobre las alegaciones de malos tratos y violación del derecho a la privacidad por parte de los efectores de salud y miembros de las fuerzas policiales.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 13 DE JUNIO DE 2016, A:
*Procurador General, Provincia de Tucumán
Edmundo Jesús Jiménez
Fax: +54 381 4979135
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ministerio de Salud de Tucuman
Rossana Chahla
Fax: +54 381 4844000 ext. 504/505
Y copias a:
Amnistía Internacional Argentina
Belén, tiene 27 años y está privada de su
libertad desde hace más de dos años en la Provincia de Tucumán, en el
norte de Argentina, por haber sufrido un aborto espontáneo en un
hospital público. Tanto médicos como policías violaron
su derecho a la privacidad y la acusaron injustamente y la maltrataron.
Amnistía Internacional llama a una campaña para: “Exhortar a las
autoridades a liberar de manera inmediata e incondicional a Belén,
garantizando que ni ella ni ninguna otra mujer o niña
será sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto
espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica; Exhortarlos a que
se instruya a los profesionales de la salud a garantizar el deber de
confidencialidad médico-paciente y a garantizar mecanismos
efectivos para sancionar a todo aquel que viole el derecho a la
privacidad de la mujer o niña; Exhortar a las autoridades a iniciar de
manera rápida, imparcial e independiente una investigación sobre las
alegaciones de malos tratos y violación del derecho
a la privacidad por parte de los efectores de salud y miembros de las
fuerzas policiales”. Ver más abajo direcciones donde escribir para
sumarse a la campaña.
En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén fue a la guardia del
Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán por dolores
abdominales. La derivaron al Servicio de Ginecología porque tenía
abundante sangrado. Allí, los médicos le informaron
que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente
22 semanas. Belén dijo que desconocía estar embarazada.
Personal del hospital encontró en un baño un feto e inmediatamente la denunciaron asumiendo que era el “hijo” de Belén, pero sin tener ninguna prueba ni análisis de ADN que probara su relación con el feto. Belén relató contó que un enfermero le trajo el feto en una cajita y la insultó por lo que le había hecho, argumentando que se trataba de su “hijo”. Cuando despertó del legrado en su cama, estaba rodeada por varios policías que inspeccionaban sus partes íntimas. Todos estos hechos pueden ser considerados tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda información protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que es revelada, incluso a funcionarios policiales, constituye una violación del derecho a la privacidad. Los médicos profesionales tienen una obligación de proteger la confidencialidad de la información a la que han accedido como parte del ejercicio de su profesión.
Belén fue detenida en prisión preventiva por más de dos años, acusada de haberse inducido un aborto. El fiscal de la causa luego cambió la acusación por la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, que tiene una pena mayor de hasta 25 años de prisión. El 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a 8 años de prisión por homicidio y difirió la lectura de los argumentos de la sentencia al próximo 3 de Mayo. La defensa de Belén apelará la decisión y solicitará su libertad inmediata.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma,
Exhortando a las autoridades a liberar de manera inmediata e incondicional a Belén, garantizando ni ella ni ninguna otra mujer o niña será sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica;
Exhortándolos a que se instruya a los profesionales de la salud a garantizar el deber de confidencialidad médico-paciente y a garantizar mecanismos efectivos para sancionar a todo aquel que viole el derecho a la privacidad de la mujer o niña;
Exhortando a las autoridades a iniciar de manera rápida, imparcial e indepeniente una investigación sobre las alegaciones de malos tratos y violación del derecho a la privacidad por parte de los efectores de salud y miembros de las fuerzas policiales.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 13 DE JUNIO DE 2016, A:
*Procurador General, Provincia de Tucumán
Edmundo Jesús Jiménez
Fax: +54 381 4979135
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ministerio de Salud de Tucuman
Rossana Chahla
Fax: +54 381 4844000 ext. 504/505
Y copias a:
Amnistía Internacional Argentina
Envíen también copia a la representación diplomática de Argentina
acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación: Nombre Dirección 1 Dirección 2
Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos
después de la fecha antes indicada.
CÓRDOBA: A 3 AÑOS DE SU ASESINATO A MANOS DE LA POLICÍA – MAÑANA 4 DE MAYO CORTE DE CALLES A LAS 17 HORAS- MONSEÑOR PABLO CABRERA Y PEDRO LÓPEZ CORREA
(APL).-
Vecinos del barrio en reiteradas veces han manifestado que: “los pibes no tenían armas, solo podían correr escapándose de los tiros…”. Uno de ellos porta en su cuerpo una pieza clave del caso. Una bala 9mm que se encuentra en su pierna derecha, por encima del talón que puede corroborar los disparos que realizaba la policía en la persecución.
