COMUNICADO: CONSTITUYENTE SOCIAL DE GUALEGUAYCHÚ POR EL DERECHO A LA TIERRA Y LA VIVIENDA

Gualeguaychú (CSGchú).- Después de debatir en un ámbito del que han participado representantes del Poder Ejecutivo Municipal, Concejales, Legisladores Provinciales, IAPV y representantes de organizaciones sindicales y territoriales como CTA, AGMER, ATE, MTR, CCC, Militantes por la Unidad Popular, contenidos en la Constituyente Social, tenemos un diagnóstico compartido del problema de la tierra y de la vivienda, a saber:

· La concentración de la tierra urbana (240 contribuyentes propietarios de 600 hectáreas) obedece fundamentalmente a la especulación inmobiliaria.
· Los propietarios de grandes terrenos ociosos venden sus propiedades recién cuando logran captar el mayor valor que resulta de la extensión de servicios, equipamientos urbanos y construcción de barrios cercanos. Es usual que un campo cuyo dueño tiene información estratégica sobre el desarrollo de la ciudad se transforme en un loteo cuando se valorizó por el esfuerzo público y el de otros vecinos, sin que medie ningún mérito ni inversión por parte de su propietario.
· La satisfacción del derecho social a una vivienda digna no es garantizada actualmente por el estado dado el límite de la política habitacional planteada (258.000 viviendas construidas desde el 2003), la ausencia de créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores y el excesivo costo de la tierra.
· El Plan Federal de Viviendas (el más importante de los implementados) no contempla la financiación de la tierra.
· Numerosos asentamientos de vecinos crecen en lugares inadecuados y con problemas dominiales, sanitarios y de salud pública, revelando el límite de las políticas vigentes.
· Existe en nuestra ciudad una demanda registrada y permanente de alrededor de 3.000 viviendas.

Conforme a dicho diagnostico, desde la Constituyente Social proponemos:

· Impulsar mecanismos y normas para impedir la enorme transferencia de recursos hacia los propietarios de grandes terrenos ociosos, mediante la regulación estatal del mercado de tierras, cuya ausencia favorece a quien más tiene y propicia una “distribución de riquezas al revés”.
· Declarar de utilidad pública grandes terrenos urbanos ociosos destinándolos a la construcción de viviendas, conforme al déficit habitacional registrado, a la opinión de Planeamiento Urbano y a la factibilidad de servicios de los mismos. Dado que es idea de la actual gestión municipal impulsar la planificación de la ciudad a 30 años, juzgamos conveniente y prioritario empezar por planificar el espacio territorial donde ubicar las 3.000 viviendas que hoy faltan construirse en nuestra ciudad.
· Concebir la declaración de utilidad pública no como una política focalizada sino como un concepto lo suficientemente amplio para que produzca el efecto deseado que es aumentar la oferta de tierra disponible para construir viviendas.
· Promover prioritariamente un Banco Municipal de Tierras mediante compra u expropiación de la misma.
· Reivindicar la función social de la tierra y la expropiación como mecanismo legal previsto en la Constitución Provincial como una de las formas para garantizarla, desmitificando que se trate de un despojo o irracionalidad que solo impulsan “grupos radicalizados”. De hecho en Federación a instancias del poder político se acaban de expropiar 48 hectáreas urbanas destinadas a vivienda social.
· Aplicar en áreas urbanas criterios tributarios análogos a los previstos por la Constitución Provincial para la tierra rural, cuando sostiene que “la legislación desalentará la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuos o discontinuas, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas”.
· Acelerar una solución local con la convicción que aquella ciudad o región que primero resuelva el acceso a la tierra seguramente tendrá ventajas sobre otras a la hora de reclamar soluciones habitacionales.
· Crear un ente para abordar los problemas relacionados con el hábitat, la tierra y la vivienda con representación de los poderes ejecutivos y legislativos municipales, legisladores provinciales, IAPV, concejos de profesionales y representaciones sindicales y territoriales, normando una Ordenanza que facilite la participación de distintos actores políticos y sociales.
· Cobrar sobre tasas a grandes terrenos ociosos afectándolos a la compra de tierras para viviendas sociales.
· Adquirir la tierra mediante el mecanismo más adecuado construyendo después la infraestructura de servicios para que sea el estado y los beneficiarios de planes habitacionales los principales tributarios de las mejoras urbanas.

