Trelew (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).- En la ciudad de Trelew, y a menos de dos días de que el gobierno supuestamente “nacional y popular” vuelva a ganar otras elecciones, los compañeros de nuestro pueblo han vuelto a sufrir la represión.
Miembros del Movimiento “28 de Agosto” y más de cien compañeros que luchan por el derecho a una vivienda digna y que vienen desde hace meses reclamando por los servicios y por condiciones dignas de vida, sufrieron un nuevo ataque. Mientras cortaban la ruta provincial Nº 25 desde hacía más de 12 horas sin lograr respuestas ni de las autoridades municipales ni de las provinciales, alrededor de la 1 de la mañana del día 22 de octubre un auto embistió uno de los piquetes, atropellando a un compañero que aparentemente no sufrió más que heridas leves, pero que podría haber perdido su vida de no ser por la rápida acción de los compañeros que frenaron el auto agresor.
La policía provincial, en lugar de arrestar al conductor del auto, la emprendió contra los compañeros: al menos dos de ellos sufrieron heridas de balas de goma. El compañero atropellado ahora está en el hospital y esperamos novedades sobre su estado de salud.
El corte se mantuvo, redoblando la lucha por la justicia y por la dignidad. Mientras todos los políticos del sistema sólo piensan en los votos y calculan sus negocios, nosotros seguimos luchando.
Denunciamos que en la tierra del candidato a vice presidente por Duhalde, Mario Das Neves, y del ahora “kirchnerista”, el intendente Gustavo MacKharty, el pueblo sigue sufriendo la represión y los poderosos siguen pretendiendo matarnos por luchar. Mañana junto a todas las organizaciones solidarias estaremos marchando ante el municipio de Trelew para continuar esta lucha, que no se detendrá ante nada ni ante nadie.
sábado, 22 de octubre de 2011
SENTENCIA DEL JUICIO ÉTICO Y POPULAR A LAS TRANSNACIONALES EN LA PATAGONIA (2da parte)
También se hizo una explícita denuncia contra el CODEMA (Consejo de Medio Ambiente) de la provincia de Río Negro, por la suspensión infundada de la Audiencia Pública por el Tren de Potasio, convocada para el 20 de diciembre de 2010 en Chinchinales, y por no responder al pedido de acceso a la información sobre el expediente correspondiente, solicitado por Ecosur y Foperma. Se ha constatado, además, que en el Resumen Ejecutivo por el Tren de Potasio, entregado para la Audiencia Pública convocada por el CODEMA, son evidentes los errores en la caracterización del territorio recorrido por las vías férreas y la manipulación de datos, incumpliendo de esta forma las normas básicas de presentación de la información de Evaluación de Impacto Ambiental.
-La complicidad que podemos definir como estructural entre estado y empresas se visualiza, además, en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las empresas petroleras y mineras como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades, cuando en realidad lo único que se “desarrolla” realmente son las ganancias de las empresas, que entablan alianzas estratégicas con los estados provinciales que se convierten en garantes de la impunidad con la que operan para mercantilizar la vida y los territorios.
-También se ha evidenciado la inacción de los poderes políticos locales frente al comportamiento de las empresas transnacionales, tal como se desprende del informe presentado por la fiscalía del caso PAS al relatar que fue una jueza canadiense la que dispuso el cambio de titularidad de un dominio originario de la provincia de Chubut, sin ninguna intervención de autoridades provinciales. Citamos: “¿Con qué autoridad se pasa por encima de la soberanía argentina? Ni la dirección de Minas y Geología de Chubut, ni funcionario alguno, han emitido el menor comentario sobre el particular. ¿Quién debe velar, acaso, por la integridad de nuestro patrimonio?”.
-En relación a la industria petrolera, las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolo del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.
-La connivencia entre las políticas de estado y los intereses de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los funcionarios locales, también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), como la construcción del Tren de Potasio y la ampliación y concesión de la terminal portuaria, infraestructura necesaria para trasladar la producción de la empresa Vale SA. desde el área de explotación al puerto de exportación hacia Brasil. Estos proyectos de infraestructura facilitan el saqueo de las empresas transnacionales y en el caso de Vale, esta empresa se ve favorecida por los grandes tendidos eléctricos (caso de la Línea Comahue-Cuyo) hasta las bocas de las explotaciones; la construcción de la represa Chihuidos I, con garantías del Anses y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Brasil; la ampliación de la Ruta Nacional 22, en el área de conexión con el ferrocarril de Potasio, los accesos ferroviarios al puerto y rotondas; el asfalto de la Ruta Nacional 40 en el tramo límite de la provincia de Neuquén hasta Malargüe; la remodelación de accesos a la ciudad de Bahía Blanca; y la ampliación del puerto de Ingeniero White. A estas obras de infraestructura se agregan otras que favorecen a las corporaciones en general como la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de megaobras costeadas por los gobiernos, a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.
-La complicidad de los medios masivos de comunicación con las empresas es observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y la recuperación de las golpeadas economías provinciales, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya comenzó la explotación extractivista.
-La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas y/o aceptando fondos provenientes de empresas mineras que contaminan nuestros territorios. De esta forma, se produce una colonización de la producción científica por parte de intereses privados, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable a los intereses transnacionales.
A su vez, este tribunal ha verificado la ejecución de las siguientes estrategias empresariales implementadas con el objetivo de maximizar sus ganancias y profundizar el modelo neoextractivista imperante:
-La articulación entre diferentes explotaciones extractivas que permiten consolidar el modelo económico imperante, como el acuerdo Vale-Repsol, para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, ya que las tierras de ese país carecen de potasio, que es utilizado como fertilizante, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto colabora con el desmonte de la zona amazónica y el Matto Grosso, y junto con ello, con la desertificación de uno de los pulmones del mundo.
-Las empresas transnacionales implementan la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos y programas comunitarios que les permiten realizar un lavado verde de su imagen y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas por sus explotaciones. Un ejemplo es el rol que cumple la Fundación Cruzada Patagónica que posee dos establecimientos educativos y cuenta con el aporte económico de varias petroleras, entre ellas YPF y PAE. Paradójicamente, varios de los niño/as que concurren a esos establecimientos educativos provienen de las comunidades que son afectadas por la explotación de hidrocarburos.
En el caso de PAS, la compra de voluntades de los integrantes de las comunidades mapuche quedó de manifiesto en la última actualización del Informe de Impacto Ambiental, en la cual se proponen como lineamientos de acción establecer canales de comunicación con los grupos opuestos a la actividad minera, realizar convenios sobre la base del reconocimiento de la identidad étnica, continuar con el programa de mejoramientos de las comunidades y el de información, participación y consulta. Estas políticas, que buscan la licencia social para las empresas, se desarrollan a partir del conocimiento de que esas comunidades han participado de todas las asambleas y marchas que se realizan desde 2009 en contra del proyecto.
La empresa transnacional Vale también tiene iniciativas de intervención social sobre las poblaciones indígenas y campesinas afectadas en sus territorios por las explotaciones mineras; entre esas iniciativas se encuentran programas de salud y asistencia social aplicados en comunidades indígenas de distintos estados brasileños donde opera la empresa.