Es preciso mencionar que, en comunicación con la familia Cabanillas ellxs denuncian la responsabilidad de la policía como asesinos de su hijo y que temen porque este caso quede impune ya que en los procedimientos realizados por el cuerpo de “Balística” de esta institución se encontraron casquillos de 9mm pero en la autopsia realizada en el Hospital Municipal Infantil de Alta Córdoba se dejó registro que la perforación era de una 22 mm, es decir que se produjo una modificación para encubrir el accionar la policía.
Para la “justicia” hablamos de un caso más. Para la familia de Santino, 3 meses de vacío, de visitas a tribunales e impunidad para los mismos de siempre.
Para el Estado y su cotidiana política represiva instrumentada por la institución policial y su licencia para matar a lxs jóvenes de barrio. Tiempo en el cual se retiene la causa en cámara de acusación, hasta decidir bajo la jurisdicción de que tribunal se va a desenvolver el proceso de juicio y bajo la tutela de qué juez.
En primera instancia, la causa llega al Tribunal de menores bajo la supervisión de la jueza Giraudo quien la deriva a mayores debido a la implicancia de los efectivos policiales.
Una vez en Tribunales 2 la causa es recibida por la fiscalía 3, distrito 6 a cargo del fiscal Carlos Matheu quien decide patear la causa nuevamente en la que se encuentran implicados dos agentes policiales de la Seccional lV, Unidad 22, Cap. 8 identificados como el “Chuncano” y Matías Ezequiel Venezia a quienes la familia reconoce como responsables directos de la muerte de su hijo.
En diálogo con Elizabeth Ulloque, madre de Fernando quien se encuentra privado de su libertad en el Complejo Esperanza nos comenta que su familia ya ha tenido una experiencia con el fiscal Carlos Matheu en el 2006 debido a otro caso de gatillo fácil en el cual un policía llamado Marcelo Palau asesina de un tiro en la cabeza a su hija Natalia Basualdo. Otro caso que resulta impune para un policía que continúa caminando en libertad a cuadras de su casa, sin obtener una respuesta por parte de la justicia.
Bajo esta lupa que acabamos de figurar sobre el accionar represivo policial y judicial, debemos mencionar que los dos menores se encuentran privados de su libertad en el Complejo Esperanza en donde se ha estado evadiendo la responsabilidad de atención médica para que el joven que tiene la bala pueda ser operado y el caso pueda continuar su curso en busca de…, sino al menos de “justicia”…, menos impunidad para la policía y el encubrimiento de los crímenes del Estado.
¡Convocamos a todas las organizaciones sociales
a sumarse para que quienes gozan de la impunidad sean juzgados y dejar
una vez más en evidencia que no queremos ni un pibe menos! Este
miércoles 4 de Mayo Cintia Moyano y Federico Cabanillas,
en compañía de lxs vecinxs del barrio Marqués Anexo realizarán un corte
de calle en la intersección de Monseñor Pablo Cabrera y Pedro López
Corr, a partir de las 17horas, en reclamo del esclarecimiento de la
causa y la paralización que está siendo llevada
a cabo por la justicia de Córdoba impidiendo que se juzgue a los
verdaderos responsables de este asesinato en manos de la policía.Santino
Cabanillas de 1 año y nueve meses de edad murió en brazos de su padre
el 22 de enero debido a una bala disparada
por agentes de la Seccional lV en una persecución a dos menores que se
encontraban en la esquina de Del Molino y Del Cabildo en el barrio
Marqués de Sobremonte, a 6 cuadras de donde se encontraban Cintia y
Federico con su hijo; menores a los cuales se pretende
hacer responsables de la muerte del niño.
Vecinos del barrio en reiteradas veces han manifestado que: “los pibes no tenían armas, solo podían correr escapándose de los tiros…”. Uno de ellos porta en su cuerpo una pieza clave del caso. Una bala 9mm que se encuentra en su pierna derecha, por encima del talón que puede corroborar los disparos que realizaba la policía en la persecución.
Es preciso mencionar que, en comunicación con la familia Cabanillas ellxs denuncian la responsabilidad de la policía como asesinos de su hijo y que temen porque este caso quede impune ya que en los procedimientos realizados por el cuerpo de “Balística” de esta institución se encontraron casquillos de 9mm pero en la autopsia realizada en el Hospital Municipal Infantil de Alta Córdoba se dejó registro que la perforación era de una 22 mm, es decir que se produjo una modificación para encubrir el accionar la policía.
