SOCORRISTAS EN RED DE EL BOLSÓN, POR EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

El Bolsón (EPTV).-En la jornada organizada por la organización popular COmunicadoras CAllejeraS (CO.CAS), este sábado pasado en la Plaza Pagano en el centro de El Bolsón, El Pueblo TV pudo entrevistar a dos miembrxs de Socorristas en Red, quienes contaron sobre cómo funciona el acompañamiento a las mujeres que quieren abortar. La posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, es uno de los ejes de la campaña.
En la charla, Simón y Gabriela cuentan también cómo llegar a esa ayuda.
Los y las invitamos a ver la nota:

“LA DESAPARICIÓN DE DANIEL SOLANO PUSO DE MANIFIESTO EL ENTRAMADO ENTRE LA POLICÍA, LA JUSTICIA, EL PODER POLÍTICO Y LAS EMPRESAS”

SE REALIZARÁ AUDIENCIA PÚBLICA POR EL CASO DE DANIEL SOLANO

Por Mario Hernández

27 de septiembre de 2015 | El martes 29 de septiembre, a instancias del diputado Pablo López del bloque del Frente de Izquierda - Partido Obrero, se realizará en el Congreso Nacional una audiencia pública por el caso de Daniel Solano, joven trabajador rural tercerizado, desaparecido en noviembre de 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel.

La audiencia tendrá lugar en el anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, en su sala 3, a partir de las 11hs. Participarán familiares de Solano y los abogados de la causa, junto a distintos organismos de derechos humanos y de familiares que, en distintos puntos del país, luchan contra la impunidad. El principal reclamo en estos momentos es que la justicia habilite el peritaje y busqueda del cuerpo en un jagüel apuntado por un testigo. La novedad de la causa es la liberación de 6 de los siete policías implicados que llegarán al juicio en libertad.

 

Entrevista a Pablo López :

-Mario Hernández: Estuviste visitando la localidad de Choele- Choel en la provincia de Río Negro el pasado 28 de agosto, en relación a la desaparición de Daniel Solano, caso que venimos abordando casi desde sus orígenes, fundamentalmente a raíz que Vicente Zito Lema, que si no me equivoco, fue el primero que hizo pública esta situación a través de estos micrófonos.

El tema ha sido invisibilizado, inclusive el martes pasado comenté la sorpresa que me produjo una publicación en Clarín, que por primera vez le dedica dos páginas con un titular: “Los 7 policías que se investigaban a sí mismos. Hace casi cuatro años, un grupo de agentes sacó a los golpes de un boliche a un trabajador golondrina. Se lo llevaron y nunca apareció. Les encargaron el caso, pero ahora irán a juicio.” ¿Qué podes comentar de tu visita? Fuiste acompañado por otros dirigentes del Partido Obrero, a la carpa donde se encuentra desde hace 4 años el papá, a quien se ha sumado un hermano y el abogado Sergio Heredia.

Pablo López: Los compañeros de Río Negro han estado siempre acompañando y participando de cada evento que se realiza, marchas, actos que han ido logrando conquistar muy de a poco la solidaridad del pueblo que en un principio era reticente porque no estaba claro todo lo que había detrás del caso Solano.

Aún al día de hoy siguen recibiendo amenazas tanto su familia como sus abogados. Recientemente ha ocurrido un hecho que me comentaron los compañeros al llegar y lo confirmó Heredia, de un trabajador que junto con el abogado denunció el apriete por parte de la policía que custodia la empresa en la que trabajaba Daniel Solano, una tercerizada de Expofrut, una multinacional belga. Denunció estos aprietes y al poco tiempo el primo de este trabajador aparece asesinado como consecuencia. Era un trabajador de la misma empresa.

-M.H.: Buscando el cuerpo de Daniel Solano encontraron otros dos cuerpos de dos trabajadores también desaparecidos.

-P.L.: Así es. Había testimonios que indicaban la presencia de estos dos cuerpos, pensando que era el cuerpo de Solano, pero eran otros trabajadores, uno de origen paraguayo y todo indica que pasaron por una situación similar a la de Solano, porque fueron encontrados en zonas aledañas a fincas y chacras denunciadas por una explotación brutal de sus trabajadores.
Lo que ha puesto de manifiesto el caso de Solano es el entramado que hay en esta zona de Río Negro y todo el Valle medio entre la policía, la justicia, el poder político y estas empresas multinacionales de la fruta, que además algunas de ellas han sido denunciadas y están involucradas en el tráfico de drogas, la llamada “manzana blanca”.

-M.H.: Eso lo denunció también en estos micrófonos “Pepino” Fernández de la UTD de Mosconi quien vinculó directamente el caso Solano al tráfico de drogas, porque había descubierto que en los cajones de manzanas transportaban droga hacia Europa.

-P.L.: Inclusive hubo un allanamiento donde se verificó esta situación, no es una sospecha solamente. Lógicamente estos terribles negocios pueden ser llevados adelante por las empresas porque hay una complicidad del Estado. El caso Solano tiene más de veinte imputados pero solamente van a ir a juicio los policías, es decir, que todo el poder político y los funcionarios involucrados están quedando fuera del juicio.

