El Bolsón (ANPP).- Más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas, y comunitarias de la comunicación trabajaron durante años en pos de la unidad y modificación de la ley.
Nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004 suscribieron este es el trabajo colectivo, producto de extensas jornadas de diálogo y consensos:
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
domingo, 6 de septiembre de 2009
MAÑANA MARCHAS EN TODO EL PAÍS CONTRA EL HAMBRE
El Bolsón (ANPP).- Este lunes 7 de septiembre, en distintos puntos de Argentina se harán manifestaciones contra el hambre y la represión, así como por la exigencia de impulsar cooperativas bajo gestión autónoma de los trabajadores y no digitadas por los intendentes como viene perfilándose hasta el momento.
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones barriales, de desocupados y cooperativas de trabajo se concentrarán a las 14, con movilización y corte de la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social.
También habrá marchas en Rosario, Tucumán, Cipolletti, Neuquén y Formosa.
En Rosario, desde las 9, habrá un corte de ruta y movilización por la ciudad; en Tucumán, se irá hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual.
A las 10, Cipolletti será punto de reunión para luego cortar el puente carretero que une esa ciudad rionegrina con la capital de Neuquén.
En la provincia de Formosa, por su parte, a las 9 se cortará la avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Ibarreña.
Con esto se buscará que se ponga en marcha el plan anunciado por la presidenta Cristina Fernández “en forma urgente y en todo el país, sin el manejo clientelar de los intendentes afines al gobierno”.
Por otro lado, será una expresión de defensa de las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores y contra los desalojos de fábricas, centros sociales o comunitarios, o de familias sin techo.
En este sentido, se hará especial énfasis en la fábrica de gestión obrera IMPA.
Organizan y convocan, entre otros: Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Unidad y Lucha, MTL Rebelde, Organización Popular Fogoneros, Frente Territorial 26 de Junio (CTD Aníbal Verón, Resistencia Popular, MIP, CPS 29 de mayo, MTR Santucho, MDVG), MTDs y organizaciones barriales del Frente Popular Darío Santillán, MTR por la Democracia Directa, Frente Territorial de Convocatoria para la Liberación, Agrupación María Claudia Falcone, OLP, MoTOR, IMPA, Fábrica Recuperada por sus trabajadores, Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP).
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones barriales, de desocupados y cooperativas de trabajo se concentrarán a las 14, con movilización y corte de la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social.
También habrá marchas en Rosario, Tucumán, Cipolletti, Neuquén y Formosa.
En Rosario, desde las 9, habrá un corte de ruta y movilización por la ciudad; en Tucumán, se irá hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual.
A las 10, Cipolletti será punto de reunión para luego cortar el puente carretero que une esa ciudad rionegrina con la capital de Neuquén.
En la provincia de Formosa, por su parte, a las 9 se cortará la avenida 25 de Mayo, en la ciudad de Ibarreña.
Con esto se buscará que se ponga en marcha el plan anunciado por la presidenta Cristina Fernández “en forma urgente y en todo el país, sin el manejo clientelar de los intendentes afines al gobierno”.
Por otro lado, será una expresión de defensa de las empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores y contra los desalojos de fábricas, centros sociales o comunitarios, o de familias sin techo.
En este sentido, se hará especial énfasis en la fábrica de gestión obrera IMPA.
Organizan y convocan, entre otros: Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Unidad y Lucha, MTL Rebelde, Organización Popular Fogoneros, Frente Territorial 26 de Junio (CTD Aníbal Verón, Resistencia Popular, MIP, CPS 29 de mayo, MTR Santucho, MDVG), MTDs y organizaciones barriales del Frente Popular Darío Santillán, MTR por la Democracia Directa, Frente Territorial de Convocatoria para la Liberación, Agrupación María Claudia Falcone, OLP, MoTOR, IMPA, Fábrica Recuperada por sus trabajadores, Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP).
OPINIÓN: LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Por Adolfo Pérez Esquivel
Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos.
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural.
Muchas veces las empresa van de contramano con la libertad de prensa y algunas son monopolios que controlan la información, ejercen la censura y buscan provocar reacciones y manipular la opinión pública para imponer sus intereses políticos a la sociedad.
Este mecanismo de concentración y contaminación de la información se realiza en nuestro país y a escala mundial. Se pretende confundir la libertad de prensa con la libertad de empresa, y no son sinónimos. Los monopolios generan reacciones sociales como la de penalizar la pobreza y las protestas sociales, señalan a los jóvenes como responsables de todos los males que sufre la sociedad, y han desatado campañas para reclaman más "seguridad" contra los "chicos de la calle" y de las villas que, por ser pobres y de piel oscura, se les señala como delincuentes. Se pide bajar la edad de imputabilidad.
Esos medios informativos destilan violencia a través de sus programas y desinforman en lugar de informar, pero no preguntan a ninguno de esos chicos que viven en la calle y que son violentados y marginados de la sociedad, "cuál es su seguridad". Esos jóvenes son considerados no personas y los invisibilizan cuando les conviene a esos medios perversos.
La nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha causado revuelo y preocupación, principalmente a aquellos que no quieren cambio alguno y pretenden continuar con la ley vigente impuesta durante la dictadura militar.
Vemos que varios dirigentes políticos se rasgan las vestiduras cuando el Poder Ejecutivo presenta una nueva ley. Habría que preguntarles qué han hecho durante estos años, que no quisieron escuchar los reclamos en defensa de la libertad de prensa y miraron para otro lado y se cajonearon proyectos.
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros; permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y la concentración del poder en pocas manos. Lo mismo podemos decir de los dirigentes radicales y la Alianza.
Durante muchos años emisoras comunitarias como FARCO, y otros medios independientes, han trabajado para la sanción de la nueva ley de radiodifusión, a fin de alcanzar la libertad de prensa. La nueva Ley promoverá la regulación de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas y contempla desterrar los monopolios. Cualquier ley que se sancione y que no ponga fin a los monopolios existentes, terminará siendo más de lo mismo y una nueva frustración para el pueblo.
La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para la manipulación y control de los medios. El organismo debe ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su integración, con mandatos renovables.
La ley tiene muchos aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, la libertad de informar y ser informado, por sobre los intereses imperante de los monopolios y oligopolios.
Hay quienes promueven, desde la oposición, que la ley debe ser sancionada después del 10 de diciembre, lo que llevaría al retraso y permanencia de la ley de la dictadura. El justificativo es que "todo se hace apresurado y hay que esperar que asuman los legisladores electos". Me pregunto: ¿los actuales legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre, deben dejar de actuar en sus funciones y salir de vacaciones?
¿Tiene que esperar el país otros 25 años más para sancionar una nueva ley de medios de comunicación audiovisuales? Las empresas que controlan los medios seguirán presionando para continuar usufructuando sus intereses y embarrando la situación, para impedir que se sancione la nueva Ley.
El debate está abierto y es importante terminar con la contaminación mental y visual de los medios, la pobreza y la falta de nivel que impone la dominación cultural. La ley debe contemplar a los pueblos originarios para que puedan difundir sus valores, culturales e identidad. Siempre que se proponen leyes, los pueblos originarios no son tenidos en cuenta.
Es lamentable que los medios audiovisuales en manos de los poderosos, impongan el 97 por ciento de los programas. Son extranjeros, de pésima calidad, incentivan la violencia ignorando a los pensadores, artistas y valores de nuestro país y del continente latinoamericano. Basta tener presente la falta de programas de música, teatro, cine. El desconocimiento y desinterés, que como bien lo señalara Tito Cosa, de los que mandan, miran el país con mirada de sometidos y dominados.
El próximo año el país cumplirá 200 años y hay que pensar si somos un país libre y soberano, con pensamiento propio, o si a doscientos años seguimos siendo sometidos y dominados y colonia de las empresas transnacionales. Será difícil saber si vamos a celebrar o llorar. Creo que es importante reflexionar y saber dónde estamos parados. Comprender ese viejo proverbio que dice: "Si no sabes a dónde vas, regresa para saber de donde vienes"
La nueva Ley de Servicios y Medios audiovisuales debe abrir espacios de libertad de expresión y valores que nos permita construir un nuevo amanecer de la Patria. Una palabra; una pertenencia y pensamiento olvidado, que debemos recuperar. La dominación no comienza por lo económico, comienza por lo cultural.
sábado, 5 de septiembre de 2009
COMUNICADO: ESCUELA PRIMARIA EN FASINPAT
Neuquén (Prensa Zanón).- La educación es un derecho humano y una necesidad básica de nuestra vida diaria.
La educación nos ayuda a entender la sociedad en que vivimos y a los procesos en
los que estamos comprometidos........Nos ayuda a "leer la realidad para poder escribir la historia."