Para la “justicia” hablamos de un caso más. Para la familia de Santino, 3 meses de vacío, de visitas a tribunales e impunidad para los mismos de siempre.
Para el Estado y su cotidiana política represiva instrumentada por la institución policial y su licencia para matar a lxs jóvenes de barrio. Tiempo en el cual se retiene la causa en cámara de acusación, hasta decidir bajo la jurisdicción de que tribunal se va a desenvolver el proceso de juicio y bajo la tutela de qué juez.
En primera instancia, la causa llega al Tribunal de menores bajo la supervisión de la jueza Giraudo quien la deriva a mayores debido a la implicancia de los efectivos policiales.
Una vez en Tribunales 2 la causa es recibida por la fiscalía 3, distrito 6 a cargo del fiscal Carlos Matheu quien decide patear la causa nuevamente en la que se encuentran implicados dos agentes policiales de la Seccional lV, Unidad 22, Cap. 8 identificados como el “Chuncano” y Matías Ezequiel Venezia a quienes la familia reconoce como responsables directos de la muerte de su hijo.
En diálogo con Elizabeth Ulloque, madre de Fernando quien se encuentra privado de su libertad en el Complejo Esperanza nos comenta que su familia ya ha tenido una experiencia con el fiscal Carlos Matheu en el 2006 debido a otro caso de gatillo fácil en el cual un policía llamado Marcelo Palau asesina de un tiro en la cabeza a su hija Natalia Basualdo. Otro caso que resulta impune para un policía que continúa caminando en libertad a cuadras de su casa, sin obtener una respuesta por parte de la justicia.
Bajo esta lupa que acabamos de figurar sobre el accionar represivo policial y judicial, debemos mencionar que los dos menores se encuentran privados de su libertad en el Complejo Esperanza en donde se ha estado evadiendo la responsabilidad de atención médica para que el joven que tiene la bala pueda ser operado y el caso pueda continuar su curso en busca de…, sino al menos de “justicia”…, menos impunidad para la policía y el encubrimiento de los crímenes del Estado.
COMUNICADO DE ATE RÍO NEGRO: REPUDIABLE: PARA ATE LA APLICACIÓN DE LA LEY 4.640 PROVOCARÁ UNA BAJA DE SUELDOS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de ATE Río Negro:
|
ESQUEL: EL PUEBLO VUELVE A ORGANIZARSE Y A LA CALLE FRENTE A LOS ANUNCIOS DE EXPLOTACÓN MINERA EN LA PROVINCIA
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de No A La Mina:
Convocan a asamblea de vecinos de Esquel ante el renovado ataque minero en Chubut
E
ste
sábado
7 de mayo, los vecinos de Esquel realizarán una nueva
asamblea ante el anuncio de que habrá explotación minera
en Chubut.
El encuentro será a las 17 hs. en la Escuela N°7722 "23
de
Marzo" ubicada en Saenz Peña esquina Molinari.
ste
sábado
7 de mayo, los vecinos de Esquel realizarán una nueva
asamblea ante el anuncio de que habrá explotación minera
en Chubut.
El encuentro será a las 17 hs. en la Escuela N°7722 "23
de
Marzo" ubicada en Saenz Peña esquina Molinari.
CHUBUT: COMUNICADO DE PRENSA DEL SINDICATO DOCENTE EN SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE TIERRA DEL FUEGO
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa del sindicato docente de Chubut, Regional Noroeste:
Noroeste del Chubut, 4
de mayo de 2.016.
COMUNICADO DE PRENSA.
LA REGIONAL NOROESTE REPUDIA ENÉRGICAMENTE
LA REPRESIÓN Y EL ENCARCELAMIENTO DE LOS TRABAJADORES QUE LUCHAN EN TIERRA DEL
FUEGO.
Los Trabajadores
de la Educación del Noroeste de Chubut abrazan y se solidarizan con los cinco
compañeros trabajadores detenidos en el marco de la lucha que están llevando a
delante desde distintos sectores y organizaciones sociales desde hace más de 60
días en la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
El gobierno provincial
de Rosana Bertone responde a la lucha contra el ajuste con represión y
violencia, utilizando el brazo de la justicia y la policía contra los
trabajadores.
En el día de
ayer el Fiscal Ballester Billau ordenó la detención
de Horacio Gallegos (Sindicato de
Obreros y Empleados Municipales-SOEM),
Alejandro Gómez, Juan Manuel Stefoni (Sindicato Únificado de Trabajadores de la Educación
Fueguina-SUTEF), José Darío Gómez (Asociación Fueguina
de Empleados Públicos- AFEP) y Roberto Camacho (Asociación
Trabajadores del Estado- ATE).
