OPINIÓN: NUESTRO EMPOBRECIMIETNO AUMENTA LAS GANANCIAS DE LA BURGUESÍA Y ESTO NO ES CUENTO CHINO

(PRT).- El convenio firmado por el gobernador de Río Negro Miguel Saiz y las empresas Hellongjang Beidahuang State Farms Trade Group y Strong Energy S.A de origen chino, se enmarca en un claro lineamiento de las políticas nacionales, basada en la entrega de nuestro territorio y en este caso tambien de nuestra soberanía alimentaria con el solo fin de beneficiar las ganancias de la burguesía financiera nativa conectada inter-dependientemente con la burguesía financiera mundial.
En el acuerdo, hecho a espaldas del pueblo trabajador rionegrino, el gobierno provincial concede ventajas varias, la más significante es la entrega de más de 320 mil hectáreas para la producción de soja transgénica, la entrega del Puerto de San Antonio Este y como si fuera poco la excepción de todos los impuestos provinciales.
Para los rionegrinos en particular y para todos los argentinos en general, este convenio no posee ninguna ventaja, lo único que trae consigo son graves problemas ambientales con la liquidación de especies de la fauna y flora, poniendo al día el peligro de desertificación de grandes zonas del país, sumado a una política de desalojo de los verdaderos dueños de la tierra y de pequeños productores que a través de oscuras maniobras los llevan a vender sus tierras o son sencillamente expulsados a las periferias de las zonas urbanas donde pasando a engrosar la lista de excluidos.
Los grandes ganadores con este acuerdo son: la gran burguesía campesina, los grandes bancos, las compañías de agroquímicos como Monsanto y los monopolios del comercio exterior: Cargill, Bunge y Dreyfus. Todos ellos forman parte del Partido Militar, junto con los grandes industriales como Gustavo Rocca, Menotti Pescarmona, la Familia Blaquier, los Macri, etc., etc., y los monopolios como Mercedes Benz, Ford, Fiat, etc., etc. Todos son parte de las penurias de nuestro pueblo y ninguno está preso ni juzgado porque ningún gobierno tiene interés en hacerlo.
Frente a esto, el gobierno nacional y provincial tiene la política del silencio y el quietismo, una política muy conveniente y efectiva para los terratenientes y los monopolios que lucran con estos negociados.
Los gobiernos de la burguesía, siguen tirando de la soga de la tolerancia poniendo todas sus herramientas al servicio de SUS intereses de clase. Pero, la soga es cada día más delgada…

CAMPANA MAHUIDA: FALLO DEL MÁXIMO TRIBUNAL NEUQUINO PROTEGIÓ LOS DERECHOS MAPUCHES

El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 11 de abril de 2011 (Página 12).- Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.

FALLO DE LA CIDH EN FAVOR DE UNA COMUNIDAD MAPUCHE DE VILLA LA ANGOSTURA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 12 de abril de 2011 (Página 12).- “Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (...) de manera tal que se preserve el lugar”.
La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).
“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.
Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.
El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.
Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.
En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.
El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.
El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.


Jueces empresariales
La comunidad Wiñoy Tayin Rakizuam (“Volver al pensamiento originario”, en idioma mapuche) vivió siempre en Aluminé, Neuquén. Pero en 2005 se presentó un empresario, alambró tierras de veranada, las reclamó como propias y exigió el retiro de animales. Como la comunidad no abandonó la tierra ancestral, el empresario comenzó un juicio por “usurpación” y “daños y perjuicios”. Por esa causa, la jueza de Zapala Gloria Anahí Martina acaba de ordenar embargos por seis millones de pesos contra la comunidad mapuche (200 mil pesos por cada uno de los treinta referentes de la comunidad). Ya incautaron un auto, grupos electrógenos, carretillas, picos y palas, entre otras herramientas de trabajo.
“Que se trabe embargo preventivo en bienes hasta cubrir la suma de 173.766,33 pesos reclamada como capital y 30.000 pesos para responder a intereses, gastos y costas resultante de la demanda entablada en su contra.” Textual del acta de notificación que llegó la semana pasada a treinta autoridades de la comunidad mapuche, que forma parte del Consejo Zonal Pewenche de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Florentino Nahuel es werken (vocero) mapuche: “La semana pasada hubo un embargo cuando los integrantes de la comunidad estaban en el campo. Pero ya estamos atentos de lo que son capaces algunos jueces y no vamos a permitir que usurpen el territorio y roben nuestras herramientas de trabajo y animales. El pueblo mapuche de Neuquén no permitirá un nuevo atropello”.

