El Bolsón (ANPP).- Un encuentro ambientalista argentino-chileno en defensa de las cuencuas de los ríos Puelo y Manso tendrá lugar el próximo 14 de abril en el Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de El Bolsón.
El foco de la convocatoria es la preocupación creciente que representan los proyectos hidroeléctricos en la Patagonia cordillerana en Chile y Argentina, por el enorme impacto ambiental, ecoconómico y social que traerían aparejados de concretarse.
En este caso particular se trata del plan de construir la Central Hidroeléctrica Mediterráneo, sobre el río Manso, y la Central Hidroeléctrica Puelo, sobre el río del mismo nombre, en la que se prevé inundar 6 mil hectáreas de bosque nativo.
A las consecuancias previsibles de ambos proyectos hay que sumar el potencial peligro que significa el emplazamiento de una represa en esta zona, una de las más sísmicas del mundo.
El encuentro comenzará a las 17 en el auditorio del IFDC, calle Liniers esquina Alberti.
Para mayor información comunicarse con Nora Corvalán (Argentina) al correo casiopea@elbolson.com o con Mauricio Fierro (Chile) al teléfono 56-65-251812 o bien al correo geoaustral@telsu.cl.
miércoles, 28 de marzo de 2012
SE NOS CANTA OCUPAR LA CALLE... AHORA Y SIEMPRE
(HIJOS Alto Valle).- Se nos canta ocupar la calle porque desde hace 36 años la impunidad se ha instalado aún más entre nosotros, como si fuera un ciudadano común que convive cotidianamente con toda la sociedad. Desde hace 17 años, las y los HIJOS, venimos queriendo desandar los pasos de ésa impunidad para sembrar la denuncia e instalar la idea de justicia. En el camino hemos encontrado obstáculos, broncas, alegrías y, también...esperanza; porque sabemos que la equidad y la justicia sólo se conquistan con la lucha cotidiana del Pueblo en la calle.
En el transcurso de estos años vimos cómo la justicia no se efectivizaba, no se concretaba y traía aparejada la impunidad. Hoy por hoy vemos que eso que nos hacen creer como "justicia" no sólo crea impunidad sino que la garantiza, la consolida. Juicios y poder judicial no son sinónimos de Justicia sino que son herramientas del estado para hacernos pensar que vivimos en una supuesta paz social y que, con procesos judiciales atomizados y fragmentados, hemos llegado a consolidar la memoria y las condenas a los genocidas.
Nunca hemos confiado en el Poder Judicial, ya que a tantos años de Impunidad brindada a los genocidas, se le suman la cárcel y la persecución de aquellos y aquellas que luchan, y ése tiempo nos ha demostrado a quién se protege y a quién se condena. Pensemos por un instante en la idea de un juicio televisado como el que dará inicio este próximo miércoles 28, en el cual se visualiza claramente para quién está funcionando el Poder Judicial: ¿los militantes en una sala con televisión seremos meros espectadores de este circo judicial mientras los genocidas serán acompañados de todos los dispositivo legales para garantizar su impunidad? Queda claro una vez más: si esta “justicia” no es ecuánime y nunca llegará a serlo, hay que aprender a construir otra.
Los procesos judiciales hasta aquí llevados a cabo, esta justicia falsa, han garantizado que desde la recuperación de los gobiernos constitucionales y desde la reapertura de los juicios en 2003, 288 genocidas lograran la "impunidad biológica" y 274 fueran condenados; esto quiere decir que con esta “justicia” hay más muertos que condenados.
Se nos canta ocupar la calle porque siempre entendimos que el Silencio y el “no te metás” fueron herramientas fundamentales de todas las dictaduras y de la sociedad cómplice que garantizó la impunidad y el accionar de estos genocidas, para sosegar la lucha de nuestros padres; estrategias que se han perpetuado también en épocas democráticas. También afirmamos convencidos y convencidas que el silencio sigue siendo un instrumento de este gobierno para acallar e invisibilizar la lucha y garantizar la impunidad de eso que quieren hacernos ver como “justicia”; por eso uno de nuestros objetivos fue, es y será luchar contra la Impunidad y el Silencio. Creemos que la justicia sólo se logrará si existe trabajo, educación, vivienda, salud y derecho a la identidad, y que ésta llegará de la mano de la construcción colectiva de una sociedad protagonista de su organización y de su rumbo.
Para que este ideal sea genuino es necesario evitar maniqueísmos absolutos, polarizaciones mentirosas que este gobierno nos propone. Debemos ser críticos y no aceptar las negociaciones que nos ofrecen. No aceptamos "Fútbol para todos" a cambio de precarización laboral; asignación universal por hijo a cambio de sojización de los campos productivos; estatización de las AFJP a cambio de cianuro en el agua; pelea contra los monopolios informativos a cambio de ocultamiento; incremento de la productividad a cambio de cooptación de los sindicatos; entre otros. ¿Qué memoria construimos y de qué futuro nos hablan sin Julio López, sin Luciano Arruga, sin Sergio Ávalos sin Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, sin Silvia Suppo, sin Mariano Ferreyra, sin Diego Bonefoi, sin Carlos Fuentealba, sin Florencia Pennachi y todas las mujeres secuestradas para ser prostituidas, sin los QOM asesinados en defensa de sus tierras y sin los compañeros del Frente Darío Santillán de Rosario?
