NEUQUÉN: COMUNICADO DE PRENZA DE LOS OBREROS DE ZANÓN

(Prensa Zanón).-Las obreras y obreros de Zanon desde hace 10 años venimos luchando en defensa de nuestra fuente de trabajo. Durante este tiempo hemos presentado en innumerables oportunidades una salida a nuestro conflicto a trabes de nuestro proyecto de ley de “Expropiación sin pago y estatización de la fábrica bajo gestión obrera”. Proyecto que una y otra vez el gobierno provincial se negó a tratarlo.-

En el año 2009, el poder ejecutivo de la provincia presentó a la Legislatura Provincial un proyecto de ley de expropiación por advenimiento, o sea, reconociendo parte de la deuda ($23.000) a los acreedores que tienen privilegio en el concurso de acreedores. Reconociendo la deuda de empresarios como la SACMI, bancos como “CORPORACIÓN FINANCIERA” y el IADEP resignando parte de la deuda que tiene la familia Zanon con la comunidad de Neuquén. Todos ellos, cómplices del vaciamiento y cierre de la fábrica en el año 2001, perpetrado por la familia Zanon.

A pesar de que el proyecto de ley elevado por el poder ejecutivo de la provincia fue votado por amplia mayoría en la Legislatura provincial, ya hace casi un año, y el ejecutivo debería haber terminado el trámite expropiatorio ante la jueza del concurso de acreedores, esto no ha sucedido.

Esta situación es una clara decisión política, y está llevando a la gestión obrera de Zanon a un ahogo económico, que pone en peligro los puestos de trabajo. Es necesario que el gobierno provincial finalice la expropiación de la fábrica para poder avanzar con la renovación tecnológica y de esa manera poder bajar también los altos costos de energía (gas-electricidad) que ya ascienden a 1 millón de pesos mensuales.

Altos costos, que a pesar de pagar mensualmente sumas millonarias, que incluyen fideicomisos para nuevas obras en materia de gas, que pagamos un gas mucho más caros para tener un servicio ininterrumpible, hoy nos obligan a no consumir y no solo se atenta contra los puestos de trabajo sino también contra las maquinarias.

En estos últimos 10 años, ante la decisión de los empresarios de cerrar las fábricas (Zanon, Del Valle, ahora Stefani), a pesar de haber recibido innumerables beneficios (créditos que nunca pagaron, subsidios, etc.) por parte de los gobiernos, fuimos los trabajadores los que luchamos y dimos una respuesta reabriéndolas y poniéndolas nuevamente a producir al servicio de la comunidad y de un plan de obras públicas, manteniendo casi 600 puestos de trabajo. Para que se construyan las miles de viviendas que hacen falta en esta provincia y en el país. Para que las familias no se mueran dentro de sus casillas cuando se incendian, o de frío (ya son once los muertos) cuando atravesamos temporales de frío como el actual.

Mientra nuestras gestiones obreras (que fueron y son una alternativa antes de quedar tirados en la calle sin trabajo) hemos remado contra la corriente haciendo enormes sacrificios sin ayuda de nadie durante años, vemos como desde Sobisch a Sapag desde Duhalde a los Kirchner, solo privilegian a sus empresarios amigos, Cristóbal López y los casinos, los peajes- 40 millones de pesos estos días- subsidios a la General Motors, al a Peugeot, a los bodegueros del Chañar, Indalo, etc., nuestras gestiones obreras tenemos que movilizarnos permanentemente para exigir garantías para nuestro funcionamiento.

Ante la falta de respuestas concretas, que el día martes 19 de julio a las 11 horas, nos movilizaremos a casa de gobierno, intensificando nuestro plan de lucha.

Convocamos al conjunto de las organizaciones a MOVILIZARNOS en defensa de las gestiones obreras de Zanon, Stefani, Del Valle.

• Por la expropiación definitiva de Zanon
• Por créditos para renovación tecnológica
• Por tarifas diferenciadas de gas y electricidad
• Por la reapertura de la obra pública
• Por la expropiación de Cerámica Stefani.

