Por Leandro Renou
Bariloche, 29 de abril de 2011 (El Mensajero).- Son más de 7000 hectáreas adquiridas en 2009. Río Negro vendió tierras a una firma belga con un cerro incluido. Legisladores que investigaban la causa accedieron al expediente que, firmado por el gobernador Miguel Saiz, detalla que se pagaron sólo $ 153 por hectárea en una zona glaciar de El Bolsón, donde nacen varios ríos provinciales.
Horas después de que el gobierno anunciara el envío al Congreso de un proyecto para detener la extranjerización de tierras, se conocieron los detalles de la entrega de 7080 hectáreas que el gobierno del radical Miguel Saiz hizo en 2009 a un grupo belga, pero con una particularidad: la zona es de glaciares e incluye en sus márgenes parte del cerro Carreras, accidente geográfico de 2200 metros de altura en el que nacen buena parte de los ríos que riegan la provincia. Los legisladores Luis Bardeggia y Luis Bonardo, del Foro Rionegrino, recibieron la semana pasada y luego de haber pedido informes a la provincia, el expediente 41.850 que incluye los detalles de la entrega de 7080 hectáreas fiscales en la zona de El Bolsón a la empresa belga Burco, que en la región es dirigida por Hubert Gosse. "Allí se comprueba que el gobierno de Saiz entregó las tierras, las cuales fueron pagadas al valor irrisorio de $ 1.085.425, lo cual equivale a unos $ 153 la hectárea", explicó Bardeggia a Tiempo Argentino, y agregó que, además, "dentro de la propiedad está buena parte del Cerro Carreras, con glaciares y bosques nativos".
pichileufu1Concretamente, Burco –que según su web se dedica a "proyectos vacacionales de lujo situados en entornos naturales únicos"– compró una reserva de agua dulce. Es que en el cerro nacen los ríos Chubut, Pichileufú, Foyel y Villegas. Los dos primeros de las vertientes del Atlántico, y los dos últimos del Pacífico.
"Todo esto nosotros lo suponíamos, pero ahora hemos logrado comprobar quién es la empresa y cómo se entregó el patrimonio", señaló Bardeggia. La historia de la entrega roza el escándalo: en 1955, el poblador Francisco Soria le solicitó al Estado ser considerado legítimo ocupante. Cuando en 1982 fallece, el reclamo lo sigue su hijo, Ignacio, quien logra en 2003 que la provincia le otorgue ese estatus. En septiembre de 2004, el hombre manifiesta repentinamente que quiere vender la tierra, sin considerar que no era propietario sino un mero ocupante. Y aquí aparece Burco. A través de la empresa El Talismán SA (que ahora se sabe que es de los belgas), pide los derechos de ocupación al mismo tiempo que Soria se ofrece a vender. Once días después, la Dirección de Tierras autoriza la transferencia. En 2005 y en tiempo récord, mediante la disposición 169, el gobierno de Saiz materializa la entrega.
Pero hay más: poco antes de escriturar, Burco absorbe a el Talismán SA, y para despegarse del problema, en 2006 traslada la propiedad a otra sociedad anónima, que es Estancia Río Foyel, la actual propietaria, y que es conducida por el apoderado de Burco. El paraíso entregado a los belgas, corriendo a propietarios de la zona por monedas, fue comprado por poco más de un millón de pesos, pero los actuales dueños la tasaron en U$S 1,75 millones. Burco tiene negocios en Bélgica, Francia, Polonia, Hungría, Inglaterra, y Chile, llegó al país en 1993 con el country Arelauquen, en Bariloche, y en 2008 se extendió a Mendoza, con un centro turístico al pie de la cordillera. Además, tiene cuatro islas en el río Paraná y campos en Chubut.
Los diputados provinciales presentaron una denuncia penal contra la Dirección de Tierras de la provincia, por violación a la Ley 279 (de Tierras). "Con la ley nacional, esto nunca hubiera ocurrido", concluyó Bardeggia y elogió el proyecto que ingresó al Congreso el miércoles, al decir "que es el compendio de las ideas pensadas por todos los partidos políticos".