¿Cómo se hace para mantener viva la memoria de nuestros padres y su proyecto revolucionario si todas y todos somos considerados terroristas? Y cuando decimos que la memoria esté presente y activa denunciamos la apropiación de los lugares de lucha y de la puesta en escena de discursos que sólo se quedan en el terreno de lo simbólico y lo meramente testimonial. Señalamos que reivindicar los derechos por los cuales vivieron y lucharon nuestros padres, y en el presente llevamos a cabo junto a tantos compañeros y compañeras de distintos espacios políticos y sociales; no equivale a ser terroristas. ¿Cómo se entiende la construcción de un presente dinámico y verdaderamente crítico si es, nuevamente, el Poder Judicial el que acompaña y avala la criminalización de la protesta y la estigmatización social de los militantes del campo popular como terroristas?
Se nos canta ocupar la calle porque hoy, a 36 años del golpe cívico militar pensamos que el legado de los compañeros y las compañeras revolucionarias del '70 sólo se confirma con la justicia popular en la calle. Ésa generación entendió que se debían desarticular los andamiajes de un sistema inequívocamente desigual e injusto y para que ello sucediera había que transformar, cambiar un modelo económico, social y político. Evidente es el grado de compromiso, coherencia y lucha que ellos y ellas supieron mantener... y a partir del cual hemos podido comprender el sentido profundo que tenía la lucha de la generación de nuestros viejos: esa terca idea de construir un mundo distinto, justo, solidario, muy diferente a éste en el que vivimos hoy.
A 36 años del golpe genocida del 76, decimos que no pudieron con el sueño revolucionario, que su lucha hoy está más viva que nunca porque la generación de nuestros padres y sus compañeros y compañeras nos marcó el camino. Hoy, los hijos e hijas de la conciencia histórica y la lucha activa creemos en sus proyectos revolucionarios y es en la calle donde seguiremos aportando a la utopía. La esperanza pone nuevos nombres, nombra la ausencia, y reinventa la prueba de que es posible el sueño revolucionario. Por ellos y ellas, por nosotros, por todos y todas, por la memoria, por el futuro, por la utopía… se nos canta ocupar la calle.
NI UN PASO ATRÁS
SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE
(Documento leído en el acto por el 24 de Marzo.)
En el transcurso de estos años vimos cómo la justicia no se efectivizaba, no se concretaba y traía aparejada la impunidad. Hoy por hoy vemos que eso que nos hacen creer como "justicia" no sólo crea impunidad sino que la garantiza, la consolida. Juicios y poder judicial no son sinónimos de Justicia sino que son herramientas del estado para hacernos pensar que vivimos en una supuesta paz social y que, con procesos judiciales atomizados y fragmentados, hemos llegado a consolidar la memoria y las condenas a los genocidas.
Nunca hemos confiado en el Poder Judicial, ya que a tantos años de Impunidad brindada a los genocidas, se le suman la cárcel y la persecución de aquellos y aquellas que luchan, y ése tiempo nos ha demostrado a quién se protege y a quién se condena. Pensemos por un instante en la idea de un juicio televisado como el que dará inicio este próximo miércoles 28, en el cual se visualiza claramente para quién está funcionando el Poder Judicial: ¿los militantes en una sala con televisión seremos meros espectadores de este circo judicial mientras los genocidas serán acompañados de todos los dispositivo legales para garantizar su impunidad? Queda claro una vez más: si esta “justicia” no es ecuánime y nunca llegará a serlo, hay que aprender a construir otra.
Los procesos judiciales hasta aquí llevados a cabo, esta justicia falsa, han garantizado que desde la recuperación de los gobiernos constitucionales y desde la reapertura de los juicios en 2003, 288 genocidas lograran la "impunidad biológica" y 274 fueran condenados; esto quiere decir que con esta “justicia” hay más muertos que condenados.
Se nos canta ocupar la calle porque siempre entendimos que el Silencio y el “no te metás” fueron herramientas fundamentales de todas las dictaduras y de la sociedad cómplice que garantizó la impunidad y el accionar de estos genocidas, para sosegar la lucha de nuestros padres; estrategias que se han perpetuado también en épocas democráticas. También afirmamos convencidos y convencidas que el silencio sigue siendo un instrumento de este gobierno para acallar e invisibilizar la lucha y garantizar la impunidad de eso que quieren hacernos ver como “justicia”; por eso uno de nuestros objetivos fue, es y será luchar contra la Impunidad y el Silencio. Creemos que la justicia sólo se logrará si existe trabajo, educación, vivienda, salud y derecho a la identidad, y que ésta llegará de la mano de la construcción colectiva de una sociedad protagonista de su organización y de su rumbo.