-Otro aspecto a destacar de la RSE son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas, desarrollados por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. De esta manera, se generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.
A su vez, la empresa Vale Florestar SA promueve también la reforestación con especies nativas y exóticas en áreas degradadas. Esta empresa subsidiaria de la Vale actúa en áreas de la región amazónica donde la expansión de actividades “productivas” acarrea el desmonte de la vegetación.
-Las empresas transnacionales poseen fundaciones que realizan donaciones a instituciones públicas y asociaciones civiles, con el propósito de lograr la licencia social necesaria para operar en los territorios. En el caso de YPF, esta empresa ha financiado encuentros de conservacionismo y proyectos de protección de áreas protegidas, además de intervenir en el área de la cultura a través del YPF Destino Rock (concurso de rock para bandas en ascenso).
A su vez, la Fundación Vale sirve a la empresa para desarrollar y financiar programas que promueven la “sustentabilidad” de la minería en los territorios en los que actúa, así como políticas destinadas al desarrollo integral de la juventud con programas educativos para adolescentes.
-Entre las estrategias implementadas por las empresas se destaca la criminalización y judicialización de la protesta social, la represión y las amenazas ejercidas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Es la respuesta empresarial, con el apoyo y la complicidad de los organismos estatales, al surgimiento de resistencias populares por parte de asambleas y foros socioambientales, comunidades de pueblos originarios y poblaciones afectadas, que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones transnacionales, como bloqueo del ingreso de las empresas a sus territorios, paralización de sus actividades, cortes de ruta, denuncias públicas y judiciales por casos de contaminación probada o probable, entre otras. A su vez, esas resistencias y los cuestionamientos a las empresas han generado el surgimiento de espacios de articulación de organizaciones y movimientos populares de distintas regiones del mundo, como es el caso de Afectados por la Vale.
En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche, por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén. En algunos casos, la justicia ordinaria ha fallado a favor de las comunidades como en el conflicto entre la Petrolera Piedra del Águila y la comunidad Wenctru Trawel Leufú, de Picún Leufú, en el cual el amparo presentado por la empresa para poder entrar en la comunidad fue rechazado por la justicia invocando el derecho a la consulta, contenido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
-Acompañando a estas estrategias, también se viene implementando la militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto fuerzas de seguridad públicas como privadas, demostrando nuevamente la complicidad de los poderes políticos en la defensa de los intereses empresariales, al poner al servicio de esos intereses las fuerzas de seguridad públicas que deberían proteger los derechos de las poblaciones a una vida digna.
En el caso de las empresas petroleras, se viene dando un despliegue de las fuerzas de seguridad para reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. A su vez, en la provincia de Neuquén se han movilizado patotas vinculadas al sindicato petrolero y al Movimiento Popular Neuquino para reprimir demandas sociales en general y demandas del pueblo mapuche en particular.
Con estas denuncias como guía, este tribunal propone para aquellas corporaciones que vienen actuando en las etapas de prospección, exploración y explotación de yacimientos:
-Trabajar en la creación de una instancia judicial ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, además de la obligada remediación de las labores extractivas.
-Demandar al estado argentino y los gobiernos provinciales para que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren un acceso rápido y eficiente a la justicia y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que impulsen que el sistema judicial lleve a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que apliquen medidas que permitan respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de los actores sociales en general y de los pueblos indígenas en particular, así como el principio precautorio, cuando se intenten proyectar inversiones de capitales y políticas de desarrollo que puedan producir efectos negativos sobre el territorio y los derechos de las poblaciones; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.
-Solicitar la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios, que no hayan sido sometidos al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, con el objetivo de respetar las normas internacionales que defienden sus derechos y que fueron ratificadas en nuestro país.
-Suspender los megaproyectos referidos a megaminería, explotación de hidrocarburos y desarrollo de monocultivos, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
A su vez, este tribunal resuelve:
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, como antiético y violatorio de los derechos humanos, al modelo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales uno de sus principales protagonistas. La promiscuidad del modelo extractivo minero impacta ferozmente en ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación, con el sistema “a cielo abierto” y brebajes químicos, reactivos tóxicos de lixiviación, que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en esta audiencia se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios. Este tribunal ha podido constatar sus prácticas de violaciones de derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza, así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones, así como los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, la complicidad y garantía de los poderes políticos en todos sus niveles, de los medios masivos de comunicación y de algunas universidades públicas, con las formas de operar de las corporaciones transnacionales, que generan graves impactos en la calidad de vida de numerosas comunidades y las privan de los recursos básicos necesarios para una vida digna. Las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podrían modificar la situación actual. Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias.
-Incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a lo/as trabajadore/as y a todas las víctimas del “modelo de desarrollo” que imponen las empresas transnacionales a profundizar su organización, a resistirse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.
Conforme a estos enunciados, el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales que se llevó a cabo en la Patagonia exigió, de manera imperativa, que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación, decisión unánime de las comunidades afectadas.
Fuente: Observatorio Petrolero Sur.
-La complicidad que podemos definir como estructural entre estado y empresas se visualiza, además, en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las empresas petroleras y mineras como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades, cuando en realidad lo único que se “desarrolla” realmente son las ganancias de las empresas, que entablan alianzas estratégicas con los estados provinciales que se convierten en garantes de la impunidad con la que operan para mercantilizar la vida y los territorios.
-También se ha evidenciado la inacción de los poderes políticos locales frente al comportamiento de las empresas transnacionales, tal como se desprende del informe presentado por la fiscalía del caso PAS al relatar que fue una jueza canadiense la que dispuso el cambio de titularidad de un dominio originario de la provincia de Chubut, sin ninguna intervención de autoridades provinciales. Citamos: “¿Con qué autoridad se pasa por encima de la soberanía argentina? Ni la dirección de Minas y Geología de Chubut, ni funcionario alguno, han emitido el menor comentario sobre el particular. ¿Quién debe velar, acaso, por la integridad de nuestro patrimonio?”.
-En relación a la industria petrolera, las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolo del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.
-La connivencia entre las políticas de estado y los intereses de las empresas transnacionales, que cuentan con la complicidad del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los funcionarios locales, también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), como la construcción del Tren de Potasio y la ampliación y concesión de la terminal portuaria, infraestructura necesaria para trasladar la producción de la empresa Vale SA. desde el área de explotación al puerto de exportación hacia Brasil. Estos proyectos de infraestructura facilitan el saqueo de las empresas transnacionales y en el caso de Vale, esta empresa se ve favorecida por los grandes tendidos eléctricos (caso de la Línea Comahue-Cuyo) hasta las bocas de las explotaciones; la construcción de la represa Chihuidos I, con garantías del Anses y del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Brasil; la ampliación de la Ruta Nacional 22, en el área de conexión con el ferrocarril de Potasio, los accesos ferroviarios al puerto y rotondas; el asfalto de la Ruta Nacional 40 en el tramo límite de la provincia de Neuquén hasta Malargüe; la remodelación de accesos a la ciudad de Bahía Blanca; y la ampliación del puerto de Ingeniero White. A estas obras de infraestructura se agregan otras que favorecen a las corporaciones en general como la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de megaobras costeadas por los gobiernos, a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.
