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jueves, 30 de agosto de 2012
PROPONEN CAMBIAR NOMBRE DE CALLE ROCA POR EL DE EVA PERÓN
Si bien en un principio se pensó en el nombre Casimiro Huenelaf (vecino de El Bolsón), el autor del proyecto el concejal Raúl García confirmó que se propondrá finalmente el nombre Eva Perón para conmemorar a la abanderada de los descamisados.
Esquel (Diario El Chubut).- Raúl García concejal de la localidad expresó que en su momento fue autor para cambiar el nombre a la calle Roca por el nombre de un integrante de la comunidad mapuche, por la discusión histórica que ha tenido la figura de Roca aquí en la Patagonia, pero en su momento ese proyecto no prospero. “Nuevamente vamos a poner en discusión cambiar el nombre de la calle Roca por una figura que hoy está siendo conmemorada como lo es Eva Perón, vemos reivindicada la figura de Eva con este gobierno, con el cambio de la imagen el billete de $100, vamos a ver si acompañan esta iniciativa en nuestra localidad”, dijo el concejal.
“Ahora este proyecto está en comisión, yo tengo un recuerdo especial hacia Evita, los Juegos Deportivos y Culturales llevan su nombre por la dedicación que ella puso hacia los niños, la acción deportiva de Evita fue muy importante, más allá de lo que trabajo por la mujer, para mí es un gran recuerdo tiene su gente y sus seguidores que la están ubicando en el lugar que se merece”, agregó el edil bolsones.
FAMILIARES DE GARRIDO SE REUNIERON CON LOZADA
Bariloche, jueves 30 de agosto de 2012 (Bariloche 2000).- A raíz de un pedido de los familiares del joven Guillermo Garrido, quien perdió la vida en una celda de la Comisaría 12 de El Bolsón en enero de 2011, el juez Lozada se trasladó a esa ciudad y este jueves se reunió con padres y parientes. En la foto de archivo, familiares y amigos reclaman justicia.
(Prensa Poder Judicial).-A raíz de un pedido expreso formulado por los familiares del joven cuyo cadáver apareció en una celda de la Comisaría de El Bolsón durante una noche del mes de enero de 2011, el magistrado se trasladó a esa localidad en el día de hoy a efectos de mantener una entrevista con sus padres y parientes. De ese encuentro participò también el Dr. Francisco Arrien, Agente Fiscal de la localidad.
Durante el transcurso de la entrevista el Juez Lozada informó a los familiares presentes acerca del estado de la investigación que tiene como imputados a varios de los empleados policiales que prestaban servicios durante la noche de ocurrido el hecho. Asimismo puso en su conocimiento que se trata de una situación de gravedad institucional que exige de todos los operadores judiciales el máximo de esfuerzo para alcanzar la verdad de lo entonces sucedido, toda vez que desde el momento mismo en que una persona es detenida y alojada en una celda de comisaría o en una dependencia carcelaria, surge la responsabilidad del Estado en lo que al cuidado de su vida y salud se trata.
Afirmó el magistrado que la agencia policial y penitenciaria ejercen una posición de garante respecto de las personas detenidas, la cual debe traducirse en su custodia de acuerdo a los términos establecidos en los pactos y tratados internacionales suscriptos por la República Argentina. Agregando que además que deberá velar en el aseguramiento de las condiciones que hacen a la preservación de su integridad física, su salud y su vida.
El cumplimiento de las obligaciones que impuso esa posición de garante, en el caso de Guillermo Garrido, se encuentra en franca crisis, puesto que existe una situación objetiva que de modo inexorable así lo expresa: la existencia de su cadáver en el interior de una celda.
Si ello es así, afirmó el Juez Lozada, pues entonces el Estado provincial a través de sus agencias de investigación debe agotar los esfuerzos tendientes a determinar la verdad de lo entonces acontecido y evaluar,conforme a ello, las responsabilidades penales emergentes.
CÓRDOBA: RECLAMO DE LA COOPERATIVA LA ESPERANZA DE CARREROS Y RECICLADORES
Una vez más los carreros organizados en la Cooperativa La Esperanza salen a la calle el 16 de Agosto del 2012 a reclamar sus derechos como trabajadores y a denunciar el robo sistemático de caballos por algunas protectoras de animales en complicidad con la policía, al mismo tiempo que reclamar el alta de los dos convenios cuyo proceso de negociación data desde principios de este año habiendo siempre sido desoido.