Sindicato Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén

Omar Villablanca (Sec. Gral. Soecn) 0299-721962

Andrés Blanco (Sec. Adj. Soecn) 0299-155226569

Cristian Mellado (Prensa Zanon) 0299-154721986

GRAVE: EL CÁNCER SE ADUEÑA DE GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú (Fabián Magnotta, fabian@maximaonline.com.ar).- Cifras muy preocupantes sobre el incesante crecimiento de una enfermedad que tiene que ver con el medio ambiente, la alimentación y el agua. Y todavía nadie se conmueve.
Un médico especialista dice que se confirma casi un caso por día en Gualeguaychú, y nadie escucha, nadie lee, nadie responde.
Nadie –hablamos de los gobernantes- se hace cargo como para decir que, al menos, es necesario un análisis exhaustivo de las causas del grave fenómeno.
¿Tiene que ver el Parque Industrial Gualeguaychú? ¿Alguien sabe hasta dónde asciende esa contaminación? ¿Es cierto que una empresa atraviesa la ruta nacional 14 con un caño que arroja desechos industriales en un campo?
¿Será el agua que se consume en Gualeguaychú? ¿Estará correctamente tratada?
¿Alguien sabe qué pasa con el río Uruguay, con los agroquímicos, con los análisis de plomo?
Casualmente, entre los años 2002 y 2008, la superficie sembrada de soja se incrementó del 20 al 70 por ciento del total de hectáreas en la provincia. ¿Tendrá ello relación con el incremento de enfermedades graves?
¿Se agravó desde el funcionamiento de Botnia, hace casi dos años?
Como todos estaban ocupados en estos días, nadie escuchó, ni leyó.
Por ello, vamos a reiterar la información.
El médico oncólogo Héctor Arocena, a cargo del registro de tumores en la región, confirmó que en Gualeguaychú se produce prácticamente un caso de cáncer por día.
Asimismo, indicó que no se está trabajando en la investigación de las causas del grave incremento del cáncer en la zona, aunque manifestó que podría haber incidencia de industrias y de agroquímicos. Los casos que más crecieron fueron los de estómago, vejiga, riñón y tejido linfoide.
La sola aplicación del sentido común, indica que hay algo que se ingiere, que está provocando la enfermedad.
Arocena es el encargado del registro de tumores en la región 4, que comprende Gualeguaychú, Islas y Gualeguay. Dijo que en la ciudad de Gualeguaychú, se contabilizaron 176 casos en 2004, el número trepó a 222 en 2005, y siguió creciendo, por lo que prácticamente nos encaminamos a un caso por día.
En tanto, el Grupo de Autoayuda "Lucha por la Vida" mantiene el alerta respecto de la cantidad y diversidad de enfermedades oncológicas que ocurren en Gualeguaychú.
”Es notable la cantidad de cánceres en nuestra ciudad”, ha dicho la titular de la entidad, la valiosa Ester Paas.

La mujer, desde su entidad, trabaja –con poca compañía y a veces en soledad- tanto en obtener ayuda para los enfermos y sus familiares, como en la prevención. El año pasado fue a las escuelas y a las iglesias para tratar de hacer un censo sobre los casos de cáncer. Varios con poder tendrían que llamarla y pedirle perdón.
Lo cierto es que Gualeguaychú está en grave riesgo, no sólo porque los casos siguen creciendo, sino porque nadie hace nada para detener a la enfermedad.
Para ser más claros, Gualeguaychú está muriendo con los ojos abiertos.

PERSECUCIÓN DE MAPUCHES EN NEUQUÉN

Por Darío Aranda

Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como “discriminación institucionalizada” la persecución a los mapuches en la provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.