Mientras tanto, la ley para proteger el suelo argentino de la extranjerización avanza: el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, convocó ayer para el 12 de mayo al Consejo Federal Registral para analizar, en conjunto con las jurisdicciones provinciales, la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales. Es el primer paso en el camino a recorrer para saber quiénes son los propietarios de la tierra.
viernes, 29 de abril de 2011
ACTO DEL DÍA DEL TRABAJADOR EN JUJUY
Jujuy, viernes 29 de abril de 2011 (Organización Barrial Tupac Amaru-Red de Organizaciones Sociales).- La Red de Organizaciones Sociales convoca a todos los trabajadores de la provincia de Jujuy al acto de celebración del día del trabajador, el día viernes 29 de abril a las 18 horas en el estadio “La Tablada”.
La invitación es abierta y va extendida a toda la clase trabajadora de Jujuy: obreros industriales, trabajadores de la construcción, cooperativistas, cañeros y cosecheros del tabaco, chóferes de taxis, gastronómicos y hoteleros, empleados del estado, entre otros trabajadores.
La Red de Organizaciones Sociales nuclea a 25 organizaciones sociales, con un total de 10 mil trabajadores cooperativistas en toda la provincia de Jujuy. Sus obras están a la vista: 5000 viviendas distribuidas en varias localidades, 20 polideportivos con pileta de natación, centros de salud, anexos escolares, defensas de ríos, y demás obras civiles. Para defender el trabajo realizado y seguir avanzando con más dedicación, defendamos a la clase trabajadora! ¡Los únicos que defenderán a la clase trabajadora son los trabajadores! Por más Salud, Trabajo Y Educación.
La invitación es abierta y va extendida a toda la clase trabajadora de Jujuy: obreros industriales, trabajadores de la construcción, cooperativistas, cañeros y cosecheros del tabaco, chóferes de taxis, gastronómicos y hoteleros, empleados del estado, entre otros trabajadores.
La Red de Organizaciones Sociales nuclea a 25 organizaciones sociales, con un total de 10 mil trabajadores cooperativistas en toda la provincia de Jujuy. Sus obras están a la vista: 5000 viviendas distribuidas en varias localidades, 20 polideportivos con pileta de natación, centros de salud, anexos escolares, defensas de ríos, y demás obras civiles. Para defender el trabajo realizado y seguir avanzando con más dedicación, defendamos a la clase trabajadora! ¡Los únicos que defenderán a la clase trabajadora son los trabajadores! Por más Salud, Trabajo Y Educación.
URGENTE: REPRESIÓN Y DESALOJO A COMUNIDAD QUILMES EN TUCUMÁN
Tucumán, 29 de abril de 2011 (Anred/ContraPunto).- Después de resistir el primer intento de desalojo, desde la Comunidad Indígena denuncian que hay al menos 2 comuneras con heridas por balas de goma.
La policía se quedó cerca del lugar pero estaría a la espera de refuerzos para volver a realizar el procedimiento, según fuentes de la propia Comunidad India Quilmes.
Cerca de 50 efectivos de la policía intentaron ingresar en el predio con gases y balas de goma. La Comunidad resiste el desalojo. Una comunera se descompuso y fue atendida por una ambulancia en el lugar.
Los representantes legales solicitaron a la Corte Suprema provincial el inmediato cese del desalojo ante la ilegalidad de la medida y para proteger a los miembros de la Comunidad India Quilmes en el lugar.
Esperan que se expida urgente y la policía se retire del lugar.
La orden de desalojo
Por tercera vez en dos años, desconociendo toda legislación local, nacional e internacional en materia de derecho indígena, desconociendo el debido proceso e incluso desconociendo a la misma Comunidad, el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, ordenó el desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar.
La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorios, hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Dicho plazo fue prorrogado por la Ley 26.554 hasta el 2013.
El juez Salazar ha sido denunciado por la CIQ por parcialidad manifiesta ya en el año 2008. Sólo por esa razón el Juez debería excusarse de intervenir en toda contienda en la cual la Comunidad India Quilmes sea parte. Al no hacerlo viola derechos constitucionales referidos al debido proceso.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia suspediera, en agosto de 2009, una orden de desalojo ordenada por el Juez Peral sobre el territorio en cuestión, y que la otra parte en el conflico (la comunidad Aráoz Hnos) se negara a participar de la instancia de mediación que dispuso la Corte Provincial; el 17 de septiembre del mismo año, y por orden del mismo juez se ejecutó el desalojo de 40 familias de la Comunidad, destruyéndose por completo las casas construídas comunitariamente.
Con el tiempo, y con muchísimo esfuerzo, la Comunidad inició la reconstrucción de las casas, sobre las que esta nueva medida pretende avanzar.
