Los investigadores, estudiantes, docentes y participantes de la mesa “Etnogenésis, sometimiento e incorporación estatal/nacional de pueblos originarios”, como resultado de la exposición y discusión de los diferentes trabajos de investigación de las sesiones de los días 29 y 30 de octubre en el marco de las XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia organizadas por Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de San Carlos de Bariloche, denunciamos y manifestamos nuestro repudio a la continuidad ideológica expresada a lo largo del proceso de sometimiento e incorporación estatal de los pueblos originarios.
En sucesivos contextos esta ideología se ha manifestado a través de distintos mecanismos que han procurado generar en la opinión pública una imagen negativa con respecto a los pueblos originarios, identificándolos como una amenaza a los intereses de la sociedad --al ser calificados como grupos irracionales, altamente peligrosos, violentos y atribuyéndoseles un origen extranjero.
Esta descripción de los pueblos originarios como una amenaza a la sociedad en su conjunto ha recurrido una y otra vez a viejos argumentos pseudocientíficos. Estos últimos poseen su origen en el discurso e ideología política de los sectores de poder que han llevado a cabo las sucesivas expropiaciones a los pueblos originarios a lo largo del proceso histórico referido, desde las campañas militares de conquista de fines del siglo XIX.
En el presente observamos y denunciamos una nueva oleada de expresiones mediáticas que califican a los pueblos originarios como sectores peligrosos y como amenaza extranjera.
La misma no puede entenderse sino en relación con intereses de sectores concretos en un contexto de redefinición y profundización de los procesos de expropiación. Estos intereses hoy responden a la expansión del frente sojero y de las empresas extractivas (petroleras y minería a cielo abierto), forestales y turísticas.
Al mismo tiempo dichas expresiones intentan legitimar –como en el pasado- los procedimientos de represión y violencia sobre las comunidades y familias originarias y la judicialización/criminalización de sus demandas.
Alertamos sobre esta nueva ofensiva, sus errores históricos conceptuales y la tergiversación de las reivindicaciones de los pueblos originarios.
Mesa “Etnogenésis, sometimiento e incorporación estatal/nacional de pueblos originarios”, XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia organizadas por Universidad Nacional del Comahue.
Firman: Diego Escolar (CONICET/UNCuyo), Walter Delrio (CONICET/UNRN), Brígida Baeza (UNPSJB/CONICET), Lof Inkayal Wall Mapu Mew, Juan Carlos Agüero Reñanco (Ruca Mapuche Furiloche), Andrea Acosta (docente), Sebastiàn Barros (UNPSJB/CONICET), María Gabriela Gariglio (docente), Analía Gallo (UNCo), Blanca San Martín (Est. De Cs Sociales/ Fund. Mundo Sano), Matías Alvarez (docente), Adrián Moyano (periódico mapuche Azkintuwe), Sebastián Cabrera (docente), Pablo de Brito (UNCo/CRUB), Luis Lucero (docente), Guillermo Stämpfli (UNR/CONICET), María Julia Repeto (UNS), María José Fernández (INAPL/UNSAM), Natalia Villalba Donati (UNC-Córdoba), Lorena Rodríguez (UBA/CONICET), Rosana Friz (UNCo), Pablo Navas (UNPA/CONICET), María Alma Tozzini (CONICET/UNCo/UNRN), Karina Cardozo (UNPA), Jhovana Calizaya (UNPA), Carla Estefanía Cirelli (UBA), Marcelo Martínez (UNLP), Luisa Huencho (Confederación Mapuche de Neuquén), Carolina Crespo (UBA/CONICET), Lucía Jimenez (UNPA), Daniel Barria (UNPA), Marcela Córdoba (UNCo- Asentamiento Zapala), Pablo Arias (Profesor de Historia), Cecilia Marino (UBA), Marisa Malvestitti (UNRN), Cristina Basombrío (UNTREF), Mariano Nagy (UBA), Pilar Ferrería (UBA), Anabela Abbona (UNLPam), Diana Lenton (UBA/CONICET), Alexis Papazián (UBA), Luciana Mignoli (UNLZ), Elizabet Rollhauser (UNLPam), Verónica Mendizabal (UCC Córdoba), Erica Guiñazú (UNPSJB), Pablo Cañumil (Mapunche), Avkin (UNCo), Marcelo Musante (UBA).