-La complicidad de los medios masivos de comunicación con las empresas es observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y la recuperación de las golpeadas economías provinciales, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya comenzó la explotación extractivista.
-La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas y/o aceptando fondos provenientes de empresas mineras que contaminan nuestros territorios. De esta forma, se produce una colonización de la producción científica por parte de intereses privados, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable a los intereses transnacionales.
A su vez, este tribunal ha verificado la ejecución de las siguientes estrategias empresariales implementadas con el objetivo de maximizar sus ganancias y profundizar el modelo neoextractivista imperante:
-La articulación entre diferentes explotaciones extractivas que permiten consolidar el modelo económico imperante, como el acuerdo Vale-Repsol, para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, ya que las tierras de ese país carecen de potasio, que es utilizado como fertilizante, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto colabora con el desmonte de la zona amazónica y el Matto Grosso, y junto con ello, con la desertificación de uno de los pulmones del mundo.
-Las empresas transnacionales implementan la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos y programas comunitarios que les permiten realizar un lavado verde de su imagen y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas por sus explotaciones. Un ejemplo es el rol que cumple la Fundación Cruzada Patagónica que posee dos establecimientos educativos y cuenta con el aporte económico de varias petroleras, entre ellas YPF y PAE. Paradójicamente, varios de los niño/as que concurren a esos establecimientos educativos provienen de las comunidades que son afectadas por la explotación de hidrocarburos.
En el caso de PAS, la compra de voluntades de los integrantes de las comunidades mapuche quedó de manifiesto en la última actualización del Informe de Impacto Ambiental, en la cual se proponen como lineamientos de acción establecer canales de comunicación con los grupos opuestos a la actividad minera, realizar convenios sobre la base del reconocimiento de la identidad étnica, continuar con el programa de mejoramientos de las comunidades y el de información, participación y consulta. Estas políticas, que buscan la licencia social para las empresas, se desarrollan a partir del conocimiento de que esas comunidades han participado de todas las asambleas y marchas que se realizan desde 2009 en contra del proyecto.
La empresa transnacional Vale también tiene iniciativas de intervención social sobre las poblaciones indígenas y campesinas afectadas en sus territorios por las explotaciones mineras; entre esas iniciativas se encuentran programas de salud y asistencia social aplicados en comunidades indígenas de distintos estados brasileños donde opera la empresa.
-Otro aspecto a destacar de la RSE son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas, desarrollados por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. De esta manera, se generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.
A su vez, la empresa Vale Florestar SA promueve también la reforestación con especies nativas y exóticas en áreas degradadas. Esta empresa subsidiaria de la Vale actúa en áreas de la región amazónica donde la expansión de actividades “productivas” acarrea el desmonte de la vegetación.
-Las empresas transnacionales poseen fundaciones que realizan donaciones a instituciones públicas y asociaciones civiles, con el propósito de lograr la licencia social necesaria para operar en los territorios. En el caso de YPF, esta empresa ha financiado encuentros de conservacionismo y proyectos de protección de áreas protegidas, además de intervenir en el área de la cultura a través del YPF Destino Rock (concurso de rock para bandas en ascenso).
A su vez, la Fundación Vale sirve a la empresa para desarrollar y financiar programas que promueven la “sustentabilidad” de la minería en los territorios en los que actúa, así como políticas destinadas al desarrollo integral de la juventud con programas educativos para adolescentes.
-Entre las estrategias implementadas por las empresas se destaca la criminalización y judicialización de la protesta social, la represión y las amenazas ejercidas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Es la respuesta empresarial, con el apoyo y la complicidad de los organismos estatales, al surgimiento de resistencias populares por parte de asambleas y foros socioambientales, comunidades de pueblos originarios y poblaciones afectadas, que han implementado diversas formas de lucha contra el avance de las corporaciones transnacionales, como bloqueo del ingreso de las empresas a sus territorios, paralización de sus actividades, cortes de ruta, denuncias públicas y judiciales por casos de contaminación probada o probable, entre otras. A su vez, esas resistencias y los cuestionamientos a las empresas han generado el surgimiento de espacios de articulación de organizaciones y movimientos populares de distintas regiones del mundo, como es el caso de Afectados por la Vale.
En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche, por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén. En algunos casos, la justicia ordinaria ha fallado a favor de las comunidades como en el conflicto entre la Petrolera Piedra del Águila y la comunidad Wenctru Trawel Leufú, de Picún Leufú, en el cual el amparo presentado por la empresa para poder entrar en la comunidad fue rechazado por la justicia invocando el derecho a la consulta, contenido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
-Acompañando a estas estrategias, también se viene implementando la militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto fuerzas de seguridad públicas como privadas, demostrando nuevamente la complicidad de los poderes políticos en la defensa de los intereses empresariales, al poner al servicio de esos intereses las fuerzas de seguridad públicas que deberían proteger los derechos de las poblaciones a una vida digna.
En el caso de las empresas petroleras, se viene dando un despliegue de las fuerzas de seguridad para reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. A su vez, en la provincia de Neuquén se han movilizado patotas vinculadas al sindicato petrolero y al Movimiento Popular Neuquino para reprimir demandas sociales en general y demandas del pueblo mapuche en particular.
Con estas denuncias como guía, este tribunal propone para aquellas corporaciones que vienen actuando en las etapas de prospección, exploración y explotación de yacimientos:
-Trabajar en la creación de una instancia judicial ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, además de la obligada remediación de las labores extractivas.
-Demandar al estado argentino y los gobiernos provinciales para que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren un acceso rápido y eficiente a la justicia y la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que impulsen que el sistema judicial lleve a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que apliquen medidas que permitan respetar el principio del consentimiento libre, previo e informado de los actores sociales en general y de los pueblos indígenas en particular, así como el principio precautorio, cuando se intenten proyectar inversiones de capitales y políticas de desarrollo que puedan producir efectos negativos sobre el territorio y los derechos de las poblaciones; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.
-Solicitar la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios, que no hayan sido sometidos al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, con el objetivo de respetar las normas internacionales que defienden sus derechos y que fueron ratificadas en nuestro país.
-Suspender los megaproyectos referidos a megaminería, explotación de hidrocarburos y desarrollo de monocultivos, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
A su vez, este tribunal resuelve:
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, como antiético y violatorio de los derechos humanos, al modelo neoextractivista y productivo que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales uno de sus principales protagonistas. La promiscuidad del modelo extractivo minero impacta ferozmente en ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación, con el sistema “a cielo abierto” y brebajes químicos, reactivos tóxicos de lixiviación, que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, las formas de operar de las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en esta audiencia se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios. Este tribunal ha podido constatar sus prácticas de violaciones de derechos fundamentales de las poblaciones y de la naturaleza, así como la violación de normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones, así como los derechos ancestrales de los pueblos originarios.