Por eso, trabajadores de la educación y ceramistas te proponemos terminar tus Estudios primarios en FASINPAT.
Invitamos a todos los compañeros trabajadores del parque industrial que no tengan terminado el ciclo primario a que participen concurriendo a esta escuela que se encuentra al servicio de los trabajadores.
Desde el 1ro. de Septiembre funciona la escuela primaria en la fábrica y queremos que seas parte de esta construcción educativa.
Acércate a la fábrica para inscribirte:
El horario de cursada es de 14 a 18 hs. de Lunes a Jueves.
Y a partir del 2010 pensá en cursar tus estudios secundarios en el mismo lugar.
Para más información:
Prensa zanon
Cristian Mellado 154721968
La educación nos ayuda a entender la sociedad en que vivimos y a los procesos en
los que estamos comprometidos........Nos ayuda a "leer la realidad para poder escribir la historia."
Por eso, trabajadores de la educación y ceramistas te proponemos terminar tus Estudios primarios en FASINPAT.
Invitamos a todos los compañeros trabajadores del parque industrial que no tengan terminado el ciclo primario a que participen concurriendo a esta escuela que se encuentra al servicio de los trabajadores.
Desde el 1ro. de Septiembre funciona la escuela primaria en la fábrica y queremos que seas parte de esta construcción educativa.
Acércate a la fábrica para inscribirte:
El horario de cursada es de 14 a 18 hs. de Lunes a Jueves.
Y a partir del 2010 pensá en cursar tus estudios secundarios en el mismo lugar.
Para más información:
Te esperamos
"Estudiar para luchar y luchar para estudiar"
Bermudes Jorge Bermudes -oberos de zanon- cel.: 154288004
"Estudiar para luchar y luchar para estudiar"
Bermudes Jorge Bermudes -oberos de zanon- cel.: 154288004
Mariel Malan -Docente cel. 154136264
Prensa zanon
Cristian Mellado 154721968
viernes, 4 de septiembre de 2009
EDITORIAL: MANO DURA
Ante la inseguridad, mano dura.
Es casi natural que cada vez que nos encontramos ante la necesidad de resolver un emergente intentemos buscar una salida fácil, cómoda, sencilla. A veces funciona. Otras, y lamentablemente son muchas, aquello no es más que un deseo, y entonces es imperioso superar la desazón y enfrentarse al problema a través de un análisis profundo y serio de la situación.
A un presidente argentino, a quien muchos aún honran en actos solemnes, se le ocurrió que los desórdenes sociales podían reducirse notablemente creando una ley que prohibiera la “vagancia”, la ociosidad de miles de gauchos pendencieros y afectos a la bebida que alteraban la nueva vida de campos rectangulares, alambrados, legales, con su debido propietario. Miembros de las clases altas, innumerables entre la burguesía creciente y algunos pobres entregados al país del progreso y del liberalismo, aplaudieron la medida: vieron en ella una solución fácil, cómoda, sencilla. Estaban ciegos –o pretendían estarlo- frente a la raíz más compleja del problema, que remitía inevitablemente al despojo de tierras con que el estado argentino dejó sin nada, a través de los aparatos jurídico y militar, a miles y miles de humildes pobladores rurales, tanto mestizos como aborígenes. Era gente “ociosa”, es cierto, gente desplazada de un proyecto de país que no los consideraba a la hora de repartir sus frutos. Y esto, que puede parecer anecdótico, es una excelente oportunidad para comprender cómo una profunda injusticia social se puede transformar en causa de los males de la sociedad. Porque el país que se inauguraba allá por 1860 iba a estar sustentado en ese pecado original, en la desigualdad económica, política y social, a partir de la cual es una imbecilidad pretender una sociedad en armonía. Décadas después la historia misma demostraba que sólo se estaba escondiendo basura bajo la alfombra.
Un asesinato conmueve a El Bolsón y la comarca. El caso impacta como cada vez que la realidad nos obliga a vernos cara a cara con la muerte. Nos imaginamos, sin lograrlo, la impotencia infinita, la bronca incontenible de los amigos y familiares. Exigen justicia, que el asesino –que ya fue capturado- termine en la cárcel. Pero se alza también un coro funesto, potenciado por los ecos de los grandes medios de comunicación que desde hace tiempo vienen predicando que la violencia y la represión estatales son la única y verdadera solución a la inseguridad. Más policías, dicen. Más controles. Discursos análogos a esos que ya escuchamos en televisión, de la mano de un empresario textil que prefirió conservar su dinero a la vida de su hijo, o de un advenedizo millonario -con posibles conexiones con los carteles de la droga colombianos- que ganó recientemente las elecciones. El impulso natural a buscar soluciones fáciles ahora está perversamente alentado, como modo único de pensar, por los grandes medios. La ingenuidad gana así terreno en las conciencias encajonadas de algunos. Más policías.
En Chubut hay muchos policías. Son implacables. Los uniformados chubutenses ya son famosos, entre otras barbaridades, por los aberrantes operativos llevados a cabo en Corcovado, donde allanaron y destruyeron decenas de casas sin orden judicial, golpearon a la gente e instauraron un verdadero estado de sitio como en las peores épocas de nuestra historia. Por esos días, en Corcovado la inseguridad vestía de azul, usaba armas reglamentarias y tenía como nombre el de una institución que supuestamente se encarga de proteger a la población.
El Bolsón quizás no cuente con muchos efectivos, pero vimos bastantes, aquel 2 de febrero de 2008, en la plaza Pagano, observando impávidos cómo una patota municipal desalojaba a golpes, garrotazos y a punta de armas blancas a trabajadores artesanos. Hace pocos meses hubo muchos reunidos: medio centenar. ¿Se enfrentaban a una banda de narcotraficantes? ¿Estaban por desbaratar una mafia de piratas del asfalto? ¿Una red de prostitución? Nada de eso. Protegían a lamentables funcionarios del Ministerio de Educación que pretendían llevar adelante un acto ilegal. Allí estaba el cordón policial, aquella triste jornada en la escuela hogar, presto a golpear a los cientos de docentes que osabaran exigir que las cosas se hicieran como marca a ley.
Más policías. Quizás tengamos el honor de que destinen algunos de los tantos uniformados que fueron señalados como cómplices de mafias dedicadas al secuestro de personas. Como los implicados en el Triple Crimen de Cipolletti. O como los policías de Choele Choel, que fueron sorprendidos mientras trataban de “blanquear” a una menor prostituida a través de documentos falsos; policías que por supuesto gozan de plena libertad y circulan entre nosotros como respetables ciudadanos. El caso del secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, en 2006, incluía entre sus hipótesis la posible conexión con una red de trata de personas en connivencia con policías y funcionarios judiciales y políticos. (Un dato curioso: el radical Iván Lazzeri se mostró sospechosamente molesto cuando se difundieron las escuchas telefónicas que dejaban “pegados” a los agentes del orden de Choele Choel.) El crimen de Otoño sigue impune, y parece chiste de mal gusto suponer que con más policías (o más jueces o más políticos) se va a hacer justicia con los miserables que le cortaron la vida a los 16 años.
Más policías. Como esos que vinieron desde Bariloche, con ropa de civil, y asaltaron el supermercado Todo, acá, sobre la ruta 40, y fusilaron al cabo Cornejo, que no tenía ni 20 años.
Sólo una mirada encajonada, impulsada por las campañas mediáticas del odio y la violencia, puede seguir sosteniendo que la inseguridad se soluciona con mayor presencia policial o militar. Las fuerzas del orden, tan corrompidas como el estado, tienen una función que nada tiene que ver con el bienestar del pueblo: mantener este esquema de injusticia, proteger a los poderosos y aplastar a los disconformes o a los marginales que esta misma sociedad genera. Los grandes acumuladores de dinero apoyan eufóricos y entusiastas el programa de “más seguridad”, que no es más que la militarización de la sociedad. De esa manera aseguran, por un tiempo al menos, conservar sus obscenos privilegios sobre una sociedad empobrecida. Quizás por eso Romera, que debería estar en la cárcel por corrupto, se apresuró a poner su cara en la primera fila de las manifestaciones de repudio al asesinato del trabajador remisero. Quizás por eso grandes empresarios locales como el señor Guasco pretenden levantar las banderas de la mano dura en El Bolsón.
La felicidad del pueblo es la única garantía de seguridad social. Y la felicidad de cada persona sólo se logra cuando encuentra que la sociedad le guarda un lugar para crecer material y espiritualmente. Claro, la solución no es fácil, implica nada más ni nada menos que reestructurar todo el orden social. Implica que los privilegiados pierdan sus privilegios en pos del bien común. Implica justicia. Justicia en todo sentido.