Video producido por Encuentro de Organizaciones - Córdoba
Video producido por Encuentro de Organizaciones - Córdoba
CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº670
(CORREPI).- El plan común de las defensas para justificar el plan criminal
¿Llevaban palos? ¿Tenían gomeras? ¿Había personas con la cara tapada? ¿Tiraron piedras? ¿Buscaban pelear? ¿Por qué siguieron adelante con la movilización si percibieron un “ambiente hostil” en Avellaneda? ¿Sabe que Carlos Olivera fue condenado por abuso de armas? ¿Cuál era el objetivo de la movilización? ¿Mariano Ferreyra trató de subir a las vías? ¿Sabe que eso es un delito? ¿Mariano Ferreyra tenia una gomera? ¿Había tumberas?
Éstas y otras preguntas similares son las que marcaron el rumbo de la estrategia común de las defensas de Pedraza, la patota de la UF y los policías federales cuando declararon en la sala los compañeros de Mariano Ferreyra. Preguntas basadas en una idea central que anima por igual a los defensores particulares y oficiales: están convencidos de que, si logran probar que los trabajadores tercerizados y las organizaciones que los acompañaban querían subir el terraplén y cortar las vías para instalar públicamente su reclamo; si logran probar que frente al ataque de la patota y las policías bonaerense y federal, los compañeros no pusieron la otra mejilla; si logran probar que las organizaciones tenían elementos para la autodefensa, podrán liberar a los asesinos de toda responsabilidad.
Esa estrategia, más vieja que la historia, de culpabilizar a la víctima, se apoya, también, en un hecho irrefutable: el sistema normativo que da marco a este juicio, y el aparato judicial encargado de aplicarlo, no es el de los trabajadores y el pueblo, es el que la burguesía construyó para dar legitimidad a su sistema de explotación.
Seguro que, según el código penal, interrumpir el tránsito, cortar una vía o hacer un piquete en la calle o frente a una empresa pueden ser definidos como delitos. Sólo basta que un juez así lo interprete. Vaya si lo sabremos, con más de 5.000 compañeros sometidos a procesos por protestar, por reclamar, por defender su dignidad. Van décadas de defender compañeros por esos “delitos”, o por otros como manifestarse con la cara tapada o portando un bastón en el cordón de seguridad. Pese a eso, ¿cuántas veces, cuando la movilización y la organización acompañan la defensa técnica, hemos derrotado a ese sistema normativo, a ese aparato judicial, y hemos arrancado la absolución y libertad de tantos compañeros?. Y a la inversa, ¿cuántas veces les hemos infligido la derrota inversa, logrando la condena de sus perros guardianes, policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles y vigiladores privados?
¿Llevaban palos? ¿Tenían gomeras? ¿Había personas con la cara tapada? ¿Tiraron piedras? ¿Buscaban pelear? ¿Por qué siguieron adelante con la movilización si percibieron un “ambiente hostil” en Avellaneda? ¿Sabe que Carlos Olivera fue condenado por abuso de armas? ¿Cuál era el objetivo de la movilización? ¿Mariano Ferreyra trató de subir a las vías? ¿Sabe que eso es un delito? ¿Mariano Ferreyra tenia una gomera? ¿Había tumberas?
Éstas y otras preguntas similares son las que marcaron el rumbo de la estrategia común de las defensas de Pedraza, la patota de la UF y los policías federales cuando declararon en la sala los compañeros de Mariano Ferreyra. Preguntas basadas en una idea central que anima por igual a los defensores particulares y oficiales: están convencidos de que, si logran probar que los trabajadores tercerizados y las organizaciones que los acompañaban querían subir el terraplén y cortar las vías para instalar públicamente su reclamo; si logran probar que frente al ataque de la patota y las policías bonaerense y federal, los compañeros no pusieron la otra mejilla; si logran probar que las organizaciones tenían elementos para la autodefensa, podrán liberar a los asesinos de toda responsabilidad.
Esa estrategia, más vieja que la historia, de culpabilizar a la víctima, se apoya, también, en un hecho irrefutable: el sistema normativo que da marco a este juicio, y el aparato judicial encargado de aplicarlo, no es el de los trabajadores y el pueblo, es el que la burguesía construyó para dar legitimidad a su sistema de explotación.
Seguro que, según el código penal, interrumpir el tránsito, cortar una vía o hacer un piquete en la calle o frente a una empresa pueden ser definidos como delitos. Sólo basta que un juez así lo interprete. Vaya si lo sabremos, con más de 5.000 compañeros sometidos a procesos por protestar, por reclamar, por defender su dignidad. Van décadas de defender compañeros por esos “delitos”, o por otros como manifestarse con la cara tapada o portando un bastón en el cordón de seguridad. Pese a eso, ¿cuántas veces, cuando la movilización y la organización acompañan la defensa técnica, hemos derrotado a ese sistema normativo, a ese aparato judicial, y hemos arrancado la absolución y libertad de tantos compañeros?. Y a la inversa, ¿cuántas veces les hemos infligido la derrota inversa, logrando la condena de sus perros guardianes, policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles y vigiladores privados?
