Si por casualidad las ven, llamen al 101 o al 109, su familia está muy preocupada y no dejan de buscarlas.
sábado, 31 de octubre de 2009
CHICAS PERDIDAS EN CIPOLLETTI
El Bolsón (ANPP).-Se solicita la ayuda de todos para encontrar a las hermanas Jimena y Agustina Cufré, de 16 y 13 años, que se fueron de su casa el día de ayer en Cipolletti. Están acompañadas de dos jóvenes, uno de ellos es mayor, y no se puede dar con su paradero.
Si por casualidad las ven, llamen al 101 o al 109, su familia está muy preocupada y no dejan de buscarlas.
Si por casualidad las ven, llamen al 101 o al 109, su familia está muy preocupada y no dejan de buscarlas.
INTERVIENEN LA UCEP LUEGO DE ALLANAR SUS OFICINAS
Buenos Aires (AGENCIA WALSH).- El caso de la joven Carla Baptista, embaraza y madre de cinco hijos, que denunciara haber sido golpeada, manoseada y amenazada durante un desalojo que la UCEP realizó los primeros días de octubre en Pasco al 1200, debajo de la Autopista 25 de Mayo, fue el detonante para que Gustavo Moreno, asesor del Tutelar de Menores e Incapaces, pida la intervención de la justicia en la Unidad de Control del Espacio Público, la patota de Mauricio. Aquel dia Carla recibió un golpe en la panza que le provocó un desplazamiento de la placenta, tal como lo demuestran estudios realizados posteriormente en el Hospital Ramos Mejía.
Carla y Graciela Cisneros fueron las dos primeras víctimas de los operativos de la UCEP que se animaron a realizar una denuncia. Además, son las dos primeras que se postulan para ser querellantes en una causa contra la Unidad de Control, a cargo de la Fiscalía Correccional Nº 14. Los delitos que se le imputan son de “lesiones graves, abuso sexual agravado, amenazas coactivas agravadas para abandonar el lugar de residencia”, y sumados darían cuenta de condenas de entre 5 y 21 años. Las acusaciones también incluyen al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, en calidad de “instigadores”.
Además, estos hechos fueron fotografiados por el vecino Miguel Varela, quien también denunció esta situación: “Esa noche fue muy duro para quienes somos hombres, a quienes nos han enseñado de chiquitos que a las mujeres no se las golpea ni se les falta el respeto porque todos venimos de una madre o tenemos hermanas. Para mí fue muy duro verlo porque además estaba embarazada. No sólo a Carla, también golpearon a Graciela. Hay que ser canalla para golpear mujeres pobres que viven en la calle. Hay que ser muy canalla. (…) Yo no me conformo hasta que disuelvan la UCEP y creo que mis vecinos tampoco hasta que haya justicia para los culpables que tanto son los que mandan como el que lo hace. Nadie puede recibir la orden de golpear una mujer en la calle por el “delito” de dormir en un colchón”, aseguró Valera la semana pasada en una conferencia de prensa realizada por instituciones, víctimas y vecinos de la Comuna 3 (Balvanera/San Cristóbal), en reclamo de la disolución de la UCEP.
Pero el caso de Carla y Graciela no es el único, desde hace varios meses los violentos desalojos de personas que viven en situación de calle son un modus operandi diario de este “grupo de tareas” macrista. Así lo demuestra un informe presentado por el propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tras un pedido efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Allí se admite que en sólo siete meses, la Unidad de Control del Espacio Público realizó 444 desalojos en la vía pública. Un promedio de casi dos operativos por día.
En el informe además se explica que la fuerza funciona entre las once de la noche y las seis de la mañana, con 26 empleados. “Stock de procedimientos realizados”, es el título que encabeza el listado de operativos realizados, en cuya mayoría se aclara que el resultado de los mismos fue “la restauración del espacio público”. Aunque en ningún momento se especifica qué solución concreta se les da a las personas en situación de calle, ni la modalidad implementada para “restaurar el espacio público”.
Según detalla el informe lo que motivó algunos de los operativos fueron indigentes que consumían agua del Hospital de Niños o la existencia de asentamiento de indigentes de alta peligrosidad.
Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 asegura que no debe pensarse a la UCEP como un hecho aislado o un organismo que trabaja independiente y autónomamente: “Sin la información los programas Buenos Aires Presente o de la Línea 103 (de Emergencias), la UCEP jamás podría tener la información necesaria como para llevar adelante sus cobardes y represivos operativos nocturnos; se necesita la conjunción de toda esta información, para que después los perros de Macri salgan a la calle a ´limpiar pobres´”. Ávila afirma que si ya no se ven tantas personas durmiendo en la calle en zonas céntricas de la ciudad se debe a que se han mudado a otros barrios, más periféricos, donde la UCEP no tiene tanta llegada.
Lo concreto es que el accionar de la UCEP ha generado diversas denuncias y repudios públicos. Mañana a las 16 en la Manzana de las Luces (Perú 222), familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, junto a Memoria Activa, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, HIJOS, CELS, APDH, y organizaciones sociales, sindicales y políticas, exigirán en conferencia de prensa la dimisión de los ministros Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro (por el caso de las escuchas ilegales y la persecución a docentes) y de Juan Pablo Piccardo, por las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de calle, hostigadas y desalojadas por las patotas de la UCEP. Además, señalarán a Mauricio Macri como el principal responsable de la implementación en su gestión de prácticas represivas y discriminatorias que violan los derechos humanos.
Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad no se ha pronunciado abiertamente sobre las denuncias recibidas por la UCEP, pero qué se puede esperar de esta gestión si el ministro Piccardo, responsable de la fuerza, asegura que las tareas que le corresponden a esta Unidad de Control son la remoción de carteles o la incautación de productos de venta ilegal.
Fuente RedEco
Además, estos hechos fueron fotografiados por el vecino Miguel Varela, quien también denunció esta situación: “Esa noche fue muy duro para quienes somos hombres, a quienes nos han enseñado de chiquitos que a las mujeres no se las golpea ni se les falta el respeto porque todos venimos de una madre o tenemos hermanas. Para mí fue muy duro verlo porque además estaba embarazada. No sólo a Carla, también golpearon a Graciela. Hay que ser canalla para golpear mujeres pobres que viven en la calle. Hay que ser muy canalla. (…) Yo no me conformo hasta que disuelvan la UCEP y creo que mis vecinos tampoco hasta que haya justicia para los culpables que tanto son los que mandan como el que lo hace. Nadie puede recibir la orden de golpear una mujer en la calle por el “delito” de dormir en un colchón”, aseguró Valera la semana pasada en una conferencia de prensa realizada por instituciones, víctimas y vecinos de la Comuna 3 (Balvanera/San Cristóbal), en reclamo de la disolución de la UCEP.
Pero el caso de Carla y Graciela no es el único, desde hace varios meses los violentos desalojos de personas que viven en situación de calle son un modus operandi diario de este “grupo de tareas” macrista. Así lo demuestra un informe presentado por el propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tras un pedido efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Allí se admite que en sólo siete meses, la Unidad de Control del Espacio Público realizó 444 desalojos en la vía pública. Un promedio de casi dos operativos por día.
En el informe además se explica que la fuerza funciona entre las once de la noche y las seis de la mañana, con 26 empleados. “Stock de procedimientos realizados”, es el título que encabeza el listado de operativos realizados, en cuya mayoría se aclara que el resultado de los mismos fue “la restauración del espacio público”. Aunque en ningún momento se especifica qué solución concreta se les da a las personas en situación de calle, ni la modalidad implementada para “restaurar el espacio público”.
Según detalla el informe lo que motivó algunos de los operativos fueron indigentes que consumían agua del Hospital de Niños o la existencia de asentamiento de indigentes de alta peligrosidad.
Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 asegura que no debe pensarse a la UCEP como un hecho aislado o un organismo que trabaja independiente y autónomamente: “Sin la información los programas Buenos Aires Presente o de la Línea 103 (de Emergencias), la UCEP jamás podría tener la información necesaria como para llevar adelante sus cobardes y represivos operativos nocturnos; se necesita la conjunción de toda esta información, para que después los perros de Macri salgan a la calle a ´limpiar pobres´”. Ávila afirma que si ya no se ven tantas personas durmiendo en la calle en zonas céntricas de la ciudad se debe a que se han mudado a otros barrios, más periféricos, donde la UCEP no tiene tanta llegada.
Lo concreto es que el accionar de la UCEP ha generado diversas denuncias y repudios públicos. Mañana a las 16 en la Manzana de las Luces (Perú 222), familiares de Víctimas del Atentado a la AMIA, junto a Memoria Activa, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, HIJOS, CELS, APDH, y organizaciones sociales, sindicales y políticas, exigirán en conferencia de prensa la dimisión de los ministros Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro (por el caso de las escuchas ilegales y la persecución a docentes) y de Juan Pablo Piccardo, por las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de calle, hostigadas y desalojadas por las patotas de la UCEP. Además, señalarán a Mauricio Macri como el principal responsable de la implementación en su gestión de prácticas represivas y discriminatorias que violan los derechos humanos.
Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad no se ha pronunciado abiertamente sobre las denuncias recibidas por la UCEP, pero qué se puede esperar de esta gestión si el ministro Piccardo, responsable de la fuerza, asegura que las tareas que le corresponden a esta Unidad de Control son la remoción de carteles o la incautación de productos de venta ilegal.
Fuente RedEco
LIBERARON A URBANO CARDOZO, VECINO DE ANDALGALÁ, DETENIDO POR MANIFESTAR CONTRA LA MINERA ALUMBRERA
Catamarca (AGENCIA WALSH).- Según informaron vecinos auto-convocados de Andalgalá, acaba de ser liberado Urbano Cardozo, detenido en la madrugada por manifestarse contra el paso de camiones de Minera Alumbrera que transportaban de manera furtiva una carga de concentrado contaminante derramado en la última rotura del mineraloducto
El mineroducto de La Alumbrera se hallaba al aire libre, con desgaste por fatiga de materiales y frecuentes roturas que son de dominio público, y cabalga sobre el cauce del Rio Gastona, que nace en las Sierras de Aconquija y desagua en el Embalse de Rio Hondo, en Santiago del Estero.