SEMINARIO SOBRE INTERCULTURAL Y BILINGÜISMO

El Bolsón (ANPP).- Los días 13 y 14 de mayo, en la sede Lago Puelo del Instituto Superior de Formación Docente 813, se desarrollará un Seminario de Formación en Interculturalidad y Bilingüismo, organizado por la Coordinación en Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de Chubut en conjunto con la Dirección General de Educación Superior.
El seminario es gratuito y consta de cuatro encuentros intensivos durante los días señalados, más tutorias durante el ciclo lectivo 2011, con una carga horaria total de 100 horas reloj.
Hay tres ejes principales: 1) la etnohistoria regional, 2) la comunicación intercultural y 3) la tecnología y la interculturalidad.
Está dirigido a docentes y estudiantes interesados en la educación intercultural.
Para mayor información contactarse con el ISFD 813 al correo electrónico isfd813@isfd813lagopuelo.edu o al teléfono (02944) 499 748, de lunes a viernes de 18 a 22.

ÑORQUIN-CÓ: NUEVA USURPACIÓN DE TERRITORIO MAPUCHE

Ñorquin-Co, 13 de abril de 2011 (Comunidad Mapuche Ancalao).- Desde el Territorio Ancestral de la Comunidad Mapuche Ancalao, ubicada en lo que actualmente se conoce como Ñorquin-Có, provincia de Rio Negro, damos a conocer a kom pu lamgien, kom pu Peñi y a la sociedad en general que la señora Ana Amaranta Ferraria, psicóloga, inscripta en el Colegio de Psicólogos de Bariloche, está usurpando por medio de una compra fraudulenta el territorio milenario y tradicional que nuestra comunidad ocupa pacíficamente desde el año 1886 -derecho que le otorga la Ley Nacional del 2 de octubre de 1884 y cedida por Decreto Nacional de 17 de noviembre de 1900- y que fuera usurpado primeramente por Félix Antonio Sede y luego por su sucesión.
Por ello, como Comunidad, desconocemos a los terratenientes sucesión F. A. Sede y Ana Amaranta Ferraria reivindicando nuestros derechos soberanos sobre el territorio.
Cabe preguntarse cómo una persona formada profesionalmente puede ignorar impunemente el Art: 75 Inc: 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional 26160 de relevamiento territorial que frena los desalojos, y otros convenios nacionales e internacionales que amparan a las comunidades originarias; y usurpar así el territorio, alambrando los campos dejando nuestros animales sin acceso al agua, y realizando un desalojo encubierto al desarmar nuestro puesto por orden del Juez Calcagno en connivencia con la policía de Ñorquin-Có.
Por todo lo expuesto anteriormente exigimos a los Colegios de Psicólogos que tomen una postura frente a estos hechos, y apelamos a los organismos de derechos humanos y públicos como así también a la sociedad en general que se expresen acompañando este repudio y así juntos impedir el avance de estos atropellos
“Que nuestros guerreros defiendan nuestro territorio”
(Al kum telen tañi huichafe kume tañi mapu)

Aldino Jaramillo, José Jaramillo, Jacinto Vergara
Miembros Comunidad Mapuche Ancalao

