Representantes de Pueblos Originarios y diputados nacionales dieron una conferencia de prensa ayer por la tarde en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados, para exigir a todos los bloques con urgencia el tratamiento del Convenio 169 de la OIT, y así tenga rango constitucional, el cual busca el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Comunidades como deber del Estado para garantizarlos, incluirlas en la legislación, políticas públicas, consultarlas cuando se vean afectadas y respetar su integridad. El proyecto de ley comenzará a ser tratado en la próxima sesión de cámara de diputados, en la que tendrá preferencia. Desde varios puntos del país los reclamos por abandono y avasallamientos quedaron expuestos.
Por Amalia Colombo
Buenos Aires, Martes 15 de Noviembre de 2011 (AW).- "La causa indígena todavía está en la banquina de la historia", comenzó diciendo Laura Laciar Secretaria de relaciones con Pueblos Originarios de CTA Capital, antes de ceder la palabra al Félix Díaz, Qarashe de la Comunidad Qom Potae Napocná (Garra de Oso Hormiguero) Navogoh (La Primavera) de Formosa, quienes la semana pasada volvieron a sufrir un atentado de parte de tres empleados de los terratenientes Celia, una de las patas criollas de Formosa, que junto con el Gobierno de Gildo Insfrán, y el Parque Nacional Río Pilcomayo se fueron quedando con las tierras ocupadas ancestralmente por los Qom. El nieto y el hijo de Díaz salieron ilesos de las balas que les propinaron.
Sobre la actuación de Gendarmería que fue puesta para cuidarlos, luego de ser emitida la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la denuncia presentada el 23 de noviembre de 2010 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que exigía al Estado Argentino la protección de los indígenas "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales", Díaz dice que "no pueden actuar porque es jurisdicción provincial".
Conflictos al Norte
"Nosotros que vivimos en el interior del país somos los que más sufren y los que más protección y garantías necesitamos del Estado. En este tiempo que venimos luchando por la recuperación de nuestro territorio del cual fuimos despojados en 2007, tuvimos solo respuestas negativas, dijo Díaz.
Originalmente la extensión de 5178 hectáreas que habitaban las 800 familias Qom, fueron siendo usurpadas.
"Cuando salió la ley 26.160 (de Comunidades Indígenas, la cual declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes, y que fue sancionada el 1 de Noviembre de 2006, y promulgada el 23 de Noviembre de ese mismo año) teníamos una esperanza, pero hicieron (los funcionarios) todo lo que no tenían que hacer: violaron nuestros derechos, mataron un hermano, recibimos muchas causas penales por reclamar, y que aun hoy soportamos. Y encima de todo eso quemaron nuestras casas, perdimos todas las pocas cosas que hemos tenido", relató Díaz.
No obstante, dijo que continúan esperando que el Estado Argentino actúe a favor de ellos, sin creer en los informes del Gobierno Provincial que "solo dice mentiras con respecto a la situación en la que nos encontramos".
"Creo que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un derecho fundamental para que se pueda aplicar en serio formando parte de la Constitución, y que sea el garante de nuestros derechos que han sido pisoteados", remarcó Díaz.
El próximo miércoles se cumplirá un año de la represión que soportaron los Qom cuando se encontraban cortando la ruta Nacional 86 por la restitución de las tierras. Díaz da cuenta que todavía, algunos de los integrantes Qom, llevan las secuelas, literalmente en sus cuerpos: "Samuel Garcete y Eugenia Gómez siguen inválidos, postrados en su camas, como producto de lo ocurrido". También dijo que uno de ellos tuvo que buscar asistencia medica en Chaco. Esto se debe, como lo ha dicho en otras oportunidades, a que el sistema de salud de Formosa jamás funciona para ellos: "Cuando tenemos que llevar a un enfermo viajamos kilómetros y kilómetros y cuando llegamos no está el medico, cuando está el medico no hay medicamentos; cuando fallece un hermano no hay como comunicarle a la familia".
Nelly Serrudo, referente Quechua de la Comunidad boliviana en Argentina expresó su anhelo de que de una vez por todas, los Pueblos Originarios puedan ser incluidos dentro del proyecto Nacional y Popular, que promociona el Gobierno Nacional.
Sobre Chaco, el Diputado Nacional por Proyecto Sur, Jorge Cardelli, habló de un acuerdo entre el Gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich y una empresa árabe para poner en marcha un emprendimiento que va a implicar inclusive el talamiento de bosques en el impenetrable, y por el cual la comunidad no fue consultada. "El primer derecho que se afecta es el de la consulta", indicó.
Conflictos al sur
Gabriel Colipi mapuche, ocupa la secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA fueguina: "El mensaje que traigo desde Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego es que se están avasallando nuestros derechos. Por ejemplo en Neuquén no se reconoce a la Confederación Mapuche. Y hace poco el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) firmó un convenio con el Gobernador de esa provincia, Jorge Sapag y nos dejó afuera por el tema del relevamiento territorial y de distintos proyectos".
Diputados a sus bancas
En números son 33 comunidades las que están afectadas. "El Gobierno de Misiones junto con el de Paraguay han acordado el proyecto de la represa de Garabí y esto significa que muchísimas poblaciones van a tener que irse de los lugares donde están viviendo en la actualidad; pasó con Yaciretá por lo que miles de familias todavía están sin un lugar fijo donde vivir", aludió Cardelli en una de sus intervenciones.
En Catamarca, prosiguió Cardelli, a la minera la Alumbrera como se le acabo el agua de un lugar, la tienen que sacar de otro, y para lograrlo van a producir un desplazamiento de gente. También nombró el caso del sitio sagrado indígena en Punta Querandí, Tigre, donde también quieren poner un emprendimiento inmobiliario y los "compañeros están luchando para impedirlo".
Además en esta misma línea, explicó que si se sigue adelante con la extracción de litio del salar de la Salina Grande, las comunidades van a ser movilizadas y van a perder el derecho a su tierra. Por esta cuestión la Comunidad de Santa Ana de la Puna, del departamento jujeño de Cochinoca presentó en el Juzgado de Minas un acta-documento en el que expresa su rechazo a "mega emprendimientos mineros".
En tanto, otro grupo de comunidades de Jujuy y Salta, está trabajando en la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación.
Los pobladores de la Puna se apoyan en informaciones y estudios que muestran que la extracción de litio requeriría el bombeo de miles de litros de agua al día de los mantos subterráneos de los salares, que luego son evaporados para obtener el mineral, lo que costaría en un consumo diario de entre 33 y 35 millones de litros de agua dulce.
"Que aporten recursos porque muchos pueblos pasan hambre y para el desarrollo de las culturas, ya que una de las que más está amenazada son las lenguas originarias. No se resuelve solo con palabras sino con un compromiso del Estado Nacional en este sentido", concluyó Cardelli.