Es casi natural que cada vez que nos encontramos ante la necesidad de resolver un emergente intentemos buscar una salida fácil, cómoda, sencilla. A veces funciona. Otras, y lamentablemente son muchas, aquello no es más que un deseo, y entonces es imperioso superar la desazón y enfrentarse al problema a través de un análisis profundo y serio de la situación.
A un presidente argentino, a quien muchos aún honran en actos solemnes, se le ocurrió que los desórdenes sociales podían reducirse notablemente creando una ley que prohibiera la “vagancia”, la ociosidad de miles de gauchos pendencieros y afectos a la bebida que alteraban la nueva vida de campos rectangulares, alambrados, legales, con su debido propietario. Miembros de las clases altas, innumerables entre la burguesía creciente y algunos pobres entregados al país del progreso y del liberalismo, aplaudieron la medida: vieron en ella una solución fácil, cómoda, sencilla. Estaban ciegos –o pretendían estarlo- frente a la raíz más compleja del problema, que remitía inevitablemente al despojo de tierras con que el estado argentino dejó sin nada, a través de los aparatos jurídico y militar, a miles y miles de humildes pobladores rurales, tanto mestizos como aborígenes. Era gente “ociosa”, es cierto, gente desplazada de un proyecto de país que no los consideraba a la hora de repartir sus frutos. Y esto, que puede parecer anecdótico, es una excelente oportunidad para comprender cómo una profunda injusticia social se puede transformar en causa de los males de la sociedad. Porque el país que se inauguraba allá por 1860 iba a estar sustentado en ese pecado original, en la desigualdad económica, política y social, a partir de la cual es una imbecilidad pretender una sociedad en armonía. Décadas después la historia misma demostraba que sólo se estaba escondiendo basura bajo la alfombra.
Un asesinato conmueve a El Bolsón y la comarca. El caso impacta como cada vez que la realidad nos obliga a vernos cara a cara con la muerte. Nos imaginamos, sin lograrlo, la impotencia infinita, la bronca incontenible de los amigos y familiares. Exigen justicia, que el asesino –que ya fue capturado- termine en la cárcel. Pero se alza también un coro funesto, potenciado por los ecos de los grandes medios de comunicación que desde hace tiempo vienen predicando que la violencia y la represión estatales son la única y verdadera solución a la inseguridad. Más policías, dicen. Más controles. Discursos análogos a esos que ya escuchamos en televisión, de la mano de un empresario textil que prefirió conservar su dinero a la vida de su hijo, o de un advenedizo millonario -con posibles conexiones con los carteles de la droga colombianos- que ganó recientemente las elecciones. El impulso natural a buscar soluciones fáciles ahora está perversamente alentado, como modo único de pensar, por los grandes medios. La ingenuidad gana así terreno en las conciencias encajonadas de algunos. Más policías.
En Chubut hay muchos policías. Son implacables. Los uniformados chubutenses ya son famosos, entre otras barbaridades, por los aberrantes operativos llevados a cabo en Corcovado, donde allanaron y destruyeron decenas de casas sin orden judicial, golpearon a la gente e instauraron un verdadero estado de sitio como en las peores épocas de nuestra historia. Por esos días, en Corcovado la inseguridad vestía de azul, usaba armas reglamentarias y tenía como nombre el de una institución que supuestamente se encarga de proteger a la población.
El Bolsón quizás no cuente con muchos efectivos, pero vimos bastantes, aquel 2 de febrero de 2008, en la plaza Pagano, observando impávidos cómo una patota municipal desalojaba a golpes, garrotazos y a punta de armas blancas a trabajadores artesanos. Hace pocos meses hubo muchos reunidos: medio centenar. ¿Se enfrentaban a una banda de narcotraficantes? ¿Estaban por desbaratar una mafia de piratas del asfalto? ¿Una red de prostitución? Nada de eso. Protegían a lamentables funcionarios del Ministerio de Educación que pretendían llevar adelante un acto ilegal. Allí estaba el cordón policial, aquella triste jornada en la escuela hogar, presto a golpear a los cientos de docentes que osabaran exigir que las cosas se hicieran como marca a ley.
Más policías. Quizás tengamos el honor de que destinen algunos de los tantos uniformados que fueron señalados como cómplices de mafias dedicadas al secuestro de personas. Como los implicados en el Triple Crimen de Cipolletti. O como los policías de Choele Choel, que fueron sorprendidos mientras trataban de “blanquear” a una menor prostituida a través de documentos falsos; policías que por supuesto gozan de plena libertad y circulan entre nosotros como respetables ciudadanos. El caso del secuestro y asesinato de Otoño Uriarte, en 2006, incluía entre sus hipótesis la posible conexión con una red de trata de personas en connivencia con policías y funcionarios judiciales y políticos. (Un dato curioso: el radical Iván Lazzeri se mostró sospechosamente molesto cuando se difundieron las escuchas telefónicas que dejaban “pegados” a los agentes del orden de Choele Choel.) El crimen de Otoño sigue impune, y parece chiste de mal gusto suponer que con más policías (o más jueces o más políticos) se va a hacer justicia con los miserables que le cortaron la vida a los 16 años.
Más policías. Como esos que vinieron desde Bariloche, con ropa de civil, y asaltaron el supermercado Todo, acá, sobre la ruta 40, y fusilaron al cabo Cornejo, que no tenía ni 20 años.
Sólo una mirada encajonada, impulsada por las campañas mediáticas del odio y la violencia, puede seguir sosteniendo que la inseguridad se soluciona con mayor presencia policial o militar. Las fuerzas del orden, tan corrompidas como el estado, tienen una función que nada tiene que ver con el bienestar del pueblo: mantener este esquema de injusticia, proteger a los poderosos y aplastar a los disconformes o a los marginales que esta misma sociedad genera. Los grandes acumuladores de dinero apoyan eufóricos y entusiastas el programa de “más seguridad”, que no es más que la militarización de la sociedad. De esa manera aseguran, por un tiempo al menos, conservar sus obscenos privilegios sobre una sociedad empobrecida. Quizás por eso Romera, que debería estar en la cárcel por corrupto, se apresuró a poner su cara en la primera fila de las manifestaciones de repudio al asesinato del trabajador remisero. Quizás por eso grandes empresarios locales como el señor Guasco pretenden levantar las banderas de la mano dura en El Bolsón.
La felicidad del pueblo es la única garantía de seguridad social. Y la felicidad de cada persona sólo se logra cuando encuentra que la sociedad le guarda un lugar para crecer material y espiritualmente. Claro, la solución no es fácil, implica nada más ni nada menos que reestructurar todo el orden social. Implica que los privilegiados pierdan sus privilegios en pos del bien común. Implica justicia. Justicia en todo sentido.
SALUD PÚBLICA EN ASAMBLEA PERMANENTE
Zona Andina (ADN). Los trabajadores del hospital zonal “Ramón Carrillo” de Bariloche continuarán con las medidas de fuerza en estado de alerta, movilización y asamblea permanente en reclamo de mejoras salariales. Los profesionales definen mañana, al igual que los hospitalarios de El Bolsón y Jacobacci.
El secretario general de ATE Bariloche, Edgar Actis, señaló a ADN que “día a día vamos evaluando las medidas” y afirmó que es posible que se profundicen las medidas ante la falta de respuesta a sus reclamos.
En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital tendrá mañana su asamblea para informar sobre la última reunión mantenida con la ministra de Salud, Cristina Uría, en el marco del Consejo de la Función Pública y resolver luego las medidas a seguir.
Esta tarde en el hospital de Bariloche los trabajadores convocados por ATE mantuvieron una asamblea y definieron “continuar con las medidas de fuerza y profundizarlas con un estado de asamblea permanente, alerta y movilización”.
Mañana a las 8:30 horas los trabajadores participarán de una nueva asamblea y se suspenderán en ese momento las actividades con el cierre de ventanillas de atención.
En El Bolsón e Ingeniero Jacobacci las asambleas para definir la continuidad de las medidas se realizarán mañana.
El secretario general de ATE Bariloche, Edgar Actis, señaló a ADN que “día a día vamos evaluando las medidas” y afirmó que es posible que se profundicen las medidas ante la falta de respuesta a sus reclamos.
En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital tendrá mañana su asamblea para informar sobre la última reunión mantenida con la ministra de Salud, Cristina Uría, en el marco del Consejo de la Función Pública y resolver luego las medidas a seguir.
Esta tarde en el hospital de Bariloche los trabajadores convocados por ATE mantuvieron una asamblea y definieron “continuar con las medidas de fuerza y profundizarlas con un estado de asamblea permanente, alerta y movilización”.
Mañana a las 8:30 horas los trabajadores participarán de una nueva asamblea y se suspenderán en ese momento las actividades con el cierre de ventanillas de atención.
En El Bolsón e Ingeniero Jacobacci las asambleas para definir la continuidad de las medidas se realizarán mañana.