Buenos Aires (Página 12).- Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde que tiene memoria. En 2003 la provincia transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. Nunca se consultó a la comunidad, e incluso se desconoció su derecho de posesión legislados por ley nacional e internacional. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de población no indígena.
“La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales”, explica el “Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010”. Es sólo uno de la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.
El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. “La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad”, denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros.
A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la “discriminación institucionalizada” por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras “en ningún caso han incorporado” los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.
“Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales”, afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas.
La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. “En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos”, recuerda el informe.
En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013. “La ley no se aplica efectivamente. Los jueces continúan dictando órdenes de desalojo”, afirma la investigación.
Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad “, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento.
“El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él”, explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una “política de boicot permanente”, que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la “propiedad privada ante la amenaza indígena”.
El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente realización. “Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche”, alerta el Observatorio.
Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche de Neuquén y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.
Las conclusiones del informe afirman que la provincia se caracteriza por un “racismo estructural” hacia el pueblo mapuche, que se constituye como “un aparato de agresión hacia la cultura indígena”. Explica que el “modelo autoritario” actual tiene sus raíces en la Campaña del Desierto, opera con dinámicas similares, y tiene como fin último la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, la explotación hidrocarburífera, las empresas forestales, las grandes estancias y las compañías mineras. Todas actividades que avanzan sobre los territorios ancestrales indígenas.

PETROLEROS DESPEDIDOS SE MANIFESTARÁN EN EL MINISTERIOD E TRABAJO

El Bolsón (ANPP).- Trabajadores petroleros despedidos en Neuquén harán una convocatoria mañana martes 20 de julio en el Ministerio de Trabajo de Nación para solicitar la intervenciòn inmediata para la reincorporaciòn de los cesanteados.
Los despedidos ya lograron una exitosa convocatoria realizada el martes pasado en las puertas de la petrolera Schlumberger, con el acompañamiento de trabajadores docentes, de la ex Zanón, del hospital y de distintas organizaciones.
Desde el inicio de la protesta ya han pasado más de 40 días de permanencia en las puertas de Schlumberger, frente a terminal de la ciudad de Neuquén, reclamando contra los despidos de obreros.
"Las patronales del petróleo cometen todo tipo de atropellos bajo la mirada cómplice de Pereyra, del gobierno provincial y del Ministerio de Trabajo", denunciaron los damnificados.
"Se suceden todos los meses suspensiones y despidos a cuenta gotas -.agregaron-, y a los que siguen trabajando se los sobrecarga con horas extras, se les niega francos y vacaciones, no se respetan las horas de descanso empujándolos al borde de la fatalidad. Toda esta presión bajo la amenaza de quedar en la calle."
Criticaron, además, duramente a la burocracia sindical: "Mientras estamos activos nos sacan jugosos aportes para el gremio, con básicos bajísimos que no nos sirve para la jubilación y las cargas sociales. Cuando nos echan el gremio nos desorganiza, no hace asambleas ni paros en las bases y yacimientos para defender los puestos de trabajo".
Los trabajadores explicaron que los empresarios excusan su actitud con "la crisis mundial", pero eso se contradice con las grandes inversiones que han hecho recientemente.

Contacto: Ignacio Deville te 154553342, Claudio Diaz 154096974.

CTA PIDIÓ INVESTIGAR EXPLOSIÓN EN CIPOLLETTI

Río Negro, 15 de julio de 2010 (ACTA).- El martes, la ciudad rionegrina de Cipolleti amaneció otra vez bajo un manto de dolor y preocupación. En la madrugada, un trabajador de la Municipalidad, cumpliendo funciones en el área de Servicios Públicos como barrendero, se encontró con un elemento sospechoso que al tocarlo explotó provocándole la muerte en forma inmediata. En un comunicado de prensa, firmado por Luis Giannini y Marta Vidal, secretario general y de Derechos Humanos respectivamente, de la CTA rionegrina expresa textualmente: "Durante años en Cipolletti, quienes habitamos la ciudad hemos tenido que vivir una seguidilla de crímenes, que hasta hoy no han sido resueltos y que han ocupado un espacio importante en la larga lista de más de 90 crímenes impunes en la provincia de Rio Negro. Esa impunidad que es policial, judicial y finalmente política es una marca que señala un destino que es imprescindible cambiar”. Y agrega: “Desde la CTA Río Negro, nos solidarizamos con los compañeros/as trabajadores/as municipales y con la familia del compañero José Domingo Maciel, y exigimos al poder político, policial y judicial, el pronto esclarecimiento de lo sucedido, para que situaciones como estas, nunca más vuelvan a repetirse".