El abogado Heredia ha estado peleando para que todos los imputados vayan a juicio, probablemente lo logre porque a medida que pasa el tiempo aparecen más personajes involucrados en este caso, por ejemplo, la complicidad se ha visto también en el juez de la causa que negaba un peritaje al Jagüel, donde un testimonio indica que estaría el cuerpo de Daniel, las excusas que ponía eran completamente falsas, que en la propia verificación ocular que pudieron hacer quedó claramente demostrado que el Jagüel no era un lugar precario con paredes de chapa, sino que estaba hecho de cemento y que no había ningún indicio de que alguien bajara a investigar algo, como manifestaba en su momento el juez de la causa.

Sobre la base de la lucha han tenido que habilitar el peritaje. Las amenazas continúan. Hay una situación que revela la vinculación del Estado también en la provincia de Salta, porque Daniel Solano fue captado por esta empresa que en ese momento se llamaba Agrocosecha y que cambió varias veces de nombre y razón social, y ahora se declararon en quiebra, siempre en pueblos del norte de nuestra provincia, sobre todo en comunidades originarias, los llevaban al sur y allí se producía una estafa, porque esta empresa no liquidaba los salarios de acuerdo a las horas trabajadas, facturaban 8 horas pero les pagaban 4, entonces embolsaban una gran cantidad de dinero con complicidad de funcionarios del Ministerio de Trabajo. Solano se da cuenta de esta situación y empieza a intercambiar palabras con sus compañeros y la empresa detectó que podía venir algún reclamo a partir que los trabajadores se estaban dando cuenta de la situación y esa misma noche desaparece.

-M.H.: Se comenta que estaba organizando una medida de fuerza.

-P.L.: Algunos afirman que estaban planeando por lo menos reclamar y ver qué estaba pasando con esta situación, ése fue el detonante de su desaparición. No habían llegado a definir una medida. Queda claro que contaban con una gran complicidad porque la custodia de Agrocosecha no era de una empresa de seguridad privada, sino que era un grupo especial de la policía provincial.

  Yo fui con Heredia hasta el lugar, está todo alambrado, parece un mini campo de concentración, a pesar de que a simple vista la estructura no parece estar mal, lo que nos afirman es que las condiciones de trabajo ahí adentro son terribles y de un hacinamiento total.

-M.H.: Inclusive Vicente Zito Lema quiso visitar la casa donde viviera en su niñez Rodolfo Walsh, que está dentro del predio de la empresa, y tuvo que hacer una gestión especial con las autoridades provinciales, creo que inclusive intervino el gobernador, porque no le permitían entrar. Si a una personalidad púbica le dan ese trato, no imagino lo que será la relación con los trabajadores.

-P.L.: Por supuesto, el trato ha sido y sigue siendo brutal. El abogado Heredia ha recogido nuevos testimonios con respecto a esto.

"Vamos a llevar el caso a la discusión en el Congreso Nacional"

-M.H.: Más allá del juicio que involucra a estos policías, ¿tomarás alguna iniciativa desde tu lugar de diputado nacional?

-P.L.: Lo hemos charlado con ellos directamente para que surja algo de conjunto. En principio la idea es hacer una audiencia pública en el Congreso, donde lógicamente participe Alberto Solano y Sergio Heredia, y ver si alguno de los trabajadores que hoy se desempeña en la empresa se anima a participar y exponer lo que ocurre actualmente con estos trabajadores.
Nosotros, previamente a mi visita, habíamos conquistado algunas resoluciones en el Parlamento salteño, en el Senado, en la Cámara de Diputados, una muy importante en el Concejo Deliberante de Tartagal, para que el municipio de esa localidad se haga cargo del traslado del perito que solicitó el abogado, un geólogo para hacer el peritaje en el Jagüel.

-M.H.: Walter Ovejero.

-P.L.: Exactamente, él mismo denunció una serie de aprietes cuando llegó a Choele-Choel que apuntaban a amedrentarlo para que abandone la posibilidad de hacer el peritaje. No le dejaban entrar equipos, y una serie de maniobras que muestran que la situación es muy grave.
En principio, discutimos llevar a cabo esta audiencia y que de allí se desprendan otras iniciativas, todas las que puedan colaborar desde nuestra bancada a desenvolver la lucha para que este caso no quede impune.

  Además, seguramente avanzando en esto se van a dilucidar los otros casos, de estos otros dos cuerpos hallados y la situación general que se vive allí, terminar con este mecanismo de tercerización que sufren los trabajadores.

Son tres etapas de la cosecha, nos comentaban Heredia, y para cada una de ellas llevan una tanda de trabajadores diferentes, entonces son muy pocos los que logran cierta estabilidad, trabajan 3 meses en condiciones terribles, no les pagan lo que les corresponde, es muy grave tanto desde este punto de vista como de la impunidad que surge del caso de Daniel Solano. En una provincia donde la descomposición del Estado es brutal, no podemos olvidar del caso de Diego Bonefoi y otros pibes asesinados por el gatillo fácil en Bariloche, los funcionarios que sacaban niñas de 12 años de un orfanato para abusarlas sexualmente, donde la complicidad de las fuerzas policiales y el poder político con la trata de personas ha sido un tema en Río Negro que desde hace unos años ha tomado alcance nacional, en ese cuadro se enmarca el crimen de Daniel Solano.