Seguidamente Alcira Argumedo, diputada por Proyecto Sur habló no solo de los derechos que no se cumplen para los originarios, sino también que reivindicó su fortaleza para resistir desde hace 500 años a la humillación, la expoliación, el maltrato y la masacre con la que se promovió la colonización, e hizo un especial llamado a los sectores del Parlamento, que son reticentes a estos problemas, "tal vez afectados por intereses espureos como la minería a cielo abierto, los pools de siembra y otras formas de depredación de nuestra tierra que va actuar en detrimento del conjunto de los argentinos".
La diputada Silvia Vázquez del Partido de la Concertación - Forja, autora del proyecto, señaló con vehemencia: "Una se tiene que preguntar qué nos pasa a los políticos, a los argentinos cuando tenemos una deuda que lleva 200 años y seguimos mirando para el costado sin tener en cuenta este reclamo. Los despojamos de sus tierras durante la colonización, y después de habernos constituido como Nación. Entonces cuál es la excusa para que no reparemos las deudas del pasado sino que se sigue hostigando a las Comunidades, y por qué el Estado Nacional y los estados provinciales continúan con una política extractiva de recursos naturales que sin lugar a dudas es la clave por la cual el Congreso Nacional no ratifica la Convención".
También expuso: "A mi me da asco y vergüenza estar terminando mi mandato, porque fue parte de mi juramento el día que asumí impulsar leyes como lo hicieron otros diputados, sin que se pongan punto final a la tragedia que sirva como reparación y que reconozca en su diversidad cultural, su derecho a la tierra".
Remarcó que "No nos tenemos que ir el 10 de diciembre sin haber cumplido con esta misión. Porque lo contrario implicaría que todo el trabajo que hicimos que llevó dos años de estar batallando para conseguir hasta el quórum en la Comisión de Población se pierda por completo y otra vez el año empiecen de cero para tardar 20,30 200 años empezando de nuevo".
Finalmente adjudicó la responsabilidad al conjunto de la población, incluida la prensa para lograr esa sensibilización sobre el tema o "por lo menos para que los demás diputados se saquen la careta y el que no tenga convicción para acompañar el reclamo de los Pueblos Originarios, lo diga y lo debata".
jueves, 17 de noviembre de 2011
PAMPA DE LUDDEN: CONCEJO DELIBERANTE AMAGÓ LA BOCHORNOSA APROBACIÓN DEL LOTEO
El Bolsón (ANPP).- Esta mañana, según fuertes trascendidos, el Concejo Deliberante de El Bolsón, con la excepción de los concejales Teresa Hube y "Chiche" Caro, estuvo a punto de aprobar el proyecto de crear una villa turística para ricos nada menos que sobre el acuífero de Pamapa de Ludden, que alimenta de agua a gran parte del paraje campesino de Mallín Ahogado.
Numerosos vecinos de ese paraje, en su mayoría participantes de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra (Adat) se congregaron desde temprano alertados por la posibilidad.
Esa presencia, sumada al clima previo de la histórica manifestación que se espera para este sábado 19, puede que haya tenido como efecto la decisión de postergar el tema.
Los concejales que votarían a favor del negocio inmobiliario vinculado al magnate inglés Joseph Lewis son el concejal neofascista Miguel Gotta (PPR), las concejalas Cecilia Gori (UCR) y Paola Sanna (Frente Grande), y los concejales Héctor Boock (UCR) y Raúl García (PJ).
La semana que viene será la próxima sesión y allí se verá si la voz del pueblo es escuchada o si por el contrario, una vez más, los funcionarios se ponen al servicio del interés económico y no de la gente.
Numerosos vecinos de ese paraje, en su mayoría participantes de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra (Adat) se congregaron desde temprano alertados por la posibilidad.
Esa presencia, sumada al clima previo de la histórica manifestación que se espera para este sábado 19, puede que haya tenido como efecto la decisión de postergar el tema.
Los concejales que votarían a favor del negocio inmobiliario vinculado al magnate inglés Joseph Lewis son el concejal neofascista Miguel Gotta (PPR), las concejalas Cecilia Gori (UCR) y Paola Sanna (Frente Grande), y los concejales Héctor Boock (UCR) y Raúl García (PJ).
La semana que viene será la próxima sesión y allí se verá si la voz del pueblo es escuchada o si por el contrario, una vez más, los funcionarios se ponen al servicio del interés económico y no de la gente.
LAGO PUELO: DENUNCIAN CONCURSOS FRAUDULENTOS EN ESCUELA DE MÚSICA
El Bolsón (ANPP).- A través de una carata dirigida a la ministra de Educación de Chubut, Mirta Romero, un profesor de El Bolsón denunció que en el Instituto Superior de Formación Docente Artística 814 de Lago Puelo hubo concursos fraudulentos para el nombramiento de cargos docentes.
La acusación la hizo el músico Horacio Moscovici, quien había presentado un proyecto para cubrir el espacio de la materia Audioperceptiva I.
Sin embargo, relata el docente, el proyecto fue trabado con distintas explicaciones, a tal punto que pasó cerca de un mes sin cubrirse ese espacio.
Hasta que finalmente "también se presentó el señor Héctor Bisso, ex director hasta hace poco de la Escuela de Música, quien quedó en el primer lugar en el orden de mérito".
Moscovici manifestó su preocupación por el modo en que se hacen los concursos públicos, que dan la "impresión de una falta grave de imparcialidad en sus resultados y de favorecer intereses no siempre adecuados a las finalidades pedagógicas propias del sistema educativo público".
Fuente: Puerta E.
La acusación la hizo el músico Horacio Moscovici, quien había presentado un proyecto para cubrir el espacio de la materia Audioperceptiva I.
Sin embargo, relata el docente, el proyecto fue trabado con distintas explicaciones, a tal punto que pasó cerca de un mes sin cubrirse ese espacio.
Hasta que finalmente "también se presentó el señor Héctor Bisso, ex director hasta hace poco de la Escuela de Música, quien quedó en el primer lugar en el orden de mérito".
Moscovici manifestó su preocupación por el modo en que se hacen los concursos públicos, que dan la "impresión de una falta grave de imparcialidad en sus resultados y de favorecer intereses no siempre adecuados a las finalidades pedagógicas propias del sistema educativo público".
Fuente: Puerta E.
GLACIARES RIONEGRINOS A PUNTO DE SER PROTEGIDOS
(Renace).- En mayo del corriente año se aprobó en primera vuelta el proyecto de ley de protección de los glaciares y ambientes periglaciales de la provincia de Rio Negro. En estos días, organizaciones sociales, ecologistas y asambleas, esperan el tratamiento en segunda vuelta de esta iniciativa en la esperanza de contar con una ley a la altura de la importancia que revisten estos reservorios de agua.
El proyecto de ley provincial de Magdalena Odarda (CC ARI), fue presentado en 2010 con el fin de “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.”
La iniciativa, que lleva el número 283/2010, sigue los lineamientos de la ley nacional de presupuestos mínimos 26.639. Sin contradecirse con el espíritu de la norma nacional, es algo más restrictiva en algunos puntos.