martes, 3 de noviembre de 2009
lunes, 2 de noviembre de 2009
ENTREVISTA A RICARDO NAPURÍ, MILITANTE DE LA REVOLUCIÓN LATINOAMARICANA
"El triunfo revolucionario en Cuba fue la mecha que encendió América Latina a finales de los sesenta. El peruano Ricardo Napurí fue uno de los tantos militantes del continente que decidió pasar de la observación a la acción para protagonizar un intento guerrillero en su país." (Revista Sudestada)
En la presente entrevista Napurí nos cuenta sobre su relación con Ernesto Che Guevara y realiza un análisis sobre la situación actual de latinoamérica.
- Agradeceros a Martín por el aporte.
ZELAYA PIDE AL MUNDO QUE SE MANTENGA ALERTA
(Agencia Púlsar).- El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, pidió a la comunidad internacional que se mantenga firme en el reclamo por el retorno del orden constitucional al país hasta que se cumpla el acuerdo alcanzado con el Gobierno de facto.
Zelaya comentó a TeleSur que celebra el acuerdo al que arribó la mesa de diálogo entre sus representantes y los representantes del mandatario golpista, Roberto Micheletti.
Sin embargo, consideró que "siempre existe la posibilidad de manipulación y de juegos oscuros".
Y afirmó que por ese motivo hay que mantenerse alertas hasta que el acuerdo se cumpla de forma efectiva.
Leer más en http://prensadelpueblo-americabolivariana.blogspot.com/
Zelaya comentó a TeleSur que celebra el acuerdo al que arribó la mesa de diálogo entre sus representantes y los representantes del mandatario golpista, Roberto Micheletti.
Sin embargo, consideró que "siempre existe la posibilidad de manipulación y de juegos oscuros".
Y afirmó que por ese motivo hay que mantenerse alertas hasta que el acuerdo se cumpla de forma efectiva.
Leer más en http://prensadelpueblo-americabolivariana.blogspot.com/
CARTA ABIERTA A DAS NEVES Y LEGISLADORES CHUBUTENSES
Por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el No a la Mina
Esquel, 1º de noviembre de 2009 (No a la Mina).- Honrar la palabra y honrar la vida son movimientos simultáneos o paralelos, secuenciales en el tiempo, consecuentes. Nunca, jamás, contradictorios. Hablar en la embajada de Canadá ofreciendo la provincia a los empresarios mineros, disponer y comunicar la decisión terminante a favor de la minería contaminante, articular una campaña con el sector minero y acoplar las acciones legislativas en ese mismo sentido, son acciones de una sola operación política que define un modelo de gobierno: el que instala una pobre representación del potencial diverso del pueblo y territorio chubutense y enmascara el servilismo a los intereses ajenos.
Ante la invitación que la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura del Chubut cursara a Foros, Organizaciones y Asambleas, a dar una charla explicativa sobre el tema minero, nos permitimos dudar públicamente de la honestidad de la convocatoria de los legisladores (particularmente del oficialismo) que, no sólo demuestran desconocimiento de la legislación vigente que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia - Ley Nº 5001- sino además falta de idoneidad para informarse detalladamente de la problemática minera que ha sido puesta en evidencia hace siete años por el pueblo de Esquel y de otras localidades de Chubut, período éste que llevan en el mandato o cargos públicos.
Nada ha cambiado desde entonces respecto de la actividad minera: sigue siendo despojo y contaminación. Lo que sí ha variado drásticamente, es que en forma creciente se ha sumado información, organización y toma de conciencia de más vecinos en contra de la megaminería metalífera y se ha ratificado en forma conjunta con más de 70 organizaciones sociales de Chubut la plena vigencia de la ley que la prohíbe -a ello se sumó recientemente el obispado de Comodoro-. Esto se ha hecho público por todos los medios a nuestro alcance y se ha extendido a nivel nacional, incluyendo la sanción de leyes similares en otras siete provincias argentinas.
