Uno de los nuevos casos corresponde a un predio rural de 14.698 hectáreas, transferidas por $ 1.330.830 (a $ 90 la hectárea) el 30 de Abril de 2008. Los adjudicatarios de estas tierras fueron a Miguel Guajardo y Uberfil Carrillanca. Este último, fallecido hace 3 meses, era empleado de Van Ditmar y Asociados S.R.L (El administrador de Lago Escondido) y ya había sido adjudicatario de otro inmueble rural, lo cual es violatorio del artículo 43 de la Ley de Tierras.
A sólo 3 meses de haber adquirido el predio, Carrillanca y Guajardo requieren certificados de venta, lo que nos permite pensar en que estaban actuando como meros intermediarios.
El 17 de Agosto de 2009, a sólo 16 meses de adquirir las tierras, Guajardo y Carrillanca transfieren la propiedad a Marcos Mindlin, titular de la empresa Pampa Energy (la que quiere hacer la central eléctrica en río Escondido y por lo que se realizara una audiencia el 2 de septiembre en El Manso).
Los legisladores de FORO dicen que esta segunda operación – que debía ser controlada por los funcionarios de la provincia - es violatoria del artículo 64 de la ley de tierras que establece la prohibición de enajenar hasta cinco años después de abonado el precio.
El otro caso presenta características similares. Se trata de un campo de 4.526 hectáreas vendido por $ 163.448 (a $ 36 la hectárea) el 12 de Marzo de 2008 a favor de Forestal y Ganadera San Tadeo S.R.L. El representante de la empresa en esta compra fue Juan Manuel Valenzuela, socio de José Luis Martínez Pérez en su estudio jurídico. En Noviembre del mismo año, la propiedad fue transferida a la señora Ana María Trianes, la cual es cónyuge de Martínez Pérez y socia de Valenzuela en la empresa San Tadeo S.R.L.
"En este caso también se violan los artículos 43 y 64 de la ley de tierras, ya que no se cumple con el mínimo de 5 años de espera para vender el inmueble ni con la prohibición de ser adjudicatario de más de un inmueble rural", dijeron Bardeggia y Bonardo.
Los legisladores dijeron que "los casos aquí citados hacen pensar en un modus operandi que vincula tanto a privados que violan la legislación existente como a funcionarios públicos que incumplen sus deberes de control y gestión. Esto constituye una defraudación al Estado provincial".
"El costo de este accionar lo pagamos todos los rionegrinos con nuestras tierras", dijeron