Agrega el proyecto en su primer artículo que “Los glaciares constituyen bienes de carácter público, son propiedad del Estado provincial (art. 124 in fine de la Constitución Nacional) y se consideran cosas fuera del comercio (art. 953 del Código Civil) y por lo tanto inenajenables.”. Este párrafo marca una diferencia notable respecto a la ley nacional a favor de la protección de los glaciares.
A su vez en el artículo 2º, define a los mismos como “…toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas cualesquiera sea su forma, dimensión, estado de conservación y si están cubiertos o descubiertos. También se incluye a los llamados glaciares de escombro. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.”
En relación a las actividades prohibidas, determina el proyecto que estarán prohibidas las siguientes:
“a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos;
c) La prospección, exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
e) La venta de terrenos ocupados por glaciares definidos en el Art. 2.”
Agregando que “Todas las actividades proyectadas en los glaciares y ambientes periglaciales que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y Audiencia Pública según corresponda conforme escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente– y conforme a la legislación provincial vigente, en forma previa a su autorización y ejecución.
Las actividades deportivas, incluyendo el andinismo, escalada y deportes no motorizados estarán sujetos a los procedimientos arriba enumerados.”
Tambien se realizará un inventario y monitoreo del estado de los glaciares según lo establece la ley nacional, por el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA-CONICET) con la participación y coordinación de la Autoridad de Aplicación de la presente y la colaboración de las Universidades Nacionales existentes en la provincia de Río Negro, organismos provinciales competentes y la Dirección de Parques Nacionales.
El proyecto ha recibido el aporte de la organización CEDHA –Centro de Derechos Humanos y Ambiente –, del ecologista RENACE Javier Rodríguez Pardo, de miembros del IANIGLA, del geólogo Marcelo Giraud y de algunas organizaciones sociales. De aprobarse, Rio Negro seria una de las pocas provincias que prohíbe en forma concreta toda actividad minera en glaciares y ambientes periglaciales.
En Rio Negro, como en otras provincias, se promociona la venta de espacios naturales privados conteniendo glaciares, sin considerar que el agua que contienen es un bien natural escaso que debe ser protegido y preservado para futuras generaciones.
Río Negro tiene varios glaciares y pocos rionegrinos conocen de su existencia e importancia. El mas estudiado es el Glaciar del Cerro Tronador en cercanías a Bariloche en el Parque Nacional Nahuel Huapi. También hay que destacar al Glaciar Rio Manso, llamado Ventisquero Negro y el glaciar Frías, entre los registrados por el IANIGLA; pero muchos más deben ser inventariados, estudiados y protegidos tanto por razones ambientales como estratégicas, pues constituyen fábricas de agua para los pueblos del presente y del futuro.
RENACE pide el urgente tratamiento de este proyecto de ley que protegerá los glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas y, a su vez, invita a cada organización miembro u organizaciones sociales, que en forma individual hagan llegar sus adhesiones al proyecto, enviando una nota por fax a:
Presidencia de la Legislatura de Rio Negro
Ing. Bautista Mendioroz
Tel/fax 02920 – 421867 – Viedma
Consignando brevemente que: adhieren al proyecto de ley de protección de glaciares 283/2010, solicitan su urgente tratamiento en la sesión del 30 de noviembre del corriente. Solicitan que se incorpore el pedido al expediente y se remita copia a la Comisión de Recursos Hídricos y a la de Labor Parlamentaria.
A su vez, podrán expresar el apoyo a la iniciativa enviando un email a: secprivada@legisrn.gov.ar (oficina del vicegobernador) con copia a claudiaenpatagonia@gmail.com
Contacto:
Claudia Rivero cel. 02941 156 17219
www.renace.net
El proyecto de ley provincial de Magdalena Odarda (CC ARI), fue presentado en 2010 con el fin de “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.”
La iniciativa, que lleva el número 283/2010, sigue los lineamientos de la ley nacional de presupuestos mínimos 26.639. Sin contradecirse con el espíritu de la norma nacional, es algo más restrictiva en algunos puntos.
Agrega el proyecto en su primer artículo que “Los glaciares constituyen bienes de carácter público, son propiedad del Estado provincial (art. 124 in fine de la Constitución Nacional) y se consideran cosas fuera del comercio (art. 953 del Código Civil) y por lo tanto inenajenables.”. Este párrafo marca una diferencia notable respecto a la ley nacional a favor de la protección de los glaciares.
A su vez en el artículo 2º, define a los mismos como “…toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas cualesquiera sea su forma, dimensión, estado de conservación y si están cubiertos o descubiertos. También se incluye a los llamados glaciares de escombro. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.”
En relación a las actividades prohibidas, determina el proyecto que estarán prohibidas las siguientes:
“a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos;
c) La prospección, exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial.
e) La venta de terrenos ocupados por glaciares definidos en el Art. 2.”
Agregando que “Todas las actividades proyectadas en los glaciares y ambientes periglaciales que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica y Audiencia Pública según corresponda conforme escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente– y conforme a la legislación provincial vigente, en forma previa a su autorización y ejecución.
Las actividades deportivas, incluyendo el andinismo, escalada y deportes no motorizados estarán sujetos a los procedimientos arriba enumerados.”
Tambien se realizará un inventario y monitoreo del estado de los glaciares según lo establece la ley nacional, por el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA-CONICET) con la participación y coordinación de la Autoridad de Aplicación de la presente y la colaboración de las Universidades Nacionales existentes en la provincia de Río Negro, organismos provinciales competentes y la Dirección de Parques Nacionales.
El proyecto ha recibido el aporte de la organización CEDHA –Centro de Derechos Humanos y Ambiente –, del ecologista RENACE Javier Rodríguez Pardo, de miembros del IANIGLA, del geólogo Marcelo Giraud y de algunas organizaciones sociales. De aprobarse, Rio Negro seria una de las pocas provincias que prohíbe en forma concreta toda actividad minera en glaciares y ambientes periglaciales.
En Rio Negro, como en otras provincias, se promociona la venta de espacios naturales privados conteniendo glaciares, sin considerar que el agua que contienen es un bien natural escaso que debe ser protegido y preservado para futuras generaciones.
Río Negro tiene varios glaciares y pocos rionegrinos conocen de su existencia e importancia. El mas estudiado es el Glaciar del Cerro Tronador en cercanías a Bariloche en el Parque Nacional Nahuel Huapi. También hay que destacar al Glaciar Rio Manso, llamado Ventisquero Negro y el glaciar Frías, entre los registrados por el IANIGLA; pero muchos más deben ser inventariados, estudiados y protegidos tanto por razones ambientales como estratégicas, pues constituyen fábricas de agua para los pueblos del presente y del futuro.
RENACE pide el urgente tratamiento de este proyecto de ley que protegerá los glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas y, a su vez, invita a cada organización miembro u organizaciones sociales, que en forma individual hagan llegar sus adhesiones al proyecto, enviando una nota por fax a:
Presidencia de la Legislatura de Rio Negro
Ing. Bautista Mendioroz
Tel/fax 02920 – 421867 – Viedma
Consignando brevemente que: adhieren al proyecto de ley de protección de glaciares 283/2010, solicitan su urgente tratamiento en la sesión del 30 de noviembre del corriente. Solicitan que se incorpore el pedido al expediente y se remita copia a la Comisión de Recursos Hídricos y a la de Labor Parlamentaria.