El diálogo es permanente entre vecinos y organizaciones de toda la provincia en foros, charlas, proyecciones, marchas, mesas informativas, asambleas, volanteadas y pegatinas. Diálogo horizontal guiado por el deseo verdadero de un porvenir justo y saludable para todos. Diálogo que, sólo a modo de ejemplo, el gobierno provincial pretendió quebrar hace pocos días en Paso de Indios con un elevado nivel de prepotencia mediante un amplio despliegue policial, que incluyó al GEOP, para amedrentar a simples vecinos que queríamos ejercer el acto democrático de la palabra colectiva.
Pareciera que el Diputado Pitiot puede decretar qué acuerdos, debates y exposiciones son serios y válidos si cuenta con la aprobación del Sr. Gobernador y éste con la de las empresas mineras a pedido de quienes ya ha anunciado cuál es la única salida para nuestra meseta.
El discurso esgrimido hoy por el Gobernador Das Neves es el mismo que utilizara su antecesor en el cargo, José Luis Lizurume, a la hora de hablar de minería. Desde la gestión de gobierno se impulsa la asociación con las multinacionales mineras calcando el modelo que ya supo desarrollar el ex presidente Néstor Kirchner cuando gobernó la vecina provincia de Santa Cruz, valiéndose (ambos) de las legislaciones mineras aprobadas durante el mandato del ex presidente Carlos Saúl Menem.
Por respeto a la comunidad toda, rechazamos la invitación que la Legislatura cursa honrando los intereses de las transnacionales mineras. Nos negamos a legitimar esta auténtica farsa de final anunciado avalándola con nuestra presencia. No estamos dispuestos a jugar el mísero papel de los legisladores, que ante el "grito" de un gobernador, sólo atinan a levantar la mano y convalidar los designios equivocados que llevarán indefectiblemente a mayor pobreza, desigualdad y contaminación a los habitantes del Chubut.
Esquel, 1º de noviembre de 2009 (No a la Mina).- Honrar la palabra y honrar la vida son movimientos simultáneos o paralelos, secuenciales en el tiempo, consecuentes. Nunca, jamás, contradictorios. Hablar en la embajada de Canadá ofreciendo la provincia a los empresarios mineros, disponer y comunicar la decisión terminante a favor de la minería contaminante, articular una campaña con el sector minero y acoplar las acciones legislativas en ese mismo sentido, son acciones de una sola operación política que define un modelo de gobierno: el que instala una pobre representación del potencial diverso del pueblo y territorio chubutense y enmascara el servilismo a los intereses ajenos.
Ante la invitación que la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura del Chubut cursara a Foros, Organizaciones y Asambleas, a dar una charla explicativa sobre el tema minero, nos permitimos dudar públicamente de la honestidad de la convocatoria de los legisladores (particularmente del oficialismo) que, no sólo demuestran desconocimiento de la legislación vigente que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia - Ley Nº 5001- sino además falta de idoneidad para informarse detalladamente de la problemática minera que ha sido puesta en evidencia hace siete años por el pueblo de Esquel y de otras localidades de Chubut, período éste que llevan en el mandato o cargos públicos.
Nada ha cambiado desde entonces respecto de la actividad minera: sigue siendo despojo y contaminación. Lo que sí ha variado drásticamente, es que en forma creciente se ha sumado información, organización y toma de conciencia de más vecinos en contra de la megaminería metalífera y se ha ratificado en forma conjunta con más de 70 organizaciones sociales de Chubut la plena vigencia de la ley que la prohíbe -a ello se sumó recientemente el obispado de Comodoro-. Esto se ha hecho público por todos los medios a nuestro alcance y se ha extendido a nivel nacional, incluyendo la sanción de leyes similares en otras siete provincias argentinas.