Tenemos la convicción que el uso de la tierra es crucial en el concepto de ciudad que pretendemos. Construimos una ciudad con lugar para todos o reproducimos modelos contrastantes y represivos como Bariloche, con desarrollos parciales y entornos pauperizados.

CONSTITUYENTE SOCIAL DE GUALEGUAYCHÚ
JULIO 2010, GUALEGUAYCHÚ

JUICIO ÉTICO A UN INTEGRANTE DEL BATALLÓN 601, CÓMPLICE DE LA DICTADURA MILITAR

Neuquén (8300).- El Colegio Profesional de Servicio Social de Neuquén realizará este sábado 24 un “juicio ético” contra Ricardo Grisotto, por su participación como informante durante la última dictadura militar.

Grisotto es un asistente social que trabajó muchos años en el Hospital Regional Neuquén, y apareció en el listado de “buchones” del Batallón 601 publicado por la Revista XXIII, que actuaron en la región.

Allí Grisotto fue señalado como “agente de reunión”. Es decir, personal civil de intelgiencia que prestó servicios en el destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, entre los años 1976 y 1983. Es decir que su función -según denunciaron los organismos de Derechos Humanos de la región- fue la de “infiltrarse en organizaciones, grupos, sindicatos, universidades, para luego dar información a las fuerzas armadas”.

Cuando la lista se hizo pública -en marzo- hubo una asamblea en el Hospital que declaró “persona no grata” a Grisotto, que entonces era presidente de la Cooperadora del Nosocomio. Actualmente, es jubilado del Hospital Regional Neuquén.

El juicio ético se realizará este sábado 24 en la sala del centro cultural La Conrado de Neuquén, a partir de las 10 de la mañana, convocado por el Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén. Estará presente Nilda Emma Eloy del Centro de Estudios Legales y Sociales.

COMUNICADO PÚBLICO PRESO POLÍTICO MAPUCHE DE VALDIVIA

Valdivia (PaisMapuche.org).- Yo, Ignacio Andrés Gutiérrez Coña, Preso Político Mapuche, aislado por el estado chileno en la cárcel de alta seguridad de Valdivia, comunico a nuestro Pueblo-Nación mapuche, al pueblo chileno y a todos los pueblos oprimidos, lo siguiente:

Que a contar de hoy lunes 19 de julio del 2010, doy inicio y me uno en la ciudad de Valdivia a la huelga de hambre de carácter indefinido que están llevando a cabo mis Peñi en las cárceles de Temuco y concepción.

Con esta medida de carácter pacifico y de justa demanda comienzo una resistencia ante este estado opresor por las injusticias y abusos que el estado chileno ha cometido en contra del Pueblo-Nación Mapuche. Las cuales se manifiestan a través de la persecución y encarcelamiento injusto relacionados con el conflicto territorial mapuche, en la que se ha violado los derechos humanos a través de; la preparación de montajes policiales a los actuales imputados, excesivo tiempo de investigación y prisión preventiva en mi caso 1 año y 4 meses, utilización arreglada de testigos sin rostros, entre otras.

Todas estas aberraciones jurídicas y legales permiten, promueven y acentúan la Ley Antiterrorista o ley 18.314, heredada de la dictadura militar aplicándola actualmente solo en causas Mapuche. Es por esto que exijo lo siguiente:

Kiñe) No aplicación de la Ley Antiterrorista (18.314), a las causas del Conflicto Mapuche.

Epu) Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche recluido en la diferentes carceles del estado Chileno.

Kila) Fin al doble procesamiento civil y militar.