Freddy Carbonell, de ASANOA (Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino) ha realizado un relevamiento fotográfico el el cual se puede apreciar la faraónica reubicación del ducto, a mayor profundidad. Aguas abajo están extrayendo áridos para hacer una autopista. Cuenta Freddy que “fuimos el sábado con grupos de compañeros de Concepción (los hermanos Aranda, Ramón Arias -de Copeco-, Eduardo Carrizo, de una asociación de padres y educadores, y un periodista de la zona). Comencé a filmar la reubicación del mineroducto y gente de La Alumbrera con personal de la firma MAR -de Miguel Rojano- de las Estancias del Aconquija, impedía nuestros registros obligándonos a retirarnos. Mientras discutían –continúa relatando Freddy Carbonell- me filtré con dos chicos de ASANOA en el campamento. Allí filmé todo a pesar de que la empresa de seguridad de La Alumbrera, Elite, y un ingeniero, metieron mano en mi cámara, comenzaron a indagarnos con prepotencia porque no admitían nuestras explicaciones de que “que el río es de todos.” Están trabajando en la mitad del río y los compañeros de Concepción y poblaciones aledañas viven con el corazón en la boca porque se siguen sumando vertidos tóxicos por mil y una irregularidad de la minera", insiste el documentalista y activista de las asambleas del noroste.
Freddy recalca que hicieron una denuncia en la fiscalía local para registrar oficialmente los trabajos sobre la cuenca del Gastona. Al mismo tiempo la Asamblea decidió hacer el sábado 26 del corriente, un abrazo al río, después de haber sesionado en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, luego del informe del YMAD (Yacimiento Minero Aguas de Dionisio) que –tal como se divulgó- niegan todo tipo de contaminación. Esa acción de los asambleistas fue todo un símbolo frente a una universidad asociada a la transnacional del saqueo.
Nos vemos obligados a advertir una vez más, que nadie le pone límite a los múltiples derrames de un mineroducto colapsado y que la propia minera reconoce la necesidad de rotar anualmente el caño por desgaste de materiales y roturas. El mineroducto tiene 316 kilómetros desde la planta en Catamarca hasta Ranchillos en Tucumán y va sembrando la escoria de metales pesados y sopa química en su trayecto, y también en el vertido final en el canal DP2, que vuelca su torrente en el Embalse de Río Hondo.
El mineroducto de La Alumbrera se hallaba al aire libre, con desgaste por fatiga de materiales y frecuentes roturas que son de dominio público, y cabalga sobre el cauce del Rio Gastona, que nace en las Sierras de Aconquija y desagua en el Embalse de Rio Hondo, en Santiago del Estero.
Freddy Carbonell, de ASANOA (Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino) ha realizado un relevamiento fotográfico el el cual se puede apreciar la faraónica reubicación del ducto, a mayor profundidad. Aguas abajo están extrayendo áridos para hacer una autopista. Cuenta Freddy que “fuimos el sábado con grupos de compañeros de Concepción (los hermanos Aranda, Ramón Arias -de Copeco-, Eduardo Carrizo, de una asociación de padres y educadores, y un periodista de la zona). Comencé a filmar la reubicación del mineroducto y gente de La Alumbrera con personal de la firma MAR -de Miguel Rojano- de las Estancias del Aconquija, impedía nuestros registros obligándonos a retirarnos. Mientras discutían –continúa relatando Freddy Carbonell- me filtré con dos chicos de ASANOA en el campamento. Allí filmé todo a pesar de que la empresa de seguridad de La Alumbrera, Elite, y un ingeniero, metieron mano en mi cámara, comenzaron a indagarnos con prepotencia porque no admitían nuestras explicaciones de que “que el río es de todos.” Están trabajando en la mitad del río y los compañeros de Concepción y poblaciones aledañas viven con el corazón en la boca porque se siguen sumando vertidos tóxicos por mil y una irregularidad de la minera", insiste el documentalista y activista de las asambleas del noroste.
Freddy recalca que hicieron una denuncia en la fiscalía local para registrar oficialmente los trabajos sobre la cuenca del Gastona. Al mismo tiempo la Asamblea decidió hacer el sábado 26 del corriente, un abrazo al río, después de haber sesionado en el patio del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, luego del informe del YMAD (Yacimiento Minero Aguas de Dionisio) que –tal como se divulgó- niegan todo tipo de contaminación. Esa acción de los asambleistas fue todo un símbolo frente a una universidad asociada a la transnacional del saqueo.
Nos vemos obligados a advertir una vez más, que nadie le pone límite a los múltiples derrames de un mineroducto colapsado y que la propia minera reconoce la necesidad de rotar anualmente el caño por desgaste de materiales y roturas. El mineroducto tiene 316 kilómetros desde la planta en Catamarca hasta Ranchillos en Tucumán y va sembrando la escoria de metales pesados y sopa química en su trayecto, y también en el vertido final en el canal DP2, que vuelca su torrente en el Embalse de Río Hondo.
viernes, 30 de octubre de 2009
EL IPROSS MATA: NUEVAMENTE EL IPROSS ES OBLIGADO POR LA JUSTICIA A CUMPLIR SUS OBLIGACIONES
El Bolsón (ANPP).- El Juzgado nº1 en lo civil y comercial de Bariloche obliga a IPROSS a abonar el 100 por ciento de lo adeudado a un docente de la localidad de El Bolsón que tiene un hijo con discapacidad.
Luego de más de un año de pedidos desoídos, se hace justicia.