Para que este ideal sea genuino es necesario evitar maniqueísmos absolutos, polarizaciones mentirosas que este gobierno nos propone. Debemos ser críticos y no aceptar las negociaciones que nos ofrecen. No aceptamos "Fútbol para todos" a cambio de precarización laboral; asignación universal por hijo a cambio de sojización de los campos productivos; estatización de las AFJP a cambio de cianuro en el agua; pelea contra los monopolios informativos a cambio de ocultamiento; incremento de la productividad a cambio de cooptación de los sindicatos; entre otros. ¿Qué memoria construimos y de qué futuro nos hablan sin Julio López, sin Luciano Arruga, sin Sergio Ávalos sin Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, sin Silvia Suppo, sin Mariano Ferreyra, sin Diego Bonefoi, sin Carlos Fuentealba, sin Florencia Pennachi y todas las mujeres secuestradas para ser prostituidas, sin los QOM asesinados en defensa de sus tierras y sin los compañeros del Frente Darío Santillán de Rosario?
¿Cómo se hace para mantener viva la memoria de nuestros padres y su proyecto revolucionario si todas y todos somos considerados terroristas? Y cuando decimos que la memoria esté presente y activa denunciamos la apropiación de los lugares de lucha y de la puesta en escena de discursos que sólo se quedan en el terreno de lo simbólico y lo meramente testimonial. Señalamos que reivindicar los derechos por los cuales vivieron y lucharon nuestros padres, y en el presente llevamos a cabo junto a tantos compañeros y compañeras de distintos espacios políticos y sociales; no equivale a ser terroristas. ¿Cómo se entiende la construcción de un presente dinámico y verdaderamente crítico si es, nuevamente, el Poder Judicial el que acompaña y avala la criminalización de la protesta y la estigmatización social de los militantes del campo popular como terroristas?
Se nos canta ocupar la calle porque hoy, a 36 años del golpe cívico militar pensamos que el legado de los compañeros y las compañeras revolucionarias del '70 sólo se confirma con la justicia popular en la calle. Ésa generación entendió que se debían desarticular los andamiajes de un sistema inequívocamente desigual e injusto y para que ello sucediera había que transformar, cambiar un modelo económico, social y político. Evidente es el grado de compromiso, coherencia y lucha que ellos y ellas supieron mantener... y a partir del cual hemos podido comprender el sentido profundo que tenía la lucha de la generación de nuestros viejos: esa terca idea de construir un mundo distinto, justo, solidario, muy diferente a éste en el que vivimos hoy.
A 36 años del golpe genocida del 76, decimos que no pudieron con el sueño revolucionario, que su lucha hoy está más viva que nunca porque la generación de nuestros padres y sus compañeros y compañeras nos marcó el camino. Hoy, los hijos e hijas de la conciencia histórica y la lucha activa creemos en sus proyectos revolucionarios y es en la calle donde seguiremos aportando a la utopía. La esperanza pone nuevos nombres, nombra la ausencia, y reinventa la prueba de que es posible el sueño revolucionario. Por ellos y ellas, por nosotros, por todos y todas, por la memoria, por el futuro, por la utopía… se nos canta ocupar la calle.
NI UN PASO ATRÁS
SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE
(Documento leído en el acto por el 24 de Marzo.)
REPUDIAN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN RAWSON
Rawson, 24 de marzo de 2012 (Cátedra Abierta de Género).- Desde la Cátedra Abierta de Género, comprometida con el trabajo para una sociedad libre de violencia de género, queremos expresar nuestro repudio a los ataques sufrida por Luz (vecina de Rawson) perpetrada por su ex marido, Hernán Jao De Deus, y denunciada por sus vecino/as en una nota publicada miércoles 21 de Marzo en un periódico de la zona. Repudiamos y denunciamos públicamente no sólo a este hombre violento sino también la violencia institucional en la que, por omisión, incurrieran la comisaría de Rawson y la comisaría de la mujer del mismo Municipio, ya que ninguna de las dos le tomó la denuncia a Luz por verla “alterada” ni a los vecinos que quisieron denunciar la situación, haciendo caso omiso a todos los derechos y obligaciones que estas instituciones tienen expresadas en los diferentes convenios y protocolos. Particularmente en la Ley 26.485 “Violencia contra la mujer- prevención sanción y erradicación”, donde explícitamente se expresa en el articulo 7 punto c) como obligación de los órganos del estado creados a tal fin: “La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia”Agradecemos también públicamente las acciones de los vecinos de Luz que no sólo hicieron publica la situación, ya que de esto se trata de realizar un trabajo coordinado en red con toda la comunidad, exigiendo el cumplimiento de la ley y ayudando a hacer publico la violencia de genero que lejos de ser una situación “privada” es la consecuencia de una sociedad desigual e injusta.
Difundimos también el artículo 24 de la mencionada ley que deja claro quienes pueden radicar una denuncia "Las denuncias podrán ser efectuadas: a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna; c) CUALQUIER PERSONA cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o PSÍQUICA no pudiese formularla". Además es importante que la sociedad sepa que las presentaciones de las denuncias “por violencia contra las mujeres podrán efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita, según el artículo 24.