EL MIEDO, ESA CONSTANTE
DESPUES DE LA TRANSMISION EN DIRECTO POR VARIAS HORAS EN LOS CANALES DE NOTICIAS DE LA REACCION DE VECINOS Y VECINAS DE LA VILLA 31 FRENTE AL ASESINATO DE UNA JOVEN POR PARTE DE UN PREFECTO POCO SE DIJO DEL HECHO. SOBREVIVIO, EN CAMBIO, LA SOSPECHA SOBRE LAS VICTIMAS –LA OTRA GRAVEMENTE HERIDA–. EN EL BARRIO SE ESCUCHAN OTRAS VOCES, VOCES CARGADAS DE MIEDO QUE NO IMPIDEN LA CRUDA DESCRIPCION DE LO QUE SIGNIFICA SER MUJER Y VIVIR EN UN LUGAR ESTIGMATIZADO, DONDE LA VIDA VALE MENOS QUE LOS TERRENOS DONDE SE LEVANTAN LAS CASAS.
Después del infierno de la semana pasada, cuando la Villa 31 se convirtió en una pueblada de niños y adolescentes combatiendo a la Prefectura Naval Argentina, el barrio asumió un silencio dolido, que sólo quiebra para pedir justicia por Mabel Guerra, la chica asesinada de al menos dos balazos en el pecho por un suboficial de esa fuerza, y su amiga Marisol, que sufrió una herida grave en un ojo y continúa internada en el Hospital Fernández. Ya no circulan versiones encontradas sobre lo que las jóvenes hicieron de sus vidas la noche del miércoles 19 hasta cruzarse con el Fiat Palio del prefecto Luis Luque y con el caño de un arma apuntándoles a la cabeza. Las amigas de Mabel se empeñan con énfasis en la historia previa a la muerte de “la negra tan querida”, como eligen llamarla, y relatan que ese día Marisol se estaba peleando “fuerte” con su pareja delante de Mabel. Que estaban en la avenida Ramón Carrillo y el Correo Viejo, a la salida de la autopista Illia, que Mabel corrió hacia la calle a pedir ayuda con los brazos en alto, que un auto se detuvo y su conductor empezó a disparar. “Y ésa es la única verdad”, sella el mujerío en ronda, las pantorrillas tironeadas por racimos de niños. “¿De quiénes son todos estos chicos?”, pregunta la cronista. “Son nuestros hijos”, responden a coro. “Todas nosotras tenemos uno o dos hijos, otros están en camino, pero la piloteamos. Son nuestro orgullo.” A metros, Roxana Guerra, la madre de Mabel, se descompone en medio de otras compañeras que ya no saben de qué manera mitigarle el sufrimiento. “No es fácil vivir en la villa”, susurra una cocinera del comedor comunitario Padre Mugica, más conocido como “El Comedor de Tapia”, un referente del territorio que “vive aquí desde antes de la última dictadura”. La cocinera alcanza agua, la toma de los hombros, acaricia la mejilla de Roxana contraída por el llanto y por un sonido que masculló durante toda la radio abierta del martes último, frente a las cámaras de televisión. “Hipócritas de mierda.”
“Lo que pasa es que está muy dolida por el tratamiento que los medios periodísticos le dieron al tema”, explica su abogada, Claudia Ferrero. “Tildaron a las chicas de ladronas y drogadictas. Dijeron que estaban armadas para salir a robar. Terminaron criminalizando a las víctimas, por eso ahora nadie quiere hablar.”Está la cumbia que alegra el corazón, el rap que despeja enconos, la unión repentina de bandas rivales por la compañera muerta. No se la ve a Verónica, una de las mejores amigas de Mabel que el jueves 20 enfrentó a pedradas los gases lacrimógenos, las trompadas, el spray picante y los manguerazos de los efectivos de la Prefectura. “Está guardada, porque ahora los quías salieron a apretar pibes en el barrio –confía un muchacho que quiere preservar el nombre–. Tienen miedo de lo que puedan testimoniar en el Juzgado” a cargo de la magistrada Fabiana Palmaghini.“¿Querías saber qué significa ser mujer adolescente y vivir en la Villa 31?”, apura Soledad, una de las amigas de Mabel. “Hoy significa eso, estar guardada y no saber si llegás al fin de semana.”TENERLAS CORTITAS. A mediados de los ochenta, cuando Gimena tenía 17 años, las cosas eran diferentes en la 31. Las chicas de su edad salían poco y nada solas, los padres conservaban sus trabajos pese al proceso de desocupación creciente y al fenómeno de la hiperinflación y aún quedaban atisbos de cierta organización barrial. Las cosas, dice Gimena, “no venían tan heavies para las chicas como ahora”. A los 34 años, un puesto de barrido y limpieza en una cooperativa subvencionada por el gobierno de la ciudad (“decí que no nos pagan hace cuatro meses”), dos hijos a cargo, sin pareja estable en el horizonte y viviendo con sus padres, prefiere opinar sobre un modelo familiar que añora antes que sobre el flagelo de “las pibas chorras”, un latiguillo mediático que se replicó largamente en estos días.“Todo es diferente para las adolescentes que viven aquí. No hay trabajo, cuesta bancarla, pasar el día, y el estudio a veces se hace bravo de sostener. Las que fuimos adolescentes hace veinte años la pasamos diferente, y muchas seguimos manteniendo esa forma de vida: los chicos, la casa, el trabajo. Vengo de familias a la antigua, en las que delante de los hijos los padres no hablaban. Una se enteraba de las cosas a medida que crecía. Creo que la historia corre por la libertad que le dan a cada uno.”
–Pero en tu caso, esa libertad que cuestionás te permitió armar una vida independiente.–Hay que depositar un poquito de confianza en las hijas, es verdad, pero también hay mucha libertad para todo. A mí siempre me tuvieron recortita; si salía el viernes, no salía el sábado. Ahora las pibas de 15 o 17 años son mamás, ¿te das cuenta?
–¿Y por qué creés que son madres tan jóvenes?–Qué sé yo. Capaz por la falta de un proyecto de vida, aunque la burocracia del sistema de salud pública tiene gran culpa de todo lo que pasa. Siempre les dan muchas vueltas para entregarles un anticonceptivo. Si te ponés a pensar, nadie las ayuda.EL GATILLO FACIL. La frase no se hizo esperar entre los habitantes de la villa, que desde hace años padecen lo que definen como “una vecindad amarga con los de la Prefectura”. Tenerlos enfrente, sobre los márgenes de cada calle que delimita el barrio, se convirtió en un muro de sombras. “Si pasás ese árbol”, apunta Johanna con un dedo que parece agujerear la fronda, “te desnudan”.
–¿Quiénes? ¿Por qué?–Los de la Prefectura, madre, quiénes van a ser. Si salimos sin documentos, a los pibes les quitan el calzado, porque ellos saben que los pibes tienen altas zapatillas, y a nosotras nos hacen sacar la ropa. Nos dicen: “Ah, ¿no sabés quién sos? Entonces sacate la ropa”.LA ABOGADA. Claudia Ferrero sabe que ese accionar es sistemático y apenas uno de los cauces en que pueden desembocar hechos como el que acabó con la vida de Mabel.“En todos los casos de gatillo fácil hay una tendencia a encubrir y a plantarles armas a las víctimas. A veces el empeño de los pares de una fuerza de seguridad es tan solidario que llega a ser burdo. Luque declaró que las chicas llevaban pistolones de caño recortado, que lo apuntaron a matar. Dijo cualquier cosa. Y esa solidaridad entre pares se comprobó al día siguiente del hecho, cuando en medio del velatorio de Mabel, un gendarme denunció que fue asaltado en la misma esquina en que Luque disparó. Ese es el modo en que estos individuos se comportan cuando son sus compañeros de fuerza los acusados de un crimen.”
–Pero aquí juega fuerte la cuestión social.–La utilización de una situación social está unida a que en la Villa 31-31 bis hay grandes intereses económicos para apoderarse de los terrenos, y quieren instalar en la sociedad que hay que barrer a “estos indeseables”.
–¿Por qué la madre de Mabel no quiere hablar?–Porque algunos medios periodísticos tomaron sus dichos con saña y mala predisposición. En el momento de rescatar las cosas que explicó la familia hicieron hincapié en investigar a las víctimas, y Roxana Guerra fue inducida a hacer declaraciones cuando se encontraba en un estado de gran angustia y dolor. De hecho, se dijo que Mabel quiso pedir ayuda y eso no lo recogió ningún medio.POR SER MUJERES. Una paradoja: hace veinte años, a Cristian Acuña, el padre de Soledad, un hombre de la Prefectura le metió un tiro en la rodilla, a una cuadra del sitio donde cayó Mabel. Con el arma reglamentaria le recorrió el cuerpo de la cabeza a los pies. Eligió disparar sobre el costado de su rodilla derecha, dejándolo rengo. El episodio le enquistó una huella en la memoria a “la Sole”. Es la que le marca el paso de “no meterse con nadie”, el mismo horizonte que se propusieron siempre sus amigas. “Mabel era muy buena, no se metía con nadie, no tenía problemas en el barrio. La madre le daba todo lo que quería, por eso no creemos que fue a robar. Era una piba tranquila, estudiaba, en el Colegio Padre Mugica, donde cursaba el secundario, nunca hubo quejas. Lo único que se entiende es que estos tipos nos buscan a nosotras.”