UNTER: SIN AVANCES EN LA DISCUSIÓN SALARIAL

Fiske Menuco, 13 de abril de 2011 (Unter).- La conducción provincial de la UnTER informa que la entrevista realizada hoy en la mañana con el ministro de Hacienda, Ing. Carlos Oliva ha resultado negativa para el avance en las negociaciones por la
mejora de los salarios docentes, en los términos en que ya estaban acordados en la paritaria docente.
De esta manera se abre un intervalo para algunas reuniones de análisis técnico y la posibilidad de un nuevo encuentro, pero resulta lamentable que habiendo crecido la recaudación provincial en un 38,2 % se retacee de esta manera una posible mejora de los salarios, para que podamos dejar de ocupar un lugar tan relegado en la escala de los salarios básicos del país.
Es evidente que antes que un problema presupuestario, se trata de una decisión política de impedir o retacear esta mejora comprometida, como si estuviéramos en un mercado callejero. Es importante señalar que en tiempos de retroceso y ajuste este gobierno provincial no dudó en rebajar salarios, pagar en bonos, violar derechos previsionales constitucionales, retirar engañosamente a trabajadores para pagarles
> una miseria durante muchos años. Ahora que estamos en tiempos de crecimiento de la economía, el trabajo y la producción y que tiene resuelto el problema de la deuda financiera que ellos mismos supieron conseguir, tiene para distribuir y no quiere hacerlo pagando mejores salarios. Es evidente que la decisión política es priorizar la campaña electoral y los manejos clientelares, antes que dignificar a las y los trabajadoras/es.
Desde que el Sr. Barbeito retornó de competir en la interna radical, suponemos que al cargo de ministro (poco se lo ha visto en elministerio) las negociaciones paritarias se han estancado visiblemente: no parece haber voluntad de mejorar los salarios en los términos de los encuentros anteriores; el avance en las titularizaciones, en cumplimiento del acuerdo paritario nacional y el decreto 134, se tornó en pasos de tortuga y en lo que va de 2011 no se hizo ninguna resolución para ello, cuando toda la documentación fue preparada prolija y trabajosamente por los representantes gremiales en las juntas y los miembros de la conducción sindical a fines de 2010.
Y para completar, luego de la interna aparece el decreto, cuyo expediente se inició en diciembre, que les permite gastar 57 millones sin licitación, para atender refacciones en un tercio de las escuelas que desde hace más de un año reclaman reparaciones. Tarde, mal, politizado y turbio es el procedimiento adoptado. Seguramente no significará una respuesta eficaz y concreta a los graves problemas
edilicios que padecen tantas escuelas en la provincia, muchas con dificultades derivadas de reparaciones y mantenimiento mal realizados por los "contratistas" que accedieron por concurso de precios, en anteriores procedimientos poco claros.
No aceptamos que la normalidad sean estas maniobras lamentables con los recursos del pueblo, para acumular en términos electorales y volver a defraudar a la docencia y a la comunidad educativa en sus derechos más elementales, como el salario, las condiciones dignas de trabajo y la garantía real del derecho social a la Educación en edificios y condiciones adecuadas para nuestras/os estudiantes.-
Con este panorama, el futuro que visualizamos es realmente incierto y nos motiva a pensar en la necesidad de movilizarnos de manera contundente para transformar esta realidad presente que no satisface a nadie, salvo a quienes pretenden seguir gobernando así.

Luis Giannini, Sec. de Prensa. Marcelo Mango,Sec. Gral.

ORGANIZACIONES RURALES PRESENTARAN MAñANA UN PROYECTO PARA QUE NO LOS EXPULSEN DE SUS TIERRAS

Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 18 de abril de 2011 (Página 12).- Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.

TALLER DE FOTOGRAFÍA Y PEDAGOGÍAS DE LA IMAGEN

Esquel, 20 de abril de 2011 (ISFD N° 804).- La fotografía se ha convertido hoy en algo casi inseparable de nuestras vidas. Infinitas imágenes se cruzan a diario con nosotros, anunciando, informando y ofreciendo múltiples y variados mensajes. Así, la fotografía es una oportunidad para poner en juego aspectos sensibles, estéticos, comunicacionales y expresivos.
Invitamos a Estudiantes de Nivel Superior de todas las carreras y Docentes en General a participar de un taller experimental para intercambiar experiencias en relación con la observación del mundo a través de la fotografía, descubriendo, además, herramientas y posibilidades para el uso pedagógico de las imágenes
Objetivos:
- Exploración de la fotografía como medio de expresión y comunicación a partir de un abordaje integral técnico y estético
- Estimulación de la sensibilidad visual y desarrollo de una alfabetización crítica del mundo de la imagen, particularmente de la imagen fotográfica.
- Abordaje del mundo de la fotografía como una oportunidad para otorgar un sentido pedagógico a las imágenes en la actualidad

El taller se realizará durante cuatro encuentros alternando momentos experimentales de campo e instancias de reflexión e intercambio. Se requiere contar con una cámara fotográfica. Al finalizar el taller se realizará una Muestra Fotográfica con las producciones obtenidas.

Cronograma:
Sábado 7 de mayo de 10:00 a 11:30 hs.
Viernes 13 de mayo de 20:00 a 21:30 hs.
Sábado 21 de mayo de 10:00 a 11:30 hs.
Viernes 27 de mayo de 20:00 a 21:30 hs.