Desde mayo del año anterior, una familia insiste en que la obra social provincial a la que se encuentra cautiva (no tiene opción de elección de obra social), IPROSS, no cumple con lo que establece la Ley Nacional sobre la cobertura de necesidades a personas con discapacidad.
Hoy, un vecino de nuestra ciudad, Javier Ishikawa, nos cuenta con emoción, que no sin antes haber tenido que recurrir a una medida de amparo, logró que la Justicia obligue una vez más a esta obra social a cumplir con sus obligaciones. El padre, solicitaba, según lo establece la Ley Nacional 24.901, la cobertura del 100 por ciento de lo realmente abonado en conceptos de terapias para su hijo que es epiléptico y presenta un retraso mental.
“Ellos me decían que me cubrían el 100 por ciento, pero yo pagaba 2500 y ellos me devolvían 600…, y como en el remito decía 100 por ciento, no podía reclamar nada…”
“Ya hace un par de años, tuve que hacer otro amparo, porque mi hijo requería de una preceptora de acompañamiento de tiempo completo en el jardín, y de (el ministerio) Educación no se la otorgaban, por lo que mi hijo debió esperar ocho meses desescolarizado, contradiciendo leyes provinciales, nacionales e internacionales… Todavía analizo la posibilidad de iniciarle juicio al ministro por los daños que esto ocasionó a mi hijo”
Hoy, esta es una esperanza que alienta a este padre quien asegura que ofrecerá su acompañamiento y asesoramiento a todas las familias que se encuentren con situaciones similares.
Una vez más, el IPROSS debió reconocer su falta frente a sus afiliados. Ya en el año 2007, en El Bolsón, IPROSS y Pinazo (su presidente), debieron reparar el daño ocasionado con dinero de su bolsillo, cuando militantes de esta ciudad ocuparon sus oficinas en reclamo de la puesta al día de los reintegros, la cobertura las 24 horas de guardia y guardia pediátrica, inexistente hasta entonces en esta localidad.
La pregunta es, ¿Quién se queda con el dinero que les corresponde a los muchos afiliados que no llegan por desconocimiento o imposibilidad de seguir la gigante burocracia que implica hoy hacer que el IPROSS funcione?
Luego de más de un año de pedidos desoídos, se hace justicia.
Desde mayo del año anterior, una familia insiste en que la obra social provincial a la que se encuentra cautiva (no tiene opción de elección de obra social), IPROSS, no cumple con lo que establece la Ley Nacional sobre la cobertura de necesidades a personas con discapacidad.
Hoy, un vecino de nuestra ciudad, Javier Ishikawa, nos cuenta con emoción, que no sin antes haber tenido que recurrir a una medida de amparo, logró que la Justicia obligue una vez más a esta obra social a cumplir con sus obligaciones. El padre, solicitaba, según lo establece la Ley Nacional 24.901, la cobertura del 100 por ciento de lo realmente abonado en conceptos de terapias para su hijo que es epiléptico y presenta un retraso mental.
“Ellos me decían que me cubrían el 100 por ciento, pero yo pagaba 2500 y ellos me devolvían 600…, y como en el remito decía 100 por ciento, no podía reclamar nada…”
“Ya hace un par de años, tuve que hacer otro amparo, porque mi hijo requería de una preceptora de acompañamiento de tiempo completo en el jardín, y de (el ministerio) Educación no se la otorgaban, por lo que mi hijo debió esperar ocho meses desescolarizado, contradiciendo leyes provinciales, nacionales e internacionales… Todavía analizo la posibilidad de iniciarle juicio al ministro por los daños que esto ocasionó a mi hijo”
Hoy, esta es una esperanza que alienta a este padre quien asegura que ofrecerá su acompañamiento y asesoramiento a todas las familias que se encuentren con situaciones similares.
Una vez más, el IPROSS debió reconocer su falta frente a sus afiliados. Ya en el año 2007, en El Bolsón, IPROSS y Pinazo (su presidente), debieron reparar el daño ocasionado con dinero de su bolsillo, cuando militantes de esta ciudad ocuparon sus oficinas en reclamo de la puesta al día de los reintegros, la cobertura las 24 horas de guardia y guardia pediátrica, inexistente hasta entonces en esta localidad.
La pregunta es, ¿Quién se queda con el dinero que les corresponde a los muchos afiliados que no llegan por desconocimiento o imposibilidad de seguir la gigante burocracia que implica hoy hacer que el IPROSS funcione?
COMUNICADO: PERSECUCIÓN SINDICAL Y DESPIDOS EN FRIGORÍFICO FEPASA
(Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo).- El frigorífico avícola FEPASA de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, es una empresa que emplea a más de 500 trabajadores y exporta su producción con importantes subsidios del Estado Nacional, al igual que los otros dos frigoríficos de la ciudad, Beccar y Tres Arroyos.
Las condiciones de trabajo en FEPASA son deplorables, se violan parámetros elementales de seguridad e higiene, con jornadas extenuantes de trabajo y un salario de hambre.
Esto generó que desde mediados del 2007 comenzara paulatinamente un reclamo por mejoras salariales y de las condiciones laborales, llevado adelante por los trabajadores en oposición incluso al Sindicato de la Carne que no sólo no apoyó el conflicto sino que hizo todo lo posible para evitarlo.