–¿En qué se convierte ahora el cotidiano de ustedes?–En cada momento de tu día vivido con miedo. Vamos a la escuela en el turno noche y nos jode pensar cómo será el regreso. Hacemos changas de día y nos paran. Lograr ser adolescente aquí es tratar de olvidar el miedo aunque sea por un rato. Cada vez que las chicas nos juntamos en una esquina, viene el patrullero de la comisaría 46ª, te revisa y empieza a preguntarte si tenés droga. Si vas a caminar al río o a la avenida, los de la Prefectura te buscan constantemente. Antes la cosa era con los varones, pero ahora el blanco son las mujeres.
La noche que Mabel y Marisol “perdieron”, como precisan sus amigos, Johanna había salido a caminar con su prima y otro chico. Dicen que los pararon los de la 46ª y les dieron una paliza. “Creo que fue por diversión. Nos pegaban piñas, nos tiraron al suelo, nos agarraron de los pelos y nos patearon hasta cansarse”, relata Johanna. “Yo les decía que pararan porque estoy embarazada, y ellos me respondían si no me daba vergüenza salir a robar en ese estado. ¿Cómo les hacés entender lo que no pueden ver? A esta altura, ni ellos sabían qué querían de nosotras.”Las mujeres de la Agrupación Túpac Amaru sospechan de una ideología que intenta desmoronar a las mujeres porque ya lo hicieron antes con los hombres. En su radiografía del barrio, explican que de las 30.000 personas que lo habitan el número mayoritario corresponde a jóvenes, adolescentes y jefas de hogar a cargo de al menos tres niños.Según Elena, que integra esa agrupación, “todos los días nos toca a nosotras, y de la peor manera: matando a nuestras hijas e hijos. Si esto es tierra de nadie, las mujeres somos la única parte del territorio que les queda por destruir”.
–¿Qué reclaman?–No escondernos más de los patrulleros, que el Estado proteja a nuestros hijos contra el flagelo del paco. Que bajen los recursos para poder capacitarlos y para que puedan trabajar. En esta situación, criar a los chicos como quisiéramos es imposible.LAS REQUISAS. Esta semana la música no sonó fuerte en las manzanas de la 31. A Carla Lobos, la hermana de Marisol, cualquier sonido empezó a dañarle los oídos. No quiere escuchar “porque lo único que suena son nuestros cuerpos cuando nos arrastran. Estamos cansadas de que no ingresen las ambulancias, de que hombres uniformados nos revisen, nos toquen el cuerpo. Tengo asco”.El rechazo se le hace insoportable en verano, cuando la ropa aligera los sentidos y hay que estar atentas a que esas manos con chapa al servicio de la comunidad no les insulten la piel. Johanna asiente. “Es la peor época del año porque el clima se caldea para todos, y con las minas es doblemente malo. Los prefectos nos paran por la costanera y piden plata para dejarnos ir. ¿Qué plata vamos a tener? Entonces nos dicen ‘dame otra cosa’. Se aprovechan de que somos pibas y nos hacen callar, que cerremos el pico. Calladitas y a hacer lo que quieren.”
–¿Y cuando caminan con sus niños?–No cambia nada porque no les importa nada. Somos cosas de tamaño más chico o más grande. Sólo eso.LA PARALISIS. Fátima Cabrera fue una de las primeras catequistas adolescentes que trabajaron junto a Carlos Mugica en los sesenta. Tenía 13 años y una fuerte concepción sobre ese mundo nuevo que les pintaba “Carlitos” en las misas de las seis de la tarde. La mano negra de la Triple A y más tarde el embate de la dictadura militar la erradicaron al complejo obrero de Villa Soldati, al secuestro, la tortura y a la detención en la cárcel de Devoto como menor de edad. “Después vino el exilio, y en el regreso a la Argentina quise volver a vincularme con las villas, que en definitiva son mi mundo. Desde 1993 trabajo en un programa de alfabetización y capacitación laboral, que involucra en mayor porcentaje a las mujeres jóvenes.”–¿Qué perspectivas tienen las mujeres de la Villa 31?–Difíciles, con pocas posibilidades después de la gran desocupación que hubo y por la tremenda discriminación que sufren. Son las que menos trabajo consiguen y las que más responsabilidades tienen. El hombre está ausente, perdió la autoridad, y las madres son las jefas de hogar. Ellas saben que el estudio da otras herramientas, que las ayuda a ser mejores personas, pero sobreviven dentro de muchos infiernos. El de estos hechos de gatillo fácil, que paralizan, es uno. El otro es el de las adicciones, con familias que sobreviven en medio de un negocio perverso. Chicas y chicos en segundo año del secundario están volviendo a alfabetizarse. Los temblores de las manos les permiten escribir a duras penas. Pienso que se rompió todo tipo de lazos.PALABRAS. El 24 de junio de 2007, otra adolescente de Villa 31 fue ejecutada de un tiro en la nuca por un cabo de la Prefectura. Judith Alice Jiménez tenía 16 años y estudiaba en la escuela Padre Mugica. El asesino, Federico Sandoval, la conocía del barrio y quiso entablar un vínculo que se transformó en obsesión. Esa madrugada, a la salida de una fiesta de cumpleaños que se celebraba en el comedor Los Bronquitos, Sandoval comenzó a amenazar a la joven a los gritos y la asesinó a quemarropa. Gumersinda Jiménez, la madre de Judith, lamenta que el caso fuera tratado como “un crimen pasional, porque cuando la desgracia nos toca a las mujeres, siempre se usan los mismos términos. Si te mata un gendarme porque sí, sos piba chorra. Si el tipo te busca para otra cosa, es pasional. A Sandoval le dieron una condena vergonzosa de once años y hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos está analizando el caso. Eso me conforma un poco. Pero como habitante de esta villa, me repugna la actitud que adopta la Justicia cuando el fallo involucra a víctimas mujeres y adolescentes, y me rompe el alma la indiferencia de las autoridades cuando una les pide ayuda para que no se victimice más a las chicas”.
publicado por página/12
Después del infierno de la semana pasada, cuando la Villa 31 se convirtió en una pueblada de niños y adolescentes combatiendo a la Prefectura Naval Argentina, el barrio asumió un silencio dolido, que sólo quiebra para pedir justicia por Mabel Guerra, la chica asesinada de al menos dos balazos en el pecho por un suboficial de esa fuerza, y su amiga Marisol, que sufrió una herida grave en un ojo y continúa internada en el Hospital Fernández. Ya no circulan versiones encontradas sobre lo que las jóvenes hicieron de sus vidas la noche del miércoles 19 hasta cruzarse con el Fiat Palio del prefecto Luis Luque y con el caño de un arma apuntándoles a la cabeza. Las amigas de Mabel se empeñan con énfasis en la historia previa a la muerte de “la negra tan querida”, como eligen llamarla, y relatan que ese día Marisol se estaba peleando “fuerte” con su pareja delante de Mabel. Que estaban en la avenida Ramón Carrillo y el Correo Viejo, a la salida de la autopista Illia, que Mabel corrió hacia la calle a pedir ayuda con los brazos en alto, que un auto se detuvo y su conductor empezó a disparar. “Y ésa es la única verdad”, sella el mujerío en ronda, las pantorrillas tironeadas por racimos de niños. “¿De quiénes son todos estos chicos?”, pregunta la cronista. “Son nuestros hijos”, responden a coro. “Todas nosotras tenemos uno o dos hijos, otros están en camino, pero la piloteamos. Son nuestro orgullo.” A metros, Roxana Guerra, la madre de Mabel, se descompone en medio de otras compañeras que ya no saben de qué manera mitigarle el sufrimiento. “No es fácil vivir en la villa”, susurra una cocinera del comedor comunitario Padre Mugica, más conocido como “El Comedor de Tapia”, un referente del territorio que “vive aquí desde antes de la última dictadura”. La cocinera alcanza agua, la toma de los hombros, acaricia la mejilla de Roxana contraída por el llanto y por un sonido que masculló durante toda la radio abierta del martes último, frente a las cámaras de televisión. “Hipócritas de mierda.”