AMENAZAN A INTEGRANTE DE ZAINUCO PARA QUE DEJEN DE DENUNCIAR
Neuquén (8300web).- Dos integrantes de la asociación Zainuco, recibieron el martes amenazas telefónicas para que dejaran de hacer denuncias públicas. Gladys Rodríguez y Blanca López fueron blanco de las intimidaciones a ellas y sus familias. La organización viene haciendo públicos los hechos represivos dentro de las unidades de detención. Entre ellos, la represión y torturas contra 27 policías y el crimen de Cristian Ibazeta en la U11. Dicen que la responsabilidad por lo que les pase, la tiene el gobernador.
Zainuco viene denunciando desde hace años los abusos policiales y las políticas permisivas para que éstas se lleven a cabo en las unidades de detención de Neuquén. En especial en la Unidad 11, en donde se registran los hechos más graves, como la tortura contra internos cometida en 2004 por 27 policías, y el crimen de Cristian Ibazeta, supuestamente a manos de las guardias involucrados en esas denuncias. continúa, ver el artículo completo AQUÍ
Zainuco viene denunciando desde hace años los abusos policiales y las políticas permisivas para que éstas se lleven a cabo en las unidades de detención de Neuquén. En especial en la Unidad 11, en donde se registran los hechos más graves, como la tortura contra internos cometida en 2004 por 27 policías, y el crimen de Cristian Ibazeta, supuestamente a manos de las guardias involucrados en esas denuncias. continúa, ver el artículo completo AQUÍ
CORTE SUPREMA RATIFICÓ SUSPENSIÓN DE PROYECTO MINERO EN CAMPANA MAHUIDA
Esquel, 29 de agosto de 2012 (No a la Mina).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que interpusiera la Provincia del Neuquén contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén de decretar medida cautelar y suspender el trámite administrativo relativo a la mina de cobre Campana Mahuida, en territorio de la Comunidad Mapuche Mellao Morales y que desde el año 2008 la Provincia pretende llevar adelante y hasta ahora sin éxito alguno ante la fuerte resistencia de la comunidad mapuche y de los vecinos de Loncopué y Campana Mahuida.
Fuente: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué.
Si bien la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación data del 20 de diciembre pasado, el apoderado de la Comunidad Mellao Morales tomó conocimiento en la fecha de hoy de la decisión adoptada por el Máximo Tribunal de la Nación con los votos de los jueces Lorenzetti, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni.
De esta forma, la exploración y la explotación minera continúan suspendidas en el territorio de la comunidad mapuche hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el juicio principal en el cual se cuestiona la legalidad de la venta de la mina por parte de la Provincia a una empresa China, por el inclumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
VECINOS DE MENDOZA MARCHARON CONTRA LA MINERÍA CONTAMINANTE
Esquel, 25 de agosto de 2012 (No a la Mina).- Se manifestaron por la vigencia de la Ley 7.722 y celebraron el primer aniversario del rechazo a la instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia. A un año del rechazo a la instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia, cientos de vecinos y organizaciones ambientalistas marcharon ayer a la tarde para defender la vigencia de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto, y pedir que los jueces ratifiquen de forma plenaria (no sólo tres de los seis magistrados) la constitucionalidad de la norma frente al pedido de un grupo de empresas mineras que iniciaron acciones judiciales para que sea considerada contraria a la Carta Magna.
Fuentes: diario Los Andes y San Rafael.
Con carteles en las manos, bombos y varios disfrazados de payasos -ya que consideran que el Gobierno no los toma en serio-, se congregaron desde las 19 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, de Ciudad. Durante su recorrido por distintas calles del microcentro, se manifestaron frente a la Legislatura y concluyeron la movilización ante el edificio del Poder Judicial.
El texto de algunos carteles rezaba: "Somos 75% agua y un 0% oro que defender", "Ley 7722, agua pura, defenderla", "Que toda la Corte Suprema de Justicia ratifique la absoluta constitucionalidad de la 7722".
Existen diez causas que están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por Mario Adaro, Herman Salvini y Carlos Böhm. Sin embargo, el debate aún sigue abierto, ya que algunos de sus miembros opinan que la decisión final sobre el futuro de la ley antiminera debería tomarse entre los seis jueces que componen el organismo, tal como vienen pidiendo públicamente los sectores ambientalistas.