Cabe destacar que el Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay es conducido por Tedesco (quien además es Secretario General de la CGT de la zona y responsable de la Secretaría de Trabajo local) y Danilo Schab (Tesorero del Gremio de la Carne desde hace más de 20 años y concejal).
El conflicto en FEPASA comenzó a agudizarse cuando, hace 8 meses atrás, fue elegido delegado Manuel Alberto “Willy” Paredes, referente de los trabajadores de la planta, quien junto a sus representados se opusieron firmemente a las políticas explotadoras de la empresa y se enfrentaron a la burocracia sindical.
El primer problema surgió a partir de haberse despedido injustamente a un compañero, hecho que provoca una medida de fuerza consistente en un paro de toda la faena, para exigir la reincorporación del trabajador, lo cual se logra. Esto ocurre incluso con la oposición del Sindicato, ya que la dirección del mismo (Vereda y Schab), se presentan en la Asamblea en la planta y sostienen que es ilegal la medida de fuerza, en claro compromiso con la patronal. A pesar de esto los trabajadores continuaron con la medida de fuerza.
Esta situación trae como consecuencia un enfrentamiento cada vez mayor con la conducción burócrata del sindicato. Del lado de los trabajadores se realizó un escrache al local sindical por la actitud cómplice con la patronal y se echó al sindicato de la planta, quienes hasta la fecha no volvieron a ingresar. Por parte de la burocracia del gremio se produjo una agresión a un compañero de la planta y se intentó de manera ilegal revocar el mandato de los delegados más representativos de FEPASA, en una asamblea extraordinaria convocada por las autoridades del gremio de manera irregular y custodiados por patotas provenientes de Rosario, Paraná y Buenos Aires, quienes impidieron el acceso de los trabajadores a la asamblea exhibiendo armas de fuego.
Ante semejante nivel de conflicto con el gremio oficial burócrata, los trabajadores de FEPASA, así como los del Subte en la Ciudad de Buenos Aires, decidieron efectuar las gestiones para la conformación de un sindicato propio, con la adhesión de la mayoría de los trabajadores de la empresa.
Por otra parte, ante la situación insostenible de las condiciones de trabajo, sumado al hostigamiento de la patronal y la progresiva militarización de la planta (con personal policial y de gendarmería hostigando en la entrada de la empresa), comenzó un reclamo cada vez mayor de los trabajadores.
Este reclamo se expresó en un primer momento en trabajo a reglamento, luego en un paro total de planta, y ante la maniobra de la empresa de querer descargar pollos para faenar en los Frigoríficos Becar y Tres Arroyos, se resolvió impedir el ingreso de camiones en estas dos empresas con el apoyo y la solidaridad de sus trabajadores.
Estos hechos derivaron en la judicialización de la protesta, ya que denunciaron al delegado “Willy” Paredes por entorpecimiento del transporte y por amenazas, esto último producto de una fuerte discusión que tuvo con uno de los propietarios de Fepasa, Guillermo Davrieux, exigiendo que se respeten los derechos de los trabajadores.
Finalmente, ante la falta de respuestas a los reclamos y la actitud cómplice del Sindicato, los trabajadores deciden cortar la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta Nacional nº 14, hecho que tiene lugar desde el 21 de septiembre por la tarde, hasta la mañana de 22 de septiembre, cuando se decide levantar la medida ante la detención de uno de los referentes de los trabajadores.
En efecto, como consecuencia del corte de ruta, se abrió una causa por entorpecimiento del transporte y el Juez de Instrucción nº 2 de Concepción del Uruguay ordenó la detención del delegado “Willy” Paredes. Ante esta situación los compañeros que se encontraban en el corte, levantan la medida y se dirigien a la Plaza Ramírez, frente a los Tribunales de la Ciudad, para reclamar y repudiar la detención, oportunidad en que se instaló una carpa en la citada Plaza y se generó un amplio arco de solidaridad, llevándose a cabo una de las movilizaciones mas grandes protagonizadas por la clase obrera en la historia de Concepción del Uruguay.
Se efectuó además una importante movilización en la Ciudad de Paraná que convocó a diversos gremios y sectores de la Provincia, protagonizándose un gran acto, que tuvo como oradores a compañeros de Fepasa, donde se exigió la liberación del compañero Paredes y se manifestó la voluntad de los trabajadores de seguir la lucha.
Luego de diez días de movilizaciones, escraches, el mantenimiento de la carpa y actividades diversas se logra la liberación de “Willy” Paredes, produciéndose una importante caravana que recorrió toda la ciudad de Concepción del Uruguay.
Luego de la liberación de “Willy” Paredes, se hace una asamblea donde se eligen cuatro delegados y se presenta un petitorio a la patronal, en el cual se solicita la recomposición salarial a nivel local, mejoramiento de las condiciones de trabajo, el reconocimiento de la nueva entidad gremial en conformación y el llamado a elecciones correspondientes, entre los puntos más importantes. Además se le hizo saber a la patronal la designación de los nuevos delegados.
Sin embargo, toda la actividad gremial dentro de la planta era condicionada por la presencia de Policía de la Provincia de Entre Ríos, que amenazaba con detener a los delegados que quisieran expresarse en Asamblea y que se encontraban presentes tanto dentro como fuera de la planta. A esto debe agregarse las amenazas de la patronal de despedir a todo el que apoyara el conflicto.