“Lo que pasa es que está muy dolida por el tratamiento que los medios periodísticos le dieron al tema”, explica su abogada, Claudia Ferrero. “Tildaron a las chicas de ladronas y drogadictas. Dijeron que estaban armadas para salir a robar. Terminaron criminalizando a las víctimas, por eso ahora nadie quiere hablar.”Está la cumbia que alegra el corazón, el rap que despeja enconos, la unión repentina de bandas rivales por la compañera muerta. No se la ve a Verónica, una de las mejores amigas de Mabel que el jueves 20 enfrentó a pedradas los gases lacrimógenos, las trompadas, el spray picante y los manguerazos de los efectivos de la Prefectura. “Está guardada, porque ahora los quías salieron a apretar pibes en el barrio –confía un muchacho que quiere preservar el nombre–. Tienen miedo de lo que puedan testimoniar en el Juzgado” a cargo de la magistrada Fabiana Palmaghini.“¿Querías saber qué significa ser mujer adolescente y vivir en la Villa 31?”, apura Soledad, una de las amigas de Mabel. “Hoy significa eso, estar guardada y no saber si llegás al fin de semana.”TENERLAS CORTITAS. A mediados de los ochenta, cuando Gimena tenía 17 años, las cosas eran diferentes en la 31. Las chicas de su edad salían poco y nada solas, los padres conservaban sus trabajos pese al proceso de desocupación creciente y al fenómeno de la hiperinflación y aún quedaban atisbos de cierta organización barrial. Las cosas, dice Gimena, “no venían tan heavies para las chicas como ahora”. A los 34 años, un puesto de barrido y limpieza en una cooperativa subvencionada por el gobierno de la ciudad (“decí que no nos pagan hace cuatro meses”), dos hijos a cargo, sin pareja estable en el horizonte y viviendo con sus padres, prefiere opinar sobre un modelo familiar que añora antes que sobre el flagelo de “las pibas chorras”, un latiguillo mediático que se replicó largamente en estos días.“Todo es diferente para las adolescentes que viven aquí. No hay trabajo, cuesta bancarla, pasar el día, y el estudio a veces se hace bravo de sostener. Las que fuimos adolescentes hace veinte años la pasamos diferente, y muchas seguimos manteniendo esa forma de vida: los chicos, la casa, el trabajo. Vengo de familias a la antigua, en las que delante de los hijos los padres no hablaban. Una se enteraba de las cosas a medida que crecía. Creo que la historia corre por la libertad que le dan a cada uno.”
–Pero en tu caso, esa libertad que cuestionás te permitió armar una vida independiente.–Hay que depositar un poquito de confianza en las hijas, es verdad, pero también hay mucha libertad para todo. A mí siempre me tuvieron recortita; si salía el viernes, no salía el sábado. Ahora las pibas de 15 o 17 años son mamás, ¿te das cuenta?
–¿Y por qué creés que son madres tan jóvenes?–Qué sé yo. Capaz por la falta de un proyecto de vida, aunque la burocracia del sistema de salud pública tiene gran culpa de todo lo que pasa. Siempre les dan muchas vueltas para entregarles un anticonceptivo. Si te ponés a pensar, nadie las ayuda.EL GATILLO FACIL. La frase no se hizo esperar entre los habitantes de la villa, que desde hace años padecen lo que definen como “una vecindad amarga con los de la Prefectura”. Tenerlos enfrente, sobre los márgenes de cada calle que delimita el barrio, se convirtió en un muro de sombras. “Si pasás ese árbol”, apunta Johanna con un dedo que parece agujerear la fronda, “te desnudan”.
–¿Quiénes? ¿Por qué?–Los de la Prefectura, madre, quiénes van a ser. Si salimos sin documentos, a los pibes les quitan el calzado, porque ellos saben que los pibes tienen altas zapatillas, y a nosotras nos hacen sacar la ropa. Nos dicen: “Ah, ¿no sabés quién sos? Entonces sacate la ropa”.LA ABOGADA. Claudia Ferrero sabe que ese accionar es sistemático y apenas uno de los cauces en que pueden desembocar hechos como el que acabó con la vida de Mabel.“En todos los casos de gatillo fácil hay una tendencia a encubrir y a plantarles armas a las víctimas. A veces el empeño de los pares de una fuerza de seguridad es tan solidario que llega a ser burdo. Luque declaró que las chicas llevaban pistolones de caño recortado, que lo apuntaron a matar. Dijo cualquier cosa. Y esa solidaridad entre pares se comprobó al día siguiente del hecho, cuando en medio del velatorio de Mabel, un gendarme denunció que fue asaltado en la misma esquina en que Luque disparó. Ese es el modo en que estos individuos se comportan cuando son sus compañeros de fuerza los acusados de un crimen.”
–Pero aquí juega fuerte la cuestión social.–La utilización de una situación social está unida a que en la Villa 31-31 bis hay grandes intereses económicos para apoderarse de los terrenos, y quieren instalar en la sociedad que hay que barrer a “estos indeseables”.
–¿Por qué la madre de Mabel no quiere hablar?–Porque algunos medios periodísticos tomaron sus dichos con saña y mala predisposición. En el momento de rescatar las cosas que explicó la familia hicieron hincapié en investigar a las víctimas, y Roxana Guerra fue inducida a hacer declaraciones cuando se encontraba en un estado de gran angustia y dolor. De hecho, se dijo que Mabel quiso pedir ayuda y eso no lo recogió ningún medio.POR SER MUJERES. Una paradoja: hace veinte años, a Cristian Acuña, el padre de Soledad, un hombre de la Prefectura le metió un tiro en la rodilla, a una cuadra del sitio donde cayó Mabel. Con el arma reglamentaria le recorrió el cuerpo de la cabeza a los pies. Eligió disparar sobre el costado de su rodilla derecha, dejándolo rengo. El episodio le enquistó una huella en la memoria a “la Sole”. Es la que le marca el paso de “no meterse con nadie”, el mismo horizonte que se propusieron siempre sus amigas. “Mabel era muy buena, no se metía con nadie, no tenía problemas en el barrio. La madre le daba todo lo que quería, por eso no creemos que fue a robar. Era una piba tranquila, estudiaba, en el Colegio Padre Mugica, donde cursaba el secundario, nunca hubo quejas. Lo único que se entiende es que estos tipos nos buscan a nosotras.”
–¿En qué se convierte ahora el cotidiano de ustedes?–En cada momento de tu día vivido con miedo. Vamos a la escuela en el turno noche y nos jode pensar cómo será el regreso. Hacemos changas de día y nos paran. Lograr ser adolescente aquí es tratar de olvidar el miedo aunque sea por un rato. Cada vez que las chicas nos juntamos en una esquina, viene el patrullero de la comisaría 46ª, te revisa y empieza a preguntarte si tenés droga. Si vas a caminar al río o a la avenida, los de la Prefectura te buscan constantemente. Antes la cosa era con los varones, pero ahora el blanco son las mujeres.
La noche que Mabel y Marisol “perdieron”, como precisan sus amigos, Johanna había salido a caminar con su prima y otro chico. Dicen que los pararon los de la 46ª y les dieron una paliza. “Creo que fue por diversión. Nos pegaban piñas, nos tiraron al suelo, nos agarraron de los pelos y nos patearon hasta cansarse”, relata Johanna. “Yo les decía que pararan porque estoy embarazada, y ellos me respondían si no me daba vergüenza salir a robar en ese estado. ¿Cómo les hacés entender lo que no pueden ver? A esta altura, ni ellos sabían qué querían de nosotras.”Las mujeres de la Agrupación Túpac Amaru sospechan de una ideología que intenta desmoronar a las mujeres porque ya lo hicieron antes con los hombres. En su radiografía del barrio, explican que de las 30.000 personas que lo habitan el número mayoritario corresponde a jóvenes, adolescentes y jefas de hogar a cargo de al menos tres niños.Según Elena, que integra esa agrupación, “todos los días nos toca a nosotras, y de la peor manera: matando a nuestras hijas e hijos. Si esto es tierra de nadie, las mujeres somos la única parte del territorio que les queda por destruir”.
–¿Qué reclaman?–No escondernos más de los patrulleros, que el Estado proteja a nuestros hijos contra el flagelo del paco. Que bajen los recursos para poder capacitarlos y para que puedan trabajar. En esta situación, criar a los chicos como quisiéramos es imposible.LAS REQUISAS. Esta semana la música no sonó fuerte en las manzanas de la 31. A Carla Lobos, la hermana de Marisol, cualquier sonido empezó a dañarle los oídos. No quiere escuchar “porque lo único que suena son nuestros cuerpos cuando nos arrastran. Estamos cansadas de que no ingresen las ambulancias, de que hombres uniformados nos revisen, nos toquen el cuerpo. Tengo asco”.El rechazo se le hace insoportable en verano, cuando la ropa aligera los sentidos y hay que estar atentas a que esas manos con chapa al servicio de la comunidad no les insulten la piel. Johanna asiente. “Es la peor época del año porque el clima se caldea para todos, y con las minas es doblemente malo. Los prefectos nos paran por la costanera y piden plata para dejarnos ir. ¿Qué plata vamos a tener? Entonces nos dicen ‘dame otra cosa’. Se aprovechan de que somos pibas y nos hacen callar, que cerremos el pico. Calladitas y a hacer lo que quieren.”