Ante estos
hechos de violencia desde un Estado autoritario y burócrata, que defiende los
intereses de los capitalistas y patrones contra los trabajadores que exigen
condiciones dignas de vida y trabajo, denunciamos
la represión, exigimos la liberación de los compañeros detenidos y su
desprocesamiento y la respuesta inmediata a las necesidades de los sectores en
pie de lucha a través del diálogo y no a través del uso de la fuerza pública.
CONSEJO
EJECUTIVO ATECH REGIONAL NOROESTE.
martes, 3 de mayo de 2016
ATE DENUNCIA IRREGULARIDADES Y PERSECUCIÓN LABORAL EN PARQUES NACIONALES
El Bolsón (ANPP).-Comunicado de ATE.
(03/05/16) La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que podría lanzar la ocupación de edificios en la Administración de Parques Nacionales si no cesa la continua persecución laboral dentro del organismo. Esta medida, de repercusión nacional, será debatida en el Plenario Nacional de Delegados que será definido esta semana y en el que participan más de 41 áreas protegidas.
Uno de los hechos más destacados de persecución se da en el Parque Nacional Los Glaciares, donde Carlos Corvalán, quien fuera Presidente de Parques durante la gestión anterior, no solo hostiga a los afiliados de ATE sino que ahora pretende, en conjunto con el Jefe de Incendios del Sector de Calafate, perseguir a los Brigadistas precarizados que se sumen a los reclamos.
“Es muy grave que un Jefe de Incendios persiga y registre en planillas no oficiales quién se suma a las medidas y quién no”, señaló Eduardo Sotelo, del Consejo Directivo Nacional de ATE y completó: “Venimos denunciando todas las irregularidades de Corvalán, tanto en el Gobierno anterior como en este. No vamos a permitir que se persiga a los compañeros.”
Por otro lado, desde ATE se demanda al Presidente de Parques Nacionales, Eugenio Breard, que se investiguen las concesiones que Corvalán entregó “sin control del Estado”.
Brigadistas precarizados
Este 4 de mayo se conmemora el día de los brigadistas de incendios. Uno de los sectores más precarizados del área. Pese a los continuos y repetidos reclamos, los trabajadores continúan esperando respuestas sobre la necesidad de un trabajo estable y permanente, además con un sistema jubilatorio especial, porque su labor es de alto riesgo e insalubre, entre otros puntos. Por esto, ante la falta de compromiso, volverán a movilizarse este mes en el marco de su aniversario internacional.
“Somos parte de un sistema que trabaja para la conservación del patrimonio natural de todos los argentinos, pero llevamos 20 años sin que tengamos una carrera y un reconocimiento laboral”, señalaron los trabajadores a través del cuerpo de delegados.
Uno de los hechos más destacados de persecución se da en el Parque Nacional Los Glaciares, donde Carlos Corvalán, quien fuera Presidente de Parques durante la gestión anterior, no solo hostiga a los afiliados de ATE sino que ahora pretende, en conjunto con el Jefe de Incendios del Sector de Calafate, perseguir a los Brigadistas precarizados que se sumen a los reclamos.
“Es muy grave que un Jefe de Incendios persiga y registre en planillas no oficiales quién se suma a las medidas y quién no”, señaló Eduardo Sotelo, del Consejo Directivo Nacional de ATE y completó: “Venimos denunciando todas las irregularidades de Corvalán, tanto en el Gobierno anterior como en este. No vamos a permitir que se persiga a los compañeros.”
Por otro lado, desde ATE se demanda al Presidente de Parques Nacionales, Eugenio Breard, que se investiguen las concesiones que Corvalán entregó “sin control del Estado”.
Brigadistas precarizados
Este 4 de mayo se conmemora el día de los brigadistas de incendios. Uno de los sectores más precarizados del área. Pese a los continuos y repetidos reclamos, los trabajadores continúan esperando respuestas sobre la necesidad de un trabajo estable y permanente, además con un sistema jubilatorio especial, porque su labor es de alto riesgo e insalubre, entre otros puntos. Por esto, ante la falta de compromiso, volverán a movilizarse este mes en el marco de su aniversario internacional.
“Somos parte de un sistema que trabaja para la conservación del patrimonio natural de todos los argentinos, pero llevamos 20 años sin que tengamos una carrera y un reconocimiento laboral”, señalaron los trabajadores a través del cuerpo de delegados.