El diálogo es permanente entre vecinos y organizaciones de toda la provincia en foros, charlas, proyecciones, marchas, mesas informativas, asambleas, volanteadas y pegatinas. Diálogo horizontal guiado por el deseo verdadero de un porvenir justo y saludable para todos. Diálogo que, sólo a modo de ejemplo, el gobierno provincial pretendió quebrar hace pocos días en Paso de Indios con un elevado nivel de prepotencia mediante un amplio despliegue policial, que incluyó al GEOP, para amedrentar a simples vecinos que queríamos ejercer el acto democrático de la palabra colectiva.
Pareciera que el Diputado Pitiot puede decretar qué acuerdos, debates y exposiciones son serios y válidos si cuenta con la aprobación del Sr. Gobernador y éste con la de las empresas mineras a pedido de quienes ya ha anunciado cuál es la única salida para nuestra meseta.
El discurso esgrimido hoy por el Gobernador Das Neves es el mismo que utilizara su antecesor en el cargo, José Luis Lizurume, a la hora de hablar de minería. Desde la gestión de gobierno se impulsa la asociación con las multinacionales mineras calcando el modelo que ya supo desarrollar el ex presidente Néstor Kirchner cuando gobernó la vecina provincia de Santa Cruz, valiéndose (ambos) de las legislaciones mineras aprobadas durante el mandato del ex presidente Carlos Saúl Menem.
Por respeto a la comunidad toda, rechazamos la invitación que la Legislatura cursa honrando los intereses de las transnacionales mineras. Nos negamos a legitimar esta auténtica farsa de final anunciado avalándola con nuestra presencia. No estamos dispuestos a jugar el mísero papel de los legisladores, que ante el "grito" de un gobernador, sólo atinan a levantar la mano y convalidar los designios equivocados que llevarán indefectiblemente a mayor pobreza, desigualdad y contaminación a los habitantes del Chubut.
CHUBUT: ALEGATO CONTRA DOS ESTANCIEROS
Buenos Aires (Red Eco Alternativo).- Será mañana en el juicio por violación a una orden judicial que prohibía introducir animales en territorio de la Comunidad Mapuche Enrique Sepúlveda de Chubut.
La medida cautelar de no innovar sobre la ocupación del territorio comunitario fue dictada por el juez civil Claudio Petris en 2007. Su reiterada violación por parte de los estancieros linderos motivó la apertura de la causa penal. La sentencia se espera para fines de la próxima semana.
Lamentablemente no es novedad las reiteradas faltas de respeto y agresión a las comunidades originarias en general, y mapuches en particular. Tanto es así que el
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires aprobó una declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agraviaban al pueblo mapuche en diferentes diarios de circulación nacional, regionales y locales del norte de la Patagonia.
Allí afirman que estas notas tienen como punto en común desacreditar la pre-existencia del pueblo originario mapuche desconociendo sus reivindicaciones, las legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas, que la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región y que la Constitución Nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, ha incorporado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas con rango constitucional.
La medida cautelar de no innovar sobre la ocupación del territorio comunitario fue dictada por el juez civil Claudio Petris en 2007. Su reiterada violación por parte de los estancieros linderos motivó la apertura de la causa penal. La sentencia se espera para fines de la próxima semana.
Lamentablemente no es novedad las reiteradas faltas de respeto y agresión a las comunidades originarias en general, y mapuches en particular. Tanto es así que el
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires aprobó una declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agraviaban al pueblo mapuche en diferentes diarios de circulación nacional, regionales y locales del norte de la Patagonia.
Allí afirman que estas notas tienen como punto en común desacreditar la pre-existencia del pueblo originario mapuche desconociendo sus reivindicaciones, las legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas, que la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región y que la Constitución Nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, ha incorporado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas con rango constitucional.
ADVIERTEN SOBRE INJERENCIA EN EL HOYO DE ENTIDADES FINANCIADAS POR MULTINACIONALES
El Bolsón (ANPP).- Un reconocido militante de El Hoyo hizo pública una carta dirigida a la Fundación Patagonia Sustentable, en la cual expresó su repudio a la injerencia en la gestión pública estatal de entidades como Ashoka o Avina.
La fundación Avina, de hecho, está financiada por Monsanto, la multinacional que se ha convertido en símbolo de la agricultura destructiva con agrotóxicos y manipulación genética.