A su vez, podrán expresar el apoyo a la iniciativa enviando un email a: secprivada@legisrn.gov.ar (oficina del vicegobernador) con copia a claudiaenpatagonia@gmail.com
Contacto:
Claudia Rivero cel. 02941 156 17219
www.renace.net
AMBIENTALISTAS PIDEN A SORIA QUE RECTIFIQUE DECLARACIONES PROMINERAS
El Bolsón (ANPP).- La fundación ambientalista Uñopatun, con sede en la ciudad de Carmen de Patagones, pidió al futuro gobernador de la provincia de Río Negro, Carlos Soria, que revierta "su declaración al respecto de instaurar la minería del agua envenenada" en esa jurisdicción.
A través de una carta pública se critica al ahora intendente de Fiske Menuco por pretender argüir que la minería contaminante puede paliar la pobreza y mucho menos los perjuicios naturales a raíz de la erupción del volcán Puyehue.
Es que los "buitres" mineros están más al acecho que nunca aprovechando la desgracia que para los pequeños productores ganaderos de la estepa siginificó el evento volcánico. Y el argumento falaz del momento que, ante la pérdida "total" del ganado, la minería tóxica sería la única alternativa.
En ese sentido, los ambientalistas aseveran que hay alternativas: la plena y coordinada industria textil merino patagónica en cada poblado lanero; la producción, procesamiento y comercialización agroecológica cultivada en los valles esteparios; el mayor y preciso valor agregado de cada uno de los productos mineros actualmente extraídos de la Región Sur, o bien la convocatoria del turismo de observación científica geológica, botánica, entomológica y ornitológica en el ámbito de la Meseta de Somuncura.
La fundación Uñopatun recordó además que "los ciudadanos rionegrinos y patagónicos participaron en la promulgación de la Ley que prohíbe el uso del cianuro en minería en la provincia".
La preservación del agua es un imperativo que no admite ninguna excepción, advirtieron.
Con la minería se envenenarán "el agua subterránea de las estepas neuquina y rionegrina, tras la destrucción de las capas geológicas profundas, junto al quiebre y la toxicidad de las napas hídricas y así el fluir envenenado de los ríos subterráneos patagónicos".
Contacto:
Fundación Uñopatún *La Naturaleza de los Recursos”
Programa Integral para el Desarrollo Agroecológico de la Patagonia
J.J. Biedma 87 – Carmen de Patagones – TE 02920-464.222
A través de una carta pública se critica al ahora intendente de Fiske Menuco por pretender argüir que la minería contaminante puede paliar la pobreza y mucho menos los perjuicios naturales a raíz de la erupción del volcán Puyehue.
Es que los "buitres" mineros están más al acecho que nunca aprovechando la desgracia que para los pequeños productores ganaderos de la estepa siginificó el evento volcánico. Y el argumento falaz del momento que, ante la pérdida "total" del ganado, la minería tóxica sería la única alternativa.
En ese sentido, los ambientalistas aseveran que hay alternativas: la plena y coordinada industria textil merino patagónica en cada poblado lanero; la producción, procesamiento y comercialización agroecológica cultivada en los valles esteparios; el mayor y preciso valor agregado de cada uno de los productos mineros actualmente extraídos de la Región Sur, o bien la convocatoria del turismo de observación científica geológica, botánica, entomológica y ornitológica en el ámbito de la Meseta de Somuncura.
La fundación Uñopatun recordó además que "los ciudadanos rionegrinos y patagónicos participaron en la promulgación de la Ley que prohíbe el uso del cianuro en minería en la provincia".
La preservación del agua es un imperativo que no admite ninguna excepción, advirtieron.
Con la minería se envenenarán "el agua subterránea de las estepas neuquina y rionegrina, tras la destrucción de las capas geológicas profundas, junto al quiebre y la toxicidad de las napas hídricas y así el fluir envenenado de los ríos subterráneos patagónicos".
Contacto:
Fundación Uñopatún *La Naturaleza de los Recursos”
Programa Integral para el Desarrollo Agroecológico de la Patagonia
J.J. Biedma 87 – Carmen de Patagones – TE 02920-464.222
NEUQUÉN: MARCHA DE CHICOS Y CHICAS POR SUS DERECHOS
(AW).- Mañana viernes 18 de noviembre, a las 9.30 en la esquina de San Martín y Salta niños, niñas y adolescentes se reúnen para caminar junt@s en la 11ª Marcha por sus derechos proclamando el lema de este año: "Mi derecho se perdió/y alguien se lo quedó.../ ¡Aguantame la 2302...! Esta Marcha es la fiesta final de un trabajo de meses o de días en escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes, bibliotecas, murgas, iglesias, familias, talleres barriales, cursos, pero también de aquellos/as que quieran participar. Eso sí, niñas y niños que vengan, serán acompañados por un mayor. Las ÚNICAS pancartas, banderas o consignas son las construídas por los chicos y chicas. Los mayores acompañan, cuidan y organizan que la marcha sea segura, que la alegría no se empañe con nada!
La ley nombrada en el lema, la 2302, de Protección Integral de Niños y Adolescentes de Neuquén (1999-2000) es el resultado de la movilización que impulsó una adecuación del estado neuquino la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 20 de noviembre de 1989. Los países firmantes, desde entonces, se comprometieron a hacerla realidad. Por ello, nuestra Constitución en el artículo 75 inciso 23 la incluye.
Esta Ley se sancionó para ser cumplida, para prevenir y detectar necesidades de la niñez y la adolescencia, antes que sea una emergencia o una tragedia que atender (o que quede en el olvido). Lamentablemente, falta mucho para que su aplicación sea para todos y todas, para sostener esa Protección integral.
Los diarios, la televisión y medios alternativos de comunicación, los hechos cotidianos, nos cuentan que esos derechos, día a día, se incumplen y que se pierden en el archivo histórico de las noticias. Por suerte, hay también mucha gente luchando, trabajando por una infancia y adolescencia más feliz. Pero... a veces, esas acciones son simples y necesarias "curitas" ante tanto sufrimiento e injusticia...
Si los adultos miramos y escuchamos con dolor esas informaciones, ¿qué miran, escuchan, sienten esos niñ@s y adolescentes que las padecen?