La policía se quedó cerca del lugar pero estaría a la espera de refuerzos para volver a realizar el procedimiento, según fuentes de la propia Comunidad India Quilmes.
Cerca de 50 efectivos de la policía intentaron ingresar en el predio con gases y balas de goma. La Comunidad resiste el desalojo. Una comunera se descompuso y fue atendida por una ambulancia en el lugar.
Los representantes legales solicitaron a la Corte Suprema provincial el inmediato cese del desalojo ante la ilegalidad de la medida y para proteger a los miembros de la Comunidad India Quilmes en el lugar.
Esperan que se expida urgente y la policía se retire del lugar.
La orden de desalojo
Por tercera vez en dos años, desconociendo toda legislación local, nacional e internacional en materia de derecho indígena, desconociendo el debido proceso e incluso desconociendo a la misma Comunidad, el juez en Documentos y Locaciones de la 3º Nominación, Juan Carlos Peral, ordenó el desalojo en territorios de la Comunidad India Quilmes, a pedido del Juez de Paz de Colalao del Valle Adolfo Salazar.
La medida se tomó a pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 sobre ordenamiento territorial que ordena la suspensión de todo desalojo a los Pueblos Originarios de sus territorios, hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Dicho plazo fue prorrogado por la Ley 26.554 hasta el 2013.
El juez Salazar ha sido denunciado por la CIQ por parcialidad manifiesta ya en el año 2008. Sólo por esa razón el Juez debería excusarse de intervenir en toda contienda en la cual la Comunidad India Quilmes sea parte. Al no hacerlo viola derechos constitucionales referidos al debido proceso.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia suspediera, en agosto de 2009, una orden de desalojo ordenada por el Juez Peral sobre el territorio en cuestión, y que la otra parte en el conflico (la comunidad Aráoz Hnos) se negara a participar de la instancia de mediación que dispuso la Corte Provincial; el 17 de septiembre del mismo año, y por orden del mismo juez se ejecutó el desalojo de 40 familias de la Comunidad, destruyéndose por completo las casas construídas comunitariamente.
Con el tiempo, y con muchísimo esfuerzo, la Comunidad inició la reconstrucción de las casas, sobre las que esta nueva medida pretende avanzar.
ROSARIO:ACTO POR EL 1º DE MAYO
El Bolson (ANPP) .- Hoy Viernes 29 de Abril a las 19 hs se realizara un acto por " Dia Internacional de los Trabajadorxs" en el centro social anarquista situado en la calle Ituzaingo 1544, Rosario, Argentina
"En el año del circo electoral de los de arriba, la opción de los anarquistas es continuar la lucha y organización desde abajo y por fuera del estado." FACA (federacion Anarco Comunista argentina).
RADIO POPULAR FM DEL MATE.CADA DIA SOMOS MÁS
El Bolsón (ANPP).- Se trata de la radio popular FM del Mate 87.7, integrante de la regional Tucumán de la Red Nacional de Medios Alternativos. La antena ya fue montada y se espera para el que para el primero de mayo realisen una pre-inauguración en formato de radio abierta en el barrio ATE de la capital provincial.
SIGUEN LAS DENUNCIAS DE TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS
RedEco .- Uno de los casos ocurrió en Catamarca, donde siete presos fueron torturados por guardiacárceles del penal. Los siete hicieron la denuncia en la Fiscalía General.
En tanto, en la localidad cordobesa de Carlos Paz, el joven Diego Varela fue torturado, con golpes y submarino seco, en la comisaría local. La denuncia de su madre y la movilización de los vecinos, acompañados por la Comisión por los Derechos Humanos de Carlos Paz, dio cuenta de otros casos recientes de sistemáticas detenciones arbitrarias y torturas.
Fuente: Correpi
En tanto, en la localidad cordobesa de Carlos Paz, el joven Diego Varela fue torturado, con golpes y submarino seco, en la comisaría local. La denuncia de su madre y la movilización de los vecinos, acompañados por la Comisión por los Derechos Humanos de Carlos Paz, dio cuenta de otros casos recientes de sistemáticas detenciones arbitrarias y torturas.
Fuente: Correpi
LA POLICÍA NEUQUINA GOLPEA OTRA VEZ
El Bolsón (ANPP).-La Asociación Zainuco denunció ante la justicia que la policía de la comisaría 19 del barrio Confluencia de Neuquén detuvo y golpeó a dos jóvenes.