Contacto: Pablo López 0387 15 4734615

EXTORSIÓN DE UN JUEZ A UN PRESO: “O ME PAGÁS O VIAJÁS A LA TUMBA”

Por Oscar Castelnovo - APL

  (APL) Fue la frase con la que el Juez de Ejecución Penal de Bariloche Juan Martín Arroyo, intimó días atrás a Adrián Garcés (20) para evitar su traslado al penal “infierno” de General Roca. El joven, condenado a cinco años de prisión, estaba detenido en la cárcel de Bariloche, donde estudiaba, y por no pagar lo pedido por Su Señoría marchó directo tras las rejas de Roca, como forma de castigo. Frente a esta política de jueces y el Servicio penitenciario tres detenidos decidieron coserse la boca, hoy, reclamando inminente atención médica y asistencia legal, urgente esclarecimiento de los motivos de los traslados indiscriminados e infundados y regreso a su lugar de origen, o sea San Carlos de Bariloche, ya que con dicha medida se ve agravado su detención. A pesar de las numerosas denuncias que llueven sobre el Arroyo, ningún fiscal ni funcionario político investiga a quien prospera revolcado en un mar de dolor y la sangre de los cuerpos y las almas de los más vulnerables.

Por Oscar Castelnovo

  Tres presos del Penal de Ejecución Nº 2 de la localidad de General Roca, decidieron hoy coserse la boca en señal de repudio frente a la policía de las autoridades judiciales y penitenciarias. Hace algunas horas recibimos nuevamente reclamos de los detenidos en General Roca. Uno de ellos nos decía: “Últimamente el poder judicial de la localidad de Bariloche utiliza las instalaciones del Penal de General Roca como depósito de detenidos. Preso que reclama, que pretende ser escuchado y demanda la correcta aplicación de la ley es silenciado y sancionado con la ya conocida calesita”.

  Otro nos manifestaba: “Yo tengo más traslados que las camionetas del penal, mientras que violadores con más de 18 años de condena gozan de beneficios que pagan con muchos pesos”.

  Por su parte, el más comprometido e indignado es Adrián Garcés, quien denunció a su juez de Ejecución Juan Martin Arroyo por querer cobrarle para “frenar” su traslado: “Me dijo o pagás o viajás a la tumba. Yo le respondí: estoy estudiando acá en Bariloche, pero nada le importó”.

  Por lo tanto, son muchos y justos los fundamentos del reclamo de los detenidos: inminente atención médica y asistencia legal, urgente esclarecimiento de los motivos de los traslados infundados y regreso a su lugar de origen, o sea San Carlos de Bariloche, ya que con “la calesita” al infierno de Roca, se ven agravadas sus condiciones de detención.
  A pesar de las numerosas denuncias que llueven sobre el Arroyo, ningún fiscal ni funcionario político investiga a quien prospera revolcado en un mar de dolor y la sangre de los cuerpos y las almas de los más vulnerables.

UN SISTEMA PARA QUE LA VIOLENCIA CARCELARIA NO SE DENUNCIE

Por Agencia Andar

CORPORATIVISMO PENITENCIARIO-JUDICIAL E IMPUNIDAD

  Omar Medina Espíndola denunció haber sido ferozmente golpeado por el director del Penal N°38 de Sierra Chica, Gabriel Eduardo Suárez, y el jefe del Registro de Admisión, Carlos Rodríguez. Por primera vez en el departamento judicial de Olavarría, dos jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense eran procesados. Esta semana, el Juzgado Correccional Nº1 de Olavarría, a cargo de la doctora Cecilia Desiata, absolvió a los dos penitenciarios. La CPM participó de las audiencias. A continuación, declaraciones exclusivas de María Paula Serrano, titular de la UFI Nº4 que llevó adelante la acusación.

ANDAR en Olavarría

  (Agencia) En agosto de 2014, Omar Medina Espíndola, un estudiante de Derecho de la UNICEN de nacionalidad paraguaya detenido en Sierra Chica, recibió una brutal golpiza por parte de dos jefes penitenciarios, Gabriel Suárez y Carlos Rodríguez. Mientras permanecía esposado en el sector de “buzones” de la Unidad 38, recibió golpes de palos de escoba, mangueras y puño y patadas en el rostro y el cuerpo. Los penitenciarios imputados por este hecho fueron recientemente absueltos por el Juzgado Correccional Nº 1 de Olavarría.

  Roberto Cipriano García de la CPM expresó que “el resultado de este juicio muestra cómo se constituye desde el poder judicial, la maquinaria de impunidad que da cobertura a los torturadores. Desde la incorrecta calificación del delito, que considera apremios (un delito con penas menores) donde hay torturas (un delito con elevadas penas), pasando por el hostigamiento y torturas padecidas por los testigos para que no declaren, el descreimiento total de la palabra de los detenidos solo por su condición de tal, o no analizar el caso desde el contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producen en las cárceles bonaerenses, todos estos elementos dan forma a un entramado penitenciario-judicial que produce mas impunidad y mas tortura. El Estado debe implementar políticas destinadas a luchar contra la tortura, no políticas destinadas a provocarla. Estos hechos de tortura son contra toda la población, contra la democracia, contra la posibilidad de vivir en una sociedad mas igualitaria y que nos incluya a todos.”

 En diálogo con ANDAR, María Paula Serrano, titular de la UFI Nº4 que llevó adelante la acusación, hizo un primer balance del juicio y habló del corporativismo penitenciario y de las dificultades para quebrar la impunidad en los casos de violencia carcelaria.
  ¿Qué se juzgaba y cómo se desarrolló el juicio?