Nos enteramos de que en el Jardín 17 de Parque Industrial que, en lo que va del año se denunciaron 30 casos de niños golpeados, desnudando una partecita de una realidad que en cada escuela, en cada organización barrial se conoce muy bien; nos enteramos que muchas familias viven en precarias casillas que se queman en menos de cinco minutos, construidas en desagües pluviales o laderas, en terreno no firme, en cañadones naturales, que al llover corren peligro de ser arrasados, rodeados de aguas servidas, moho, charcos de barro, con agua acumulada pero sin agua para tomar; nos enteramos que allanan casas pertenecientes a pedófilos pero no sabemos si hay detenidos por ello; nos enteramos que los derechos de hijos e hijas de privad@s de libertad son vulnerados en la requisa o en la imposibilidad de visitarlos para esquivar a la misma o porque tienen enfermedades graves, duplicando así su indefensión; nos enteramos que de las 2400 víctimas de trata rescatadas en el país, 360 son menores de 18 años y que vari@s son explotad@s sexualmente; nos enteramos que La Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes pretende ser querellante en causas relacionadas con el abuso sexual, ya que son el organismo más competente para hacerlo, debido a que la mayoría de estos delitos son cometidos en el seno intrafamiliar(en unos días ampliaré sobre el tema).
Qué miran, escuchan, sienten los niñ@s y adolescentes que padecen esto? El futuro se incuba en ellos, en ellas.
Por estos derechos y muchísimos más, marchan nuestros chicos y chicas este viernes.
Seguimos necesitando colaboración en dinero para transportes. Por eso hay un bono contribución de 10 $ que quienes conforman el Equipo tienen en sus manos. Para quienes necesitan colectivo con quien se tienen que comunicar es con Belén: 155342865.
La resolución del CPE N° 1525/09 asegura la jornada para asistir. La Marcha también es considerada de Interés provincial y legislativo a través del la Declaración N° 896 y En el Concejo Deliberante por la Res. N°096.
Con el aporte de todos y todas la Marcha, entonces, será la Fiesta que merecen nuestros pibes y pibas!!!
¡VOS TAMBIÉN PODÉS FARTICIPAR!
Contactos:
M. Alejandra Camilo- Equipo Coordinador de Marcha por Derechos de niños, niñas y Adolescentes
Bernardo: 155331917-Angelita:154069868-Marcela:156313184-Fernanda: 154386600.Mónica: 155805097
La ley nombrada en el lema, la 2302, de Protección Integral de Niños y Adolescentes de Neuquén (1999-2000) es el resultado de la movilización que impulsó una adecuación del estado neuquino la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 20 de noviembre de 1989. Los países firmantes, desde entonces, se comprometieron a hacerla realidad. Por ello, nuestra Constitución en el artículo 75 inciso 23 la incluye.
Esta Ley se sancionó para ser cumplida, para prevenir y detectar necesidades de la niñez y la adolescencia, antes que sea una emergencia o una tragedia que atender (o que quede en el olvido). Lamentablemente, falta mucho para que su aplicación sea para todos y todas, para sostener esa Protección integral.
Los diarios, la televisión y medios alternativos de comunicación, los hechos cotidianos, nos cuentan que esos derechos, día a día, se incumplen y que se pierden en el archivo histórico de las noticias. Por suerte, hay también mucha gente luchando, trabajando por una infancia y adolescencia más feliz. Pero... a veces, esas acciones son simples y necesarias "curitas" ante tanto sufrimiento e injusticia...
Si los adultos miramos y escuchamos con dolor esas informaciones, ¿qué miran, escuchan, sienten esos niñ@s y adolescentes que las padecen?
Nos enteramos de que en el Jardín 17 de Parque Industrial que, en lo que va del año se denunciaron 30 casos de niños golpeados, desnudando una partecita de una realidad que en cada escuela, en cada organización barrial se conoce muy bien; nos enteramos que muchas familias viven en precarias casillas que se queman en menos de cinco minutos, construidas en desagües pluviales o laderas, en terreno no firme, en cañadones naturales, que al llover corren peligro de ser arrasados, rodeados de aguas servidas, moho, charcos de barro, con agua acumulada pero sin agua para tomar; nos enteramos que allanan casas pertenecientes a pedófilos pero no sabemos si hay detenidos por ello; nos enteramos que los derechos de hijos e hijas de privad@s de libertad son vulnerados en la requisa o en la imposibilidad de visitarlos para esquivar a la misma o porque tienen enfermedades graves, duplicando así su indefensión; nos enteramos que de las 2400 víctimas de trata rescatadas en el país, 360 son menores de 18 años y que vari@s son explotad@s sexualmente; nos enteramos que La Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes pretende ser querellante en causas relacionadas con el abuso sexual, ya que son el organismo más competente para hacerlo, debido a que la mayoría de estos delitos son cometidos en el seno intrafamiliar(en unos días ampliaré sobre el tema).
Qué miran, escuchan, sienten los niñ@s y adolescentes que padecen esto? El futuro se incuba en ellos, en ellas.
Por estos derechos y muchísimos más, marchan nuestros chicos y chicas este viernes.
Seguimos necesitando colaboración en dinero para transportes. Por eso hay un bono contribución de 10 $ que quienes conforman el Equipo tienen en sus manos. Para quienes necesitan colectivo con quien se tienen que comunicar es con Belén: 155342865.
La resolución del CPE N° 1525/09 asegura la jornada para asistir. La Marcha también es considerada de Interés provincial y legislativo a través del la Declaración N° 896 y En el Concejo Deliberante por la Res. N°096.
Con el aporte de todos y todas la Marcha, entonces, será la Fiesta que merecen nuestros pibes y pibas!!!
¡VOS TAMBIÉN PODÉS FARTICIPAR!
Contactos:
M. Alejandra Camilo- Equipo Coordinador de Marcha por Derechos de niños, niñas y Adolescentes
Bernardo: 155331917-Angelita:154069868-Marcela:156313184-Fernanda: 154386600.Mónica: 155805097
RENACE REPUDIA EL ASESINATO DE CRISTIAN FERREYRA
Argentina, 17 de noviembre 2011 (Renace).- La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) condena el asesinato del militante Cristian Ferreyra, que desde la comunidad de San Antonio,a 60 km de Monte Quemado, resistía junto a su familia y su organización el intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero.
El miércoles 16 de noviembre la comunidad de San Antonio comunicó, que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, que serían empleados del empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fria contra tres campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristán Ferreyra de 25 años e hiriendo de gravedad a otro compañero que se encuentra aún en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves.
El miércoles 16 de noviembre la comunidad de San Antonio comunicó, que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, que serían empleados del empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fria contra tres campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristán Ferreyra de 25 años e hiriendo de gravedad a otro compañero que se encuentra aún en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves.
TRIBUNAL DICTÓ TOTAL ABSOLUCIÓN POR LOS HECHOS DEL GEOP EN CORCOVADO
Por Gustavo Manuel Macayo
Esquel.- En el día de hoy, 14 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut constituido al efecto, en la Sala de Audiencias del 2º Piso del Edificio de Tribunales de Esquel, dió lectura al fallo definitivo por los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la Querella, respecto a los hechos protagonizados por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Chubut (GEOP) en la localidad cordillerana de Corcovado en Marzo de 2009. El fallo fue absolutorio, respecto de todos los cargos, contra el único imputado en la causa: el comisario Miguel Gómez, responsable de la fuerza policial en ese momento. Esta causa fue inciada a raíz de numerosas denuncias de particulares damnificados, a raíz de las actuaciones realizadas por esa fuerza en la localidad de Corcovado en marzo del año 2009, en la infructuosa búsqueda del prófugo "Mai" Bustos.