Para ampliar información comunicarse con
Eduardo Sotelo - ATE PPNN - ATE Argentina - (0294) 15-4802777
Rodolfo Aguiar - Secretario General ATE Río Negro - (0298) 15-4502024
Rodrigo Vicente - Coord. Nacionales ATE Río Negro - (0298) 15-4946075
Eduardo Sotelo - ATE PPNN - ATE Argentina - (0294) 15-4802777
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Rodrigo Vicente - Coord. Nacionales ATE Río Negro - (0298) 15-4946075
USHUAIA: DIRIGENTES SINDICALES ENCARCELADOS.
El Bolsón (ANPP).-Tomado de APL
(APL) Horacio Gallego del SOEM, Roberto Camacho de la CTA Autónoma, José Gómez de AFEP, Juan Manuel Estefoni del SOEM y Alejandro Gómez del SUTEF fueron detenidos en Ushuaia. Al mejor estilo de la época de la tiranía, la policía de la provincia realizó en la oscuridad de la noche, durante la madrugada, una serie de allanamientos en domicilios particulares de dirigentes. Los procedimientos se realizaron usando la fuerza, violentando domicilios, amedrentado a familiares de las personas a cuales se las buscaba, supuestamente con orden de detención, y en algunos casos la policía permaneció por varias horas en el interior de los domicilios particulares de los sindicalistas. Trascendió que los allanamientos fueron ordenados por el Juez Javier de Gamas Soler. Las actuaciones se instruyen en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de Ushuaia, los sindicalistas estarían acusados de “atentado y resistencia a la autoridad”, en tanto los abogados de las entidades sindicales trabajan sobre presentaciones enmarcadas como “privación ilegítima de la libertad”. ¡Libertad a los luchadores!
(APL) Horacio Gallego del SOEM, Roberto Camacho de la CTA Autónoma, José Gómez de AFEP, Juan Manuel Estefoni del SOEM y Alejandro Gómez del SUTEF fueron detenidos en Ushuaia. Al mejor estilo de la época de la tiranía, la policía de la provincia realizó en la oscuridad de la noche, durante la madrugada, una serie de allanamientos en domicilios particulares de dirigentes. Los procedimientos se realizaron usando la fuerza, violentando domicilios, amedrentado a familiares de las personas a cuales se las buscaba, supuestamente con orden de detención, y en algunos casos la policía permaneció por varias horas en el interior de los domicilios particulares de los sindicalistas. Trascendió que los allanamientos fueron ordenados por el Juez Javier de Gamas Soler. Las actuaciones se instruyen en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de la ciudad de Ushuaia, los sindicalistas estarían acusados de “atentado y resistencia a la autoridad”, en tanto los abogados de las entidades sindicales trabajan sobre presentaciones enmarcadas como “privación ilegítima de la libertad”. ¡Libertad a los luchadores!
El Bolsón (ANPP).-
Fuente: Diario Jornada - Asamblea No a la Mina Esquel.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la decisión de la Municipalidad de Esquel de no permitir que Minas Argentinas Sociedad Anónima tenga ni siquiera una oficina comercial en esa ciudad. El fallo es un precedente importante para el debate por la habilitación de la minería a cielo abierto con uso de cianuro en Chubut. Los ministros consideraron que por más que MASA no esté extrayendo minerales, es claro que la habilitación comercial que pretendía para su oficina sería aprovechada para una actividad que está prohibida en ese ejido municipal.
MASA había pedido la nulidad de las resoluciones municipales de 2013 que le impedían tener un local en la ciudad.
Según su versión, la habilitación de una oficina comercial no era una actividad complementaria de esa actividad prohibida sino que eran labores independientes.
La Sala Civil del STJ reivindicó en la sentencia la independencia de los municipios para regular su actividad comercial. “Esquel goza de plena potestad para establecer dentro de su ejido un régimen minero adecuado y apropiado a las características de su entorno, pudiendo determinar qué actividad en su geografía será lícita y cuál prohibida”.
Si el municipio limitó el derecho de la empresa a trabajar en Esquel, denegándole el pedido de habilitación comercial porque el Concejo Deliberante no permite las actividades conexas de otras prohibidas, no hay objeción constitucional.
MASA tenía un primer permiso provisorio de mayo de 2012. Tras un año gestionó la habilitación definitiva. Pero en noviembre de 2012 el Concejo modificó por ordenanza el Código Tributario Municipal e incluyó el cuestionado artículo 166 bis: “No se otorgará habilitación comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas de actividades que se encuentren prohibidas por la legislación municipal”.
Los ministros explicaron que cuando se extinguió la primera habilitación comercial, el contexto jurídico había cambiado por “válidas razones de interés colectivo, expresadas en la decisión comunitaria de considerar rigurosamente la actividad minera” (en referencia al plebiscito).