Este es el escrito enviado por la Asociación Zainuco a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, Lelia Graciela Martínez de Corvalán:
“Neuquén, 20 de abril de 2011
Sra. Presidente
Tribunal Superior de Justicia
Provincia de Neuquén
Dra. Lelia Graciela Martínez de Corvalán
De nuestra mayor consideración:
Nos presentamos ante Ud. a fin de exponer la grave situación de torturas padecidas por un joven en la Comisaría Nº 19 y, además, poner en su conocimiento las irregularidades cometidas por la Fiscalía en turno. Asimismo, solicitamos la urgente intervención que estime corresponda, por cuanto la cuestión denunciada se encuentra íntimamente relacionada con la vulneración de derechos constitucionales.
El día 4 de abril del corriente año, vecinos del barrio Confluencia se comunicaron telefónicamente con miembros de la Asociación Zainuco relatando que, el fin de semana anterior, la policía de la Comisaría Nº19 detuvo a dos muchachos golpeando severamente a uno de ellos - Sebastián Hermosilla- a quien incluso le aplicaron picana eléctrica.
Manifestaron también que el personal policial se introdujo en los domicilios, sin orden de allanamiento alguna.
A raíz de la denuncia recibida, el día martes 12 de abril concurrimos a la Fiscalía General, donde nos informaron que cuando sucedieron los hechos narrados, se encontraba de turno la Fiscalía Nº 2 a cargo de la Dra. Sandra Ruixo con quien, inmediatamente, solicitamos hablar.
En nombre de la Fiscal nos atendió la señora Laura Cerovich, quien nos dijo no tenía conocimiento de si al joven Hermosilla lo había revisado un médico y que, para requerir mayor información, habláramos con el Juez Gago o la Defensoría 4.
El día miércoles 13 del citado mes, fuimos a la Defensoría, en donde nos comunicaron que la Defensoría que efectivamente intervenía era la Número 3, a cargo del Dr. Fernando Diez.
El Dr. Diez nos informó que el joven Hermosilla era su pupilo y que le había relatado haber sido victima de tortura en la Comisaría Nº 19. Comentó que en su relato el joven hizo referencia a que le habían aplicado picana eléctrica y que lo habían golpeado severamente.
Por tal razón, el Dr. Diez nos dijo que el día 5 de abril solicitó al Juzgado Nº 2 que trasladen al joven Hermosilla a la Fiscalia para que haga la denuncia de torturas en la Fiscalia y, además, allí le realicen un examen médico.
Asimismo, nos relató que se comunicó telefónicamente con el Fiscal Adjunto, el Dr. Carrea, a quien puso al tanto de la situación. El Dr. Carrea se comprometió a que le realizarían el pertinente examen medico al señor Hermosilla.
Por las irregularidades y falta de interés de la Fiscalía frente a la denuncia del delito de torturas descripto, y su negligente accionar, nos entrevistamos con el Dr. Tribug quien prometió ocuparse de la situación, sin que a la fecha contemos con infamación de la intervención realizada.
La Asociación Zainuco tiene por objeto social "defender y promover los derechos humanos amparados en los pactos internacionales y la Constitución Nacional, especialmente aquellos de los cuales sean titulares todas las personas privadas de libertad, que se encuentren cumpliendo detención en cualquier establecimiento carcelario, judicial, policial, de internación psiquiátrica o médica u hogares de menores, por disposición de autoridades estatales, o personas que sufran cualquier privación de libertad por agentes estatales o paraestatales.
Entre sus objetivos primordiales, la Asociación Zainuco se propone bregar por el funcionamiento de un aparato judicial ajustado a los lineamientos de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
Es por lo expuesto vemos con gran preocupación la situación padecida por el señor Hermosilla, agravada por la total despreocupación de la Fiscalía de realizar el examen médico que resulta una prueba esencial para determinar el delito en cuestión, y por ello es que respetuosamente requerimos urgente intervención en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, a efectos de que tome debida razón de lo aquí expuesto y se arbitren las medidas que considere adecuadas, a fin de bregar por la tutela inmediata de los derechos humanos que se encuentran vulnerados, acogidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.-
Saluda a Ud. Atte,
ASOCIACION ZAINUCO"
Fuente: RedEco
Este es el escrito enviado por la Asociación Zainuco a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, Lelia Graciela Martínez de Corvalán:
“Neuquén, 20 de abril de 2011
Sra. Presidente
Tribunal Superior de Justicia
Provincia de Neuquén
Dra. Lelia Graciela Martínez de Corvalán
De nuestra mayor consideración:
Nos presentamos ante Ud. a fin de exponer la grave situación de torturas padecidas por un joven en la Comisaría Nº 19 y, además, poner en su conocimiento las irregularidades cometidas por la Fiscalía en turno. Asimismo, solicitamos la urgente intervención que estime corresponda, por cuanto la cuestión denunciada se encuentra íntimamente relacionada con la vulneración de derechos constitucionales.