El fallo del Tribunal concluyó con una serie de recomendaciones para el Ejecutivo Provincial, al que se remitirá la decisión judicial, a los fines de que el Gobierno pueda evaluar y corregir lo que los magistrados calificaron de "excesos policiales", pero que no consideraron delitos.
Entre los considerandos del fallo, el tribunal expresó que el estado de alteración vivida por la comunidad influyó en los testimonios de las víctimas, que si bien no se los calificó como "falso testimonio", se los valoró como inexactos o exagerados.
Asimismo, el fallo consideró que el Gobierno Provincial tendrá que reparar los daños materiales causados a las familias afectadas, así como responder por las costas del proceso.
El fallo fue oído por una concurrencia bastante numerosa, que incluyó a familias de Corcovado afectadas por el accionar policial, y también personal de la fuerza policial.
La resolución judicial fue recibida con profundo desagrado, indignación y también sorpresa por las familias afectadas por los hechos que concurrieron a la sala de audiencias del edificio de Tribunales.
Recordemos que la fuerza policial especial realizó una serie de procedimientos que fueron calificados como violentos e innecesarios por las numerosas vícitimas que realizaron denuncias ante el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que no todas las denuncias llegaron a juicio, sino sólo aquellas que la Fiscalía consideró factibles de probar en el Debate.
Inicialmente, la Fiscalía calificó los hechos como "Delitos de Lesa Humanidad", con lo que solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia Federal. Este planteo fue rechazado por el Juez actuante, con lo que el proceso se desarrolló finalmente ante la Justicia local.
Durante dos semanas se realizaron distintas audiencias en el marco del juicio Oral y Público que se llevó adelante contra un único imputado, el Comisario Miguel Gómez. Entre otros testimonios se escuchó el del entonces Jefe de Policía de Provincia, Juan Luis Ale. Seis hechos de abuso de autoridad, cinco hechos de vejaciones y uno de privación ilegal de la libertad, fueron acusados por la Fiscalía y la Querella, con la solicitud de condena.
Esta reciente decisión judicial presenta un contraste muy fuerte con las fuertes condenas que sufrieron los otros protagonistas de los hechos, es decir, los integrantes de la familia Bustos, que ya fueron juzgados por la justicia local con anterioridad.
Quedan numerosos interrogantes sin resolver: en primer lugar, no aparece hasta ahora ningún responsable político por las decisiones de haber ordenado la actuación del GEOP en Corcovado, como tampoco por el desarrollo de los procedimientos en sí. Si bien el Tribunal cuestionó la existencia de personal policial encapuchado, no consideró que estos elementos configuren delito.
Otra de las cuestiones que quedan sin resolver, es porqué solamente fue imputado el comisario, ya que es evidente que de los hechos denunciados participaron numerosos efectivos, no solamente del GEOP, sino de otros sectores de la fuerza policial provincial.
Aún cuando no fue posible identificar a los responsables en el momento de los hechos, es razonable entender que la Policía Provincial tiene la obligación legal de aportar el listado completo del personal que participó de los operativos, que duraron varios días. Fue una falencia muy grande no haber llevado a todo el personal policial que estuvo en Corcovado en marzo de 2009 a Juicio Oral y Público, y que cada uno justifique se actuación.
Tampoco se puede ver hasta ahora quién responderá por los graves y numerosos daños morales sufridos por los vecinos y familias víctimas del accionar policial, donde debemos tener especialmente en cuenta la situación de menores, jóvenes, mujeres y personas de edad avanzada.
En síntesis, queda la fuerte sensación de que no hay Poder Judicial ni Ministerio Público Fiscal en Chubut que pueda hoy por hoy proteger a la ciudadanía ante el accionar desmedido de una fuerza policial, sea el GEOP o cualquier otra.
No caben dudas que después de este fallo, será inevitable que se abra una fuerte polémica sobre la situación de DDHH en Chubut, ante un estado que cada vez se parece menos a un Estado de Derecho.
Esquel.- En el día de hoy, 14 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut constituido al efecto, en la Sala de Audiencias del 2º Piso del Edificio de Tribunales de Esquel, dió lectura al fallo definitivo por los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la Querella, respecto a los hechos protagonizados por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Chubut (GEOP) en la localidad cordillerana de Corcovado en Marzo de 2009. El fallo fue absolutorio, respecto de todos los cargos, contra el único imputado en la causa: el comisario Miguel Gómez, responsable de la fuerza policial en ese momento. Esta causa fue inciada a raíz de numerosas denuncias de particulares damnificados, a raíz de las actuaciones realizadas por esa fuerza en la localidad de Corcovado en marzo del año 2009, en la infructuosa búsqueda del prófugo "Mai" Bustos.
El fallo del Tribunal concluyó con una serie de recomendaciones para el Ejecutivo Provincial, al que se remitirá la decisión judicial, a los fines de que el Gobierno pueda evaluar y corregir lo que los magistrados calificaron de "excesos policiales", pero que no consideraron delitos.
Entre los considerandos del fallo, el tribunal expresó que el estado de alteración vivida por la comunidad influyó en los testimonios de las víctimas, que si bien no se los calificó como "falso testimonio", se los valoró como inexactos o exagerados.
Asimismo, el fallo consideró que el Gobierno Provincial tendrá que reparar los daños materiales causados a las familias afectadas, así como responder por las costas del proceso.
El fallo fue oído por una concurrencia bastante numerosa, que incluyó a familias de Corcovado afectadas por el accionar policial, y también personal de la fuerza policial.
La resolución judicial fue recibida con profundo desagrado, indignación y también sorpresa por las familias afectadas por los hechos que concurrieron a la sala de audiencias del edificio de Tribunales.
Recordemos que la fuerza policial especial realizó una serie de procedimientos que fueron calificados como violentos e innecesarios por las numerosas vícitimas que realizaron denuncias ante el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que no todas las denuncias llegaron a juicio, sino sólo aquellas que la Fiscalía consideró factibles de probar en el Debate.
Inicialmente, la Fiscalía calificó los hechos como "Delitos de Lesa Humanidad", con lo que solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia Federal. Este planteo fue rechazado por el Juez actuante, con lo que el proceso se desarrolló finalmente ante la Justicia local.
Durante dos semanas se realizaron distintas audiencias en el marco del juicio Oral y Público que se llevó adelante contra un único imputado, el Comisario Miguel Gómez. Entre otros testimonios se escuchó el del entonces Jefe de Policía de Provincia, Juan Luis Ale. Seis hechos de abuso de autoridad, cinco hechos de vejaciones y uno de privación ilegal de la libertad, fueron acusados por la Fiscalía y la Querella, con la solicitud de condena.
Esta reciente decisión judicial presenta un contraste muy fuerte con las fuertes condenas que sufrieron los otros protagonistas de los hechos, es decir, los integrantes de la familia Bustos, que ya fueron juzgados por la justicia local con anterioridad.