–¿Y cuando caminan con sus niños?–No cambia nada porque no les importa nada. Somos cosas de tamaño más chico o más grande. Sólo eso.LA PARALISIS. Fátima Cabrera fue una de las primeras catequistas adolescentes que trabajaron junto a Carlos Mugica en los sesenta. Tenía 13 años y una fuerte concepción sobre ese mundo nuevo que les pintaba “Carlitos” en las misas de las seis de la tarde. La mano negra de la Triple A y más tarde el embate de la dictadura militar la erradicaron al complejo obrero de Villa Soldati, al secuestro, la tortura y a la detención en la cárcel de Devoto como menor de edad. “Después vino el exilio, y en el regreso a la Argentina quise volver a vincularme con las villas, que en definitiva son mi mundo. Desde 1993 trabajo en un programa de alfabetización y capacitación laboral, que involucra en mayor porcentaje a las mujeres jóvenes.”–¿Qué perspectivas tienen las mujeres de la Villa 31?–Difíciles, con pocas posibilidades después de la gran desocupación que hubo y por la tremenda discriminación que sufren. Son las que menos trabajo consiguen y las que más responsabilidades tienen. El hombre está ausente, perdió la autoridad, y las madres son las jefas de hogar. Ellas saben que el estudio da otras herramientas, que las ayuda a ser mejores personas, pero sobreviven dentro de muchos infiernos. El de estos hechos de gatillo fácil, que paralizan, es uno. El otro es el de las adicciones, con familias que sobreviven en medio de un negocio perverso. Chicas y chicos en segundo año del secundario están volviendo a alfabetizarse. Los temblores de las manos les permiten escribir a duras penas. Pienso que se rompió todo tipo de lazos.PALABRAS. El 24 de junio de 2007, otra adolescente de Villa 31 fue ejecutada de un tiro en la nuca por un cabo de la Prefectura. Judith Alice Jiménez tenía 16 años y estudiaba en la escuela Padre Mugica. El asesino, Federico Sandoval, la conocía del barrio y quiso entablar un vínculo que se transformó en obsesión. Esa madrugada, a la salida de una fiesta de cumpleaños que se celebraba en el comedor Los Bronquitos, Sandoval comenzó a amenazar a la joven a los gritos y la asesinó a quemarropa. Gumersinda Jiménez, la madre de Judith, lamenta que el caso fuera tratado como “un crimen pasional, porque cuando la desgracia nos toca a las mujeres, siempre se usan los mismos términos. Si te mata un gendarme porque sí, sos piba chorra. Si el tipo te busca para otra cosa, es pasional. A Sandoval le dieron una condena vergonzosa de once años y hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos está analizando el caso. Eso me conforma un poco. Pero como habitante de esta villa, me repugna la actitud que adopta la Justicia cuando el fallo involucra a víctimas mujeres y adolescentes, y me rompe el alma la indiferencia de las autoridades cuando una les pide ayuda para que no se victimice más a las chicas”.
publicado por página/12
TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA DE CORREPI
El Bolsón (ANPP).- A continuación poenmos el texto completo de la denuncia que hace la CORREPI por los acontecimientos de represión en Trelew.
FORMULAN DENUNCIA – INSTAN INSTRUCCIÓN
Sr. Fiscal:
María del Carmen Verdú y Daniel Truccolo, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), con domicilio real en Agustín Caffarena 84, Ciudad de Buenos Aires; Gonzalo Pérez Álvarez e Hilda Fredes, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión de Trelew, con domicilio real en Gales 643; Ezequiel Agüero, integrante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), con domicilio real en Juan de la Piedra, Manzana B, Lote 8 y Raquel Caprano, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), con domicilio real en Pasaje Garzón 10, Rawson, todos constituyendo domicilio a los efectos procesales en Comedor Universitario de la sede Trelew de la UNPSJB, al Sr. Fiscal nos presentamos y decimos:
1.- Que habiendo tomado conocimiento de la comisión, en la ciudad de Trelew, con fecha 28 de agosto de 2009, de delitos de acción pública de extrema gravedad, todos ellos cometidos por funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales, en perjuicio de un gran número de personas, la mayoría vecinos del barrio Dignidad, sin que hasta el presente se instruyera de oficio investigación alguna al respecto, venimos a formular formal denuncia y a instar la instrucción del pertinente sumario, sin perjuicio de la posterior y oportuna presentación de los damnificados directos como querellantes.
Concretamente, denunciamos a la totalidad del personal interviniente, perteneciente al Departamento Ejecutivo del gobierno municipal de la ciudad de Trelew; a la policía provincial; a la gendarmería; al Sr. Juez de Faltas, Dr. Marcelo D. Gelvez; al Sr. Intendente Municipal, Sr. César Gustavo Mac Karthy; al Jefe de la Policía Provincial, Comisario General Juan Alé; al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, Sr. Máximo Pérez Catán y al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sr. Aníbal Fernández, en orden a las conductas criminales que infra describiremos, y que consideramos constitutivas de los delitos descriptos en los arts. 142 bis inc. 5º; 144 bis inc. 1º; 144 ter 1º párrafo; 144 quater inc. 1º; 248 y 269 del CP (privación ilegal de la libertad calificada; aplicación de tormentos; facilitación de la tortura; incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato).
2.- Tal como ha sido profusamente informado por los medios de comunicación, en las primeras horas del día 28 de agosto de 2009, se desplegó sobre el asentamiento popular Dignidad, ubicado en la ciudad de Trelew, un operativo conjunto de empleados municipales, policías provinciales y efectivos de gendarmería nacional, con el objetivo expreso de proceder a la violenta expulsión de casi dos centenares de familias allí radicadas desde mediados de junio de este año.
Cuando aún no había amanecido, comenzó el operativo represivo que incluyó más de un centenar de funcionarios municipales, equipados con topadoras, y todo el aparato policial, con participación de la Policía Montada y de Infantería, bomberos, otros grupos especiales, brigadas de motos, perros, cuatriciclos y efectivos de distintas jurisdicciones, mientras, sobre la Avenida Juan Domingo Perón, numerarios de gendarmería controlaban el tránsito y aseguraban el perímetro.
Como es público y notorio, la intervención municipal/policial culminó con docenas de apaleados, sin discriminar entre hombres, mujeres y niños, tanto habitantes del asentamiento como de vecinos que concurrieron a solidarizarse y socorrerlos, y una decena de detenidos, posteriormente torturados en las dos comisarías (2ª y 3ª) a las que fueron conducidos, hechos que, en algunos casos, ya han sido debidamente denunciados.
Tanto en el momento de los hechos, como en días posteriores, vecinos e integrantes de organizaciones que manifestaron su solidaridad con los represaliados y que repudiaron el accionar represivo fueron explícitamente amenazados por personal policial.
3.- Según surge de información oficial reproducida por los medios de comunicación, formalmente se ha invocado, como fuente legal de la orden de represión, la ordenanza 8634/2003, que prohíbe “toda modalidad de asentamiento u ocupación ilegal de terrenos baldíos de dominio público y privados en el ejido de la ciudad de Trelew”, y habilita a la autoridad municipal, a través del juez de faltas, a proceder al “lanzamiento inmediato, y de ser necesario, con auxilio de la fuerza pública”. De tal suerte, la cobertura legal del accionar represivo que arrasó casillas, incendió otras, atropelló y apaleó personas, etc., es una norma que colisiona violentamente con normas provinciales, nacionales e internacionales de aplicación obligatoria por las autoridades, y viola sin sutilezas los más elementales principios y garantías de las personas.
Es más que evidente que una disposición municipal, bajo la forma de una simple ordenanza, no puede prevalecer sobre el derecho al debido proceso y la defensa en juicio, ni, mucho menos, sobre derechos inalienables del ser humano, como su integridad física y su libertad.
De nada sirve que quienes aquí son denunciados –funcionarios municipales y provinciales- pretendan ampararse en tal norma, absolutamente nula y contra legem.
La referencia, como fuente legal, a tal ordenanza, lejos de legitimar el obrar de los autores materiales de los hechos denunciados, revela que no fueron los únicos en cometer los delitos imputados.