NEUQUÉN: CARA A CARA CON EL REPRESOR EXTRADITADO

Por Carlos Saglul

Neuquén, 15 de juklio de 2010 (ACTA).- Mañana retorna al país el represor Jorge Alberto Soza, quien fue detectado por Interpol en el pueblo valenciano de Carcaixent, donde tenía un inofensivo puesto de flores. Quien fue subcomisario de la policía neuquina durante el terrorismo de Estado será juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1977.
El verdugo volverá a encontrarse cara a cara con muchas de sus víctimas, algunas de las cuales encapuchadas durante la tortura, lo verán de frente por primera vez. La nómina de los testigos incluye al dirigente de la CTA Orlando “Nano” Balbo.
Nano, maestro rural y alfabetizador nos cuenta que fue detenido el 24 de marzo del 76 en horas de la mañana, en una casa del centro de Neuquen. “Un grupo de civil con armas largas destruyó la puerta de ingreso de mi domicilio. Lo conducía Raúl Guglielminetti, quien luego de golpearme mientras otros revisan la casa me arrastra hasta un automóvil en cuyo piso me tiran, boca abajo. Me trasladan a la delegación de la Policía Federal de Neuquen donde comienzan las torturas. Por la noche soy trasladado a la cárcel de Neuquen, la U 9. Después de algunos días nuevamente me llevan a dependencias de la Policía Federal donde vuelven a torturarme durante todo el día hasta que a medianoche me regresan a la cárcel”.
Nano que quedó sordo por las torturas y escucha a través de un aparato que dirige hacía su interlocutor relata que después de seis meses de permanecer en la U9 a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, “soy trasladado a la cárcel de Rawson. Cuando acumulaba casi dos años de detención sin causa ni proceso, solo a disposición de PEN y según les decían a mis familiares porque estaban investigando una supuesta vinculación con la subversión, se me autoriza a salir del país y exiliarme en Italia, en donde permanezco hasta el retorno de la democracia”.
Nano recuerda el papel central que tuvo Raúl Guglielminetti durante su secuestro. Añade que “en dependencias de la Federal reconozco al comisario jefe de la federal en Neuquén, el perro González, hoy fallecido. Soza al ser el segundo jefe en el momento de mi detención, no puede haber ignorado lo que allí ocurría conmigo”.
Sobre las características que tuvo la represión en la provincia afirma que fueron las mismas que en el resto del país. “Actuaban con total impunidad y con cierta ostentación a la vista del conjunto de la sociedad a los efectos de aterrorizar a la población. A través de la acción sicológica lograron que cualquier joven, que fuera representante de algo se sintiera bajo sospecha”.
La gente era detenida, trasladada a los centros de interrogación; primero la Federal y luego en el centro clandestino de detención “La escuelita” en donde permanencia secuestrada. Después, “algunos fueron liberados, otros trasladados a la U 9, o a otro centro de torturas en Bahía Blanca. Gran parte de los compañeros permanecen como desaparecidos”.
El año pasado se juzgó y condenó a los jefes militares mediante un juicio oral y publico, este fue la primera etapa del proceso de esclarecimiento de lo ocurrido con la represión ilegal de la dictadura. “La segunda etapa se encuentra demorada por la lentitud en la designación del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en Neuquén. Un tanto difícil de explicar cuando ya están los resultados del concurso que se realizara a tal efecto”, explica Nano

- A pesar de la llegada de la democracia el campo popular no ha dejado de tener víctimas como el maestro Carlos Fuentealba. ¿Significa esto que el poder o parte de él continúa en las mismas manos?
Creo que sobrevive en algunos sectores de nuestra población la cultura represiva que instaló la dictadura. Por otra parte, los juicios que hasta ahora se han realizado en el país, solo han investigado la parte más visible de la represión: los jefes militares. Pero si partimos de la base de que el golpe del 76 y los años que duros la dictadura contaron con la participación activa y/o la complicidad de determinados sectores de la sociedad civil. Mientras la justicia no pueda explicitar mediante fallos esta participación correremos el riesgo de que el “Nunca más” sea una expresión de deseos.