El día 4 de abril del corriente año, vecinos del barrio Confluencia se comunicaron telefónicamente con miembros de la Asociación Zainuco relatando que, el fin de semana anterior, la policía de la Comisaría Nº19 detuvo a dos muchachos golpeando severamente a uno de ellos - Sebastián Hermosilla- a quien incluso le aplicaron picana eléctrica.
Manifestaron también que el personal policial se introdujo en los domicilios, sin orden de allanamiento alguna.
A raíz de la denuncia recibida, el día martes 12 de abril concurrimos a la Fiscalía General, donde nos informaron que cuando sucedieron los hechos narrados, se encontraba de turno la Fiscalía Nº 2 a cargo de la Dra. Sandra Ruixo con quien, inmediatamente, solicitamos hablar.
En nombre de la Fiscal nos atendió la señora Laura Cerovich, quien nos dijo no tenía conocimiento de si al joven Hermosilla lo había revisado un médico y que, para requerir mayor información, habláramos con el Juez Gago o la Defensoría 4.
El día miércoles 13 del citado mes, fuimos a la Defensoría, en donde nos comunicaron que la Defensoría que efectivamente intervenía era la Número 3, a cargo del Dr. Fernando Diez.
El Dr. Diez nos informó que el joven Hermosilla era su pupilo y que le había relatado haber sido victima de tortura en la Comisaría Nº 19. Comentó que en su relato el joven hizo referencia a que le habían aplicado picana eléctrica y que lo habían golpeado severamente.
Por tal razón, el Dr. Diez nos dijo que el día 5 de abril solicitó al Juzgado Nº 2 que trasladen al joven Hermosilla a la Fiscalia para que haga la denuncia de torturas en la Fiscalia y, además, allí le realicen un examen médico.
Asimismo, nos relató que se comunicó telefónicamente con el Fiscal Adjunto, el Dr. Carrea, a quien puso al tanto de la situación. El Dr. Carrea se comprometió a que le realizarían el pertinente examen medico al señor Hermosilla.
Por las irregularidades y falta de interés de la Fiscalía frente a la denuncia del delito de torturas descripto, y su negligente accionar, nos entrevistamos con el Dr. Tribug quien prometió ocuparse de la situación, sin que a la fecha contemos con infamación de la intervención realizada.
La Asociación Zainuco tiene por objeto social "defender y promover los derechos humanos amparados en los pactos internacionales y la Constitución Nacional, especialmente aquellos de los cuales sean titulares todas las personas privadas de libertad, que se encuentren cumpliendo detención en cualquier establecimiento carcelario, judicial, policial, de internación psiquiátrica o médica u hogares de menores, por disposición de autoridades estatales, o personas que sufran cualquier privación de libertad por agentes estatales o paraestatales.
Entre sus objetivos primordiales, la Asociación Zainuco se propone bregar por el funcionamiento de un aparato judicial ajustado a los lineamientos de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
Es por lo expuesto vemos con gran preocupación la situación padecida por el señor Hermosilla, agravada por la total despreocupación de la Fiscalía de realizar el examen médico que resulta una prueba esencial para determinar el delito en cuestión, y por ello es que respetuosamente requerimos urgente intervención en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, a efectos de que tome debida razón de lo aquí expuesto y se arbitren las medidas que considere adecuadas, a fin de bregar por la tutela inmediata de los derechos humanos que se encuentran vulnerados, acogidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.-
Saluda a Ud. Atte,
ASOCIACION ZAINUCO"
Fuente: RedEco
DÍA MUNDIAL CONTRA LA BARRICK GOLD
El Bolsón (ANPP).- El 27 de abril se realizó en Argentina y en el mundo distintas acciones contra la empresa minera, en el llamado día mundial contra la Barrick Gold. Muchas organizaciones planearon movilizaciones y escraches, algunas de Centroamérica propisieron hacer "Barrickadas culturales". La convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires fue para el miércoles 27 a las 18.00 en la Plaza San Martín
Fuente: RedEco
COMUNICADO EN SOLIDARIDAD CON EL PERIODISTA JOAQUÍN PÉREZ BECERRA
Frente Dario Santillan .- Desde los Movimientos Sociales del Alba capítulo Argentina hacemos conocer nuestra posición de rechazo de la decisión del gobierno de Venezuela de extraditar al periodista Joaquín Pérez Becerra, violando su status de exiliado político, y cediendo de esta forma a los argumentos del Gobierno de Colombia, que lo acusa de terrorista.