¡No permitamos más femicidios! Éste es el término que se utiliza para nombrar las numerosas y reiteradas muertes de mujeres en manos de hombres (la mayoría de su ámbito familiar) que las consideran de su pertenencia. El femicidio no es más que la manifestación mas extrema de una larga cadena de maltratos tanto en el ámbito doméstico como en el institucional. Haremos de nuestro repudio el trabajo necesario para exigir el cumplimiento de esta ley y de todo lo que esté a nuestro alcance como Cátedra; no sólo para avanzar en el conocimiento sino para aportar a la construcción de una sociedad menos violenta y desigual.
Difundimos también el artículo 24 de la mencionada ley que deja claro quienes pueden radicar una denuncia "Las denuncias podrán ser efectuadas: a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna; c) CUALQUIER PERSONA cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o PSÍQUICA no pudiese formularla". Además es importante que la sociedad sepa que las presentaciones de las denuncias “por violencia contra las mujeres podrán efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita, según el artículo 24.
¡No permitamos más femicidios! Éste es el término que se utiliza para nombrar las numerosas y reiteradas muertes de mujeres en manos de hombres (la mayoría de su ámbito familiar) que las consideran de su pertenencia. El femicidio no es más que la manifestación mas extrema de una larga cadena de maltratos tanto en el ámbito doméstico como en el institucional. Haremos de nuestro repudio el trabajo necesario para exigir el cumplimiento de esta ley y de todo lo que esté a nuestro alcance como Cátedra; no sólo para avanzar en el conocimiento sino para aportar a la construcción de una sociedad menos violenta y desigual.
OPINIÓN: DE LEWIS Y OTRAS YERBAS
Por Bernardita Bielsa
El Bolsón.- Mucho se ha hablado y se sigue hablando de Lewis.
Pero lo que ha ocurrido con Lago Escondido y Cerro Perito Moreno - Laderas del Perito, no son las únicas irregularidades cometidas por el CODEMA y los funcionarios de la provincia de Río Negro en su conjunto.
El CODEMA (ahora ex CODEMA) entregó a los Señores MARTÍNEZ PÉREZ y PANCHO STEINER, 3.000 hectáreas (tres mil hectáreas) que están dentro del Área Natural Río Azul Lago Escondido.
Como corresponde, de manera irregular y fraudulenta.
Nada se ha dicho del rol cumplido por la ex funcionaria del CODEMA ALEJANDRA ORTEGA, ahora premiada por este nuevo gobierno con el cargo de Delegada de la Secretaría de Medio Ambiente.
STEINER fue denunciado por el Diario Río Negro por ser cómplice de maniobras dolosas llevadas a cabo por la anterior gestión municipal, sin embargo RECIENTEMENTE LA MUNICIPALIDAD DE EL BOLSÓN le autorizó a STEINER la construcción de un hotel dentro de su chacra del otro lado del Azul.
STEINER dice haberle comprado el campo donde vive su hijo, a Don Joaquín Cruz Puerta (o sus apoderados o sucesores), y nada se dijo ni se hizo la autopsia que correspondía, cuando CRUZ PUERTA fue hallado muerto de una forma poco común en su chacra.
Por su lado MARTÍNEZ PÉREZ está impidiendo el tránsito de pobladores por la pasarela - llegando incluso a cerrarla con candado, y está obstruyendo el acceso a la costa del río Azul a la altura de la familia Campos.
Por experiencia sabemos que frente a hechos como este, hay muchas personas que están y/o incluso arriesgan sus vidas.
En varios casos en los que me ha tocado intervenir, algunos han desaparecido, luego hallados muertos, para recién poder comprobar después de mucho esfuerzo que fueron asesinados por motivos más que evidentes.
Como ha quedado muy claro que en Río Negro la Justicia todavía no se ha puesto en marcha luego del traspaso de gobierno y ya no tenemos donde denunciar, le solicito por este medio y públicamente al Sr. Gobernador WERETILNECK, se interiorice de manera urgente sobre el tema en cuestión y actúe en consecuencia, como así también lo hago responsable de cualquier inconveniente que pudiera ocurrirle a las personas y/o sus bienes, que por este conflicto ya vienen siendo amenazadas.
El Bolsón.- Mucho se ha hablado y se sigue hablando de Lewis.
Pero lo que ha ocurrido con Lago Escondido y Cerro Perito Moreno - Laderas del Perito, no son las únicas irregularidades cometidas por el CODEMA y los funcionarios de la provincia de Río Negro en su conjunto.
El CODEMA (ahora ex CODEMA) entregó a los Señores MARTÍNEZ PÉREZ y PANCHO STEINER, 3.000 hectáreas (tres mil hectáreas) que están dentro del Área Natural Río Azul Lago Escondido.
Como corresponde, de manera irregular y fraudulenta.
Nada se ha dicho del rol cumplido por la ex funcionaria del CODEMA ALEJANDRA ORTEGA, ahora premiada por este nuevo gobierno con el cargo de Delegada de la Secretaría de Medio Ambiente.
STEINER fue denunciado por el Diario Río Negro por ser cómplice de maniobras dolosas llevadas a cabo por la anterior gestión municipal, sin embargo RECIENTEMENTE LA MUNICIPALIDAD DE EL BOLSÓN le autorizó a STEINER la construcción de un hotel dentro de su chacra del otro lado del Azul.