“No aparece disparatado que, para preservar la política de medio ambiente, el municipio haya denegado la habilitación sobre la base de específicas normas”. MASA no pudo probar que su oficina comercial sea independiente de la actividad minera. “Es claro que una oficina es la usina de decisiones o el cerebro de todo emprendimiento productivo; y en este caso de una empresa cuya actividad está prohibida”.
La firma se dedica a extraer minerales. “Cualquier actividad que pudiera desplegar en la oficina administrativa en Esquel sería una proyección, extensión, o gestión de las que lleva a cabo en la vecina Paso del Sapo”.
MASA se había quejado de que instalar una oficina en Esquel no era un peligro para el ambiente. Y que el trabajo administrativo no tenía “conexión” con las sustancias prohibidas.
El STJ respondió: “¿Qué podría hacer Minas Argentinas en la oficina de Esquel sin que hubiese entre esa acción y su actividad principal una interna relación económica como parte de un mismo emprendimiento societario”. Si se dedica a la minería y ya la ejecuta en otro lugar de Chubut, “¿de qué modo es posible desvincular o considerar que no es la extensión de la operatoria para la cual requiere una sede en Esquel?”.
“Si la puesta en marcha de una dependencia fuera para contratar personal, gestionar operaciones financieras, como medio de comunicación y accesos, comprar insumos, para cualquier clase de tarea de MASA en Esquel, todo, indefectiblemente, estaría íntimamente vinculado con la expansión, el mantenimiento y el mejoramiento de su principal actividad desarrollada en Paso del Sapo”. .
Ideología
Un apartado de la apelación de MASA se titula “La ideología anti-minera”. La empresa se queja de que el fallo en su contra incluye un “profundo preconcepto ideológico” sobre la actividad. “Crea una nueva categoría legal, el 'derecho minero del enemigo´, en el que toda la actividad minera, sin importar su ubicación y técnicas empleadas, resulta sospechosa de contaminar el ambiente y perjudicar al pueblo”.
Al referirse al plebiscito de 2003, advirtió acerca del “recurso abusivo a las prácticas de democracia semidirecta” que reemplazó el debate racional por “la adscripción a un liderazgo o la distorsión del debate por falsas opciones, excluyendo el campo del diálogo y el encuentro para dirimir conflictos”.
Para MASA, los jueces hicieron una “lectura sesgada” de la consulta popular de 2003. “Esto dejó al descubierto la carencia de imparcialidad del magistrado, ubicándolo al borde de un exceso, impidiendo obtener un acto jurisdiccional válido y razonable”.
El cierre de su oficina sería “un verdadero agravio a la Constitución Nacional que no puede convalidarse; responde al capricho de funcionarios que fueron elegidos para legislar y administrar una localidad (…) Es una verdadera 'desviación de poder´, porque se actuó con un fin distinto al perseguido por la ley”.
Por eso prohibirle abrir es “arbitrario, discriminatorio, autoritario, persecutorio, contrario al orden constitucional y carente de fundamentación legal”.
La minera aclaró que no posee emprendimientos en el ejido municipal de Esquel. Sólo hace prospección en Paso del Sapo. Y si no tiene permiso, mal podría hacer minería con sustancias tóxicas y menos actividades conexas. “Sería absurdo pensar que en las oficinas comerciales puedan ejecutarse actividades mineras o manipulación de sustancias químicas”.
Le respondieron que el artículo 166 bis “es demasiado claro y no deja lugar a dudas: es ilícito otorgar habilitación comercial cuando las actividades sean accesorias de otras prohibidas”. El municipio hizo un “cuidado preventivo” del medio ambiente. “Es legítimo vedar la radicación de una empresa cuyos estatutos sociales posibilitan la extracción con cianuro, aún cuando todavía no haya certeza de su actividad. Basta la posibilidad del daño para que opere la prevención”.
Si MASA se sintió perjudicada podía reclamar por daños y perjuicios, pero no la habilitación. “Nadie puede tener una expectativa legítima y razonable de que la ley se habrá de incumplir. La actora sabía desde un principio que la habilitación comercial era accesoria de una actividad prohibida e igual intentó conseguirla; la frustración obedece a su propia torpeza y no a una expectativa legítimamente creada”.
En cuanto a las críticas al plebiscito del 23 de marzo de 2003, el fallo remarcó: “Esquel decidió que no quiere minas ni mineras; hubo que elegir entre un rápido progreso económico o la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras. La decisión fue tomada y hay que respetarla”. Pretender lo contrario sería un peligroso precedente para la institucionalidad del municipio y “manifiestamente inmoral”.#
Versión de MASA
El área de Prensa de MASA explicó que el Departamento de Asuntos Legales de la minera “está analizando detalladamente el fallo” y no descarta apelar en una instancia superior.