Luego de un período de negociación de siete días, al no tener respuesta recrudece el conflicto y la reiteración de los reclamos, produciéndose como medida el quite de colaboración.
Ante esta situación, la empresa responde, el día 14 de octubre del corriente con el despido de los cuatro compañeros elegidos delegados en Asamblea. Los compañeros despedidos son Serafín Brunetti, Luciano Maspi, Carlos Blanco y Matias Obispo, desencadenando por parte de los trabajadores un paro total de actividades durante dos días y medio. Pero la patronal continuó con la actitud inflexible y amenazando con más despidos y manteniendo la militarización de la planta, implementando además seguimientos de los trabajadores y levantando actas con escribanos (cuyo contenido se desconoce) para presionar a los compañeros para que trabajen e impidiendo el acceso a los delegados sin mediar causa alguna. A tal punto llegó la persecución y la violación de los derechos de los trabajadores que se prohibió la realización de asambleas dentro de la planta, bajo amenazas de despido.
A la fecha se continúa con los reclamos, pero con la planta militarizada, con amenazas de más despidos, y los trabajadores no cuentan con representación de delegados en planta.
POR ESO DESDE CADeP EXIGIMOS:
- BASTA DE PERSECUCIÓN JUDICIAL A LOS TRABAJADORES!
- REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS DELEGADOS DESPEDIDOS!
Teléfonos de contacto:
Seferino Bruneti (delegado FEPASA): 03442-425913
Luciano Maspi (delegado FEPASA): 03442-15546417
Carlos Blanco (delegado FEPASA): 03442-15574217
Martín Alderete (CADEP): 155-499-2811
Franco (CADEP): 153-147-6180
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
FRENTE A LA REPRESIÓN:
¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
Las condiciones de trabajo en FEPASA son deplorables, se violan parámetros elementales de seguridad e higiene, con jornadas extenuantes de trabajo y un salario de hambre.
Esto generó que desde mediados del 2007 comenzara paulatinamente un reclamo por mejoras salariales y de las condiciones laborales, llevado adelante por los trabajadores en oposición incluso al Sindicato de la Carne que no sólo no apoyó el conflicto sino que hizo todo lo posible para evitarlo.
Cabe destacar que el Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay es conducido por Tedesco (quien además es Secretario General de la CGT de la zona y responsable de la Secretaría de Trabajo local) y Danilo Schab (Tesorero del Gremio de la Carne desde hace más de 20 años y concejal).
El conflicto en FEPASA comenzó a agudizarse cuando, hace 8 meses atrás, fue elegido delegado Manuel Alberto “Willy” Paredes, referente de los trabajadores de la planta, quien junto a sus representados se opusieron firmemente a las políticas explotadoras de la empresa y se enfrentaron a la burocracia sindical.
El primer problema surgió a partir de haberse despedido injustamente a un compañero, hecho que provoca una medida de fuerza consistente en un paro de toda la faena, para exigir la reincorporación del trabajador, lo cual se logra. Esto ocurre incluso con la oposición del Sindicato, ya que la dirección del mismo (Vereda y Schab), se presentan en la Asamblea en la planta y sostienen que es ilegal la medida de fuerza, en claro compromiso con la patronal. A pesar de esto los trabajadores continuaron con la medida de fuerza.
Esta situación trae como consecuencia un enfrentamiento cada vez mayor con la conducción burócrata del sindicato. Del lado de los trabajadores se realizó un escrache al local sindical por la actitud cómplice con la patronal y se echó al sindicato de la planta, quienes hasta la fecha no volvieron a ingresar. Por parte de la burocracia del gremio se produjo una agresión a un compañero de la planta y se intentó de manera ilegal revocar el mandato de los delegados más representativos de FEPASA, en una asamblea extraordinaria convocada por las autoridades del gremio de manera irregular y custodiados por patotas provenientes de Rosario, Paraná y Buenos Aires, quienes impidieron el acceso de los trabajadores a la asamblea exhibiendo armas de fuego.
Ante semejante nivel de conflicto con el gremio oficial burócrata, los trabajadores de FEPASA, así como los del Subte en la Ciudad de Buenos Aires, decidieron efectuar las gestiones para la conformación de un sindicato propio, con la adhesión de la mayoría de los trabajadores de la empresa.
Por otra parte, ante la situación insostenible de las condiciones de trabajo, sumado al hostigamiento de la patronal y la progresiva militarización de la planta (con personal policial y de gendarmería hostigando en la entrada de la empresa), comenzó un reclamo cada vez mayor de los trabajadores.
Este reclamo se expresó en un primer momento en trabajo a reglamento, luego en un paro total de planta, y ante la maniobra de la empresa de querer descargar pollos para faenar en los Frigoríficos Becar y Tres Arroyos, se resolvió impedir el ingreso de camiones en estas dos empresas con el apoyo y la solidaridad de sus trabajadores.
Estos hechos derivaron en la judicialización de la protesta, ya que denunciaron al delegado “Willy” Paredes por entorpecimiento del transporte y por amenazas, esto último producto de una fuerte discusión que tuvo con uno de los propietarios de Fepasa, Guillermo Davrieux, exigiendo que se respeten los derechos de los trabajadores.
