por ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE EL BOLSÓN
Esta semana, la agenda nacional giró y gira en torno a la relación entre los grupos económicos dominantes con la dictadura y los gobiernos que la sucedieron hasta hoy. ¿Qué nos pasa a los argentinos?
En El Bolsón, la discusión viene girando en torno a los vínculos entre grandes grupos económicos y el partido radical, que desde el fin de la dictadura hasta la actualidad, ostenta el llamativo logro de haber quebrado a la Provincia sin caerse del gobierno. ¿qué nos pasa a los rionegrinos?
Lo que tienen en común ambos procesos –protagonizados por Papel Prensa S.A. allá, e Hidroeléctrica Hidden Lake S.A. acá- es la transferencia de grandes y constantes flujos de recursos desde el sector público en beneficio de ciertos grupos de poder que los sostienen con ocasionales aportes de beneficencia.
Procesos invisibles que al salir a la luz no pueden ocultar la repugnancia que provoca en quien los mira. Con esos recursos podrían mejorarse significativamente la salud, la educación, el acceso al agua, las políticas para los pibes, para los abuelos, sectores que más contención y dedicación necesitan.
La única forma para transferir estos estos flujos de recursos al sector privado es manteniendo un cerco informativo. Un manto de silencio que restringe el paso a todo aquel que ose cuestionar este pacto de impunidad entre el poder político y e poder económico.
Por restringir el paso, entendemos no solamente la omisión de facilitar esa participación. Hablamos, ni más ni menos, de no adoptar un sistema, como el que indica el art. 11 de la ley 3266. Sistema se define como un conjunto ordenado de cosas. O sea, el art 11 obliga al Estado a crear y mantener las condiciones para que la información sea fácilmente accesible y además esa Ley obliga al Estado, en este caso hablamos del CODEMA dirigido por Oscar Echeverría y Cía., a recabar informes técnicos para que todos los que quisiéramos consultarlos mediante ese sistema del art. 11. los tengamos disponibles.
La omisión de estos pasos es lo que se denuncia: el incumplimiento estatal de establecer un sistema de acceso a la información ambiental.
Así nos impiden llegar a un debate público con un conocimiento cabal del tema; nos quitan el derecho de tener una opinión fundada para expresar lo que pensamos.
Así mantienen su pacto de impunidad.
No se puede sostener seriamente que el gobierno provincial no tenia posibilidad de crear e implementar ese sistema de acceso a la información.
. ¿No se podría, por ejemplo, haber utilizado internet o la televisión para llegar a un público masivo?
No se podría haber invertido unos pesos para actualizar la página web del CODEMA que es patética, disfuncional, vergonzosa a nivel de pobreza de contenidos e interactividad. Ni siquiera figura el contacto de correo electrónico del organismo.
Además de facilitar, el CODEMA tiene que respetar, o sea cumplir con lo que se denomina en los derechos humanos “obligación de respeto”, todo lo contrario a lo que está haciendo.
Por ejemplo, la delegación El Bolsón del CODEMA, en el único horario de atención al público, mandaba a su única empleada, Alejandra Ortega, al peaje Norte de la ruta 40, no pudiendo encontrársela en la oficina que, dicho sea de paso, se mantenía cerrada al público. Esto es una falta de respeto.
Eso es ir en contra del espíritu de la ley. Un sistema puede no ser perfecto, pero el colmo es llegar al estado actual de, además de no tener ningún sistema, dificultar el acceso a la información y tornar imposible la participación.
Es repugnante ver que a una empresa se le regala el uso de las aguas de un río público para su propio y exclusivo beneficio, cuando esas aguas públicas deben ser para el disfrute de todas y todos. Ésta es la transferencia de recursos de la que venimos hablando: hoy extraen energía para engrosar sus bolsillos y mañana pueden embotellarla y venderla en un supermercado. Sacan y venden lo que nos pertenece a todos.
Volviendo al hilo de la cuestión el CODEMA, ya dijimos, tiene que facilitar y respetar el acceso a la información, pero además tiene que protegernos de los circuitos de desinformación. Hoy las campañas a favor de la empresa se basan en datos que son claramente falsos, tales como que la población aledaña va a tener energía gratuita o a mejor precio gracias a la empresa Hidden Lake S.A. o que no van a causar daños en el bosque nativo ni en las comunidades indígenas que habitan la zona. ¿Cómo llegará la energía producida al interconectado?
Protegernos es evitar lo que en el periodismo se conoce como “carne podrida”, dichos que la gran mayoría de los periodistas reproduce sin el más mínimo análisis. Por eso necesitamos un ámbito neutral con información certera, con fuentes confiables, con oportunidades reales de distinguir una opinión de una medición técnica, un comentario de un dato de la realidad.
El que controla la información monopoliza la decisión.
El gobierno a través del CODEMA debería facilitar, respetar y proteger el acceso a la información. No lo hace y así se manipula la verdad, se engaña en función de un beneficio económico para los interesados. Hidden Lake S.A. y Pampa y Energía son sociedades con capitales extranjeros en cuyo objeto social se incluye la explotación de hidrocarburos.
Como en Papel Prensa S.A., la falta de regulación del Estado perjudica al sector más débil de la población y concentra los recursos a favor de un grupo concentrado, que bastardea la libertad de expresión. Esa falta de regulación es no generar las condiciones para participar de un debate público y no poder ejercerla. Criticamos esta ausencia del estado auspiciada por los Romera, Saiz, Echeverría, Intendente, Gobernador y Presidente del CODEMA respectivamente.
¿Por qué no preguntarle a la población qué opina, como en el caso del traslado del aeropuerto propuesto por Hidden Lake a través del gobierno de Saiz y rechazado por el 80% tras un debate público?
¿Por qué no amplificar el debate y facilitar el acceso a la información, si están tan seguros de las bondades del proyecto para toda la población?
La ley nos dice que los empresarios pueden traer sus biólogos, sus ingenieros, sus abogados, sus especialistas en suelos, sus geólogos, sus limnólogos, sus ingenieros forestales, sus geógrafos a debatir públicamente con sus pares ciudadanos. Los gobernantes tienen que asegurar que el debate suceda con reglas equitativas, o sea, que si una de las partes está en desventaja tienen que intervenir compensando la falta de recursos de los menos poderosos para participar en pie de igualdad.
Exhortamos a que demos este debate por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán.
ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE EL BOLSÓN
COMUNIDADES MAPUCHE HUENCHUPAN Y LAS HUAYTECAS.
Editoriales ANP