La nota enviada por Nelson Ávalos, periodista de radio Alas de El Bolsón, es una respuesta a una invitación que recibió por parte de la Fundación Patagonia Sustentable para asistir a una reunión, el viernes 30 de octubre, en el Concejo Deliberante de El Hoyo.
En dicho encuentro la cuestionada ONG informó detalles sobre el proyecto de "ordenamiento territorial", nuevo nombre que ha suplantado el de "planeamiento urbano", según explicó Ávalos, y que tanto conflicto social generó el año pasado.
A continuación, la carta de Nelson Ávalos a Patagonia Sustentable:
Hola. Estoy en La Plata ahora.
... ¿qué explicará la Fundación?... ¿Que agradecen a Avina su existencia?
¿Viste bien su página? ¿Su documento fundacional?
Y de Avina, Ashoka y demás entidades, ¿averiguaste?
Como siempre, no creo. Ni en las buenas intenciones de Breide y el resto del gobierno municipal (que incluye al Concejo Deliberante, con sus excepciones) ni en las intenciones de "resolver conflictos" de estas entidades empresariales disfrazadas de "sustentabilizadoras" de la historia.
La Historia es conflicto. Y a la Historia la resuelven -la resolvemos- los actores políticos. Nosotros. La gente. No los intermediarios entre el Capital y el pueblo. Esos que siempre van a favorecer al primero en desmedro del segundo.
Lo que ellos tratan de evitar es que los conflictos dentro de la sociedad capitalista generen movidas, movimientos sociales, verdadera asociación entre los seres que la componen. Y que haya lucha social. De clase, mejor dicho.
Esta nueva movida en El Hoyo me va a encontrar donde debo estar. Contra el saqueo capitalista, por disfrazado que venga.
Un abrazo
“Asociaciones ambientalístas y sociales del país y del mundo rechazan la ingerencia que fundaciones como las nombradas están ganando en el terreno de la gestión pública estatal –agregó Nelson Ávalos-. Sostengo que otra trampa se gesta detrás del nuevo proyecto de planificación sobre el valle que habitamos. Esta vez, coordinado por una supuesta entidad "neutral" que resuelve problemáticas. Igual que el año pasado, no dejemos que eso suceda.”
La fundación Avina, de hecho, está financiada por Monsanto, la multinacional que se ha convertido en símbolo de la agricultura destructiva con agrotóxicos y manipulación genética.
La nota enviada por Nelson Ávalos, periodista de radio Alas de El Bolsón, es una respuesta a una invitación que recibió por parte de la Fundación Patagonia Sustentable para asistir a una reunión, el viernes 30 de octubre, en el Concejo Deliberante de El Hoyo.
En dicho encuentro la cuestionada ONG informó detalles sobre el proyecto de "ordenamiento territorial", nuevo nombre que ha suplantado el de "planeamiento urbano", según explicó Ávalos, y que tanto conflicto social generó el año pasado.
A continuación, la carta de Nelson Ávalos a Patagonia Sustentable:
Hola. Estoy en La Plata ahora.
... ¿qué explicará la Fundación?... ¿Que agradecen a Avina su existencia?
¿Viste bien su página? ¿Su documento fundacional?
Y de Avina, Ashoka y demás entidades, ¿averiguaste?
Como siempre, no creo. Ni en las buenas intenciones de Breide y el resto del gobierno municipal (que incluye al Concejo Deliberante, con sus excepciones) ni en las intenciones de "resolver conflictos" de estas entidades empresariales disfrazadas de "sustentabilizadoras" de la historia.
La Historia es conflicto. Y a la Historia la resuelven -la resolvemos- los actores políticos. Nosotros. La gente. No los intermediarios entre el Capital y el pueblo. Esos que siempre van a favorecer al primero en desmedro del segundo.
Lo que ellos tratan de evitar es que los conflictos dentro de la sociedad capitalista generen movidas, movimientos sociales, verdadera asociación entre los seres que la componen. Y que haya lucha social. De clase, mejor dicho.
Esta nueva movida en El Hoyo me va a encontrar donde debo estar. Contra el saqueo capitalista, por disfrazado que venga.