Justamente, la semana pasada ambientalistas, integrantes de diferentes organizaciones de vecinos de toda la provincia y mendocinos se reunieron en la explanada del Poder Judicial para entregar por mesa de entrada una carpeta con 36 mil firmas de personas que apoyan el reclamo para que la ley 7.722 no sea modificada ni declarada inconstitucional.
MÁS DE UN AÑO Y MEDIO SIN COCO Y SIN JUSTICIA
El Bolsón (Familiares y vecinos de la familia Garrido - Colectivo Militantes por los DDHH).- El día 13 de Enero del 2011, Guillermo "Coco" Garrido, un joven de 24 años oriundo de Epuyén, es detenido e incomunicado ilegalmente en la Comisaría 12 de El Bolsón.
Después de aproximadamente una hora la Policía informa a la familia que Coco había fallecido "ahorcándose con su propio cinturón".
Los familiares, vecinos y organizaciones descreen de la versión policial y se movilizan exigiendo justicia, denunciando la impunidad de la institución policial, la Justicia y el poder político que ampara a estos asesinos.
Pasado más de una año y medio del asesinato de Coco, con un intento por parte de la justicia de archivar la causa, impedido por la movilización, y después de las nuevas pericias realizadas en Octubre del 2011 donde se demuestra claramente que Coco no se suicidó, sino que lo mataron; el poder judicial no avanza con la firmeza y celeridad necesaria.
Dada esta inacción de la justicia, que permite que avance la estrategia de los defensores de los asesinos para que esto quede impune, la familia, vecinos y organizaciones que apoyan, deciden permanecer en la Fiscalía en El Bolsón a la espera de la presencia del juez que entiende en la causa, para dar respuesta a nuestros reclamos.
Invitamos a todas las organizaciones y vecinos a acompañar esta medida.
-Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices.
-Separación inmediata de los policías imputados (quienes hoy siguen circulando libremente por la calle, portando armas y en ejercicio de sus funciones).
ESTATALES DE NEUQUÉN PARARÁN POR 48 HORAS
Neuquén (ATE).- Después de un largo debate, EL Plenario de Delegados y Secretarios Generales de ATE resolvió, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Provincial al pedido de aumento salarial tal como se había acordado en las mesas anteriores para el mes de julio de este año y ante la falta de avances en las distintas mesas técnicas de los sectores en conflicto lo siguiente:
· Paro de 48 horas de ATE Neuquén para los días Miércoles 5 y Jueves 6 de Setiembre.
· Para el día Miércoles 5 solicitar a las demás organizaciones nucleadas en la CTA Neuquén la realización de un paro de 24 Hs. de la Central para acompañar con una medida de fuerza unificada a los compañeros docentes Marcelo Guagliardo y Daniel Huth en el marco de la causa por corte del puente carretero en el año 2.010, contra la judicialización de la protesta social.
· Para el día Jueves 6 la realización de piquetes en las rutas de todo el territorio provincial.
SAN MARTÍN DE LOS ANDES: VECINOS RECHAZAN CONSTRUCCIÓN SOBRE HUMEDAL
Por Lautaro Capece
San Martín de los Andes, miércoles 29 de agosto de 2012 (FM Pocahullo/Farco).- Vecinos de San Martín de los Andes pidieron ayer en una audiencia pública en el concejo deliberante que se derogue la ordenanza que autoriza construcciones sobre un inmenso humedal. En este ecosistema, conviven gran cantidad de aves y descarga subterráneamente sus aguas al lago Lacar. En su exposición, tomada por los micrófonos de FM Pocahullo para Informativo FARCO, la vecina Elena Parolín recordó a sus conciudadanos y autoridades que viven en una ciudad turística y que están “muy cerca de que nuestros hijos y nietos nos reprochen que pudiendo, no hicimos lo necesario por legarles un ambiente sano. Su compromiso y participación son fundamentales”.
A través de la audiencia pública realizada en el legislativo local se pidió la derogación de la ordenanza que autoriza la construcción sobre el humedal. En su exposición, ante los micrófonos de FM Pocahullo, la vecina Elena Parolín desarrolló que “vivimos del turismo. ¿Cómo se promocionan mundialmente las playas? No nos beneficiaría en nada el cartel de ‘aguas no aptas para el baño’ como primera impresión a quien arriba a nuestra ciudad”. Además pidió a los legisladores “no caer en la simplificación de que la derogación de la ordenanza 8370 deja un vacío legal. Si se hacen bien las cosas tendrán un instrumento legal mientras se trabaja en la elaboración de una nueva”.
“Estamos muy cerca de que nuestros hijos y nietos nos reprochen que pudiendo, no hicimos lo necesario por legarles un ambiente sano. Su compromiso y participación son fundamentales”, aseguró la vecina que tomó la palabra en la audiencia pública.
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