STEINER dice haberle comprado el campo donde vive su hijo, a Don Joaquín Cruz Puerta (o sus apoderados o sucesores), y nada se dijo ni se hizo la autopsia que correspondía, cuando CRUZ PUERTA fue hallado muerto de una forma poco común en su chacra.
Por su lado MARTÍNEZ PÉREZ está impidiendo el tránsito de pobladores por la pasarela - llegando incluso a cerrarla con candado, y está obstruyendo el acceso a la costa del río Azul a la altura de la familia Campos.
Por experiencia sabemos que frente a hechos como este, hay muchas personas que están y/o incluso arriesgan sus vidas.
En varios casos en los que me ha tocado intervenir, algunos han desaparecido, luego hallados muertos, para recién poder comprobar después de mucho esfuerzo que fueron asesinados por motivos más que evidentes.
Como ha quedado muy claro que en Río Negro la Justicia todavía no se ha puesto en marcha luego del traspaso de gobierno y ya no tenemos donde denunciar, le solicito por este medio y públicamente al Sr. Gobernador WERETILNECK, se interiorice de manera urgente sobre el tema en cuestión y actúe en consecuencia, como así también lo hago responsable de cualquier inconveniente que pudiera ocurrirle a las personas y/o sus bienes, que por este conflicto ya vienen siendo amenazadas.
DESBORDANTE NO A LA MINA EN ESQUEL
Esquel, 23 de marzo de 2012 (Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel).- Alrededor de tres mil vecinos participaron de la movilización de hoy a la tarde y parte de la noche en Esquel para celebrar el 9º aniversario del plebiscito del 23 de marzo por el cual en el año 2003 esta población rechazó la actividad minera a gran escala por el ochenta y uno por ciento de los votos. Con cantos, banderas, pancartas y carteles reivindicaron la decisión democrática tomada hace nueve años, repudiaron la presencia en la ciudad de la minera canadiense Yamana Gold y su subsidiaria Minas Argentinas y defendieron la vigencia de la ley 5001.
Unos tres mil esquelenses marcharon festejando aquél acontecimiento y ratificando tan rotundamente como en el 2003 su decisión contraria a la explotación megaminera. Además de esta celebración, realizan marchas por el NO A LA MINA todos los días 4 de cada mes.
Yamana Gold es la nueva propietaria del yacimiento y anunció que quiere explotarlo "con otros métodos" pero la población demostró hoy nuevamente de manera contundente su oposición a la actividad minera a gran escala. La minera desarrolla reuniones con vecinos, cuenta con el respaldo de altos funcionarios del municipio y desarrolla una estrategia de compra de voluntades ofreciendo distintas asistencias a personas necesitadas. Además, en documentos difundidos en su página web, Yamana Gold ocultó el nombre de la ciudad y del proyecto Cordón Esquel, a los cuales denomina "Suyai", hecho que incrementó el repudio de la población. (1)
Con la misma potencia que rechazan las pretensiones de Yamana Gold/Minas Argentinas, durante los festejos los vecinos de esta ciudad del oeste de la provincia de Chubut insistieron en reclamar al gobierno provincial, a cargo de Martín Buzzi, que no modifique ni derogue la ley 5001 que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto y el uso cianuro en toda la provincia. Se unen en la acción a vecinos de muchas localidades de Chubut que defienden las fuentes de agua, la tierra y las actividades económicas verdaderamente sustentables.
Una vecina y un vecino leyeron dos vibrantes textos a modo de proclamas de la marcha, señalando - entre otros aspectos- que la mayoría de la dirigencia política es cómplice del embate minero sobre Esquel y la provincia, centrando sus críticas en el intendente Rafael Williams señalando: "Así que les decimos a los megamineros, a sus socios, a sus protectores políticos y a sus gerentes de todo tipo: no descansaremos, señores, no bajaremos los brazos, aquí nos tendrán, inagotables, hasta que su sordera oiga, hasta que se dignen a respetar al pueblo. Porque en este pueblo, señores, por si no lo recuerdan, la dignidad ya fue plebiscitada, y ganó por mayoría."
Antes de partir la movilización desde la Plaza San Martín, las celebraciones organizadas allí por los propios vecinos incluyeron juegos callejeros para los chicos, lectura de poemas e interpretaciones musicales que continuaron luego del retorno de la marcha al punto de partida.
Alumnos de varias escuelas realizaron actividades pedagógicas en el marco de la recordación. Además hoy, en tres escuelas primarias los chicos remontaron barriletes y en un colegio secundario los jóvenes plantaron árboles en el predio escolar por cada curso y realizaron un abrazo al colegio con carteles y banderas alusivas.
Contacto:
Sitio web: www.noalamina.org
Correo electrónico: sosesquel@yahoo.com.ar
Unos tres mil esquelenses marcharon festejando aquél acontecimiento y ratificando tan rotundamente como en el 2003 su decisión contraria a la explotación megaminera. Además de esta celebración, realizan marchas por el NO A LA MINA todos los días 4 de cada mes.