Meli) Desmilitarización de las comunidades en conflicto territorial mapuche

Kechu) Inhabilidad de la Jueza del tribunal de Lautaro Haydee Roa, por sus conocidos compromisos con el poder político y latifundista de la zona que la llevan a cometer arbitrariedades en su actuar frente a las causas del conflicto Mapuche.

Kayu) Traslado inmediato de Ignacio Andrés Gutiérrez Coña desde Valdivia a la cárcel de Temuco acusando presión sicológica de parte del estado chileno al alejarme de mi Familia y de mis peñi recluidos en Temuco.

Con esta medida encaro al Gobierno chileno a abordar la situación de los presos políticos Mapuche, tal cual lo ha hecho con los presos de la derechista disidencia Cubana.

Del mismo modo hago un llamado a todas las comunidades y organizaciones Mapuche y No Mapuche, donde apelo el apoyo de estudiantes, trabajadores y toda persona concientes de que esta causa es justa, a movilizarse y demostrar a través de hechos el descontento ante el actual proceder del poder judicial y gobierno en curso.

Por ultimo entrego un afectuoso y fraterno saludo a todos los presos políticos Mapuche que se encuentran en Huelga de hambre en las cárceles de Concepción y Temuco.

!!Weuwain pu peñi!!!

Desde la cárcel de alta seguridad de Valdivia
Ignacio Andrés Gutiérrez Coña.
Preso Político Mapuche.
Vocera: Mónica Navarrete Raillanca.

NEUQUÉN: COMUNICADO DE PRENZA DE LOS OBREROS DE ZANÓN

(Prensa Zanón).-Las obreras y obreros de Zanon desde hace 10 años venimos luchando en defensa de nuestra fuente de trabajo. Durante este tiempo hemos presentado en innumerables oportunidades una salida a nuestro conflicto a trabes de nuestro proyecto de ley de “Expropiación sin pago y estatización de la fábrica bajo gestión obrera”. Proyecto que una y otra vez el gobierno provincial se negó a tratarlo.-

En el año 2009, el poder ejecutivo de la provincia presentó a la Legislatura Provincial un proyecto de ley de expropiación por advenimiento, o sea, reconociendo parte de la deuda ($23.000) a los acreedores que tienen privilegio en el concurso de acreedores. Reconociendo la deuda de empresarios como la SACMI, bancos como “CORPORACIÓN FINANCIERA” y el IADEP resignando parte de la deuda que tiene la familia Zanon con la comunidad de Neuquén. Todos ellos, cómplices del vaciamiento y cierre de la fábrica en el año 2001, perpetrado por la familia Zanon.

A pesar de que el proyecto de ley elevado por el poder ejecutivo de la provincia fue votado por amplia mayoría en la Legislatura provincial, ya hace casi un año, y el ejecutivo debería haber terminado el trámite expropiatorio ante la jueza del concurso de acreedores, esto no ha sucedido.

Esta situación es una clara decisión política, y está llevando a la gestión obrera de Zanon a un ahogo económico, que pone en peligro los puestos de trabajo. Es necesario que el gobierno provincial finalice la expropiación de la fábrica para poder avanzar con la renovación tecnológica y de esa manera poder bajar también los altos costos de energía (gas-electricidad) que ya ascienden a 1 millón de pesos mensuales.

Altos costos, que a pesar de pagar mensualmente sumas millonarias, que incluyen fideicomisos para nuevas obras en materia de gas, que pagamos un gas mucho más caros para tener un servicio ininterrumpible, hoy nos obligan a no consumir y no solo se atenta contra los puestos de trabajo sino también contra las maquinarias.