  Este juicio versó sobre una denuncia que hizo un interno, Omar Medina Espíndola de nacionalidad paraguaya, por un hecho ocurrido en agosto de 2014 por un hecho ocurrido en el sector de admisión de la Unidad nº38 del complejo centro de Sierra Chica. Estaban imputados el jefe de penal y el jefe de sector de admisión donde estuvo alojado menos de 24 hs este interno porque estaba en tránsito. Lo que él denunció es que él venía corrido por los jefes de la Unidad 7, porque era un interno que estudiaba derecho, que integraba la mesa de diálogo interinstitucional, y que tenía una participación activa en la procura de mejorar sus condiciones de encierro: por reclamos de comida, de estudiar, tenía varios contactos con la APDH, con jueces. Eso aparentemente, según su versión, molestaba a las autoridades de la Unidad 7 que pidieron hasta 5 avales judiciales hasta que lograron su traslado, porque era un interno con conducta ejemplar. Él no sabía a qué lugar lo trasladaban pero primero ingresa a la 38, sale con destino a Urdampilleta, pasa en tránsito por ahí, y lo que él denuncia es que en el sector de admisión se presentaron estos dos jefes, lo llevaron hasta la oficina de personal que tiene ese sector que es una matera chiquita y ahí le dijeron que le iban a explicar cómo se manejaba la 38 y ahí fue donde lo golpearon.

  ¿Ese paso por otra unidad en tránsito tiene que ver con manejos discrecionales en los traslados o tenía algún sentido?

  No, no lo tenía, pero en general pasa mucho que en tránsito hacia otra unidad pasan por este complejo.
  ¿Cómo fueron los testimonios a lo largo de las audiencias?

  En el juicio tuvimos la oportunidad de escucharlo al denunciante a través videoconferencia porque él está extraditado a Paraguay por otra causa de un tribunal de Quilmes con prohibición de ingreso al país. Pero lo escuchamos, también a otros 4 internos que compartían celda con él, desde la fiscalía tuvimos que hacer un esfuerzo bastante importante para lograr traer al interno que corroboraba su versión, porque casualmente se rompió un móvil, se firmó un acta que el interno no quería venir, se negaban a trasladarlo, tuvimos situaciones bastante complejas. Otro detenido que era testigo fue traído 72 hs. antes, alojado en el penal donde los jefes están acusados, tirado en el piso con lo puesto, él mismo lo manifestó y tuvimos que pedirle un habeas corpus para que no se agravara su situación.

  Dio la casualidad que los testigos de la defensa fueron puntuales en llegar y los nuestros tuvieron toda una serie de complicaciones. Por eso yo en mi alegato hice referencia al corporativismo del servicio para complicar la investigación y que se puedan comprobar estos hechos que ya de por sí son complejos por el contexto de encierro en el que ocurren.
  ¿No existe forma de proteger a los testigos de hechos de violencia intra-muros?

  Es complejo porque todos tenían miedo de lo que pueden llegar a decir, declaraban contra dos jefes de un penal estando presos, o sea, volvían a otro penal. Y ellos mismos relataron que después de declarar en la instrucción de esta causa tuvieron consecuencias por declarar en contra: constantes traslados, o que el jefe del penal donde estaban los cite a su oficina y llamara al jefe que está imputado en esta causa y le dijera “mirá a quien tengo en frente”, situaciones complejas que hacen que venir y sostener lo que habían dicho se volviera difícil.

  A pesar de las dificultades se logró que se desarrollaran estas declaraciones y se contrastaron con las del personal penitenciario …

  Sí vino bastante personal penitenciario, y los que vieron ingresar al interno ese día dijeron que no lo vieron entrar con lesiones pero que sí lo vieron golpeado después de estar un rato en la celda, y ahí empezaron las contradicciones entre unos y otros. Entre ellos, entre los internos mismos, entre unos y otros, algunos decían que el denunciante no había salido de la celda, que se había golpeado solo y el mismo servicio dice que lo sacaron para ir a lo que ellos llaman el “mono”. Y lo que sostuvo la fiscalía es que en realidad no lo sacaron al mono, sino a la oficina que está al lado, y ahí lo golpearon

  ¿Hubo inspecciones oculares al lugar durante el juicio?

  No, en el juicio no. La fiscalía se constituyó en el lugar antes y el mismo día de la denuncia cuando le tomo la denuncia al chico, testimoniales a los compañeros de celda, hizo una inspección ocular, relevó copias de los libros para ver el personal que estuvo ese día de servicio, pero después de parte de la jueza no, ella deja claro en la sentencia que visita habitualmente la cárcel, que es parte de su función.

¿Vos cómo viste la postura de la jueza en torno a las cuestiones que se ventilaban sobre el caso?
  La jueza en la sentencia hace hincapié en que ella no puede contextualizar a nadie porque sería como hacer un derecho penal del enemigo. Y la verdad que yo tengo una visión totalmente diferente, para mí cada caso tiene que ser contextualizado en donde sucede, entonces ya partimos de dos visiones diferentes.

Estos casos son muy difíciles de probar sea este hecho o cualquier otro que tengamos, porque víctimas, victimarios y testigos están en un contexto de encierro todos. Todos los testigos incluso del servicio son inferiores jerárquicos de los imputados en este caso, por ejemplo. Por ende si estas personas son reincorporadas en el cargo van a seguir respondiendo órdenes de estas dos personas, así es que la evaluación de su testimonio es compleja.