Quedan numerosos interrogantes sin resolver: en primer lugar, no aparece hasta ahora ningún responsable político por las decisiones de haber ordenado la actuación del GEOP en Corcovado, como tampoco por el desarrollo de los procedimientos en sí. Si bien el Tribunal cuestionó la existencia de personal policial encapuchado, no consideró que estos elementos configuren delito.
Otra de las cuestiones que quedan sin resolver, es porqué solamente fue imputado el comisario, ya que es evidente que de los hechos denunciados participaron numerosos efectivos, no solamente del GEOP, sino de otros sectores de la fuerza policial provincial.
Aún cuando no fue posible identificar a los responsables en el momento de los hechos, es razonable entender que la Policía Provincial tiene la obligación legal de aportar el listado completo del personal que participó de los operativos, que duraron varios días. Fue una falencia muy grande no haber llevado a todo el personal policial que estuvo en Corcovado en marzo de 2009 a Juicio Oral y Público, y que cada uno justifique se actuación.
Tampoco se puede ver hasta ahora quién responderá por los graves y numerosos daños morales sufridos por los vecinos y familias víctimas del accionar policial, donde debemos tener especialmente en cuenta la situación de menores, jóvenes, mujeres y personas de edad avanzada.
En síntesis, queda la fuerte sensación de que no hay Poder Judicial ni Ministerio Público Fiscal en Chubut que pueda hoy por hoy proteger a la ciudadanía ante el accionar desmedido de una fuerza policial, sea el GEOP o cualquier otra.
No caben dudas que después de este fallo, será inevitable que se abra una fuerte polémica sobre la situación de DDHH en Chubut, ante un estado que cada vez se parece menos a un Estado de Derecho.
ESCUELA 337 A PUNTO DE ELEGIR UN NOMBRE
Se trasncriben las fundamentaciones presentadas para cada caso:
1- “Valle Nuevo”:
Antiguo nombre de El Bolsón.
Fue el primer nombre que tuvo nuestro pueblo y también se llamó así el primer club de fútbol que tuvo el Barrio Usina.
2- “Kom Pu Che”: “Toda la gente, todos juntos.”
Es muy lindo el significado y sobre todo es coherente con la política inclusiva de la escuela.
Es bien conocido por tod@s la apertura de nuestra escuela a la diversidad , cultural, social y de necesidades especiales , generando proyectos de contención, en la escuela y también interinstitucionales.
Alude al cotidiano sentir y hacer de la Escuela 337.
Porque es una escuela donde prima la apertura, la inclusión y las posibilidades de que todos/as los niños/as reciban una oportunidad. Una escuela donde la "visión" apunta a la integralidad e intercambio plural de voces, a la equiparación de derechos y a ser un recinto amable para todos.
Refleja el espíritu de inclusión que posee la escuela.
La escuela reúne naturalmente, cobija a la “gente” del barrio cuando éste lo requiere y abre espacios culturales, recreativos, informativos, deportivos, para todos
3- “Mapu Antú”: “Tierra y sol”
Trabajamos por el respeto y cuidado del medio.
4- “De los Niños”:
Creada para los niños de nuestros barrios, para evitarles largas caminatas.
Es un espacio donde se trabaja por y para los niños.
5- “Del Otro Lado del Río”:
Por nuestra ubicación geográfica respecto al casco urbano.
Es la escuela que siempre estuvo del otro lado del río y el río Quemquemtreu la separó de otros barrios y escuelas.
6- Escuela Nº 337 - “Ali Huen”: “Árbol en pie”
“Esta expresión nos gustó por su sonoridad y además nos hizo pensar en “una escuela en pie”, fuerte, firme, con presencia ahora y continuidad a futuro. “La escuela de pie siempre”… Además es lindo que sea una expresión mapuche”.
Expresa fortaleza, base firme donde los niños pueden apoyarse , “árbol en pie “ que cobija , refresca , te permite explorar , anidar …
Porque la escuela permanece a pesar de los cambios, es ella la que ha sostenido a las familias “de pie” en los difíciles momentos sociales, convirtiéndose en centro de contención.
FALLO JUDICIAL LIMITA LAS FUMIGACIONES CON AGROTOXICOS EN SALTA
La Justicia de Salta prohibió fumigaciones con agrotóxicos en un pueblo rodeado de soja. La sentencia establece límites de 300 metros para aspersiones terrestres y de 1500 para las aéreas. La demanda había sido promovida por los vecinos.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011 (Página 12).- Antillas es un pequeño pueblo que está, literalmente, rodeado de soja. El monocultivo llega hasta el frente de las casas e, incluso, a tres metros de la escuela. Y también llegan hasta allí las fumigaciones, que rociaron el patio donde los alumnos practican deportes, la sala de primeros auxilios y las casas de los vecinos. El Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur tomó una medida inédita en la provincia: prohibió las fumigaciones en cercanías de las viviendas. No se podrá fumigar con avioneta a menos de 1500 metros y a no menos de 300 si las aspersiones son terrestres. La demanda había apuntado al glifosato y el endosulfán (dos de los más utilizados en soja), pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones. Ya son seis las provincias con sentencias que limitan el uso de agrotóxicos.
En Antillas viven mil personas, está ubicado al sur de Salta (municipio de El Potrero), sobre la ruta 34, casi al límite con Santiago del Estero. Las fotos muestran el patio de la escuela lindante con el campo de soja. La imagen satelital da cuenta de un pueblo rodeado, literalmente, de cultivo. Las empresas Cusillos S.R.L. y Gramas S.A. cuentan con 5000 hectáreas de monocultivo. Y desde hace cinco años se repiten las denuncias de los vecinos: problemas respiratorios, alergias e intoxicaciones. También la muerte de animales y vegetación quemada (plantas de jardín y árboles frutales).
Las fumigaciones llegaron hasta la escuela primaria 4413, con alumnos que debían encerrarse en las aulas. E incluso fue fumigada la sala de primeros auxilios.
Quince vecinos se reunieron y presentaron un amparo en el Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur. No contaban con recursos para acceder a un abogado, e intervino el Ministerio Público (la defensora civil Mirta Redondo de Torino), que acompañó el pedido de los denunciantes.
La jueza Carolina Poma visitó el lugar, recorrió las casas y vivió en carne propia el ambiente fumigado, incluso el secretario del juzgado se descompuso por el olor penetrante de los agrotóxicos. En los fundamentos del fallo resalta que conoce la actividad agrícola ganadera de la zona y su importancia económica, pero destaca la necesidad de tener “especial énfasis en el cuidado del ambiente de manera tal que no se comprometan las posibilidades de vida y desarrollo de las generaciones presentes y futuras”.
“(Resuelvo) hacer lugar a la acción de amparo (...) Y prohibir todo tipo de fumigaciones dentro de la franja de los 300 metros manual o mecánica (los vecinos habían solicitado sólo 50 metros); no a menos de 1500 metros para fumigaciones aéreas”, obliga la sentencia, con fecha 29 de septiembre, pero conocida esta semana.