En estos últimos 10 años, ante la decisión de los empresarios de cerrar las fábricas (Zanon, Del Valle, ahora Stefani), a pesar de haber recibido innumerables beneficios (créditos que nunca pagaron, subsidios, etc.) por parte de los gobiernos, fuimos los trabajadores los que luchamos y dimos una respuesta reabriéndolas y poniéndolas nuevamente a producir al servicio de la comunidad y de un plan de obras públicas, manteniendo casi 600 puestos de trabajo. Para que se construyan las miles de viviendas que hacen falta en esta provincia y en el país. Para que las familias no se mueran dentro de sus casillas cuando se incendian, o de frío (ya son once los muertos) cuando atravesamos temporales de frío como el actual.

Mientra nuestras gestiones obreras (que fueron y son una alternativa antes de quedar tirados en la calle sin trabajo) hemos remado contra la corriente haciendo enormes sacrificios sin ayuda de nadie durante años, vemos como desde Sobisch a Sapag desde Duhalde a los Kirchner, solo privilegian a sus empresarios amigos, Cristóbal López y los casinos, los peajes- 40 millones de pesos estos días- subsidios a la General Motors, al a Peugeot, a los bodegueros del Chañar, Indalo, etc., nuestras gestiones obreras tenemos que movilizarnos permanentemente para exigir garantías para nuestro funcionamiento.

Ante la falta de respuestas concretas, que el día martes 19 de julio a las 11 horas, nos movilizaremos a casa de gobierno, intensificando nuestro plan de lucha.

Convocamos al conjunto de las organizaciones a MOVILIZARNOS en defensa de las gestiones obreras de Zanon, Stefani, Del Valle.

• Por la expropiación definitiva de Zanon
• Por créditos para renovación tecnológica
• Por tarifas diferenciadas de gas y electricidad
• Por la reapertura de la obra pública
• Por la expropiación de Cerámica Stefani.

Sindicato Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén

Omar Villablanca (Sec. Gral. Soecn) 0299-721962

Andrés Blanco (Sec. Adj. Soecn) 0299-155226569

Cristian Mellado (Prensa Zanon) 0299-154721986

GRAVE: EL CÁNCER SE ADUEÑA DE GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú (Fabián Magnotta, fabian@maximaonline.com.ar).- Cifras muy preocupantes sobre el incesante crecimiento de una enfermedad que tiene que ver con el medio ambiente, la alimentación y el agua. Y todavía nadie se conmueve.
Un médico especialista dice que se confirma casi un caso por día en Gualeguaychú, y nadie escucha, nadie lee, nadie responde.
Nadie –hablamos de los gobernantes- se hace cargo como para decir que, al menos, es necesario un análisis exhaustivo de las causas del grave fenómeno.
¿Tiene que ver el Parque Industrial Gualeguaychú? ¿Alguien sabe hasta dónde asciende esa contaminación? ¿Es cierto que una empresa atraviesa la ruta nacional 14 con un caño que arroja desechos industriales en un campo?
¿Será el agua que se consume en Gualeguaychú? ¿Estará correctamente tratada?
¿Alguien sabe qué pasa con el río Uruguay, con los agroquímicos, con los análisis de plomo?
Casualmente, entre los años 2002 y 2008, la superficie sembrada de soja se incrementó del 20 al 70 por ciento del total de hectáreas en la provincia. ¿Tendrá ello relación con el incremento de enfermedades graves?
¿Se agravó desde el funcionamiento de Botnia, hace casi dos años?
Como todos estaban ocupados en estos días, nadie escuchó, ni leyó.
Por ello, vamos a reiterar la información.
El médico oncólogo Héctor Arocena, a cargo del registro de tumores en la región, confirmó que en Gualeguaychú se produce prácticamente un caso de cáncer por día.
Asimismo, indicó que no se está trabajando en la investigación de las causas del grave incremento del cáncer en la zona, aunque manifestó que podría haber incidencia de industrias y de agroquímicos. Los casos que más crecieron fueron los de estómago, vejiga, riñón y tejido linfoide.
La sola aplicación del sentido común, indica que hay algo que se ingiere, que está provocando la enfermedad.
Arocena es el encargado del registro de tumores en la región 4, que comprende Gualeguaychú, Islas y Gualeguay. Dijo que en la ciudad de Gualeguaychú, se contabilizaron 176 casos en 2004, el número trepó a 222 en 2005, y siguió creciendo, por lo que prácticamente nos encaminamos a un caso por día.
En tanto, el Grupo de Autoayuda "Lucha por la Vida" mantiene el alerta respecto de la cantidad y diversidad de enfermedades oncológicas que ocurren en Gualeguaychú.
”Es notable la cantidad de cánceres en nuestra ciudad”, ha dicho la titular de la entidad, la valiosa Ester Paas.