Yamana Gold es la nueva propietaria del yacimiento y anunció que quiere explotarlo "con otros métodos" pero la población demostró hoy nuevamente de manera contundente su oposición a la actividad minera a gran escala. La minera desarrolla reuniones con vecinos, cuenta con el respaldo de altos funcionarios del municipio y desarrolla una estrategia de compra de voluntades ofreciendo distintas asistencias a personas necesitadas. Además, en documentos difundidos en su página web, Yamana Gold ocultó el nombre de la ciudad y del proyecto Cordón Esquel, a los cuales denomina "Suyai", hecho que incrementó el repudio de la población. (1)
Con la misma potencia que rechazan las pretensiones de Yamana Gold/Minas Argentinas, durante los festejos los vecinos de esta ciudad del oeste de la provincia de Chubut insistieron en reclamar al gobierno provincial, a cargo de Martín Buzzi, que no modifique ni derogue la ley 5001 que prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto y el uso cianuro en toda la provincia. Se unen en la acción a vecinos de muchas localidades de Chubut que defienden las fuentes de agua, la tierra y las actividades económicas verdaderamente sustentables.
Una vecina y un vecino leyeron dos vibrantes textos a modo de proclamas de la marcha, señalando - entre otros aspectos- que la mayoría de la dirigencia política es cómplice del embate minero sobre Esquel y la provincia, centrando sus críticas en el intendente Rafael Williams señalando: "Así que les decimos a los megamineros, a sus socios, a sus protectores políticos y a sus gerentes de todo tipo: no descansaremos, señores, no bajaremos los brazos, aquí nos tendrán, inagotables, hasta que su sordera oiga, hasta que se dignen a respetar al pueblo. Porque en este pueblo, señores, por si no lo recuerdan, la dignidad ya fue plebiscitada, y ganó por mayoría."
Antes de partir la movilización desde la Plaza San Martín, las celebraciones organizadas allí por los propios vecinos incluyeron juegos callejeros para los chicos, lectura de poemas e interpretaciones musicales que continuaron luego del retorno de la marcha al punto de partida.
Alumnos de varias escuelas realizaron actividades pedagógicas en el marco de la recordación. Además hoy, en tres escuelas primarias los chicos remontaron barriletes y en un colegio secundario los jóvenes plantaron árboles en el predio escolar por cada curso y realizaron un abrazo al colegio con carteles y banderas alusivas.
Contacto:
Sitio web: www.noalamina.org
Correo electrónico: sosesquel@yahoo.com.ar
UN PAÍS, DOS REALIDADES Y UN ESTADO MUDO
Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.
Por Darío Aranda
(ODHPI).- “El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
“Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.
La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”
Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.
“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.
El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.
Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica”.
Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.
Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.
Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.
Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.
“Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.
Otra Argentina
Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.
Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.
Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.
Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.
“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).
“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.
Preguntas
Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:
-¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
-¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
-¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
-¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
-¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
-¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
-¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.
Respuestas
Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.
Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.
Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.
Silencio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.
Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.
Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.
Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.
Por Darío Aranda
(ODHPI).- “El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
“Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.
La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”
Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.
“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.
El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.
Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica”.
Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.
Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.
Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.
Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.
“Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.
Otra Argentina
Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.
Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.
Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.
Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.
“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).
“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.
Preguntas
Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:
-¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
-¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
-¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
-¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
-¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
-¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
-¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.
Respuestas
Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.
Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.
Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.
Silencio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.
Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.
Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.
Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.
ISFD 813 LLAMA A COBERTURA DE MATERIAS
Lago Puelo (ISFD 813).- El Instituto Superior de Formación Docente Nro. 813 hace el llamado para la presentación de proyectos para la cobertura de los siguientes espacios curriculares:
v Profesorado de educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos
Tecnologías de la Información y de la Comunicación Social y la Enseñanza
Ø Tecnicatura Superior en Bibliotecología
Análisis documental I
Fuentes y Servicios de la Información I
Historia de las bibliotecas y los aportes de la información
v Profesorado de educación Especial con en Discapacidad Intelectual
Lengua y Literatura
Bases y condiciones en la página www.isfd813lagopuelo.edu.ar o vía mail a isfd813@isfd813lagopuelo.edu.ar, fecha de presentación martes 3 de abril hasta las 18hs.
v Profesorado de educación Especial con Orientación en Sordos e Hipoacúsicos
Tecnologías de la Información y de la Comunicación Social y la Enseñanza
Ø Tecnicatura Superior en Bibliotecología
Análisis documental I
Fuentes y Servicios de la Información I
Historia de las bibliotecas y los aportes de la información
v Profesorado de educación Especial con en Discapacidad Intelectual
Lengua y Literatura
Bases y condiciones en la página www.isfd813lagopuelo.edu.ar o vía mail a isfd813@isfd813lagopuelo.edu.ar, fecha de presentación martes 3 de abril hasta las 18hs.
martes, 27 de marzo de 2012
HAY PRÁCTICAS QUE NO CAMBIAN
Neuquén (8300WEB).- Bruno Rodríguez tenía 22 años. Era un testigo protegido por haber presenciado abusos sexuales por parte de nueve policías a un adolescente que estuvo detenido con él durante enero en la comisaría segunda de la localidad de Trelew. Fue asesinado.
