31 DE ENERO DE 2015
MARCHA EN LOMAS DEL MIRADOR - LA MATANZA
En los casi 6 años de
lucha por Luciano, quedan muchas preguntas pendientes:
¿Qué pasó con los testimonios que al inicio del hecho convalidaban la versión de una detención de Luciano con destino incierto?
¿Qué pasó con la detección por el sistema AVL de que un móvil de la 8va y del Destacamento de Lomas estuvo ausente la noche del hecho?
¿Qué pasó con la investigación inicial realizada por la fiscal Castelli y el comisario Javier Chebriau, de conocido pasado en la Delegación Drogas de la Maldita Bonaerense de los '90?
¿Qué pasó con las indagatorias a Diaz, Herrera, Monte, Marquez, Sotelo, Fecter, Vazquez y Zéliz, los 8 efectivos del Destacamento puestos en disponibilidad por la fiscal Cejas?
¿Qué pasó con los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8va de Quintana y en el Destacamento?
¿Qué pasó con las pruebas de luminol para encontrar rastros de sangre, hechas a dos años del hecho?
¿Qué pasó con la preventiva pedida por la fiscal Cejas sobre los dos policías responsables de detención y golpes a Luciano en la primavera anterior al verano de los hechos?
¿Por qué, al igual que en el caso Lopez, la investigación la inició la propia Policía bonaerense, en el fuero ordinario, como si se tratara de una búsqueda de persona?
¿Por qué se tardó tanto en aceptar la radicación de la causa en el fuero federal, que es el que investiga delitos complejos como la desaparición de persona?
¿Por qué se tuvo que exigir el llamado a interpelar a los responsables de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos para poder seguir avanzando en la causa?
¿Por qué se tuvo que llegar a la Cámara de Casación Penal para que se habilitara el Habeas Corpus, que fue el que dio este resultado?
¿Qué pasó con los testimonios que al inicio del hecho convalidaban la versión de una detención de Luciano con destino incierto?
¿Qué pasó con la detección por el sistema AVL de que un móvil de la 8va y del Destacamento de Lomas estuvo ausente la noche del hecho?
¿Qué pasó con la investigación inicial realizada por la fiscal Castelli y el comisario Javier Chebriau, de conocido pasado en la Delegación Drogas de la Maldita Bonaerense de los '90?
¿Qué pasó con las indagatorias a Diaz, Herrera, Monte, Marquez, Sotelo, Fecter, Vazquez y Zéliz, los 8 efectivos del Destacamento puestos en disponibilidad por la fiscal Cejas?
¿Qué pasó con los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8va de Quintana y en el Destacamento?
¿Qué pasó con las pruebas de luminol para encontrar rastros de sangre, hechas a dos años del hecho?
¿Qué pasó con la preventiva pedida por la fiscal Cejas sobre los dos policías responsables de detención y golpes a Luciano en la primavera anterior al verano de los hechos?
¿Por qué, al igual que en el caso Lopez, la investigación la inició la propia Policía bonaerense, en el fuero ordinario, como si se tratara de una búsqueda de persona?
¿Por qué se tardó tanto en aceptar la radicación de la causa en el fuero federal, que es el que investiga delitos complejos como la desaparición de persona?
¿Por qué se tuvo que exigir el llamado a interpelar a los responsables de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos para poder seguir avanzando en la causa?
¿Por qué se tuvo que llegar a la Cámara de Casación Penal para que se habilitara el Habeas Corpus, que fue el que dio este resultado?
¿Po qué el Same, el
personal del Hospital Santojani y del Cementerio de Chacarita pueden
levantar, operar, dar por muerto y enterrar como N.N. a una persona que,
ante la desidia de las instituciones como en dictadura, está siendo
desesperadamente buscado por su familia?
Tantas preguntas parecen apuntar a una sola dirección: impunidad y encubrimiento.
Tantas preguntas parecen apuntar a una sola dirección: impunidad y encubrimiento.