  Y bueno, la jueza se inclinó por la versión de la defensa de que el denunciante se autoagredió y que estas dos personas imputadas no estuvieron nunca con él en el sector que dice que estuvieron. Y la verdad que cómo el denunciante describió la oficina, las características físicas de cada uno de los imputados, son circunstancias que por las pocas horas que estuvo en el penal sólo las pudo haber conocido si esto realmente sucedió. Por eso nosotros vamos a apelar y veremos que dice la cámara departamental.

  ¿Vos crees que los imputados serán reincorporados ante la absolución?

  La sentencia es absolutoria pero no va a quedar firme. Yo supongo que el servicio no los va a reincorporar hasta que esté firme, lo que yo sé es que están en disponibilidad y cobrando parcialmente el sueldo.

  Vos hablabas de las dificultades que tiene llevar adelante un juicio así, ¿que implicancias tiene este resultado en la sentencia?

  Más allá del resultado que es adverso a la acusación yo creo que es un claro mensaje para los internos de que cuando pasan cosas que no tiene que pasar las pueden denunciar, que si los hechos realmente tienen sustento la fiscalía los acompaña. Y también para el servicio para diferenciar a quienes trabajan bien del personal que comete ilícitos.

  ¿Hay otros casos en instrucción similares?

  Sí en instrucción hay varios. Incluso contra estos dos jefes. Porque de esta causa se desprende por los internos que declararon a favor de Medina Espíndola también fueron agredidos, golpeados, aislados, trasladados sistemáticamente, así que de esta causa ya se derivan dos más, y hay otras aparte en plena investigación.

  ¿vos crees que a pesar de todo esto quienes denuncian pueden sostener sus testimonios?

  Y sí, hay un desgaste de parte de todo el sistema para que el interno que denuncia desista. De hecho acá escuchamos todos los beneficios que les ofrecieron para que no declararon, pero bueno, es difícil el trabajo, es difícil para los internos sostener la acusación porque también es comprensible que quieran estar tranquilos el tiempo que están adentro, pero lo que sí me parece y rescato es que estas causas tienen que ir a juicio, se puede. Más allá incluso del resultado.

ANTENA NEGRA EN CAMINO DE VOLVER AL AIRE

(RNMA).-Luego de dos horas de indagatoria en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 8, Martin Sande, integrante de Antena Negra TV que está judicializado en el marco de la supuesta interferencia del canal digital 20, se mostró optimista en cuanto a que la causa penal en su contra pueda cerrarse. Así lo manifestó a la salida de Comodro Py durante la emisión del Enredando las Mañanas, el programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos. El tribunal tiene ahora 10 días hábiles para expedirse en relación a la causa penal.
Sande comentó que después de haber presentado junto a sus abogados, María del Cármen Verdu y Martín Alderete, todos los elementos y argumentaciones que prueban que la frecuencia 20 está reservada para la radiodifusión, el tribunal se mostró sorprendido por la omisión de la AFSCA de estos elementos.
“La secretaria planteó incluso que lo expuesto por la AFSCA podría considerarse falso testimonio”, dijo Sande con relación a la declaración en el expediente de tres altos funcionarios, previo al operativo de secuestro de equipos del pasado 4 de setiembre.
Algo a destacar es que la Fiscalía se presentó en la causa avalando los argumentos de la Defensoría de Público en su Amicus Curaie  y la reciente presentación realizada por la AFSCA pidiendo una resolucion "no estigmatizante". Además la Fiscalía se pronunció a favor del archivo de la causa penal.
“Teñíamos toda las demostraciones que avalaban que nunca estuvimos interfiriendo las comunicaciones, sino poniendo al aire un canal. Y la secretaría y el juzgado en general aceptaron estos argumentos. Mañana o pasado estaremos pidiendo la restitución de los equipos y esperamos que el juzgado le de curso para que Antena pueda volver a transmitir”, agregó Sande.
 “Agradecemos a la RNMA y a todos los compañeros y compañeras que nos han dado su apoyo. Para hacer pública nuestra verdad nos han ayudado muchas personas y sin ellas esto no hubiese podido ser posible”, finalizó Sande.

CÓRDOBA: EL DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR ATACA A UN MEDIO COMUNITARIO

Córdoba (ZUMBA LA TURBA).-

La Voz del Interior miente. No nos es nueva esta conducta del medio que ha hecho del periodismo una empresa mercenaria de comunicación. Quien recibe millones de pesos en pauta publicitaria de empresas como Monsanto, Syngenta, Bayer, o de parte de los gobiernos que llevan adelante el modelo genocida extractivista, creen tener la altura para atacarnos y criminalizarnos.

Es tan grande su mentira y cobardía que en el articulo publicado hoy 30 de septiembre en su version online donde menciona nuestra emisora no aparece firma alguna, lo que invita a pensar que bien podria tratarse de un texto redactado en las oficinas de Monsanto o Prosegur. En palabras textuales, la redacción de La Voz afirma que: "En línea con lo sostenido por Monsanto, el grupo Zumba la Turba anunció ayer en su página de Internet que iba a realizar un “bloqueo” a Prosegur. “Hoy (por ayer), en el marco del bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas (...), se lleva adelante una acción en contra de la empresa Prosegur, contratada para custodiar el predio de la multinacional”, sostiene la página. El grupo cuestiona a Prosegur por prestar servicios también para la petrolera Apache (en Neuquén, donde hay un conflicto con una comunidad mapuche) y para Barrick Gold, que la semana pasada admitió una fuga de agua contaminada en Jáchal, San Juan".