La mujer, desde su entidad, trabaja –con poca compañía y a veces en soledad- tanto en obtener ayuda para los enfermos y sus familiares, como en la prevención. El año pasado fue a las escuelas y a las iglesias para tratar de hacer un censo sobre los casos de cáncer. Varios con poder tendrían que llamarla y pedirle perdón.
Lo cierto es que Gualeguaychú está en grave riesgo, no sólo porque los casos siguen creciendo, sino porque nadie hace nada para detener a la enfermedad.
Para ser más claros, Gualeguaychú está muriendo con los ojos abiertos.

PERSECUCIÓN DE MAPUCHES EN NEUQUÉN

Por Darío Aranda

Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como “discriminación institucionalizada” la persecución a los mapuches en la provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.

Buenos Aires (Página 12).- Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde que tiene memoria. En 2003 la provincia transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. Nunca se consultó a la comunidad, e incluso se desconoció su derecho de posesión legislados por ley nacional e internacional. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de población no indígena.
“La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales”, explica el “Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010”. Es sólo uno de la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.
El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. “La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad”, denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros.
A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la “discriminación institucionalizada” por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras “en ningún caso han incorporado” los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.
“Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales”, afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas.
La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. “En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos”, recuerda el informe.
En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013. “La ley no se aplica efectivamente. Los jueces continúan dictando órdenes de desalojo”, afirma la investigación.
Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad “, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento.
“El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él”, explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una “política de boicot permanente”, que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la “propiedad privada ante la amenaza indígena”.
El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente realización. “Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche”, alerta el Observatorio.
Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche de Neuquén y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.
Las conclusiones del informe afirman que la provincia se caracteriza por un “racismo estructural” hacia el pueblo mapuche, que se constituye como “un aparato de agresión hacia la cultura indígena”. Explica que el “modelo autoritario” actual tiene sus raíces en la Campaña del Desierto, opera con dinámicas similares, y tiene como fin último la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, la explotación hidrocarburífera, las empresas forestales, las grandes estancias y las compañías mineras. Todas actividades que avanzan sobre los territorios ancestrales indígenas.

PETROLEROS DESPEDIDOS SE MANIFESTARÁN EN EL MINISTERIOD E TRABAJO

El Bolsón (ANPP).- Trabajadores petroleros despedidos en Neuquén harán una convocatoria mañana martes 20 de julio en el Ministerio de Trabajo de Nación para solicitar la intervenciòn inmediata para la reincorporaciòn de los cesanteados.
Los despedidos ya lograron una exitosa convocatoria realizada el martes pasado en las puertas de la petrolera Schlumberger, con el acompañamiento de trabajadores docentes, de la ex Zanón, del hospital y de distintas organizaciones.
Desde el inicio de la protesta ya han pasado más de 40 días de permanencia en las puertas de Schlumberger, frente a terminal de la ciudad de Neuquén, reclamando contra los despidos de obreros.
"Las patronales del petróleo cometen todo tipo de atropellos bajo la mirada cómplice de Pereyra, del gobierno provincial y del Ministerio de Trabajo", denunciaron los damnificados.
"Se suceden todos los meses suspensiones y despidos a cuenta gotas -.agregaron-, y a los que siguen trabajando se los sobrecarga con horas extras, se les niega francos y vacaciones, no se respetan las horas de descanso empujándolos al borde de la fatalidad. Toda esta presión bajo la amenaza de quedar en la calle."
Criticaron, además, duramente a la burocracia sindical: "Mientras estamos activos nos sacan jugosos aportes para el gremio, con básicos bajísimos que no nos sirve para la jubilación y las cargas sociales. Cuando nos echan el gremio nos desorganiza, no hace asambleas ni paros en las bases y yacimientos para defender los puestos de trabajo".
Los trabajadores explicaron que los empresarios excusan su actitud con "la crisis mundial", pero eso se contradice con las grandes inversiones que han hecho recientemente.