Finalmente, ante la falta de respuestas a los reclamos y la actitud cómplice del Sindicato, los trabajadores deciden cortar la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta Nacional nº 14, hecho que tiene lugar desde el 21 de septiembre por la tarde, hasta la mañana de 22 de septiembre, cuando se decide levantar la medida ante la detención de uno de los referentes de los trabajadores.
En efecto, como consecuencia del corte de ruta, se abrió una causa por entorpecimiento del transporte y el Juez de Instrucción nº 2 de Concepción del Uruguay ordenó la detención del delegado “Willy” Paredes. Ante esta situación los compañeros que se encontraban en el corte, levantan la medida y se dirigien a la Plaza Ramírez, frente a los Tribunales de la Ciudad, para reclamar y repudiar la detención, oportunidad en que se instaló una carpa en la citada Plaza y se generó un amplio arco de solidaridad, llevándose a cabo una de las movilizaciones mas grandes protagonizadas por la clase obrera en la historia de Concepción del Uruguay.
Se efectuó además una importante movilización en la Ciudad de Paraná que convocó a diversos gremios y sectores de la Provincia, protagonizándose un gran acto, que tuvo como oradores a compañeros de Fepasa, donde se exigió la liberación del compañero Paredes y se manifestó la voluntad de los trabajadores de seguir la lucha.
Luego de diez días de movilizaciones, escraches, el mantenimiento de la carpa y actividades diversas se logra la liberación de “Willy” Paredes, produciéndose una importante caravana que recorrió toda la ciudad de Concepción del Uruguay.
Luego de la liberación de “Willy” Paredes, se hace una asamblea donde se eligen cuatro delegados y se presenta un petitorio a la patronal, en el cual se solicita la recomposición salarial a nivel local, mejoramiento de las condiciones de trabajo, el reconocimiento de la nueva entidad gremial en conformación y el llamado a elecciones correspondientes, entre los puntos más importantes. Además se le hizo saber a la patronal la designación de los nuevos delegados.
Sin embargo, toda la actividad gremial dentro de la planta era condicionada por la presencia de Policía de la Provincia de Entre Ríos, que amenazaba con detener a los delegados que quisieran expresarse en Asamblea y que se encontraban presentes tanto dentro como fuera de la planta. A esto debe agregarse las amenazas de la patronal de despedir a todo el que apoyara el conflicto.
Luego de un período de negociación de siete días, al no tener respuesta recrudece el conflicto y la reiteración de los reclamos, produciéndose como medida el quite de colaboración.
Ante esta situación, la empresa responde, el día 14 de octubre del corriente con el despido de los cuatro compañeros elegidos delegados en Asamblea. Los compañeros despedidos son Serafín Brunetti, Luciano Maspi, Carlos Blanco y Matias Obispo, desencadenando por parte de los trabajadores un paro total de actividades durante dos días y medio. Pero la patronal continuó con la actitud inflexible y amenazando con más despidos y manteniendo la militarización de la planta, implementando además seguimientos de los trabajadores y levantando actas con escribanos (cuyo contenido se desconoce) para presionar a los compañeros para que trabajen e impidiendo el acceso a los delegados sin mediar causa alguna. A tal punto llegó la persecución y la violación de los derechos de los trabajadores que se prohibió la realización de asambleas dentro de la planta, bajo amenazas de despido.
A la fecha se continúa con los reclamos, pero con la planta militarizada, con amenazas de más despidos, y los trabajadores no cuentan con representación de delegados en planta.
POR ESO DESDE CADeP EXIGIMOS:
- BASTA DE PERSECUCIÓN JUDICIAL A LOS TRABAJADORES!
- REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS DELEGADOS DESPEDIDOS!
Teléfonos de contacto:
Seferino Bruneti (delegado FEPASA): 03442-425913
Luciano Maspi (delegado FEPASA): 03442-15546417
Carlos Blanco (delegado FEPASA): 03442-15574217
Martín Alderete (CADEP): 155-499-2811
Franco (CADEP): 153-147-6180
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA
CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS
FRENTE A LA REPRESIÓN:
¡UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
REPRESIÓN EN ANDALGALÁ
(Impunidad Chubut).- Manifestamos nuestro repudio a la criminalización de la protesta popular y al abuso de autoridad declarada a los que se resisten y luchan en sus territorios por el derecho a la Vida.
En total solidaridad con los vecinos autoconvocados de Andalgalá muy especialmente con el compañero Urbano Cardozo, encarcelado y víctima de la represión policial, y por el silencio y aislamiento que pretenden imponer los medios masivos de comunicación informamos:
“Esta madrugada, camiones transportando los residuos tóxicos de los últimos derrames del mineraloducto roto de Minera Alumbrera en Andalgalá, Provincia de Catamarca, en el Noroeste Argentino, fueron interceptados por los Vecinos autoconvocados de esa localidad, cansados de sufrir los drenajes ácidos y los derrames tóxicos del ducto de la minera, que reiterada e impunemente les contamina las tierras y las aguas.
Un fiscal local dio orden de represión y encarcelamiento contra Urbano Cardozo, vecino septuagenario que se encuentra en estos momentos en la comisaría de Andalgalá, detenido.”
Fuente: http://www.renace.net/spip.php?article203
Por un pueblo unido en defensa del derecho a la Vida y en solidaridad a los vecinos autoconvocados de Andalgalá, adherimos a su difusión.