Los “accidentes viales” con la Policía de por
medio tienen serios antecedentes. En 1997 el sargento Omar Aquirino
Díaz conducía un colectivo policial de infantería e iba siguiendo
a un colectivo trucho para requisarlo. El móvil policial tenía sede
en La Plata, pero estaba operando en Quilmes. En la esquina de
Belgrano y Mosconi embistió a Gerardo Godoy, un joven que iba
paseando en ciclomotor con un amigo. Gerardo estuvo cinco días en
coma y falleció. A partir de allí su familia comenzó a luchar por
justicia en el caso. Y conocieron el manto de encubrimiento que la
bonaerense despliega cuando uno de los suyos está en problemas.
Descubrieron que el sargento Díaz no tenía registro para manejar el
colectivo, sino móviles sólo de carga de hasta 350 toneladas. Nunca
le retiraron el registro. Fue juzgado por un simple delito de
tránsito. El padre de Gerardo dijo en el juicio, en este caso siendo
literal: “No olvidemos que quien maneja un vehículo también porta
un arma”. Agregamos “porta un arma y viste gorra azul”.
También la modalidad policial de asesinar para luego hacer pasar como accidente tiene ejemplos claros. En enero de 2002, el cuerpo inconsciente de Christian “El Rusito” Pérez fue arroyado por un tren cerca de la estación de City Bell. Había sido detenido de madrugada en la comisaría 10ma de City Bell, llevado por un grupo de personas que lo acusaba de haber atropellado al hermano de un policía. Trasladado luego al Cuerpo Médico, le constataron “lesiones leves” en un acta que no tenía su firma. Luego lo llevaron nuevamente a la comisaría, donde lo cruzó el hermano del supuesto policía atropellado. A las 6:20 según un acta policial, con firma también falsa, el joven se habría retirado de la comisaría. A las 8:30 su cuerpo era arroyado por un tren, cuyo maquinista declaró que pudo observar a distancia un cuerpo inmóvil sobre las vías y que no tuvo posibilidad de frenar a tiempo. El fiscal Leandro Heredia convalidó la versión policial de “suicidio”, y delegó la investigación en la fuerza. Hubo dos autopsias que se contradecían sobre la causal de muerte. Las ropas y pertenencias de Christian desaparecieron, mientras que las muestras de ADN entre sus dedos, así como el libro de guardia, fueron ocultados por 7 años. A pesar de esto, la carátula de suicidio se mantuvo. Doce años después, y por la intervención del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, se logró impedir el cierre de la causa y se logró la detención de 4 policías por “homicidio agravado por alevosía”.
También la modalidad policial de asesinar para luego hacer pasar como accidente tiene ejemplos claros. En enero de 2002, el cuerpo inconsciente de Christian “El Rusito” Pérez fue arroyado por un tren cerca de la estación de City Bell. Había sido detenido de madrugada en la comisaría 10ma de City Bell, llevado por un grupo de personas que lo acusaba de haber atropellado al hermano de un policía. Trasladado luego al Cuerpo Médico, le constataron “lesiones leves” en un acta que no tenía su firma. Luego lo llevaron nuevamente a la comisaría, donde lo cruzó el hermano del supuesto policía atropellado. A las 6:20 según un acta policial, con firma también falsa, el joven se habría retirado de la comisaría. A las 8:30 su cuerpo era arroyado por un tren, cuyo maquinista declaró que pudo observar a distancia un cuerpo inmóvil sobre las vías y que no tuvo posibilidad de frenar a tiempo. El fiscal Leandro Heredia convalidó la versión policial de “suicidio”, y delegó la investigación en la fuerza. Hubo dos autopsias que se contradecían sobre la causal de muerte. Las ropas y pertenencias de Christian desaparecieron, mientras que las muestras de ADN entre sus dedos, así como el libro de guardia, fueron ocultados por 7 años. A pesar de esto, la carátula de suicidio se mantuvo. Doce años después, y por la intervención del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, se logró impedir el cierre de la causa y se logró la detención de 4 policías por “homicidio agravado por alevosía”.
Editoriales ANP