La jueza remarca en reiteradas oportunidades que se prohíben las fumigaciones “cualquiera sea el producto fitosanitario y el plaguicida”. También ordena que las avionetas se abstengan de sobrevolar los centros poblados “ni aun después de haber agotado su carga”. La sentencia también ordena al empresario a reforestar los límites del campo que lindan con el sector urbano (cortinas forestales) e insta al Concejo Deliberante a dictar ordenanzas que limiten y controlen las fumigaciones y prohíban el tránsito de máquinas fumigadoras por el pueblo.
Entre otras referencias, el Juzgado explicitó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
El único demandante que habló con los medios fue Antonio Arata. “Es un fallo ejemplar, marca jurisprudencia en Salta”, celebró ante el diario El Tribuno. La jueza Poma dialogó sólo con Radio Nacional Salta. Remarcó el valor del diálogo entre el empresario y los vecinos afectados, explicó que se consensuaron mejores prácticas productivas para no fumigar las casas ni la escuela y reconoció que “hay muchos intereses en juego”, en referencia a la actividad sojera, que es dominante en esa región de Salta. “La prioridad son el ambiente y la salud”, afirmó.
La empresa presentó un “recurso de aclaratoria” en el que solicitó explicaciones a los límites de fumigaciones, solicitó flexibilidad en la medida argumentando un “daño irreparable (para los productores) que verán cómo la explotación deja de ser rentable y también (un daño) para los habitantes de Antillas que trabaja en dichos campos”. La jueza no hizo lugar al pedido y mantuvo las limitaciones.
Con el reciente fallo en Salta ya son seis las sentencias del Poder Judicial que limitan o prohíben las fumigaciones con agrotóxicos más utilizados en el actual modelo agropecuario. Formosa (Colonia Loma Senés), Buenos Aires (Mercedes), Córdoba (Barrio Ituzaingó Anexo), Chaco (La Leonesa y Las Palmas) y Santa Fe (San Jorge). La Red Universitaria de Ambiente y Salud, que reúne a médicos de pueblos fumigados y científicos, denunció en su último congreso (abril de 2011) que en Argentina se utilizan cada año 300 millones de litros de agrotóxicos y alertó que corren peligro doce millones de personas.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011 (Página 12).- Antillas es un pequeño pueblo que está, literalmente, rodeado de soja. El monocultivo llega hasta el frente de las casas e, incluso, a tres metros de la escuela. Y también llegan hasta allí las fumigaciones, que rociaron el patio donde los alumnos practican deportes, la sala de primeros auxilios y las casas de los vecinos. El Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur tomó una medida inédita en la provincia: prohibió las fumigaciones en cercanías de las viviendas. No se podrá fumigar con avioneta a menos de 1500 metros y a no menos de 300 si las aspersiones son terrestres. La demanda había apuntado al glifosato y el endosulfán (dos de los más utilizados en soja), pero la sentencia prohibió todo tipo de fumigaciones. Ya son seis las provincias con sentencias que limitan el uso de agrotóxicos.
En Antillas viven mil personas, está ubicado al sur de Salta (municipio de El Potrero), sobre la ruta 34, casi al límite con Santiago del Estero. Las fotos muestran el patio de la escuela lindante con el campo de soja. La imagen satelital da cuenta de un pueblo rodeado, literalmente, de cultivo. Las empresas Cusillos S.R.L. y Gramas S.A. cuentan con 5000 hectáreas de monocultivo. Y desde hace cinco años se repiten las denuncias de los vecinos: problemas respiratorios, alergias e intoxicaciones. También la muerte de animales y vegetación quemada (plantas de jardín y árboles frutales).
Las fumigaciones llegaron hasta la escuela primaria 4413, con alumnos que debían encerrarse en las aulas. E incluso fue fumigada la sala de primeros auxilios.
Quince vecinos se reunieron y presentaron un amparo en el Juzgado Correccional 2 del Distrito Judicial Sur. No contaban con recursos para acceder a un abogado, e intervino el Ministerio Público (la defensora civil Mirta Redondo de Torino), que acompañó el pedido de los denunciantes.
La jueza Carolina Poma visitó el lugar, recorrió las casas y vivió en carne propia el ambiente fumigado, incluso el secretario del juzgado se descompuso por el olor penetrante de los agrotóxicos. En los fundamentos del fallo resalta que conoce la actividad agrícola ganadera de la zona y su importancia económica, pero destaca la necesidad de tener “especial énfasis en el cuidado del ambiente de manera tal que no se comprometan las posibilidades de vida y desarrollo de las generaciones presentes y futuras”.
“(Resuelvo) hacer lugar a la acción de amparo (...) Y prohibir todo tipo de fumigaciones dentro de la franja de los 300 metros manual o mecánica (los vecinos habían solicitado sólo 50 metros); no a menos de 1500 metros para fumigaciones aéreas”, obliga la sentencia, con fecha 29 de septiembre, pero conocida esta semana.
La jueza remarca en reiteradas oportunidades que se prohíben las fumigaciones “cualquiera sea el producto fitosanitario y el plaguicida”. También ordena que las avionetas se abstengan de sobrevolar los centros poblados “ni aun después de haber agotado su carga”. La sentencia también ordena al empresario a reforestar los límites del campo que lindan con el sector urbano (cortinas forestales) e insta al Concejo Deliberante a dictar ordenanzas que limiten y controlen las fumigaciones y prohíban el tránsito de máquinas fumigadoras por el pueblo.
Entre otras referencias, el Juzgado explicitó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
El único demandante que habló con los medios fue Antonio Arata. “Es un fallo ejemplar, marca jurisprudencia en Salta”, celebró ante el diario El Tribuno. La jueza Poma dialogó sólo con Radio Nacional Salta. Remarcó el valor del diálogo entre el empresario y los vecinos afectados, explicó que se consensuaron mejores prácticas productivas para no fumigar las casas ni la escuela y reconoció que “hay muchos intereses en juego”, en referencia a la actividad sojera, que es dominante en esa región de Salta. “La prioridad son el ambiente y la salud”, afirmó.
La empresa presentó un “recurso de aclaratoria” en el que solicitó explicaciones a los límites de fumigaciones, solicitó flexibilidad en la medida argumentando un “daño irreparable (para los productores) que verán cómo la explotación deja de ser rentable y también (un daño) para los habitantes de Antillas que trabaja en dichos campos”. La jueza no hizo lugar al pedido y mantuvo las limitaciones.
Con el reciente fallo en Salta ya son seis las sentencias del Poder Judicial que limitan o prohíben las fumigaciones con agrotóxicos más utilizados en el actual modelo agropecuario. Formosa (Colonia Loma Senés), Buenos Aires (Mercedes), Córdoba (Barrio Ituzaingó Anexo), Chaco (La Leonesa y Las Palmas) y Santa Fe (San Jorge). La Red Universitaria de Ambiente y Salud, que reúne a médicos de pueblos fumigados y científicos, denunció en su último congreso (abril de 2011) que en Argentina se utilizan cada año 300 millones de litros de agrotóxicos y alertó que corren peligro doce millones de personas.
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