Un abrazo
“Asociaciones ambientalístas y sociales del país y del mundo rechazan la ingerencia que fundaciones como las nombradas están ganando en el terreno de la gestión pública estatal –agregó Nelson Ávalos-. Sostengo que otra trampa se gesta detrás del nuevo proyecto de planificación sobre el valle que habitamos. Esta vez, coordinado por una supuesta entidad "neutral" que resuelve problemáticas. Igual que el año pasado, no dejemos que eso suceda.”
COMUNICADO: APRIETES EN TUCUMÁN
Por Alberto Lebbos
Miércoles, 28 de octubre de 2009.
En el día de hoy el jefe de la comisaría de Alderetes, Tucumán, declaró por diferentes medios de comunicación imputándome falsamente que yo instigaba a la violencia a la gente que reclamaba frente a la comisaría por la trágica muerte de jóvenes en esta ciudad.
Sin lugar a dudas que es otra de las maniobras de coacción y apriete del gobierno de Alperovich, que no duda en ordenar a sus lacayos que inventen causas contra los que reclamamos por la brutal impunidad y que repriman a balazos a las mujeres y niños.
Los asesinos, violadores, encubridores, ladrones, traficantes de drogas, explotadores, corruptos y traidores a la patria andan libremente y usan a los policías para reprimir con el más cruel modelo de las dictaduras.
Alperovich será el responsable si le sucede algo a mi familia, a mis allegados o a mí.
Por favor les pido que difundan esta denuncia
Muchas gracias
Contacto: alebbos73@yahoo.com.ar
GENOCIDIO Y NEGACIÓN DE DERECHOS
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Al negar los orígenes del pueblo mapuche se intenta utilizar la discusión histórica como mecanismo de negación de los derechos indígenas. Es una de las conclusiones de Walter Delrio, doctor en historia, investigador del Conicet y –aunque él prefiera evitar la calificación– uno de los académicos que más conocen sobre los pueblos originarios del sur del país. Lo alertó lo que denomina “nueva oleada de expresiones mediáticas”, y la vincula directamente con “diversos sectores que proponen no contemplar las demandas de las poblaciones originarias”.
Delrio afirma que la actual ofensiva sobre el pueblo mapuche contiene un “error conceptual de base en toda su argumentación” (por atribución de nacionalidades a pueblos preexistentes), xenofobia selectiva y discriminación de clase. “La arqueología comprobó la ocupación milenaria de ambas vertientes andinas como una misma área y no sólo como cruces cordilleranos de población humana sino de la utilización conjunta de aquello que hoy se ve como ‘ambos lados de la cordillera’”, explicó.
Docente de la Universidad Nacional de Río Negro y autor del libro Memorias de Expropiación (material imprescindible para entender las políticas estatales hacia los pueblos indígenas), Delrio remarca que las poblaciones cruzaron la cordillera de manera regular desde miles de años antes a la conformación de los Estados nación, pero advierte que no es casual el momento histórico en el que esa acción comenzó a ser vista como contraria y enemiga a la identidad nacional. “Hacia la década de 1870 (inicio de la Campaña del Desierto) convertir la globalidad de la población originaria de la Pampa y Patagonia en ‘invasores extranjeros’ otorgaba una supuesta legalidad a las campañas militares que las sometieron, expulsaron y se apropiaron de sus tierras y fuerza de trabajo”.
El historiador solicita que, al analizar el presente, se tenga en cuenta el accionar de las campañas militares de los Estados argentino y chileno. “Atacaron coordinadamente y se repartieron los territorios. Concebían a la sociedad indígena como una unidad que debía ser destruida en su conjunto.”
LA DISCUSIÓN QUE NIEGA DERECHOS A PUEBLOS ORIGINARIOS DEL SUR
Comunidades indígenas y académicos advierten sobre una ofensiva mediática y judicial contra los mapuches, que busca “demostrar” que vienen de Chile para negarles derechos sobre tierras argentinas.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios. El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios. La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en el Paraje Cerro Bayo, en el inhóspito desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. Según deja claro la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero ni siquiera se le informó.
Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió. Pero lo particular y preocupante fue que el abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta “chilenidad” del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio. Utilizó como fuente y contrató como perito al historiador patagónico Rodolfo Casamiquela, referente de la teoría de mapuches invasores y asesinos.
“La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales”, explicó Eduardo Hualpa, abogado especializado en derecho indígena y defensor de Pilquimán.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) es hoy el blanco de ciertos medios de comunicación y estancieros. Al frente de la ofensiva está el empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), integrante activo de la Sociedad Rural. “Son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran en Chile. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Sapag en una solicitada. La única prueba fue un artículo del conservador diario chileno El Mercurio.
La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales (con más de 150 imputados), advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.
“La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública’, donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial”, afirmó Jorge Nahuel, vocero de la Confederación. Ante la sostenida acción de esos medios de comunicación, la Confederación lanzó un comunicado. “Nos inventan desoriginados, ajenos, lejanos. En Chile dicen que somos de Argentina, que los invadimos. En Argentina repiten que somos de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido”, explican y comparan: “A las multinacionales mineras y petroleras que nos saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia”.
En el polémico e irresuelto caso Pilquimán, el Tribunal no se expidió sobre el hecho histórico, pero solicitó pericias científicas a la Unidad de Antropología y Arqueología del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), representada por su director, Julio Vezub. “El registro arqueológico, histórico y etnográfico documenta el poblamiento milenario del interior patagónico (...) y la continuidad étnica y familiar entre los actores (comunidad indígena) y la ocupación histórica, anterior a la expansión del Estado nacional y la llegada de los inmigrantes”, precisa Vezub, y rebate falsas verdades: “Las clasificaciones rígidas que asocian mapuche con indígena chileno y tehuelche con indígena argentino han sido desestimadas por la ciencia antropológica e histórica de los últimos treinta años. Estas identidades se anticiparon al trazado de los límites nacionales y se configuraron territorialmente a ambos lados de la cordillera de los Andes”.
La antropóloga, docente e investigadora de la UBA Diana Lenton también se presentó en la causa judicial. Recordó que ese discurso (del “haber llegado después”) fue utilizado recurrentemente durante la Campaña del Desierto y hasta en la década del ’30 para despojar a los indígenas de sus territorios y para deslegitimar sus reclamos. “El mismo tópico argumentativo surge una y otra vez. Adquiere mayor importancia si advertimos que el discurso legal construye sus contextos en base a (esos) otros discursos”, alerta.
La última semana, y en una inusual medida, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió una “declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche”. Sólo menciona al diario La Nación, pero advierte sobre otros medios de circulación regional en la Patagonia. “La lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”, denuncia la facultad e insta a los medios masivos de comunicación a “abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios. El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios. La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en el Paraje Cerro Bayo, en el inhóspito desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. Según deja claro la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero ni siquiera se le informó.
Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió. Pero lo particular y preocupante fue que el abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta “chilenidad” del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio. Utilizó como fuente y contrató como perito al historiador patagónico Rodolfo Casamiquela, referente de la teoría de mapuches invasores y asesinos.
“La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales”, explicó Eduardo Hualpa, abogado especializado en derecho indígena y defensor de Pilquimán.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) es hoy el blanco de ciertos medios de comunicación y estancieros. Al frente de la ofensiva está el empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), integrante activo de la Sociedad Rural. “Son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran en Chile. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Sapag en una solicitada. La única prueba fue un artículo del conservador diario chileno El Mercurio.
La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales (con más de 150 imputados), advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.
“La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública’, donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial”, afirmó Jorge Nahuel, vocero de la Confederación. Ante la sostenida acción de esos medios de comunicación, la Confederación lanzó un comunicado. “Nos inventan desoriginados, ajenos, lejanos. En Chile dicen que somos de Argentina, que los invadimos. En Argentina repiten que somos de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido”, explican y comparan: “A las multinacionales mineras y petroleras que nos saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia”.