El artículo al que hace mención el matutino es el publicado en el portal de nuestra radio Zumba la Turba titulado "Bloqueo a la empresa Prosegur en Malvinas Argentinas: la “seguridad” de Monsanto"  cuya redacción en tercera persona, con el sujeto tácito, no deja margen de duda del carácter informativo de un texto que describe una acción impulsada por grupos que justamente eligen por diversos motivos permanecer en el anonimato. Pero estos aspectos gramaticales de redacción nada parecen interesar a quienes solo buscan criminalizar a los medios que no somos sirvientes y rastreros del capital y aportar, junto al resto del grupo Clarin, a los intentos de legitimar en la opinión pública la persecución y represión de la protesta social.

"Miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá", decia el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels. Premisa sobre la que La Voz del Interior ha construido una empresa de comunicaciòn que pretende engañar al pueblo que en su gran mayoria le ha dicho no al modelo transgénico y que en los últimos años se ha lanzado a confrontarlo. Es tan fuerte la derrota en el campo comunicacional que han sufrido en este esfuerzo La Voz del Interior y las oficinas de los CEO de las mutinacionales que solo les queda como recurso inventar, mentir, tergiversar los hechos para dar de alguna forma una gota de aire a su fallida estrategia mediática con el fin de que el pueblo crea que el Gifosato es una sustancia inocua y que el modelo extractivista es el único posible, intentando desacreditar y deslegitimar los medios del campo popular.

Radio Zumba La Turba no oculta ni ocultará sus verdaderos intereses: somos un medio del campo popular, producimos comunicación no mercancia, somos un medio autogestionado, horizontal que no recibe financiamiento de partido politico alguno, del estado y menos del capital privado.

Zumba la Turba es miembro activo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entendemos que este ataque del diario La Voz solo puede ser entendido como respuesta al duro revés sufrido por la empresa Prosegur en la causa que impulsa contra el colectivo de comunicación Antena Negra TV, también integrante de la RNMA, en la audiencia del dia 29 de septiembre en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 8 en Buenos Aires, donde quedó demostrado que es Prosegur quien esta violando la Ley de medios al continuar usando una señal destinada a radio y TV para fines comerciales privados.

Deciamos que no nos extraña esta actitud difamatoria de La Voz al hacerse eco de los intereses de Prosegur, una empresa trasnacional de servicios de seguridad fundada en España en 1976 y con desarrollo en la actualidad en más de quince países, entre cuyos clientes se encuentran importantes entidades financieras y empresas multinacionales como Barrick Gold, Monsanto y Apache y a quienes asesora jurídicamente el mismo equipo de abogados que defendió a Carlos Menem en la causa por tráfico de armas a Ecuador, Salvi & Asociados.

Desde Radio Zumba la Turba, como el resto de medios del campo popular, continuaremos haciendo comunicación desde abajo, respondiendo solo a los intereses del pueblo, en su cultura, aspiraciones sociales y en su lucha contra el modelo extractivista.

SE REALIZÓ LA INDAGATORIA A ANTENA NEGRA TV

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra TV:

ANTENA NEGRA TIENE EL DERECHO, PROSEGUR EL BENEFICIO.

El martes 29 de septiembre se realizó la declaración indagatoria del integrante de Antena Negra TV imputado por el delito de “Interferencia de las telecomunicaciones”, por la causa iniciada por la empresa multinacional Prosegur. 

Desde las 9 de la mañana la Radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA),  se hizo presente junto a organizaciones del campo popular para acompañar y denunciar la judicialización de la comunicación. Al mismo tiempo las voces denunciantes se reproducían en otros puntos del país con el escrache a Tribunales de Mar del Plata realizado por los compañeros de La Revuelta y el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata; como también, con el bloqueo al personal de PROSEGUR en las instalaciones de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas.

En la declaración de la que participó el compañero imputado y María del Carmen Verdú se demostró mediante numerosas pruebas recopiladas por el trabajo hecho junto a CORREPI y CADEP, que Antena Negra es una televisora que desde sus comienzos cumplió con los requerimientos que se fueron presentando desde AFSCA a lo largo de estos 6 años de sanción de la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual. La prosecretaria, presente en la declaración, aceptó los argumentos y se sorprendió por obtener información que los funcionarios del AFSCA: Nahuel Silva (Director de Autorizaciones y Licencias), Eduardo Fernández Rousseaux (Director de Evaluación Técnica) y Gabriel Sottile (Director de Adjudicación de Licencias); habían omitido en sus declaraciones, como el pedido de apertura de concursos para la categoría en alta potencia sin fin de lucro en capital federal que el propio canal había solicitado el 13 de julio del corriente año.

Allí mismo nos comunicaron que en el día 28 de septiembre el fiscal Delgado, quien interviene, se pronunció a favor de archivar  la causa penal contra el medio de comunicación popular, solicitando al juez que declare la nulidad del proceso judicial. El pedido avala los argumentos presentados por la Defensoría del Público cuando se incorporó como Amici Curiae en el expediente. En ese sentido, ambos insisten en el caso de Antena Negra debe resolverse en las vías administrativas de la AFSCA, organismo encargado de otorgar las licencia a medios de radiodifusión.

Otra novedad fue la aprobación por parte de la Justicia para que la empresa multinacional PROSEGUR, que obtuvo su licencia de manera ilegítima en los ´90, sea querellante en la causa penal contra el canal alternativo Antena Negra.