-Denunciar y condenar, ante la opinión pública, la complicidad y garantía de los poderes políticos en todos sus niveles, de los medios masivos de comunicación y de algunas universidades públicas, con las formas de operar de las corporaciones transnacionales, que generan graves impactos en la calidad de vida de numerosas comunidades y las privan de los recursos básicos necesarios para una vida digna. Las autoridades políticas tienen, a su vez, la responsabilidad por la omisión de medidas a su alcance que podrían modificar la situación actual. Las políticas implementadas desde los estados, como establecer marcos legales e institucionales favorables a las empresas y omitir la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las poblaciones, incrementan el poder de las empresas transnacionales y refuerzan su impunidad, de tal manera que los gobiernos se convierten en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que esas empresas cometen. Además, en muchas ocasiones, esos marcos legales e institucionales hacen jurídicamente imposible para las víctimas prevenir e impedir esas violaciones y obtener una reparación por sus consecuencias.
-Incentivar a las comunidades, a los pueblos indígenas, a las poblaciones afectadas, a lo/as trabajadore/as y a todas las víctimas del “modelo de desarrollo” que imponen las empresas transnacionales a profundizar su organización, a resistirse y a movilizarse en defensa de los derechos humanos y ancestrales, por la autodeterminación y la soberanía popular, y en resguardo de sus territorios, su cultura, su identidad y sus formas de vida, contra la mercantilización de la vida que implica el modelo neoextractivista que se profundiza en nuestro país.
Conforme a estos enunciados, el Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales que se llevó a cabo en la Patagonia exigió, de manera imperativa, que las corporaciones sean expulsadas de los territorios y obligadas a la restitución-remediación del ecosistema tal como lo encontraron al momento de iniciar su explotación, decisión unánime de las comunidades afectadas.
Fuente: Observatorio Petrolero Sur.
viernes, 21 de octubre de 2011
A 5 AÑOS: JUSTICIA PARA OTOÑO URIARTE
Buenos Aires, jueves 20 de octubre de 2011 (AW).- El próximo domingo 23 de octubre, al cumplirse 5 años de la desaparición de la joven de 16 años, Otoño Uriarte, en la provincia de Río Negro, se realizará una actividad para exigir justicia.
El hecho ocurrió en la localidad de Fernández Oro. Otoño estuvo desaparecida 6 meses y su cuerpo sin vida fue encontrado en esclusa de una usina eléctrica instalada en un canal de riego en zona peoductiva del Alto Valle.
La joven fue violada por al menos 4 personas.
Familiares denuncian que una cadena de complicidades de la corporacion politico-judicial impiden resolver el caso.
La actividad se hará en el anfiteatro de Fernandez Oro a las 18.00.
El hecho ocurrió en la localidad de Fernández Oro. Otoño estuvo desaparecida 6 meses y su cuerpo sin vida fue encontrado en esclusa de una usina eléctrica instalada en un canal de riego en zona peoductiva del Alto Valle.
La joven fue violada por al menos 4 personas.
Familiares denuncian que una cadena de complicidades de la corporacion politico-judicial impiden resolver el caso.
La actividad se hará en el anfiteatro de Fernandez Oro a las 18.00.
BARILOCHE: VOLANTEADA EN APOYO A ESTUDIANTES CHILENOS
Bariloche (Foro Universitario).- El miércoles culminó una volanteada por las calles de Bariloche en apoyo al reclamo de los estudiantes de Chile por una educación gratuita.
Esta volanteada organizada por la campaña de apoyo a los estudiantes chilenos en nuestra ciudad, sucedió en simultáneo con el paro de 48 hs que desde el martes realizan los estudiantes en Chile, acompañados por la Central Única de Trabajadores de Chile, los profesores, vecinos e incluso trabajadores del Ministerio de Educación. Las jornadas en el vecino país fueron tensas, registrándose numerosas detenciones y represión por parte de carabineros, quienes incluso ingresaron por la fuerza a un establecimiento educativo. No obstante las masivas movilizaciones de la sociedad chilena, el gobierno de Piñera no ha propuesto soluciones que permitan un diálogo fructífero para zanjar el conflicto.
Desde Bariloche repudiamos la represión que aplica el gobierno chileno restringiendo gravemente la vida democrática de ese país. Apoyamos el reclamo por una educación pública y gratuita, e invitamos a todas las personas y organizaciones interesadas en sumarse a esta campaña de apoyo a contactarnos para seguir realizando actividades.
Contacto: forocrub@yahoo.com.ar
Esta volanteada organizada por la campaña de apoyo a los estudiantes chilenos en nuestra ciudad, sucedió en simultáneo con el paro de 48 hs que desde el martes realizan los estudiantes en Chile, acompañados por la Central Única de Trabajadores de Chile, los profesores, vecinos e incluso trabajadores del Ministerio de Educación. Las jornadas en el vecino país fueron tensas, registrándose numerosas detenciones y represión por parte de carabineros, quienes incluso ingresaron por la fuerza a un establecimiento educativo. No obstante las masivas movilizaciones de la sociedad chilena, el gobierno de Piñera no ha propuesto soluciones que permitan un diálogo fructífero para zanjar el conflicto.
Desde Bariloche repudiamos la represión que aplica el gobierno chileno restringiendo gravemente la vida democrática de ese país. Apoyamos el reclamo por una educación pública y gratuita, e invitamos a todas las personas y organizaciones interesadas en sumarse a esta campaña de apoyo a contactarnos para seguir realizando actividades.
Contacto: forocrub@yahoo.com.ar
CÁTEDRA LIBRE PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA UNPSJB CELEBRA ABSOLUCIÓN DE ANTILEO
Por Daniel Loncón
Comodoro Rivadavia (Cátedra Libre de Pueblos Originarios – U.N.P.S.J.B.).- Desde la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” celebramos la absolución del Lonko Carlos Antileo de la Comunidad Indígena “Jacinto Antileu” por el delito de desobediencia que se le imputaba.
Acusar a miembros de Comunidades Indígenas de ser usurpadores de su propio territorio y pretender desalojarlos mediante diversas artimañas judiciales se ha vuelto una práctica constante y lamentable en la Provincia del Chubut.
Constantemente nuestros peñis deben recorrer los estrados judiciales en donde en muchos casos se les pretende negar su pertenencia a un Pueblo Originario bajo aseveraciones históricas totalmente erróneas, de un sesgo racista que estremece y que pone de manifiesto el paradigma hegemónico de una cultura que discrimina lo que no puede dominar. Dice Eduardo Galeano que “El sistema desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme conocer. El racismo es también una máscara del miedo”.
Creemos que es momento que el Estado instrumente mediante acciones concretas y políticas de Estado serias, lo plasmado en el Articulo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y que la Constitución de la Provincia del Chubut ratifica en su Artículo 34.
Entendemos que sentar en el banquillo de los acusados a un indígena, es ratificar una condena que los miembros de los Pueblos Originarios vienen soportando hace siglos por la esencia de lo que son, Gente de la Tierra.
Abogamos por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios y que se avance en un diálogo sincero, sin miedos ni prejuicios, hacia un Estado que reconozca, no solo la preexistencia de las comunidades indígenas, sino que también en la actualidad petu mongeleiñ, seguimos vivos.