Dictado por Raúl Matelo.
Lugar: Centro de Actualización e Innovación Educativa (CAIE) Zona Oeste – Chubut. Calle Saenz Peña 2352, Esquel.
Informes: caieoeste@speedy.com.ar
http://caieoeste.blogspot.com/

CAMBIAN NOMBRE DE ROCA POR EL DE ARBOLITO A ESCUELA DE AZUL

La Plata, 20 de abril (Télam).- La comunidad educativa de la escuela especial General Roca de la localidad bonaerense de Azul cambió el nombre de ese colegio por el de Arbolito, el indígena ranquel que dio muerte al coronel prusiano Federico Rauch, informó la Dirección General de Cultura y Educación.
Por votación de los alumnos, padres y docentes de la Escuela Nº 503, el establecimiento educativo cambió de nombre en honor a quien asesinó en 1829 a Federico Rauch, militar europeo contratado por el gobierno de Bernardino Rivadavia para exterminar a los ranqueles.
Del acto, encabezado por la directora del colegio Luján Forte, participaron el escritor Osvaldo Bayer, los miembros del grupo de música Arbolito y artistas locales.
La iniciativa se enmarca en la decisión del gobierno bonaerense de que sean las propias comunidades educativas las que revisen su denominación por uno que represente la tolerancia y el respeto entre las personas, rescate la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos.
Una resolución de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense determinó que ningún establecimiento educativo podrá llevar el nombre de personas que hayan integrado gobiernos dictatoriales, o que pesen sobre ellos condenas por delitos de lesa humanidad.
A través de esa medida se dio la posibilidad de elegir un nombre a aquellas escuelas que sólo tuvieran una designación numérica, y a revisarlo, ratificarlo o modificarlo a aquellas que ya poseyeran una denominación.
Los nombres propuestos por los colegios deben destacar, entre otras características, la vida y la obra de personas de reconocidas virtudes cívicas que con la calidad y ejemplaridad de su accionar permitieron un mejor desarrollo comunitario, en escala local, provincial, nacional, latinoamericana o de reconocimiento mundial.
Además, desde 2006 hay un proyecto de ordenanza presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul ante el Concejo Deliberante que busca bautizar Arbolito a la actual calle Rauch. (Télam)-

MASIVO REPUDIO AL PEDIDO DE RECUSACIÓN DEL JUEZ LOZADA

El Bolsón (ANPP).- A continuación reproducimos mensajes llegados a nuestra redacción en repudio al pedido de recusación del Juez Lozada en la causa por los asesinatos de Nino y Sergio en Bariloche.

	Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Repudio a la recusación de Lozada Creemos que la República debe acoger los reclamos de su gente. Le pedimos que por favor tenga en cuenta estos pronunciamientos. Muchas gracias, Mario Alende. San Carlos de Bariloche, 20 de abril de 2011. COMUNICADO DE PRENSA La CTA Regional Bariloche-El Bolsón-Pilcaniyeu quiere expresar su onda preocupación frente a la recusación planteada por los abogados del Secretario de Seguridad Víctor Cufré y los Jefes de la policía de Río Negro que con artilugios judiciales quieren apartar de la causa de los asesinatos de Nino y Sergio al Juez Lozada bajo los livianos argumentos de su falta de imparcialidad. Vemos una vez más, como el Poder corrupto gobernante de esta provincia que le dio de comer alimentos basura a nuestras niñas y niños, que despilfarra los recursos en la campaña electoral en lugar de garantizar los derechos sociales de educación, salud y justicia, quiere salir impune. Por todo esto solicitamos a la Cámara que mantenga al Juez Martín Lozada a cargo de la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de los homicidios de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, que se viene desempeñando en silencio desde el día 17 de junio de 2010 y luego de 8 meses de trabajo reunió las pruebas que le permiten citar a prestar declaración indagatoria a los imputados. A su vez, reiteramos nuestra exigencia de Juicio y Castigo a los responsables, materiales e intelectuales, de los asesinatos de Diego, Nino y Sergio. Porque ningún joven sea asesinado, reprimido, torturado o maltratado por las fuerzas de seguridad provincial. CTA Regional Bariloche-El Bolsòn-Pilcaniyeu (UnTER-SOYEN-SITRAJUR-ATE-JUBILADOS-INDEPENDIENTES) Jorge Molina Marta Olivera Sec. General Sec. De DDHH CTA-Bariloche CTA-Bariloche Desde Proyecto Sur queremos expresar nuestro profundo repudio y preocupación por el pedido realizado por la defensa policial para que el Juez Martín Lozada sea recusado de la causa sobre los crímenes de Carrasco y Cárdenas. La aplicación de esta medida atentaría directamente contra la posibilidad de esclarecimiento sobre los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, protegería a los culpables y condenaría nuevamente a las verdaderas víctimas. Consideramos que es fundamental la continuidad de Dr. Martín Lozada quién desde su accionar ha dado sobradas muestras de trabajar al servicio de la justicia y de la verdad y no movido por intereses corporativos que nada tienen que ver con el objetivo de justicia que proclama nuestra Constitución. Recordamos que quienes piden la recusación del Juez Lozada son los defensores de los funcionarios Jufré y Villanova quiénes están siendo investigados por mal desempeño de sus funciones. A los fines de eludir su responsabilidad como jefes de la Institución Policial, ya sea por acción u omisión, proponen esta maniobra dilatoria intentando obstaculizar la continuidad de la investigación y la posibilidad real de obtener verdadera justicia. A la vez se criminaliza la protesta social intentando procesar a los que reclaman justicia, incluyendo a familiares de las víctimas, allí si los mercaderes de la justicia ponen todo su empeño y conocimiento jurídico para acelerar los procesos, al mejor estilo de la Dictadura lustran las botas de sus amos. No permitiremos el atropello de un poder judicial que defiende a los criminales y deja sin protección a las víctimas. Basta de impunidad. Continuamos exigiendo castigo y cárcel común para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diego, Nino y Sergio. Pino Solanas Proyecto Sur Asunto: COMUNICADO DE LA MULTISECTORIAL Solicitmos difundir el siguiente comunicado firmado por la Multisectorial contra la represión de bariloche. Comunicado de la Multisectorial contra la Represiòn Policial Bariloche. Una vez más, el Sr. Cufré, Secretario de Seguridad de la Provincia de Río Negro, y el Sr. Villanova, jefe de la Policía de la Provincia de Río Negro, pretenden apartar al juez que los investiga, maniobrando contra el espíritu de la ley y la justicia, intentando quitar del medio al juez que lleva la causa, por la sola causa de ser un juez que cumple con la ley. La impunidad que pretenden gozar a través de artilugios procesales remite a lo peor de la dictadura cívico-militar en la Argentina, cuando quien mataba, torturaba y hacía desaparecer se encontraba protegido por un manto de protección no menos criminal que los actos que apañaban. Los acusados Cufré y Villanova, a través de su abogado cuyos honorarios se pagan con el erario público, pretenden lograr el apartamiento del Juez Lozada bajo los livianos argumentos de su falta de imparcialidad y especial encono respecto de la fuerza policial. Sin embargo, no logran explicar de dónde sacan esas conclusiones. Sobre todo cuando en realidad ninguna evidencia existe de que ello resulte así. Uno y otro parecen apelar a un mecanismo mafioso que radica en impugnar a quien los investiga, por el sólo hecho de investigarlos. El Juez Lozada, a cargo de la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de los homicidios de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, se viene desempeñando en silencio desde el día 17 de junio de 2010. Y luego de 8 meses de trabajo reunió las pruebas que le permiten citar a prestar declaración indagatoria a los imputados. ¿Esa circunstancia lo torna parcial, neutral, falto de independencia? El Sr. Cufré y el Sr. Villanova, además de los restantes sospechados, descalifican de ese modo a la forma republicana de gobierno que descansa sobre la división de poderes y los controles recíprocos de uno respecto de los restantes. Escupen las reglas de juego democráticas y se ponen por encima de la legalidad propia del Estado de Derecho. Se pretenden hombres por encima de la ley, funcionarios que no deben rendir cuentas. Es por eso que , a diez meses de los asesinatos de Diego, Nino y Sergio, seguimos luchando contra la impunidad, y hoy deecimos que la recusaciòn infundamentada del Juez Lozada sòlo pretende dejar impunes a los verdaderos autores intelectuales y responsables de la represiòn salvaje destada contra nuestros jòvenes. SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA CONTRA LOS VERDADEROS AUTORES INTELECTUALES Y RESPONSABLES DEL ASESINATO DE DIEGO, NINO Y SERGIO. MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL DE BARILOCHE. 20/04/11.