El juez tiene diez días a partir de ayer, 29 de septiembre, para expedirse sobre el caso; ya sea para su continuidad o la nulidad. Mientras tanto, el compañero imputado tiene la libertad  provisional, prevista por el artículo 300 del Código Procesal Penal (CPP).

El próximo 4 de octubre se cumplirá un mes del allanamiento y secuestro de equipos al canal comunitario, alternativo y popular Antena Negra TV y aún no ha podido volver al aire. En este tiempo ni los organismos estatales, ni la Justicia han podido encontrar solución al conflicto. El aire sigue siendo explotado por la empresa privada PROSEGUR, exponiendo la continuidad de políticas que nacieron en los ´90.

Antena Negra entregará al Tribunal a cargo de la causa una solicitud para la devolución de sus equipos. La ausencia de las luchas del campo popular en la televisión hegemónica es el motor para continuar la batalla por el aire, porque entendemos que desde allí se podrá seguir construyendo una herramienta para los oprimidos.

EL BOLSÓN: CICLO DE CINE EN LA UNIVERSIDAD DE RÍO NEGRO: "NUNCA DIGAS NUNCA"

El Bolsón (ANPP).-Con entrada gratuita, este viernes 2 de octubre, el Ciclo de Cine de la UNRN El Bolsón, presenta:

 

"Nunca digas nunca", documental independiente, colectivo y anónimo que reflexiona y denuncia cómo funciona la represión en la actualidad.

Somos una generación que no vivió la dictadura y se pregunta qué es desaparecer en democracia.
Nos sumergimos en los casos de Luciano Arruga, Miguel Bru, Julio López y Jonathan “Kiki” Lezcano, para encontrar las respuestas.

REPUDIO AL HOSTIGAMIENTO EJERCIDO POR FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DE ZAPALA HACIA LA COMUNIDAD WINKUL NEWEN

El Bolsón (ANPP).-

El Bolsón (ANPP).- Reproducimos el comunicado de APCA Allen:

 

Hoy martes 29 de septiembre es la fecha límite que la Justicia neuquina ha impuesto para que la comunidad mapuce Winkul Newen “de pruebas“ y razones para impedir un nuevo intento de usurpación del territorio ancestral, esta vez por parte de la empresa YPF. Ubicada en el Paraje Portozuelo Chico, entre Zapala y Cutral Co, en los últimos años, la comunidad se ha convertido en el objetivo sensible de la justicia petrolera de Zapala.

Militariziación del espacio territorial, represiones, reiterados intentos de desalojos, criminalización, judicialización, calumnias, difamaciones, actitudes racistas, exposición de niños a violencia y stress psicológico, abandono de personas (niños y ancianos víctima de violencia), robos de los animales que constituyen el medio de vida... y seguramente mucho más es el modo adoptado por la in-Justicia y el mal-gobierno provincial para relacionarse con esta comunidad originaria.

Frente a este tipo de trato, que ninguna institución pública debería tener, especialmente hacia personas herederas del exterminio y de la colonización, nos paramos respaldando a la comunidad, visibilizando las reales intenciones de la corporación Gobierno-Justicia-Petrolera.

El racismo que se genera como efecto de estas políticas es el reflejo de la miseria de los políticos y funcionarios del MPN (movimiento popular neuquino), que desde hace décadas trabajan a sueldo de las petroleras. Algunos lo hacen desde el poder gubernamental y otros desde las burocracias sindicales, sin contar los electores que, con la expectativa de conseguir un sueldo petrolero, por miedo o conveniencia avalan todo, aumentando el consenso que les dará legitimidad.

La última reunión de la OFEPHI en Neuquén ha confirmado este tipo de actitud también a nivel nacional, donde Scioli mismo ha apoyado este modelo de estafa, que mantiene en vida una economía artificial del precio del barril a 77 dólares, para complacer las ganancias de la industria, cobrándole este privilegio al pueblo. Creemos que existe una política premeditada para afianzar la presencia de las empresas encargadas de definir las economías en nuestros territorios, aunque esto signifique un suicidio masivo.

Una vez más confirmamos nuestra solidaridad incondicional por las prácticas de vida, las metodologías políticas, las decisiones estratégicas, el trato y la importancia de que la acción de estos referentes mapuce, ha podido detener de forma concreta el avance de la frontera petrolera en el contexto de un territorio más amplio, que se ve cada día más perforado, saqueado y contaminado por mano de la industria hidrocarburifera. Hasta ahora el bloqueo ha representado la más rápida y eficaz manera para que las empresas extractvistas tanto transnacionales como nacionales no avancen en los territorios. La acción de la comunidad Winkul Newen se puede inscribir en la línea de las experiencias de las Asambleas ciudadanas de Famatina con La Lumbrera, de La Rioja con las minas de Uranio de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de Córdoba con el doble Bloqueo a la planta de Monsanto y a la multinacional de seguridad Prosegur. Esta manera de encarar los conflictos territoriales, constituye y construye luchas genuinas, donde cada reacción del poder puede generar nuevos nexos solidarios, ampliar y unificar los frentes de lucha que ya existen.

Por eso es que la manera que tiene el poder de gestionar conflictos territoriales en otros lugares de la provincia debe ser una alarma para las ciudadanía. Nos referimos a los proyectos de “construcción de consenso, prevención y transformación de los conflictos" que hace pocas semanas se han debatido en la Comisión Hidrocarburos de la Legislatura neuquina, y también a las extrañas alianzas logradas por algunos autoreferenciados “dirigentes indigenas“ que responden a internas de la cupula del MPN y dejan de lado la defensa y preservación del territorio ancestral.