Fuente: Puerta E.
Comodoro Rivadavia (Cátedra Libre de Pueblos Originarios – U.N.P.S.J.B.).- Desde la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” celebramos la absolución del Lonko Carlos Antileo de la Comunidad Indígena “Jacinto Antileu” por el delito de desobediencia que se le imputaba.
Acusar a miembros de Comunidades Indígenas de ser usurpadores de su propio territorio y pretender desalojarlos mediante diversas artimañas judiciales se ha vuelto una práctica constante y lamentable en la Provincia del Chubut.
Constantemente nuestros peñis deben recorrer los estrados judiciales en donde en muchos casos se les pretende negar su pertenencia a un Pueblo Originario bajo aseveraciones históricas totalmente erróneas, de un sesgo racista que estremece y que pone de manifiesto el paradigma hegemónico de una cultura que discrimina lo que no puede dominar. Dice Eduardo Galeano que “El sistema desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme conocer. El racismo es también una máscara del miedo”.
Creemos que es momento que el Estado instrumente mediante acciones concretas y políticas de Estado serias, lo plasmado en el Articulo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y que la Constitución de la Provincia del Chubut ratifica en su Artículo 34.
Entendemos que sentar en el banquillo de los acusados a un indígena, es ratificar una condena que los miembros de los Pueblos Originarios vienen soportando hace siglos por la esencia de lo que son, Gente de la Tierra.
Abogamos por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios y que se avance en un diálogo sincero, sin miedos ni prejuicios, hacia un Estado que reconozca, no solo la preexistencia de las comunidades indígenas, sino que también en la actualidad petu mongeleiñ, seguimos vivos.
Fuente: Puerta E.
CASO GEOP EN CORCOVADO: "HAY QUE ENMARCARLO CON LA POLICÍA DE CHUBUT"
Esquel (La Tijereta).- El Defensor Oficial, Omar Osvaldo López, sostuvo que el accionar de la policía no puede entenderse sin la comprensión de los distintos hechos ocurridos en la provincia.
En diálogo con La Tijereta, López recordó lo sucedido con la desaparición de Iván Torres, el crimen de Julián Antillanca y las denuncias por vejaciones que habrían sufrido cinco menores en la comisaría segunda de Esquel.
En el juicio contra el jefe del GEOP, Miguel Ramón Gómez, por gravísimas denuncias de violencia policial en procedimientos realizados en Corcovado, podría ampliarse la acusación encuadrando los hechos en el delito de privación ilegal de la libertad con uso de violencia tras la declaración de una testigo.
Fuente: Puerta E.
En diálogo con La Tijereta, López recordó lo sucedido con la desaparición de Iván Torres, el crimen de Julián Antillanca y las denuncias por vejaciones que habrían sufrido cinco menores en la comisaría segunda de Esquel.
En el juicio contra el jefe del GEOP, Miguel Ramón Gómez, por gravísimas denuncias de violencia policial en procedimientos realizados en Corcovado, podría ampliarse la acusación encuadrando los hechos en el delito de privación ilegal de la libertad con uso de violencia tras la declaración de una testigo.
Fuente: Puerta E.
SUDESTADA Y EL ANUNCIO DE LA ETA
Lomas de Zamora (Revista Sudestada).- Ayer a las 19.00, las ediciones digitales de GARA y Berria difundieron el último mensaje de ETA: “el cese definitivo de su actividad armada”.
La palabra “definitivo” resonó en los oídos de los poderosos del mundo, que tres días antes habían exigido a la organización a terminar con su accionar.
En la última edición de la revista Sudestada, cuya tapa todavía puede verse en los kioscos del país, anunciamos el viraje de la acción vasca hacia caminos cada vez más políticos, con la aparición de una nueva fuerza abterzale y el éxito electoral de Bildu (la coalición de izquierda que la integra).
El interrogante sobre la actitud de ETA ante este nuevo proceso acaba de definirse. Desde nuestra revista saludamos este camino, no menos combativo, y seguramente más peligroso para los gobiernos que siguen negando y reprimiendo las luchas por la liberación de los pueblos.
La palabra “definitivo” resonó en los oídos de los poderosos del mundo, que tres días antes habían exigido a la organización a terminar con su accionar.
En la última edición de la revista Sudestada, cuya tapa todavía puede verse en los kioscos del país, anunciamos el viraje de la acción vasca hacia caminos cada vez más políticos, con la aparición de una nueva fuerza abterzale y el éxito electoral de Bildu (la coalición de izquierda que la integra).
El interrogante sobre la actitud de ETA ante este nuevo proceso acaba de definirse. Desde nuestra revista saludamos este camino, no menos combativo, y seguramente más peligroso para los gobiernos que siguen negando y reprimiendo las luchas por la liberación de los pueblos.
TEATRO EN NEUQUÉN: "LA LEYENDA DEL RÍO NEGRO"
(Sur Teatro).- Mañana sábado 22 de octubre, a las 21, en el teatro Del Viento de Neuquén se presentará la obra "La leyenda del Río Negro", con entrada gratuita aunque se podrá colaborar con un bono contribución de 20 pesos.
Además de la obra teatral se expondrá la revista "Común y Acción", una producción del Taller de Comunicación Popular, que es parte de la Cooperativa de Trabajo "Digamos". Este taller cuenta con el Auspicio del Departamento Cultural - Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue.
"Una Leyenda del Río Negro", de Juan Raúl Rithner, "es una historia de amor y deseo, de amistad y poder, de vida y de muerte... ¡y de vida otra vez!".
Jóvenes que descubren el amor adolescente, mientras los adultos con sus estructuras los envuelven en un torbellino de dudas, competencias y soledad...
Limay y Neuquén se unen en busca de lo imposible. Raihue muere de amor y tristeza, renaciendo en flor.
El viento y la anciana contemplan el río... Una historia que remite a la memoria de los pueblos originarios y su preexistencia étnica-cultural, en la patagonia actual.
Actúan: Vanina Villanueva, Juan Queupan.
Dirección: Mariana Lynch.
Vestuario y Escenografía: Karina Romero.
Luces y sonido: Nahuel Sepúlveda.
Producción General: Sur-Teatro.
Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.
Será en el teatro Del Viento, Juan B. Justo 648, Neuquén Capital. Por consultas llamar al tel. 448 -5628.
La actividad es organizada por el Taller de Comunicación Popular y Sur Teatro.
Contactos:
Taller de Comunicación Popular: nuevosaber@yahoo.com.ar - 0299 155133734
Sur Teatro: surteatr@yahoo.com.ar - 02941-15369109- Fiske Menuco- (Gral. Roca)- Rio Negro.
Además de la obra teatral se expondrá la revista "Común y Acción", una producción del Taller de Comunicación Popular, que es parte de la Cooperativa de Trabajo "Digamos". Este taller cuenta con el Auspicio del Departamento Cultural - Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue.
"Una Leyenda del Río Negro", de Juan Raúl Rithner, "es una historia de amor y deseo, de amistad y poder, de vida y de muerte... ¡y de vida otra vez!".