Contacto: Ignacio Deville te 154553342, Claudio Diaz 154096974.

CTA PIDIÓ INVESTIGAR EXPLOSIÓN EN CIPOLLETTI

Río Negro, 15 de julio de 2010 (ACTA).- El martes, la ciudad rionegrina de Cipolleti amaneció otra vez bajo un manto de dolor y preocupación. En la madrugada, un trabajador de la Municipalidad, cumpliendo funciones en el área de Servicios Públicos como barrendero, se encontró con un elemento sospechoso que al tocarlo explotó provocándole la muerte en forma inmediata. En un comunicado de prensa, firmado por Luis Giannini y Marta Vidal, secretario general y de Derechos Humanos respectivamente, de la CTA rionegrina expresa textualmente: "Durante años en Cipolletti, quienes habitamos la ciudad hemos tenido que vivir una seguidilla de crímenes, que hasta hoy no han sido resueltos y que han ocupado un espacio importante en la larga lista de más de 90 crímenes impunes en la provincia de Rio Negro. Esa impunidad que es policial, judicial y finalmente política es una marca que señala un destino que es imprescindible cambiar”. Y agrega: “Desde la CTA Río Negro, nos solidarizamos con los compañeros/as trabajadores/as municipales y con la familia del compañero José Domingo Maciel, y exigimos al poder político, policial y judicial, el pronto esclarecimiento de lo sucedido, para que situaciones como estas, nunca más vuelvan a repetirse".

NEUQUÉN: CARA A CARA CON EL REPRESOR EXTRADITADO

Por Carlos Saglul

Neuquén, 15 de juklio de 2010 (ACTA).- Mañana retorna al país el represor Jorge Alberto Soza, quien fue detectado por Interpol en el pueblo valenciano de Carcaixent, donde tenía un inofensivo puesto de flores. Quien fue subcomisario de la policía neuquina durante el terrorismo de Estado será juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1977.
El verdugo volverá a encontrarse cara a cara con muchas de sus víctimas, algunas de las cuales encapuchadas durante la tortura, lo verán de frente por primera vez. La nómina de los testigos incluye al dirigente de la CTA Orlando “Nano” Balbo.
Nano, maestro rural y alfabetizador nos cuenta que fue detenido el 24 de marzo del 76 en horas de la mañana, en una casa del centro de Neuquen. “Un grupo de civil con armas largas destruyó la puerta de ingreso de mi domicilio. Lo conducía Raúl Guglielminetti, quien luego de golpearme mientras otros revisan la casa me arrastra hasta un automóvil en cuyo piso me tiran, boca abajo. Me trasladan a la delegación de la Policía Federal de Neuquen donde comienzan las torturas. Por la noche soy trasladado a la cárcel de Neuquen, la U 9. Después de algunos días nuevamente me llevan a dependencias de la Policía Federal donde vuelven a torturarme durante todo el día hasta que a medianoche me regresan a la cárcel”.
Nano que quedó sordo por las torturas y escucha a través de un aparato que dirige hacía su interlocutor relata que después de seis meses de permanecer en la U9 a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, “soy trasladado a la cárcel de Rawson. Cuando acumulaba casi dos años de detención sin causa ni proceso, solo a disposición de PEN y según les decían a mis familiares porque estaban investigando una supuesta vinculación con la subversión, se me autoriza a salir del país y exiliarme en Italia, en donde permanezco hasta el retorno de la democracia”.
Nano recuerda el papel central que tuvo Raúl Guglielminetti durante su secuestro. Añade que “en dependencias de la Federal reconozco al comisario jefe de la federal en Neuquén, el perro González, hoy fallecido. Soza al ser el segundo jefe en el momento de mi detención, no puede haber ignorado lo que allí ocurría conmigo”.
Sobre las características que tuvo la represión en la provincia afirma que fueron las mismas que en el resto del país. “Actuaban con total impunidad y con cierta ostentación a la vista del conjunto de la sociedad a los efectos de aterrorizar a la población. A través de la acción sicológica lograron que cualquier joven, que fuera representante de algo se sintiera bajo sospecha”.
La gente era detenida, trasladada a los centros de interrogación; primero la Federal y luego en el centro clandestino de detención “La escuelita” en donde permanencia secuestrada. Después, “algunos fueron liberados, otros trasladados a la U 9, o a otro centro de torturas en Bahía Blanca. Gran parte de los compañeros permanecen como desaparecidos”.
El año pasado se juzgó y condenó a los jefes militares mediante un juicio oral y publico, este fue la primera etapa del proceso de esclarecimiento de lo ocurrido con la represión ilegal de la dictadura. “La segunda etapa se encuentra demorada por la lentitud en la designación del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en Neuquén. Un tanto difícil de explicar cuando ya están los resultados del concurso que se realizara a tal efecto”, explica Nano

