Comunidades indígenas y académicos advierten sobre una ofensiva mediática y judicial contra los mapuches, que busca “demostrar” que vienen de Chile para negarles derechos sobre tierras argentinas.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios. El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios. La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en el Paraje Cerro Bayo, en el inhóspito desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. Según deja claro la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero ni siquiera se le informó.
Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió. Pero lo particular y preocupante fue que el abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta “chilenidad” del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio. Utilizó como fuente y contrató como perito al historiador patagónico Rodolfo Casamiquela, referente de la teoría de mapuches invasores y asesinos.
“La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales”, explicó Eduardo Hualpa, abogado especializado en derecho indígena y defensor de Pilquimán.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) es hoy el blanco de ciertos medios de comunicación y estancieros. Al frente de la ofensiva está el empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), integrante activo de la Sociedad Rural. “Son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran en Chile. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Sapag en una solicitada. La única prueba fue un artículo del conservador diario chileno El Mercurio.
La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales (con más de 150 imputados), advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.
“La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública’, donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial”, afirmó Jorge Nahuel, vocero de la Confederación. Ante la sostenida acción de esos medios de comunicación, la Confederación lanzó un comunicado. “Nos inventan desoriginados, ajenos, lejanos. En Chile dicen que somos de Argentina, que los invadimos. En Argentina repiten que somos de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido”, explican y comparan: “A las multinacionales mineras y petroleras que nos saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia”.
En el polémico e irresuelto caso Pilquimán, el Tribunal no se expidió sobre el hecho histórico, pero solicitó pericias científicas a la Unidad de Antropología y Arqueología del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), representada por su director, Julio Vezub. “El registro arqueológico, histórico y etnográfico documenta el poblamiento milenario del interior patagónico (...) y la continuidad étnica y familiar entre los actores (comunidad indígena) y la ocupación histórica, anterior a la expansión del Estado nacional y la llegada de los inmigrantes”, precisa Vezub, y rebate falsas verdades: “Las clasificaciones rígidas que asocian mapuche con indígena chileno y tehuelche con indígena argentino han sido desestimadas por la ciencia antropológica e histórica de los últimos treinta años. Estas identidades se anticiparon al trazado de los límites nacionales y se configuraron territorialmente a ambos lados de la cordillera de los Andes”.
La antropóloga, docente e investigadora de la UBA Diana Lenton también se presentó en la causa judicial. Recordó que ese discurso (del “haber llegado después”) fue utilizado recurrentemente durante la Campaña del Desierto y hasta en la década del ’30 para despojar a los indígenas de sus territorios y para deslegitimar sus reclamos. “El mismo tópico argumentativo surge una y otra vez. Adquiere mayor importancia si advertimos que el discurso legal construye sus contextos en base a (esos) otros discursos”, alerta.
La última semana, y en una inusual medida, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió una “declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche”. Sólo menciona al diario La Nación, pero advierte sobre otros medios de circulación regional en la Patagonia. “La lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”, denuncia la facultad e insta a los medios masivos de comunicación a “abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.
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