Jóvenes que descubren el amor adolescente, mientras los adultos con sus estructuras los envuelven en un torbellino de dudas, competencias y soledad...
Limay y Neuquén se unen en busca de lo imposible. Raihue muere de amor y tristeza, renaciendo en flor.
El viento y la anciana contemplan el río... Una historia que remite a la memoria de los pueblos originarios y su preexistencia étnica-cultural, en la patagonia actual.
Actúan: Vanina Villanueva, Juan Queupan.
Dirección: Mariana Lynch.
Vestuario y Escenografía: Karina Romero.
Luces y sonido: Nahuel Sepúlveda.
Producción General: Sur-Teatro.
Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.
Será en el teatro Del Viento, Juan B. Justo 648, Neuquén Capital. Por consultas llamar al tel. 448 -5628.
La actividad es organizada por el Taller de Comunicación Popular y Sur Teatro.
Contactos:
Taller de Comunicación Popular: nuevosaber@yahoo.com.ar - 0299 155133734
Sur Teatro: surteatr@yahoo.com.ar - 02941-15369109- Fiske Menuco- (Gral. Roca)- Rio Negro.
EL ORO DE CALCATREU Y LA MINERÍA DEL AGUA ENVENENADA
Río Negro y Neuquén (Sanidarios).- La Asamblea Sanidarios repudia y rechaza en todos sus términos la temeraria declaración del próximo gobernador electo Carlos Soria, de propiciar nuevamente la explotación de la minería hidrotóxica en la Provincia de Río Negro.
La catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, no puede ser compensada con el vaciamiento y el envenenamiento de las napas hídricas subterráneas que proveen de agua al conjunto de los pobladores de la Región Sur Rionegrina.
Estimamos la propuesta de solución de tan grave catástrofe tendría que ser previamente tratada entre los propios locadores de la región, sin arriesgar el vaciamiento y envenenamiento del agua que habrán / habremos de beber.
La preservación de la Naturaleza es una cuestión de todos, por cuanto desde la Asamblea sanidarios convocamos a todas las instituciones de docentes; alumnos primarios, centros de estudiantes secundarios y terciarios, gremios de todos los sectores, asociaciones de profesionales y a todo ciudadano de bien rionegrino, a fin de pronunciarse en rechazo de tan consternante declaración.
El agua es un derecho humano.
Contacto:
sanidarios-owner@gruposyahoo.com.ar
La catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, no puede ser compensada con el vaciamiento y el envenenamiento de las napas hídricas subterráneas que proveen de agua al conjunto de los pobladores de la Región Sur Rionegrina.
Estimamos la propuesta de solución de tan grave catástrofe tendría que ser previamente tratada entre los propios locadores de la región, sin arriesgar el vaciamiento y envenenamiento del agua que habrán / habremos de beber.
La preservación de la Naturaleza es una cuestión de todos, por cuanto desde la Asamblea sanidarios convocamos a todas las instituciones de docentes; alumnos primarios, centros de estudiantes secundarios y terciarios, gremios de todos los sectores, asociaciones de profesionales y a todo ciudadano de bien rionegrino, a fin de pronunciarse en rechazo de tan consternante declaración.
El agua es un derecho humano.
Contacto:
sanidarios-owner@gruposyahoo.com.ar
OPINIÓN: PUEBLOS ORIGINARIOS. RESPUESTAS INCÓMODAS
Por Nelson Ávalos
(Suplemento cultural Tinta China Nº 80: http://bit.ly/pX3HOr).- ¿Cómo ves en este momento la cuestión pueblos originarios? A nivel legal se notan algunos avances ¿se traducen esos avances en hechos concretos? ¿Existen verdaderamente avances? ¿Qué cosas deberían cambiar? ¿Cuál sería la situación ideal, o a lo que aspiran llegar, para los miembros de pueblos originarios? Enunciadas así, pueden ser un cuestionario que uno puede responder más o menos con soltura. Uno es un “militante de la causa” – como dijo quien me preguntó - y tiene argumentos. Pero las leo y digo que si me hicieran esas preguntas hoy, me quedaría un rato pensando. Bastante tiempo.
Es un tema amplísimo y complejo. Porque sí, ha habido avances, pero se ven retrocesos. Incluso situaciones peores aún a las generadas por la Conquista de América y la posterior Colonia.
El Sistema que tomó impulso con la llegada de Europa a las playas de nuestro Continente hace 519 años y que ha llegado a una etapa de explotación extractiva delirante, sigue generando pobreza y contaminación del ambiente. Sigue habiendo esclavos. Sigue habiendo desplazamientos. Sigue habiendo despojos. Y los más afectados son los pobres. Y los más pobres de los pobres, en todas partes, son los pueblos originarios.
Claro que en Bolivia hay un presidente de origen indígena, claro que la Ley fundamental de ese país, y la de Ecuador, tienen como ejes el buen vivir (sumak kawsay) quechua y el vivir bien (suma qamaña) aymara, principios de la cosmovisión originaria. Esos son avances.
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, expresa el primer artículo de la Constitución política del Estado boliviano aprobada en 2009.
“Mientras que la teoría económica vigente adscribe al paradigma cartesiano del hombre como
‘amo y señor de la naturaleza’, y comprende a la naturaleza desde una ámbito externo a la historia humana (un concepto que incluso es subyacente al marxismo), el sumak kawsay (buen vivir) incorpora a la naturaleza en la historia”, dice el economista ecuatoriano Pablo Dávalos (1).
Aportes fundamentales. O una clara propuesta de ver el mundo desde otro lado, en todo caso.
Pero aquí llegamos al punto. Aún en esos países hay conflictos entre los gobiernos y los pueblos originarios. Los produce el no poder salir del proyecto Moderno europeo y su sostén económico: el desarrollismo neoliberal.
Lo dijeron los zapatistas de Chiapas, en 1994, cuando se levantaron en armas el mismo día en que México firmaba el Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y su grito cundió.
“El neoliberalismo está muerto, pero falta enterrarlo”, se dice en Bolivia. Y es así. Mientras eso no ocurra, no habrá “vivir bien” posible. Sistema y sumak kawsay; neoliberalismo y cosmovisión originaria son incompatibles. No se quieren. Se dan de patadas.
El camino - si valoramos bien los pasos de Ecuador y Bolivia - está abierto. Y el optimismo de la voluntad nos dice que nuestra América morena camina hacia el funeral de la injusticia. Pero falta mucho. Y los gobiernos no pueden – o no quieren – apurar el deceso. Y en ese transe los más sufridos vuelven a ser los pueblos originarios.
¿Se traducen esos avances en hechos concretos?
Golpes de pregunta. Artículos, ensayos, libros y tratados no alcanzarían a responderlas. Y aquí sólo puedo dar una humilde y breve opinión de militante.
En 2006, en nuestro país se promulgó la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras. La norma declara la emergencia en materia de territorios y enuncia la intención de dar respuestas a viejas demandas de los Pueblos originarios. Una de ellas es “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”, como dice el artículo 75 de la Constitución.