- A pesar de la llegada de la democracia el campo popular no ha dejado de tener víctimas como el maestro Carlos Fuentealba. ¿Significa esto que el poder o parte de él continúa en las mismas manos?
Creo que sobrevive en algunos sectores de nuestra población la cultura represiva que instaló la dictadura. Por otra parte, los juicios que hasta ahora se han realizado en el país, solo han investigado la parte más visible de la represión: los jefes militares. Pero si partimos de la base de que el golpe del 76 y los años que duros la dictadura contaron con la participación activa y/o la complicidad de determinados sectores de la sociedad civil. Mientras la justicia no pueda explicitar mediante fallos esta participación correremos el riesgo de que el “Nunca más” sea una expresión de deseos.

- Los grupos del poder concentrado que apoyaron la dictadura son hoy los principales beneficiados de la tardanza en juzgar a los responsables de la represión en esa noche negra de nuestro país. ¿Qué significa para usted el juzgamiento de Soza?
Es un paso adelante muy importante para que podamos explicarle a los jóvenes que no vivieron la última dictadura, porque se habla de “terrorismo de estado”, Organizaciones estatales creadas para otros fines, como la Policía Federal en este caso, sembrando el terror en la población a los efectos de poder instalar un modelo económico que de otra manera hubiera tenido un gran rechazo por parte de trabajadores y del conjunto de nuestro pueblo, haciéndolo inviable.

CAMPAÑA SOLIDARIA EN BARILOCHE

Bariloche (FM Estrella del Frutillar).- Hoy en la 98.5 daremos comienzo a una campaña para recolectar alimento, ropa, calzados, pañales, frazadas, abrigos y leña, lo recaudado será para ser repartido a familias que atraviesan una etapa de crisis.
Confiamos en la solidaridad de Bariloche, hay muchos vecinos sin trabajo, madres solas, abuelos y simplemente gente que no le alcanza;, debemos abrir los ojos del corazón y dar una mano, pensando sobre todo en los niños que están pasando frío y en muchos casos hambre.
Dejemos de lado hoy las diferencias y tendamos una mano a quien hoy la necesita, son muchos, pero tal vez sean más los que tienen posibilidad de ayudar. No se trata solo de dar lo que sobra, sino " de compartir lo que tenemos".
Esperamos su colaboración en barrio Frutillar, Chocori 3673 (primera entrada a una cuadra y media de la ruta 40 sur), FM Estrella del Frutillar, tel 2944-440716 o Javier cel 2944296380, Pato 2944328438, Cristian 2944630862.
Desde ya muchas gracias.