La justicia lo había trasladado de provincia para proteger su vida; no es una novedad que quienes “saben demasiado” también corren “demasiados riesgos”. Se sabe. Y, aunque se sabe, sigue pasando, de la misma forma que continúan sucediendo los abusos como los que había presenciado Bruno.
Ya no vivía en Chubut, por miedo y por protección, pero regresó por unos días a hacer trámites a Trelew. Aparentemente, los uniformados implicados en los casos de abuso sexual no perdieron el tiempo. Ahora, la justicia planea sacar de la provincia al joven que efectuó la denuncia, en su momento, de las situaciones de las cuales Bruno había sido testigo. Parece más fácil desarraigar a las víctimas que trabajar en serio para modificar una realidad que no puede seguir sucediendo.
Recibió tres puñaladas que terminaron con su vida, aunque no con su testimonio, ya que la justicia cuenta con sus declaraciones. Bruno, culpable de ver lo que no tenía que ver y de decir lo que debía callar. Por el estado de inconciencia en el que quedó luego del ataque, no pudo explicar qué sucedió, lo que deriva en que “no haya sospechosos” por el crimen.
Una práctica frecuente. Por la facilidad que tienen algunos sectores de amordazar testigos, faltan demasiadas personas. También faltan políticas claras al respecto y un accionar concreto y urgente, para que esto tampoco suceda nunca más.
La justicia lo había trasladado de provincia para proteger su vida; no es una novedad que quienes “saben demasiado” también corren “demasiados riesgos”. Se sabe. Y, aunque se sabe, sigue pasando, de la misma forma que continúan sucediendo los abusos como los que había presenciado Bruno.
Ya no vivía en Chubut, por miedo y por protección, pero regresó por unos días a hacer trámites a Trelew. Aparentemente, los uniformados implicados en los casos de abuso sexual no perdieron el tiempo. Ahora, la justicia planea sacar de la provincia al joven que efectuó la denuncia, en su momento, de las situaciones de las cuales Bruno había sido testigo. Parece más fácil desarraigar a las víctimas que trabajar en serio para modificar una realidad que no puede seguir sucediendo.
Recibió tres puñaladas que terminaron con su vida, aunque no con su testimonio, ya que la justicia cuenta con sus declaraciones. Bruno, culpable de ver lo que no tenía que ver y de decir lo que debía callar. Por el estado de inconciencia en el que quedó luego del ataque, no pudo explicar qué sucedió, lo que deriva en que “no haya sospechosos” por el crimen.
Una práctica frecuente. Por la facilidad que tienen algunos sectores de amordazar testigos, faltan demasiadas personas. También faltan políticas claras al respecto y un accionar concreto y urgente, para que esto tampoco suceda nunca más.
CINE DOCUMENTAL EN EL IFDC DE EL BOLSÓN: "LESA HUMANIDAD"
El Bolsón (ANPP).- El día sábado 31 de marzo próximo, a las 19:30 hs, se proyectará el video documental "Lesa humanidad. Un nuevo enfoque desde donde juzgar la violencia sexual de la dictadura", en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón, sito en las calles Liniers y Alberti, con entrada libre y gratuita.
Además, se realizará una charla abierta con compañeras del programa "Violencia de género en contextos represivos", de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba.
La presentación es organizada por Conjuros a viva voz, Colectivo ALAS para la comunicación popular, Construyendo la identidad sexual a viva voz y el IFDC de El Bolsón y, auspiciado por UnTER local.
Además, se realizará una charla abierta con compañeras del programa "Violencia de género en contextos represivos", de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba.
La presentación es organizada por Conjuros a viva voz, Colectivo ALAS para la comunicación popular, Construyendo la identidad sexual a viva voz y el IFDC de El Bolsón y, auspiciado por UnTER local.
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE ROSARIO CUESTIONA EL MODELO EXTRACTIVO
Con el voto unánime de sus veinte consejeros, la Facultad de Medicina de la UNR aprobó una resolución que cuestiona la “producción altamente contaminante”, en la que incluye la minería, la fabricación de pasta celulosa y aceites vegetales.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 (Página 12).- “El avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (...), vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.” La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario. También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Aprobada por el Consejo Superior de la facultad pública, el documento enumera como parte de un mismo modelo a las concentraciones urbanas, los agrotóxicos y transgénicos, la minería y pasteras, represas y centrales nucleares, contaminantes químicos, biodiversidad diezmada, destrucción de territorios y “poblaciones en franca diáspora despojadas de los bie-nes comunes”. Afirma que todas estas actividades “deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas”.
“Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que provocan a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta ina-ceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio”, asegura la casa de altos estudios.
Fechado el 10 de febrero último, difundido la última semana, apunta de manera directa al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “Es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades”, alerta y rechaza el discurso empresario que promete mayor producción de alimentos para acabar con el hambre.