En un folleto publicado por el Ministerio de Desarrollo Social se explica el Relevamiento de Comunidades Indígenas que ordena la ley y que - aunque con demoras y dificultades - se está realizando en todo el territorio argentino. “Cristaliza un innegable acto de justicia y reparación histórica”, dice el folleto. Un gran avance, sin duda. Y un grande objetivo.
Pero… La Primavera, Formosa. Pero los muertos. Pero los acampes interminables ante el silencio oficial. Pero los avances de la soja sobre los territorios. Pero el modelo extractivo frente al “mero estar” (2); el vivir bien frente al vivir mejor. El desarrollismo frente a la cosmovisión originaria.
El periodista Darío Aranda relata el encuentro entre la Presidente y un grupo de delegados indígenas luego de la marcha a Plaza de Mayo, en mayo de 2010: “Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero),la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.” (3) El traslado de la Comunidad, obviamente.
Los Gobiernos no pueden – o no quieren – “salir” de esa lógica: la que ve un cerro o un valle y calcula cuánto valdrá en dólares… O cuánta soja se podrá sembrar.
¿Cuáles son las amenazas concretas que sobrevuela sobre las comunidades de la región?
Pesan las preguntas. Duelen e incomodan las respuestas. Sobre todo si tengo que expresar mi opinión sobre la situación de las Comunidades mapuche del noroeste del Chubut, que son mi cercanía.
En la Provincia hay alrededor de 120 Comunidades de Pueblos originarios. Se asumen mapuche, tehuelche o mapuche – tehuelche.
En Lago Puelo y El Hoyo hay cinco Comunidades. Conozco bien de cerca la historia y las luchas de tres de ellas: la Leopoldo Quilodrán, la Francisco Monsalve y la Lorenzo Pulgar Huentuquidel. Todas sufrieron el despojo de sus territorios ancestrales cuando el modelo extractivo puso su planta en la Comarca Andina.
Aquí la emprendió con el bosque nativo, allá por los años ’70. La reconversión económica brutal y la destrucción del bosque y el modo de producción agropecuario fueron la impronta. Luego vino la apropiación de la tierra por parte de empresarios amigos del poder o – como en Puerto Patriada – la creación de una “reserva forestal” provincial. El resultado fue el mismo: el despojo.
Las dos Comunidades que realizaron actos de recuperación territorial en el sector de la Reserva – la Pulgar Huentuquidel y la Monsalve – se enfrentan hoy al acoso de los entes del Estado.
La Dirección de Bosques y Parques es su principal acosador. Pero el Ejecutivo Municipal no se queda atrás; y el Concejo Deliberante de El Hoyo pendula entre el reconocimiento y en seguir las órdenes del Intendente. Y en todos sus territorios se realizó el relevamiento previsto por la 26.160.
Es que en los estamentos del Estado sobrevive un “racismo funcionarial”. Es decir, hay gente que no puede - su cultura, formación o lo que sea, se lo impiden - entender que hay derechos, que hay legislación, que la Constitución incluye desde 1994 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Que tiene rango superior a las Leyes, que si no lo cumplen, ellos están cometiendo delitos… No lo cumplen, lo violan permanentemente.
El “modelo extractivo” actual en estos pagos se llama negocio inmobiliario. Allí reside hoy el problema: en el modelo no encajan esos paisanos que quieren retornar a modos de vida campesinos, a tener quinta, ovejas y algunas vacas. Aquí tampoco el poder tiene ojos para otra cosa que no sea el “desarrollo” depredador.
¿Cuál sería la situación ideal, o a lo que aspiran llegar, los pueblos originarios?, machaca la pregunta.
Hace 130 años el Congreso de la Nación aprobó el proyecto de invasión de la Patagonia presentado por el entonces Ministro de Guerra Julio Argentino Roca. El Presidente, Nicolás Avellaneda, promulgó la Ley.
En 130 años no caben muchas generaciones. Aquí la historia duele más porque es reciente. Son recientes la invasión, la guerra, la muerte, los campos de concentración, los destierros.
A pesar de ese dolor, podría intentar una respuesta.
La situación “ideal” sería que como habitantes del inmenso territorio que hoy se llama Argentina, comencemos a transitar el camino inverso al de los señores de la guerra, la Sociedad Rural que la financió y la Generación del ‘80. Ellos negaron la conformación plurinacional del país que querían edificar. Querían ser europeos. O parecerse, o imitarlos.
Y desde esta región donde el Bicentenario no tiene mucho sentido, podríamos proponer al resto de los conciudadanos el des-aprender.
Des-aprender, al menos, la ambición de ser lo que nunca seremos. La manía de no mirarnos que nos enseñaron. El miedo a ser nosotros mismos. El racismo. La historia oficial. El mito del desarrollo indefinido.
Y aprender que somos mestizos, bellamente diversos. Escuchar a la Ñuke Mapu (4) y alegrarnos por eso.
Referencias:
(1) Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. Eduardo Gudynas. Revista América Latina en Movimiento Nº 462. Febrero 2011. En alainet.org: www.bit.ly/nBGLqs
2) Concepto enunciado por el filósofo argentino Rodolfo Kusch (1922 - 1979). Autor de América profunda y Geocultura del hombre americano, entre otras obras.
(3) Soja sí, indígenas no. Artículo de Darío Aranda en www.bit.ly/nMtLj1
(4) Madre tierra.
(Suplemento cultural Tinta China Nº 80: http://bit.ly/pX3HOr).- ¿Cómo ves en este momento la cuestión pueblos originarios? A nivel legal se notan algunos avances ¿se traducen esos avances en hechos concretos? ¿Existen verdaderamente avances? ¿Qué cosas deberían cambiar? ¿Cuál sería la situación ideal, o a lo que aspiran llegar, para los miembros de pueblos originarios? Enunciadas así, pueden ser un cuestionario que uno puede responder más o menos con soltura. Uno es un “militante de la causa” – como dijo quien me preguntó - y tiene argumentos. Pero las leo y digo que si me hicieran esas preguntas hoy, me quedaría un rato pensando. Bastante tiempo.
Es un tema amplísimo y complejo. Porque sí, ha habido avances, pero se ven retrocesos. Incluso situaciones peores aún a las generadas por la Conquista de América y la posterior Colonia.
El Sistema que tomó impulso con la llegada de Europa a las playas de nuestro Continente hace 519 años y que ha llegado a una etapa de explotación extractiva delirante, sigue generando pobreza y contaminación del ambiente. Sigue habiendo esclavos. Sigue habiendo desplazamientos. Sigue habiendo despojos. Y los más afectados son los pobres. Y los más pobres de los pobres, en todas partes, son los pueblos originarios.
Claro que en Bolivia hay un presidente de origen indígena, claro que la Ley fundamental de ese país, y la de Ecuador, tienen como ejes el buen vivir (sumak kawsay) quechua y el vivir bien (suma qamaña) aymara, principios de la cosmovisión originaria. Esos son avances.
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, expresa el primer artículo de la Constitución política del Estado boliviano aprobada en 2009.
“Mientras que la teoría económica vigente adscribe al paradigma cartesiano del hombre como
‘amo y señor de la naturaleza’, y comprende a la naturaleza desde una ámbito externo a la historia humana (un concepto que incluso es subyacente al marxismo), el sumak kawsay (buen vivir) incorpora a la naturaleza en la historia”, dice el economista ecuatoriano Pablo Dávalos (1).