El Superior Tribunal confirmó que Minas Argentinas no puede tener una sede en Esquel.
Otro triunfo de la voluntad popular. En 2012 una ordenanza impidió que Minas Argentinas S.A. MASA, subsidiaria de Yamana Gold Inc., obtuviera una habilitación comercial para abrir un local. La minera se quejó y dijo que un local no dañaba el medio ambiente. Pero el STJ advirtió que una oficina hubiese sido “el cerebro de una empresa cuya actividad está prohibida”.
Fuente: Diario Jornada - Asamblea No a la Mina Esquel.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la decisión de la Municipalidad de Esquel de no permitir que Minas Argentinas Sociedad Anónima tenga ni siquiera una oficina comercial en esa ciudad. El fallo es un precedente importante para el debate por la habilitación de la minería a cielo abierto con uso de cianuro en Chubut. Los ministros consideraron que por más que MASA no esté extrayendo minerales, es claro que la habilitación comercial que pretendía para su oficina sería aprovechada para una actividad que está prohibida en ese ejido municipal.
MASA había pedido la nulidad de las resoluciones municipales de 2013 que le impedían tener un local en la ciudad.
Según su versión, la habilitación de una oficina comercial no era una actividad complementaria de esa actividad prohibida sino que eran labores independientes.
La Sala Civil del STJ reivindicó en la sentencia la independencia de los municipios para regular su actividad comercial. “Esquel goza de plena potestad para establecer dentro de su ejido un régimen minero adecuado y apropiado a las características de su entorno, pudiendo determinar qué actividad en su geografía será lícita y cuál prohibida”.
Si el municipio limitó el derecho de la empresa a trabajar en Esquel, denegándole el pedido de habilitación comercial porque el Concejo Deliberante no permite las actividades conexas de otras prohibidas, no hay objeción constitucional.
MASA tenía un primer permiso provisorio de mayo de 2012. Tras un año gestionó la habilitación definitiva. Pero en noviembre de 2012 el Concejo modificó por ordenanza el Código Tributario Municipal e incluyó el cuestionado artículo 166 bis: “No se otorgará habilitación comercial para el ejercicio de actividades accesorias, complementarias o conexas de actividades que se encuentren prohibidas por la legislación municipal”.
Los ministros explicaron que cuando se extinguió la primera habilitación comercial, el contexto jurídico había cambiado por “válidas razones de interés colectivo, expresadas en la decisión comunitaria de considerar rigurosamente la actividad minera” (en referencia al plebiscito).
“No aparece disparatado que, para preservar la política de medio ambiente, el municipio haya denegado la habilitación sobre la base de específicas normas”. MASA no pudo probar que su oficina comercial sea independiente de la actividad minera. “Es claro que una oficina es la usina de decisiones o el cerebro de todo emprendimiento productivo; y en este caso de una empresa cuya actividad está prohibida”.
La firma se dedica a extraer minerales. “Cualquier actividad que pudiera desplegar en la oficina administrativa en Esquel sería una proyección, extensión, o gestión de las que lleva a cabo en la vecina Paso del Sapo”.
MASA se había quejado de que instalar una oficina en Esquel no era un peligro para el ambiente. Y que el trabajo administrativo no tenía “conexión” con las sustancias prohibidas.
El STJ respondió: “¿Qué podría hacer Minas Argentinas en la oficina de Esquel sin que hubiese entre esa acción y su actividad principal una interna relación económica como parte de un mismo emprendimiento societario”. Si se dedica a la minería y ya la ejecuta en otro lugar de Chubut, “¿de qué modo es posible desvincular o considerar que no es la extensión de la operatoria para la cual requiere una sede en Esquel?”.
“Si la puesta en marcha de una dependencia fuera para contratar personal, gestionar operaciones financieras, como medio de comunicación y accesos, comprar insumos, para cualquier clase de tarea de MASA en Esquel, todo, indefectiblemente, estaría íntimamente vinculado con la expansión, el mantenimiento y el mejoramiento de su principal actividad desarrollada en Paso del Sapo”. .
Ideología
Un apartado de la apelación de MASA se titula “La ideología anti-minera”. La empresa se queja de que el fallo en su contra incluye un “profundo preconcepto ideológico” sobre la actividad. “Crea una nueva categoría legal, el 'derecho minero del enemigo´, en el que toda la actividad minera, sin importar su ubicación y técnicas empleadas, resulta sospechosa de contaminar el ambiente y perjudicar al pueblo”.