- Los grupos del poder concentrado que apoyaron la dictadura son hoy los principales beneficiados de la tardanza en juzgar a los responsables de la represión en esa noche negra de nuestro país. ¿Qué significa para usted el juzgamiento de Soza?
Es un paso adelante muy importante para que podamos explicarle a los jóvenes que no vivieron la última dictadura, porque se habla de “terrorismo de estado”, Organizaciones estatales creadas para otros fines, como la Policía Federal en este caso, sembrando el terror en la población a los efectos de poder instalar un modelo económico que de otra manera hubiera tenido un gran rechazo por parte de trabajadores y del conjunto de nuestro pueblo, haciéndolo inviable.

CAMPAÑA SOLIDARIA EN BARILOCHE

Bariloche (FM Estrella del Frutillar).- Hoy en la 98.5 daremos comienzo a una campaña para recolectar alimento, ropa, calzados, pañales, frazadas, abrigos y leña, lo recaudado será para ser repartido a familias que atraviesan una etapa de crisis.
Confiamos en la solidaridad de Bariloche, hay muchos vecinos sin trabajo, madres solas, abuelos y simplemente gente que no le alcanza;, debemos abrir los ojos del corazón y dar una mano, pensando sobre todo en los niños que están pasando frío y en muchos casos hambre.
Dejemos de lado hoy las diferencias y tendamos una mano a quien hoy la necesita, son muchos, pero tal vez sean más los que tienen posibilidad de ayudar. No se trata solo de dar lo que sobra, sino " de compartir lo que tenemos".
Esperamos su colaboración en barrio Frutillar, Chocori 3673 (primera entrada a una cuadra y media de la ruta 40 sur), FM Estrella del Frutillar, tel 2944-440716 o Javier cel 2944296380, Pato 2944328438, Cristian 2944630862.
Desde ya muchas gracias.

BUSCAN DESAPARECIDA EN BUENOS AIRES

Estamos buscando a María de los Ángeles Togni Flea.
Desaparecida el 20 de marzo de 2010 en Villa Soldati.
Si alguien sabe algo o la vio rogamos comunicarse al siguiente número
011-15-5980-4738
vía e-mail: buscamosamara@hotmail.com
Sus hijas de 3, 6 y 8 años la esperan en casa.