En el polémico e irresuelto caso Pilquimán, el Tribunal no se expidió sobre el hecho histórico, pero solicitó pericias científicas a la Unidad de Antropología y Arqueología del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), representada por su director, Julio Vezub. “El registro arqueológico, histórico y etnográfico documenta el poblamiento milenario del interior patagónico (...) y la continuidad étnica y familiar entre los actores (comunidad indígena) y la ocupación histórica, anterior a la expansión del Estado nacional y la llegada de los inmigrantes”, precisa Vezub, y rebate falsas verdades: “Las clasificaciones rígidas que asocian mapuche con indígena chileno y tehuelche con indígena argentino han sido desestimadas por la ciencia antropológica e histórica de los últimos treinta años. Estas identidades se anticiparon al trazado de los límites nacionales y se configuraron territorialmente a ambos lados de la cordillera de los Andes”.
La antropóloga, docente e investigadora de la UBA Diana Lenton también se presentó en la causa judicial. Recordó que ese discurso (del “haber llegado después”) fue utilizado recurrentemente durante la Campaña del Desierto y hasta en la década del ’30 para despojar a los indígenas de sus territorios y para deslegitimar sus reclamos. “El mismo tópico argumentativo surge una y otra vez. Adquiere mayor importancia si advertimos que el discurso legal construye sus contextos en base a (esos) otros discursos”, alerta.
La última semana, y en una inusual medida, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió una “declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche”. Sólo menciona al diario La Nación, pero advierte sobre otros medios de circulación regional en la Patagonia. “La lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”, denuncia la facultad e insta a los medios masivos de comunicación a “abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.
UNTER IMPULSA RETENCIÓN DE SERVICIOS SI SE RETRASA EL PAGO
El Bolsón (ANPP).- Los docentes rionegrinos podrían iniciar una retención de servicio desde el lunes 9, si para este viernes aún no hay noticias concretas sobre el cronograma de pago de haberes.
Tal es la medida que propuso la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) en el congreso de al semana pasada.
Desde el sindicato aclararon que se trataría de una acción individual, para lo cual cada educador deberá presentar una intimación al gobierno provincial, por escrito, a pagar el sueldo en tiempo y forma.
Se supone que cada seccional hará llegar a las escuelas copias de una nota modelo.
En El Bolsón, en tanto, para discutir sobre esta situación, habrá una asamblea el martes 3, a las 18.30, en la seccional de la Unter, calle Valle Nuevo 2032.
Además se tratará el proyecto gubernamental de la “escuela inclusiva”, por el cual se pretende integrar alumnos con capacidades diferentes en las escuelas comunes, bajo la responsabilidad de maestras y maestros que no fueron capacitados para ello.
Se evalúa que, lejos de incluirlos, este plan abandonará a los chicos con problemas de aprendizaje, al eludir el estado provincial (muy probablemente por razones presupuestarias) la necesidad de atender sus necesidades reales.
Se teme también que la implementación de la “escuela inclusiva” precarizará la situación laboral de los maestros y empeorará la calidad educativa en las aulas.
Tal es la medida que propuso la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) en el congreso de al semana pasada.
Desde el sindicato aclararon que se trataría de una acción individual, para lo cual cada educador deberá presentar una intimación al gobierno provincial, por escrito, a pagar el sueldo en tiempo y forma.
Se supone que cada seccional hará llegar a las escuelas copias de una nota modelo.
En El Bolsón, en tanto, para discutir sobre esta situación, habrá una asamblea el martes 3, a las 18.30, en la seccional de la Unter, calle Valle Nuevo 2032.
Además se tratará el proyecto gubernamental de la “escuela inclusiva”, por el cual se pretende integrar alumnos con capacidades diferentes en las escuelas comunes, bajo la responsabilidad de maestras y maestros que no fueron capacitados para ello.
Se evalúa que, lejos de incluirlos, este plan abandonará a los chicos con problemas de aprendizaje, al eludir el estado provincial (muy probablemente por razones presupuestarias) la necesidad de atender sus necesidades reales.
Se teme también que la implementación de la “escuela inclusiva” precarizará la situación laboral de los maestros y empeorará la calidad educativa en las aulas.
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