Aportes fundamentales. O una clara propuesta de ver el mundo desde otro lado, en todo caso.
Pero aquí llegamos al punto. Aún en esos países hay conflictos entre los gobiernos y los pueblos originarios. Los produce el no poder salir del proyecto Moderno europeo y su sostén económico: el desarrollismo neoliberal.
Lo dijeron los zapatistas de Chiapas, en 1994, cuando se levantaron en armas el mismo día en que México firmaba el Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y su grito cundió.
“El neoliberalismo está muerto, pero falta enterrarlo”, se dice en Bolivia. Y es así. Mientras eso no ocurra, no habrá “vivir bien” posible. Sistema y sumak kawsay; neoliberalismo y cosmovisión originaria son incompatibles. No se quieren. Se dan de patadas.
El camino - si valoramos bien los pasos de Ecuador y Bolivia - está abierto. Y el optimismo de la voluntad nos dice que nuestra América morena camina hacia el funeral de la injusticia. Pero falta mucho. Y los gobiernos no pueden – o no quieren – apurar el deceso. Y en ese transe los más sufridos vuelven a ser los pueblos originarios.
¿Se traducen esos avances en hechos concretos?
Golpes de pregunta. Artículos, ensayos, libros y tratados no alcanzarían a responderlas. Y aquí sólo puedo dar una humilde y breve opinión de militante.
En 2006, en nuestro país se promulgó la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras. La norma declara la emergencia en materia de territorios y enuncia la intención de dar respuestas a viejas demandas de los Pueblos originarios. Una de ellas es “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”, como dice el artículo 75 de la Constitución.
En un folleto publicado por el Ministerio de Desarrollo Social se explica el Relevamiento de Comunidades Indígenas que ordena la ley y que - aunque con demoras y dificultades - se está realizando en todo el territorio argentino. “Cristaliza un innegable acto de justicia y reparación histórica”, dice el folleto. Un gran avance, sin duda. Y un grande objetivo.
Pero… La Primavera, Formosa. Pero los muertos. Pero los acampes interminables ante el silencio oficial. Pero los avances de la soja sobre los territorios. Pero el modelo extractivo frente al “mero estar” (2); el vivir bien frente al vivir mejor. El desarrollismo frente a la cosmovisión originaria.
El periodista Darío Aranda relata el encuentro entre la Presidente y un grupo de delegados indígenas luego de la marcha a Plaza de Mayo, en mayo de 2010: “Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero),la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.” (3) El traslado de la Comunidad, obviamente.
Los Gobiernos no pueden – o no quieren – “salir” de esa lógica: la que ve un cerro o un valle y calcula cuánto valdrá en dólares… O cuánta soja se podrá sembrar.
¿Cuáles son las amenazas concretas que sobrevuela sobre las comunidades de la región?
Pesan las preguntas. Duelen e incomodan las respuestas. Sobre todo si tengo que expresar mi opinión sobre la situación de las Comunidades mapuche del noroeste del Chubut, que son mi cercanía.
En la Provincia hay alrededor de 120 Comunidades de Pueblos originarios. Se asumen mapuche, tehuelche o mapuche – tehuelche.
En Lago Puelo y El Hoyo hay cinco Comunidades. Conozco bien de cerca la historia y las luchas de tres de ellas: la Leopoldo Quilodrán, la Francisco Monsalve y la Lorenzo Pulgar Huentuquidel. Todas sufrieron el despojo de sus territorios ancestrales cuando el modelo extractivo puso su planta en la Comarca Andina.
Aquí la emprendió con el bosque nativo, allá por los años ’70. La reconversión económica brutal y la destrucción del bosque y el modo de producción agropecuario fueron la impronta. Luego vino la apropiación de la tierra por parte de empresarios amigos del poder o – como en Puerto Patriada – la creación de una “reserva forestal” provincial. El resultado fue el mismo: el despojo.
Las dos Comunidades que realizaron actos de recuperación territorial en el sector de la Reserva – la Pulgar Huentuquidel y la Monsalve – se enfrentan hoy al acoso de los entes del Estado.
La Dirección de Bosques y Parques es su principal acosador. Pero el Ejecutivo Municipal no se queda atrás; y el Concejo Deliberante de El Hoyo pendula entre el reconocimiento y en seguir las órdenes del Intendente. Y en todos sus territorios se realizó el relevamiento previsto por la 26.160.
Es que en los estamentos del Estado sobrevive un “racismo funcionarial”. Es decir, hay gente que no puede - su cultura, formación o lo que sea, se lo impiden - entender que hay derechos, que hay legislación, que la Constitución incluye desde 1994 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Que tiene rango superior a las Leyes, que si no lo cumplen, ellos están cometiendo delitos… No lo cumplen, lo violan permanentemente.
El “modelo extractivo” actual en estos pagos se llama negocio inmobiliario. Allí reside hoy el problema: en el modelo no encajan esos paisanos que quieren retornar a modos de vida campesinos, a tener quinta, ovejas y algunas vacas. Aquí tampoco el poder tiene ojos para otra cosa que no sea el “desarrollo” depredador.
¿Cuál sería la situación ideal, o a lo que aspiran llegar, los pueblos originarios?, machaca la pregunta.
Hace 130 años el Congreso de la Nación aprobó el proyecto de invasión de la Patagonia presentado por el entonces Ministro de Guerra Julio Argentino Roca. El Presidente, Nicolás Avellaneda, promulgó la Ley.
En 130 años no caben muchas generaciones. Aquí la historia duele más porque es reciente. Son recientes la invasión, la guerra, la muerte, los campos de concentración, los destierros.
A pesar de ese dolor, podría intentar una respuesta.
La situación “ideal” sería que como habitantes del inmenso territorio que hoy se llama Argentina, comencemos a transitar el camino inverso al de los señores de la guerra, la Sociedad Rural que la financió y la Generación del ‘80. Ellos negaron la conformación plurinacional del país que querían edificar. Querían ser europeos. O parecerse, o imitarlos.
Y desde esta región donde el Bicentenario no tiene mucho sentido, podríamos proponer al resto de los conciudadanos el des-aprender.
Des-aprender, al menos, la ambición de ser lo que nunca seremos. La manía de no mirarnos que nos enseñaron. El miedo a ser nosotros mismos. El racismo. La historia oficial. El mito del desarrollo indefinido.
Y aprender que somos mestizos, bellamente diversos. Escuchar a la Ñuke Mapu (4) y alegrarnos por eso.
Referencias:
(1) Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. Eduardo Gudynas. Revista América Latina en Movimiento Nº 462. Febrero 2011. En alainet.org: www.bit.ly/nBGLqs
2) Concepto enunciado por el filósofo argentino Rodolfo Kusch (1922 - 1979). Autor de América profunda y Geocultura del hombre americano, entre otras obras.
(3) Soja sí, indígenas no. Artículo de Darío Aranda en www.bit.ly/nMtLj1
(4) Madre tierra.
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