MARCHA CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Buenos Aires, 19 de julio de 2010 (Prensa de Frente).- Decenas de organizaciones nucleadas en el espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizarán una movilización a Plaza de Mayo el próximo viernes para exigir que se deje de criminalizar la protesta social y se termine la persecución a los luchadores populares. Además, pedirán la libertad del dirigente social Roberto Martino a quien la Cámara Federal le acaba de confirmar la prisión preventiva. Recordemos que en el país existen más de 5000 causas contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos.
El viernes pasado la Sala I de la Cámara confirmó parcialmente el procesamiento del dirigente Roberto Martino, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz, acusado por varios delitos por una protesta realizada el 17 de mayo de 2009, que consistía en la repartición de volantes cuando la embajada de Israel junto al gobierno de Macri realizaban un acto denominada ““Buenos Aires celebra a Israel”, por el aniversario de la creación del Estado de Israel. En el volante, los militantes del FAR denunciaban los crímenes y el bloqueo a la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí.
Algunos de los delitos por los cuales se imputaba a Martino eran los de prepotencia ideológica y violación de la ley antidiscriminación. Sin embargo los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros debieron sobreseyerlo por estos cargos ya que no tenían ningún fundamento jurídico para acusarlo de estos cargos. A pesar de esto, la justicia mantiene el procesamiento de Martino por otros cargos y el dirigente continúa detenido.
Este es uno de los motivos por los cuales decenas de organizaciones se movilizarán el próximo viernes de Congreso a Plaza de Mayo. Además, alertarán sobre los asesinatos y torturas de jóvenes en las barriadas populares, pedirán que se anulen las condenas a los luchadores populares y la libertad de Karina Germano López, quien se encuentra hace más de tres años presa en el país.
En los últimos meses hubo un aumento de la judicialización de la protesta, con decenas de manifestantes acusados, fuera por obstruir el tránsito, por daños, por atentado a la autoridad. En la lucha que vienen llevando adelante desde la Unión de Asambleas Ciudadanas, del Frente por Cooperativas sin Punteros, de dirigentes sindicales, en todos los ámbitos se evidencian formas de criminalización crecientes, de la cual también forma parte la denuncia realizada por el gobierno a miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Según diversos referentes de organismos de Derechos Humanos, el aumento de causas por las protestas se debe a una estrategia del gobierno nacional que intenta, por esta vía, neutralizar el accionar de organizaciones sociales, sindicales y ambientales, entre otras, que reclaman frente a las políticas públicas que impulsa. A continuación reproducimos el comunicado del Encuentro de Memoria Verdad y Justicia.

COMODORO RIVADAVIA: MARCHA POR LOS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

(El Patagónico).- Un grupo de Facebook, del que ya son parte más de 1000 personas, propone realizar una marcha silenciosa en pedido de justicia por los desaparecidos en Comodoro Rivadavia durante la democracia.
El grupo denominado “¿Y dónde están los desaparecidos de Comodoro Rivadavia?” propone para el miércoles 21 de julio, a las 13, en Plaza 83, realizar una marcha silenciosa en pedido de justicia por la gente de cuyo paradero nada se sabe, en algunos casos, desde hace largos años.
Según la información pública de la página, las coordinadoras y administradoras del grupo son Edy Reiñanco y Alicia Hernández Urrutia, las que ya cuentan con más de 1000 adeptos que opinan y que se interiorizan en casos de desaparecidos.
“¿Dónde están los desaparecidos en democracia? Acompañe en la marcha que se realizara el 21 de julio de 2010 en Comodoro Rivadavia. Acompañemos a la madre de Mónica Elizabeth Acuña, desaparecida hace 12 años. Sumando a las demás personas” dice en la descripción del muro.
Otros participantes proponen que se sumen al reclamo familiares de Iván Eladio Torres, Hernán Soto, Emanuel Velázquez, Sonia Toro, Silvia Picón, Pablo Plascencio, Benjamín Pairo, Miguel Angel “Araceli” Linares y Eduardo Díaz. También proponen sumar a las víctimas de muertes misteriosas, como la de Omar “Pinki” Peralta.
Comodoro Rivadavia es considerada una de las ciudades del país con más alto índice de desaparición de personas en la última década, respecto a su cantidad de habitantes. Si se considera una población estimativa de 250 mil personas, existe un desaparecido cada 14.700 habitantes.
Los datos oficiales de la Policía de Chubut arrojan 14 personas desaparecidas en la ciudad desde 1997, notificadas al Ministerio Público Fiscal, mientras que de acuerdo a otras fuentes el registro comprende 17 casos de desaparición en los últimos 12 años.
En 2004 se creó la Brigada de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, debido a ese alto índice de desapariciones. Durante 2009 su jefe, Ariel Chavero, se había impuesto como objetivo reabrir todas las causas de desaparecidos que estaban sin avances. Tras su traslado y el de otros efectivos de larga trayectoria, la división quedó bajo las directivas de la Brigada de Investigaciones, a cargo del comisario Leonardo Bustos.

Fuente: Puerta E.