La historia de nuestro país, está marcada por sucesivas persecuciones y exilios políticos de quienes defendieron un proyecto popular. Quienes en nuestra historia consideramos Padres de la Patria, San Martín y Artigas, murieron lejos de su tierra después de décadas de exilio. La militancia popular perseguida por sucesivas dictaduras bajo la acusación de "terroristas" pagó su decisión revolucionaria con desapariciones y muertes, pero también con un exilio numeroso que llegó a distintos países, incluida Venezuela, que nos brindaron abrigo y solidaridad. Durante la última dictadura cuando nuestro compañeros/as, o familiares directos de desaparecidos, daban a conocer la existencia de campos de concentración en la Argentina, eran acusados de organizar una campaña antinacional, financiada por el terrorismo internacional.
En ese sentido no podemos dejar de identificarnos con el destino del compañero periodista Joaquín Pérez Becerra, exilado político que hace más de diez años vive en Europa y es director de un medio de comunicación que ha denunciado violaciones a derechos humanos producidas en Colombia y otros países.
Ninguna razón de Estado puede estar por encima de la solidaridad internacionalista, latinoamericanista. Los luchadores populares no pueden ser entregados a un gobierno fascista, por regímenes democráticos y populares.
Quienes vivimos un genocidio, que hoy gracias a la lucha popular ha empezado a juzgarse, aprendimos con mucho dolor que las políticas de Estado tienen el límite de que se puede ser más o menos solidario con los perseguidos, pero no se puede colaborar con los verdugos. Este es, creemos hoy, el punto principal a rectificar de esta desafortunada decisión por parte del Gobierno Bolivariano.
martes, 26 de abril de 2011
EN BOLIVIA LOS JUECES LOS ELIGE EL PUEBLO
(DiarioJudicial.com).- El 9 de octubre se realizarán las primeras elecciones judiciales en Bolivia. Se elegirán en las urnas los integrantes del TSJ, el de Constitución Plurinacional, el Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El constitucionalista Gregorio Badeni habló de esta iniciativa con DiarioJudicial.com. Gracias a una modificación en la Ley de Régimen Electoral, Bolivia ahora podrá elegir a los jueces que integren los órganos judiciales de ese país: el Tribunal Supremo de Justicia, el de Constitución Plurinacional, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Según confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ayala, esta convocatoria podría realizarse el nueve de octubre de este año.
Previo a la elección de los magistrados, los diputados bolivianos deberán realizar una preselección de candidatos a puestos jerárquicos, y según estipula la nueva normativa, deben ser aprobados por dos tercios de los legisladores. Esta primera fase tiene una duración de 60 días, en tanto la Ley dispone que en 90 días sean organizados los comicios.
El constitucionalista Gregorio Badeni, en declaraciones a DiarioJudicial.com, aseveró que “una medida semejante implica politizar el Poder Judicial, ya que en el futuro los magistrados se van a ver afectados por la opinión de las personas que los van a votar. Por eso sus decisiones serán parciales y medidas según lo que él considere que pida la gente y no en sus conocimientos vertidos objetivamente a la hora de realizar una sentencia”.
Si bien los postulantes no se presentarán en el marco de partidos políticos, Badeni piensa que “los magistrados van a obrar con criterio político para seguir en el cargo. La politización del Poder Judicial es nefasta”.
También planteó qué sucedería en Argentina. “Aquí se presentaría el mismo problema: la politización de los magistrados sería inevitable. Si hoy algunas personas se agravian por las decisiones de jueces federales que fallan de tal forma para mantener su cargo, habría que imaginar que pensaría la gente si ese juez hiciera lo mismo pensando en sus posibles votantes”. Precisó además que “en nuestro país un debate como este jamás llegó a Comisiones legislativas, se ha tratado mayormente en ámbitos académicos y teóricos”.