Por otro lado tanto el Fiscal General Gerez, quien ha desempeñado algunas de sus funciones de la mano del FBI, como el Ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo Gastaminza, que en los últimos tiempos prometió más y más policías por la provincia de Neuquén, nos parecen personajes que más que soluciones traen problemas.  La Responsabilidad Social Empresarial implementada por las corporaciones, siempre está dirigida a la recolonización de los territorios en que vivimos. Pocos se llenan el bolsillo, y todos vamos sufrir los impactos ambientales y las consecuencias ecológicas y políticas de este tipo de entrega arancelada!

En este contexto se destacan las luchas como las de la comunidad Wincul Newen y los logros que han alcanzado a costas de más atropello e injusticia para su pueblo. No debemos olvidar quiénes son realmente los usurpadores, ya que este territorio viene siendo invadido desde la  ”campaña al desierto“ que derramó la sangre del pueblo mapuce. Hoy la campaña y la "conquista" las asume la "justicia", que se constituye en brazo servil de los poderes económicos y políticos.

En este sentido la nueva intimación a miembros de la comunidad, es un intento encubierto para expulsarlos del territorio con el que se tiene una íntima relación cultural y espiritual. O acaso obligarlos a aceptar silenciosamente la destrucción de la biodiversidad en las que existen vínculos de hermandad  que ha permitido la vida allí. Ambos condicionamientos obligan a soportar las consecuencias de la contaminación que produzca YPF.

Una vez más llamamos a todxs a sostener activamente esta lucha en contra de la CONTAMINACIÓN Y DEL SAQUEO, junto a la Comunidad Winkul Newen, que puso freno en su territorio, a la ambición de petroleras y funcionarios.

Convocamos a expresarse solidariamente y denunciar los actos de Injusticia del Poder Judicial sobre la comunidad.

Repudiamos el hostigamiento ejercido por funcionarios de la justicia de Zapala hacia los compañeros Relmu Ñamku, Martìn Maliqueo y Mauricio Rain, al definir medidas que favorecen el ingreso de YPF al territorio comunitario, a pocos días de estar previsto un  juicio en su contra.

En este contexto

“la justicia NO SIRVE para que se haga JUSTICIA, sino sirve precisamente para EVITAR que la halla!

Junto a los hermanos mapuce decimos:

MARICHI WEW!! Diez veces Venceremos !!!!

NO PASARAN!!

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua - 29 de Septiembre 2015

FISQUE MENUCO, RÍO NEGRO- TRES DETENIDOS SE COSIERON LA BOCA EN RECLAMO DE SUS DERECHOS VULNERADOS

(APL).-Extorsión de un juez a un preso: “O me pagás o viajás a la tumba”

Por Oscar Castelnovo

(APL) Fue la frase con la que el Juez de Ejecución Penal de Bariloche Juan Martín Arroyo, intimó días atrás a Adrián Garcés (20) para evitar su traslado al penal “infierno” de General Roca. El joven, condenado a cinco años de prisión, estaba detenido en la cárcel de Bariloche, donde estudiaba, y por no pagar lo pedido por Su Señoría marchó directo tras las rejas de Roca, como forma de castigo. Frente a esta política de jueces y el Servicio penitenciario tres detenidos decidieron coserse la boca, hoy, reclamando inminente atención médica y asistencia legal, urgente esclarecimiento de los motivos de los traslados indiscriminados e infundados y regreso a su lugar de origen, o sea San Carlos de Bariloche, ya que con dicha medida se ve agravado su detención. A pesar de las numerosas denuncias que llueven sobre el Arroyo, ningún fiscal ni funcionario político investiga a quien prospera revolcado en un mar de dolor y la sangre de los cuerpos y las almas de los más vulnerables.

Tres presos del Penal de Ejecución Nº 2 de la localidad de General Roca, decidieron hoy coserse la boca en señal de repudio frente a la policía de las autoridades judiciales y penitenciarias. Hace algunas horas recibimos nuevamente reclamos de los detenidos en General Roca. Uno de ellos nos decía: “Últimamente el poder judicial de la localidad de Bariloche utiliza las instalaciones del Penal de General Roca como depósito de detenidos. Preso que reclama, que pretende ser escuchado y demanda la correcta aplicación de la ley es silenciado y sancionado con la ya conocida calesita”.



Otro nos manifestaba: “Yo tengo más traslados que las camionetas del penal, mientras que violadores con más de 18 años de condena gozan de beneficios que pagan con muchos pesos”.
Por su parte, el más comprometido e indignado es Adrián Garcés, quien denunció a su juez de Ejecución Juan Martin Arroyo por querer cobrarle para “frenar” su traslado: “Me dijo o pagás o viajás a la tumba. Yo le respondí: estoy estudiando acá en Bariloche, pero nada le importó”.
Por lo tanto, son muchos y justos los fundamentos del reclamo de los detenidos: inminente atención médica y asistencia legal, urgente esclarecimiento de los motivos de los traslados infundados y regreso a su lugar de origen, o sea San Carlos de Bariloche, ya que con “la calesita” al infierno de Roca, se ven agravadas sus condiciones de detención.
A pesar de las numerosas denuncias que llueven sobre el Arroyo, ningún fiscal ni funcionario político investiga a quien prospera revolcado en un mar de dolor y la sangre de los cuerpos y las almas de los más vulnerables.