Al referirse al plebiscito de 2003, advirtió acerca del “recurso abusivo a las prácticas de democracia semidirecta” que reemplazó el debate racional por “la adscripción a un liderazgo o la distorsión del debate por falsas opciones, excluyendo el campo del diálogo y el encuentro para dirimir conflictos”.
Para MASA, los jueces hicieron una “lectura sesgada” de la consulta popular de 2003. “Esto dejó al descubierto la carencia de imparcialidad del magistrado, ubicándolo al borde de un exceso, impidiendo obtener un acto jurisdiccional válido y razonable”.
El cierre de su oficina sería “un verdadero agravio a la Constitución Nacional que no puede convalidarse; responde al capricho de funcionarios que fueron elegidos para legislar y administrar una localidad (…) Es una verdadera 'desviación de poder´, porque se actuó con un fin distinto al perseguido por la ley”.
Por eso prohibirle abrir es “arbitrario, discriminatorio, autoritario, persecutorio, contrario al orden constitucional y carente de fundamentación legal”.
La minera aclaró que no posee emprendimientos en el ejido municipal de Esquel. Sólo hace prospección en Paso del Sapo. Y si no tiene permiso, mal podría hacer minería con sustancias tóxicas y menos actividades conexas. “Sería absurdo pensar que en las oficinas comerciales puedan ejecutarse actividades mineras o manipulación de sustancias químicas”.
Le respondieron que el artículo 166 bis “es demasiado claro y no deja lugar a dudas: es ilícito otorgar habilitación comercial cuando las actividades sean accesorias de otras prohibidas”. El municipio hizo un “cuidado preventivo” del medio ambiente. “Es legítimo vedar la radicación de una empresa cuyos estatutos sociales posibilitan la extracción con cianuro, aún cuando todavía no haya certeza de su actividad. Basta la posibilidad del daño para que opere la prevención”.
Si MASA se sintió perjudicada podía reclamar por daños y perjuicios, pero no la habilitación. “Nadie puede tener una expectativa legítima y razonable de que la ley se habrá de incumplir. La actora sabía desde un principio que la habilitación comercial era accesoria de una actividad prohibida e igual intentó conseguirla; la frustración obedece a su propia torpeza y no a una expectativa legítimamente creada”.
En cuanto a las críticas al plebiscito del 23 de marzo de 2003, el fallo remarcó: “Esquel decidió que no quiere minas ni mineras; hubo que elegir entre un rápido progreso económico o la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras. La decisión fue tomada y hay que respetarla”. Pretender lo contrario sería un peligroso precedente para la institucionalidad del municipio y “manifiestamente inmoral”.#
Versión de MASA
El área de Prensa de MASA explicó que el Departamento de Asuntos Legales de la minera “está analizando detalladamente el fallo” y no descarta apelar en una instancia superior.
NO AL CIERRE DE LOS PROGRAMAS SOCIO-EDUCATIVOS.
El Bolsón (ANPP).-COMUNICADO DE PRENSA ATEN
El sábado 30 de abril se realizó un ensayo general de la Orquesta de la Confluencia, formada por niños, niñas y jóvenes de las orquestas del programa socioeducativo de las orquestas de los CPEM 18 y 69 de la ciudad de Neuquén.
La actividad pretende hacer visible las problemáticas por las que atraviesan los programas socioeducativos dependientes del Ministerio de educación de la nación, con los consecuentes riesgos para la continuidad del programa orquestas infantojuveniles.
Acompañados por la comunidad y aten, las orquestas realizaron una actividad en la que mostraron los logros de estos años de trabajo.
Familias y vecinos, se expresaron en favor de la continuidad de los programas y de la necesidad de los mismos para el bien comunitario.
Desde aten comunicamos nuestra exigencia de:
.- Continuidad de los programas socieducativos,
.- La regularización laboral de lxs docentes.
.- El cobro de los salarios adeudados de todo el año 2016 a la fecha.
Al día de la fecha no solo, no han cobrado los/as profesores/as, sino que además, no está garantizada la continuidad de los programas.
Desde aten nos solidarizamos con el coordinador Nacional de orquestas infantiles y juveniles Claudio Spector y repudiamos su despido.
Comisión Directiva Provincial aten
Pablo Grison Secretario Gremial Cel 2994205357
Contactos Orquestas:
Eva Vera Orquesta CPEM 18 Cel 2995948034
Andrea Fernandez Directora Orquesta CPEM 69 Cel 2995150461
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