Actualmente en Bolivia, la mayoría de los organismos judiciales están compuestos por jueces designados por el Poder Ejecutivo. Con esta elección, se elegirán cargos para todas las jurisdicciones del país, entre más de 120 postulantes.
La iniciativa también afirma que un 50% de los preseleccionados deben ser mujeres, y que además debe contar con la presencia de magistrados de origen indígena. También es requisito que los interesados tengan ocho años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, así como también tienen que haber sido docentes universitarios.
Asimismo, la Ley asegura que “los medios audiovisuales de comunicación del Estado Plurinacional deberán disponer espacios para la difusión, por parte del Tribunal Supremo Electoral, de los datos personales y principales méritos de los postulantes. El Tribunal Supremo Electoral incluirá en el presupuesto del proceso la partida correspondiente para cubrir los costos de esta difusión”.
A pesar de que la iniciativa es sumamente inusual, algunos países cuentan con un sistema similar. En Japón, por ejemplo, desde 1947 la gente ratifica o rechaza la elección de ministros de la Corte Suprema, que son seleccionados por el Poder Ejecutivo. Luego, son estos magistrados los que realizan la elección de los miembros de los tribunales inferiores.
En Estados Unidos la situación es más compleja. Si bien más del 80% de los magistrados son elegidos por voto popular, no todos se someten a tal instancia. Además, en ese país también hay algunos estados en los que la votación no se da para acceder al cargo pero si para mantenerse en él.
Previo a la elección de los magistrados, los diputados bolivianos deberán realizar una preselección de candidatos a puestos jerárquicos, y según estipula la nueva normativa, deben ser aprobados por dos tercios de los legisladores. Esta primera fase tiene una duración de 60 días, en tanto la Ley dispone que en 90 días sean organizados los comicios.
El constitucionalista Gregorio Badeni, en declaraciones a DiarioJudicial.com, aseveró que “una medida semejante implica politizar el Poder Judicial, ya que en el futuro los magistrados se van a ver afectados por la opinión de las personas que los van a votar. Por eso sus decisiones serán parciales y medidas según lo que él considere que pida la gente y no en sus conocimientos vertidos objetivamente a la hora de realizar una sentencia”.
Si bien los postulantes no se presentarán en el marco de partidos políticos, Badeni piensa que “los magistrados van a obrar con criterio político para seguir en el cargo. La politización del Poder Judicial es nefasta”.
También planteó qué sucedería en Argentina. “Aquí se presentaría el mismo problema: la politización de los magistrados sería inevitable. Si hoy algunas personas se agravian por las decisiones de jueces federales que fallan de tal forma para mantener su cargo, habría que imaginar que pensaría la gente si ese juez hiciera lo mismo pensando en sus posibles votantes”. Precisó además que “en nuestro país un debate como este jamás llegó a Comisiones legislativas, se ha tratado mayormente en ámbitos académicos y teóricos”.
Actualmente en Bolivia, la mayoría de los organismos judiciales están compuestos por jueces designados por el Poder Ejecutivo. Con esta elección, se elegirán cargos para todas las jurisdicciones del país, entre más de 120 postulantes.
La iniciativa también afirma que un 50% de los preseleccionados deben ser mujeres, y que además debe contar con la presencia de magistrados de origen indígena. También es requisito que los interesados tengan ocho años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, así como también tienen que haber sido docentes universitarios.
Asimismo, la Ley asegura que “los medios audiovisuales de comunicación del Estado Plurinacional deberán disponer espacios para la difusión, por parte del Tribunal Supremo Electoral, de los datos personales y principales méritos de los postulantes. El Tribunal Supremo Electoral incluirá en el presupuesto del proceso la partida correspondiente para cubrir los costos de esta difusión”.
A pesar de que la iniciativa es sumamente inusual, algunos países cuentan con un sistema similar. En Japón, por ejemplo, desde 1947 la gente ratifica o rechaza la elección de ministros de la Corte Suprema, que son seleccionados por el Poder Ejecutivo. Luego, son estos magistrados los que realizan la elección de los miembros de los tribunales inferiores.
En Estados Unidos la situación es más compleja. Si bien más del 80% de los magistrados son elegidos por voto popular, no todos se someten a tal instancia. Además, en ese país también hay algunos estados en los que la votación no se da para acceder al cargo pero si para mantenerse en él.
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