En total solidaridad con los vecinos autoconvocados de Andalgalá muy especialmente con el compañero Urbano Cardozo, encarcelado y víctima de la represión policial, y por el silencio y aislamiento que pretenden imponer los medios masivos de comunicación informamos:
“Esta madrugada, camiones transportando los residuos tóxicos de los últimos derrames del mineraloducto roto de Minera Alumbrera en Andalgalá, Provincia de Catamarca, en el Noroeste Argentino, fueron interceptados por los Vecinos autoconvocados de esa localidad, cansados de sufrir los drenajes ácidos y los derrames tóxicos del ducto de la minera, que reiterada e impunemente les contamina las tierras y las aguas.
Un fiscal local dio orden de represión y encarcelamiento contra Urbano Cardozo, vecino septuagenario que se encuentra en estos momentos en la comisaría de Andalgalá, detenido.”
Fuente: http://www.renace.net/spip.php?article203
Por un pueblo unido en defensa del derecho a la Vida y en solidaridad a los vecinos autoconvocados de Andalgalá, adherimos a su difusión.
jueves, 29 de octubre de 2009
MUESTRA DE CONTRATAPAS DE LA REVISTA BARCELONA EN FIVKE MENUCO
Apoyemos y difundamos la prensa libre y contestaria.
FINALIZÓ LA MUESTRA ITINERANTE DEL BANCO NACIÓN
La exposición había comenzado el 22 de este mes y contó con más de 500 visitas; además la gente estuvo muy gratificada con que se realicen exposiciones de estas características según lo plasmaron en un libro que permitía dejar registro de las impresiones.
La muestra además generó mucha repercusión ya que la organizaba el hijo Julio César Schwartz, que trabajaba en la sucursal El Bolsón del banco Nación cuando un grupo de tareas lo secuestró en 1978.
JUICIO A POLICIAS EN NEUQUÉN
Neuquén (prensa obreros de zanón).- Del 02 al 13 de Noviembre, uno en la Irigoyen 176 , el otro en Antártica Argentina 356, ambos en Neuquén, se vivirán dos juicios orales contra un total de 31 policías, integrantes de la Policía de Neuquén: cuatro imputados por haber lesionado y sacarle un ojo con los disparos a Pedro Pepe Alveal en la represión del 25 de Noviembre de 2003 y 27 policías acusados de torturas a 50 detenidos en la Unidad de Detención Nº 11 en Abril del 2004, en una represión que duro 3 días y por tanto intervinieron tres equipos de requisa distintos.
En ambas causas se llega a juicio luego de una importante pelea contra todo tipo de maniobras de impunidad, tejidas tanto desde la justicia como del gobierno y habiendo sido rechazado la presentación que Zainuco hiciera para que se apartara el Juez Luís Maria Fernández.
Como muestra de ello, los 31 policías que se juzgan siguen en funciones, lo que demuestra que estos juicios son un importante pelea contra la impunidad. En un momento como el actual en que se quiere utilizar nuevamente la represión contra los que luchan y la misma policía que fusilo a Carlos Fuentealba y están acusados en estas causas sigue probando armas para utilizarlas contra los trabajadores y el pueblo, por todo este marco que hoy vive la provincia, estos juicios adquieren una importancia mayor.
Por eso desde el Sindicato Ceramista, las obreras y obreros de Zanon, el CEPRODH y ZAINUCO convocamos a conferencia de prensa el día Jueves 29 de Octubre a las 10.30 hs en el Sindicato Ceramista en la cual se explicaran las estrategias a seguir y se convocara a la movilización.
OBRERAS/OS DE ZANON-SINDICATO CERAMISTA - CEPRODH- ZAINUCO
RADIO NACIONAL BARILOCHE SIN TRANSMITIR EN AM POR "PROBLEMAS BUROCRÁTICOS"
El Bolsón (ANPP).- La Asamblea en defensa de la Radio Pública denuncia que, por problemas burocráticos, Radio Nacional Bariloche tuvo que dejar de transmitir por AM.
Afirman que LRA 30, Radio Nacional Bariloche, "hace tiempo que tiene problemas con sus equipos, especialmente el de AM."
Esta radio pública "es el único medio de comunicación con muchos parajes del campo, especialmente de la Línea Sur Rionegrina."
El equipo de AM hace ya varios días ha salido fuera de servicio nuevamente, y por su antigüedad las reparaciones tienen poca duración.
Se han hecho gestiones para dotar a la radio de nuevo equipamiento, por las cuales se ha conseguido uno de 25 Kw. de potencia, que "desde hace mas de un mes está embalado en el hall de entrada de la radio."
El equipo de AM hace ya varios días ha salido fuera de servicio nuevamente, y por su antigüedad las reparaciones tienen poca duración.
Se han hecho gestiones para dotar a la radio de nuevo equipamiento, por las cuales se ha conseguido uno de 25 Kw. de potencia, que "desde hace mas de un mes está embalado en el hall de entrada de la radio."
Desde la Asamblea dicen que "por problemas burocráticos no es posible destrabar los fondos para su instalación", y hacen una llamado "a todos que, por el medio que tengan a su alcance, comuniquen a funcionarios y a quienes crean puedan influir para que esto se remedie a la brevedad y volvamos a tener este medio de comunicación en el aire."
Agregan en el comunicado la dirección de mail portal@radionacional.gov.ar para hacer llegar los reclamos.
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