La Facultad fue en 2011 sede del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde medio centenar de investigadores aportaron estudios científicos y casos concretos de la afección en la salud en zonas con monocultivo de soja. La resolución fue apoyada por todos los bloques (docentes, estudiantes, no docentes y graduados).
“Producimos conocimiento científico que sea útil a la comunidad y formamos trabajadores de la salud comprometidos con la realidad”, afirmó el consejero por el claustro docente Damián Verzeñassi, y explicó que la Facultad apuesta a “generar conocimientos que hagan cada día más difícil que algunos representantes pretendan burlarse de la inteligencia del pueblo al decir que minería o agrotóxicos no afectan el ambiente y la salud. Hay sobradas pruebas de lo que provocan”.
Con la megaminería en la agenda pública en enero por la pueblada de Famatina y los cortes selectivos en Catamarca, la Facultad de Medicina identifica como posibles fuentes de contaminación a los cráteres en las montañas, las pilas de lixiviación, los escombros removidos y los diques de colas (grandes piletones que hacen de basureros mineros). “La actividad minera que se de-sarrolla a cielo abierto daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, denuncia, en línea con resoluciones similares de la Universidad Nacional de Córdoba (2009) y Río Cuarto (2010).
Toma como caso testigo de la megaminería a Bajo La Alumbrera, ubicada en Catamarca. “Está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal, alto consumo, casi el doble del consumo de toda Catamarca”, señala y, en base a una causa del fiscal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, remarca que se ha probado la contaminación con arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y selenio.
También denuncia el “espionaje” de empresas mineras (en referencia a la compañía Osisko en Famatina) y, con respecto a la violenta represión del 10 de febrero en Tinogasta (Catamarca), cuestiona que “las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y promineros han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”.
En sus artículos resolutivos, el Consejo Directivo de la Facultad se solidariza con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que “comprometen la salud de los ecosistemas y a los seres humanos”, y convoca a todos sus equipos docentes a ponerse “a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes”.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 26 de marzo de 2012 (Página 12).- “El avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo (...), vulnera los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable.” La denuncia, que bien podría atribuirse a asambleas socio-ambientales o a pueblos originarios, fue realizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que, con voto unánime de sus veinte consejeros superiores, aprobó la resolución que cuestiona el modelo extractivo, en especial a la megaminería y al modelo agropecuario. También solicitó al gobierno nacional que “frene las acciones represivas sobre los movimientos sociales” y le pidió que “asuma la responsabilidad de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”.
Aprobada por el Consejo Superior de la facultad pública, el documento enumera como parte de un mismo modelo a las concentraciones urbanas, los agrotóxicos y transgénicos, la minería y pasteras, represas y centrales nucleares, contaminantes químicos, biodiversidad diezmada, destrucción de territorios y “poblaciones en franca diáspora despojadas de los bie-nes comunes”. Afirma que todas estas actividades “deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas”.
“Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que provocan a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta ina-ceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio”, asegura la casa de altos estudios.
Fechado el 10 de febrero último, difundido la última semana, apunta de manera directa al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), que propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria para 2020. “Es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y nutrientes de nuestros suelos, así como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades”, alerta y rechaza el discurso empresario que promete mayor producción de alimentos para acabar con el hambre.
La Facultad fue en 2011 sede del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde medio centenar de investigadores aportaron estudios científicos y casos concretos de la afección en la salud en zonas con monocultivo de soja. La resolución fue apoyada por todos los bloques (docentes, estudiantes, no docentes y graduados).
“Producimos conocimiento científico que sea útil a la comunidad y formamos trabajadores de la salud comprometidos con la realidad”, afirmó el consejero por el claustro docente Damián Verzeñassi, y explicó que la Facultad apuesta a “generar conocimientos que hagan cada día más difícil que algunos representantes pretendan burlarse de la inteligencia del pueblo al decir que minería o agrotóxicos no afectan el ambiente y la salud. Hay sobradas pruebas de lo que provocan”.
Con la megaminería en la agenda pública en enero por la pueblada de Famatina y los cortes selectivos en Catamarca, la Facultad de Medicina identifica como posibles fuentes de contaminación a los cráteres en las montañas, las pilas de lixiviación, los escombros removidos y los diques de colas (grandes piletones que hacen de basureros mineros). “La actividad minera que se de-sarrolla a cielo abierto daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”, denuncia, en línea con resoluciones similares de la Universidad Nacional de Córdoba (2009) y Río Cuarto (2010).
Toma como caso testigo de la megaminería a Bajo La Alumbrera, ubicada en Catamarca. “Está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal, alto consumo, casi el doble del consumo de toda Catamarca”, señala y, en base a una causa del fiscal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, remarca que se ha probado la contaminación con arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo y selenio.
También denuncia el “espionaje” de empresas mineras (en referencia a la compañía Osisko en Famatina) y, con respecto a la violenta represión del 10 de febrero en Tinogasta (Catamarca), cuestiona que “las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales y promineros han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”.
En sus artículos resolutivos, el Consejo Directivo de la Facultad se solidariza con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que “comprometen la salud de los ecosistemas y a los seres humanos”, y convoca a todos sus equipos docentes a ponerse “a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes”.
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