De más está decir que la Municipalidad de Trelew, ni su departamento ejecutivo ni su consejo deliberante, carecen de facultades legislativas para modificar o derogar leyes nacionales, ni crear normas que las sustituyan. Aplicando un criterio estrictamente jurídico, esta ordenanza, a la que nos resistimos a llamar "norma", es nula de nulidad absoluta y manifiesta, contra legem e inconstitucional, sin que exista argumentación alguna que le pueda dar una pizca de legitimidad.
No puede ser calificada de otra manera, cuando habilita la aplicación de una sanción de carácter penal, como es el lanzamiento, sin el debido proceso penal, y por mano del aparato policial provincial, habilitando a éste a ejercer violencia directa sobre las personas.
IV. Párrafo aparte merece la resolución dictada por el juez de faltas, Marcelo Gelvez, con aparente fundamento en la inconstitucional ordenanza. Tal como surge del expte. 6380/09, el magistrado municipal, invocando “razones de sanidad de la población” y “protección del medio ambiente”, ordenó a los funcionarios municipales y a la policía provincial que carguen, como lo hicieron, sobre dos centenares de familias humildes, que fueron atacadas en el marco de un operativo militarmente concebido.
Carece de facultades suficientes un juez municipal, sin perjuicio de la ilegal ordenanza invocada, para mandar a cuerpos especiales de despliegue rápido, brigadas de perros, policía montada, topadoras, etc., a literalmente arrasar con un barrio y represaliar a sus habitantes.
Más allá de la supremacía del derecho a la vivienda por sobre los estólidos argumentos basados en la “salubridad y el medio ambiente”, el último punto de la resolución que denunciamos como acto jurisdiccional nulo, y por ende carente de toda virtualidad para habilitar el operativo criminal que se descargó sobre los vecinos, muestra a las claras la intención represiva y el desprecio por los derechos de las personas del funcionario. Con absoluta franqueza, después de ordenar el puntual “desalojo”, sumando a los anteriores inservibles argumentos el de la “paz social” (¿?), el funcionario judicial “autoriza al DEM a proceder de la manera descripta en situaciones análogas a la presente”. Semejante orden promiscua de represión futura para cualquier caso en que el ejecutivo municipal necesite reprimir ciudadanos no puede ser vista como otra cosa que una grosera violación a los principios rectores del estado de derecho y una concreta amenaza a la integridad física de la clase trabajadora.
V.- La directa participación en el hecho de numerarios de la policía provincial y de gendarmería nacional, unos participando activamente de la comisión de delitos contra las personas, y otros asegurando el perímetro y prestando así un auxilio esencial para la consecución del ilícito accionar, hace directamente responsables, no sólo a quienes efectivamente intervinieron en los hechos, sino a sus superiores jerárquicos, jefes de las fuerzas y ministros provincial y nacional del área, que no podían ignorar que estaban aportando a sus subordinados para cumplir una orden ilegal, basada en una pseudo norma carente de toda legitimidad.
Tal como los medios de comunicación locales han destacado, no puede obviarse la evidente coincidencia del principal hecho denunciado con el lanzamiento de la precandidatura presidencial del gobernador Mario Das Neves, dato que permite afirmar, sin duda alguna, que, más allá de la responsabilidad que imputamos al gobierno municipal y la estructura policial, existió una clara decisión política del gobierno provincial y el gobierno nacional, basada en sus necesidades proselitistas, avalando lo actuado.
VI.- No puede soslayarse la simultaneidad del hecho motivo de esta denuncia con otros tantos episodios represivos de similar factura en distintos lugares del país, lo que acredita la existencia de una creciente necesidad de los gobiernos nacional y provinciales de profundizar el control y el disciplinamiento social sobre las grandes mayorías pauperizadas, que día a día ven empeorar sus condiciones laborales y materiales de vida de la mano del avance sostenido de la crisis económica que se descarga exclusivamente sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Episodios como los ocurridos recientemente en Caleta Olivia (Ruta 3) en perjuicio de trabajadores desocupados; fusilamientos de gatillo fácil; la aplicación sistemática de torturas a personas detenidas; la persecución y represión política a organizaciones de trabajadores, etc., muestran a las claras que los acontecimientos del pasado 28 de agosto en la ciudad de Trelew, lejos de constituir un hecho aislado, no son ni más, ni menos, que parte de una política de estado que se implementa nacional y localmente para seguir garantizando los privilegios de un puñado a costa de la sumisión de las grandes mayorías.
Es destacable, sin embargo, en la especie, la impunidad garantizada por una disposición que aparenta ser una norma, que ni por origen ni por contenido puede considerarse legítima, de la mano de una resolución judicial no menos espuria. Pero esos “detalles” no hacen sino dar el color local a una política que se despliega a lo largo y ancho del territorio nacional, sea cual fuere el color del partido de gobierno, pues su base es la defensa de los intereses de los poderosos a cualquier precio –siempre que ese precio lo paguen los trabajadores y el pueblo.
VII.- Por todo lo expuesto, solicitamos se tenga por formulada esta denuncia y se instruya el pertinente sumario.
Proveer Conforme,
SERÁ JUSTICIA.-
FORMULAN DENUNCIA – INSTAN INSTRUCCIÓN
Sr. Fiscal:
María del Carmen Verdú y Daniel Truccolo, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), con domicilio real en Agustín Caffarena 84, Ciudad de Buenos Aires; Gonzalo Pérez Álvarez e Hilda Fredes, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión de Trelew, con domicilio real en Gales 643; Ezequiel Agüero, integrante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), con domicilio real en Juan de la Piedra, Manzana B, Lote 8 y Raquel Caprano, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), con domicilio real en Pasaje Garzón 10, Rawson, todos constituyendo domicilio a los efectos procesales en Comedor Universitario de la sede Trelew de la UNPSJB, al Sr. Fiscal nos presentamos y decimos:
1.- Que habiendo tomado conocimiento de la comisión, en la ciudad de Trelew, con fecha 28 de agosto de 2009, de delitos de acción pública de extrema gravedad, todos ellos cometidos por funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales, en perjuicio de un gran número de personas, la mayoría vecinos del barrio Dignidad, sin que hasta el presente se instruyera de oficio investigación alguna al respecto, venimos a formular formal denuncia y a instar la instrucción del pertinente sumario, sin perjuicio de la posterior y oportuna presentación de los damnificados directos como querellantes.
Concretamente, denunciamos a la totalidad del personal interviniente, perteneciente al Departamento Ejecutivo del gobierno municipal de la ciudad de Trelew; a la policía provincial; a la gendarmería; al Sr. Juez de Faltas, Dr. Marcelo D. Gelvez; al Sr. Intendente Municipal, Sr. César Gustavo Mac Karthy; al Jefe de la Policía Provincial, Comisario General Juan Alé; al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, Sr. Máximo Pérez Catán y al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sr. Aníbal Fernández, en orden a las conductas criminales que infra describiremos, y que consideramos constitutivas de los delitos descriptos en los arts. 142 bis inc. 5º; 144 bis inc. 1º; 144 ter 1º párrafo; 144 quater inc. 1º; 248 y 269 del CP (privación ilegal de la libertad calificada; aplicación de tormentos; facilitación de la tortura; incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato).
2.- Tal como ha sido profusamente informado por los medios de comunicación, en las primeras horas del día 28 de agosto de 2009, se desplegó sobre el asentamiento popular Dignidad, ubicado en la ciudad de Trelew, un operativo conjunto de empleados municipales, policías provinciales y efectivos de gendarmería nacional, con el objetivo expreso de proceder a la violenta expulsión de casi dos centenares de familias allí radicadas desde mediados de junio de este año.
Cuando aún no había amanecido, comenzó el operativo represivo que incluyó más de un centenar de funcionarios municipales, equipados con topadoras, y todo el aparato policial, con participación de la Policía Montada y de Infantería, bomberos, otros grupos especiales, brigadas de motos, perros, cuatriciclos y efectivos de distintas jurisdicciones, mientras, sobre la Avenida Juan Domingo Perón, numerarios de gendarmería controlaban el tránsito y aseguraban el perímetro.
Como es público y notorio, la intervención municipal/policial culminó con docenas de apaleados, sin discriminar entre hombres, mujeres y niños, tanto habitantes del asentamiento como de vecinos que concurrieron a solidarizarse y socorrerlos, y una decena de detenidos, posteriormente torturados en las dos comisarías (2ª y 3ª) a las que fueron conducidos, hechos que, en algunos casos, ya han sido debidamente denunciados.
Tanto en el momento de los hechos, como en días posteriores, vecinos e integrantes de organizaciones que manifestaron su solidaridad con los represaliados y que repudiaron el accionar represivo fueron explícitamente amenazados por personal policial.
3.- Según surge de información oficial reproducida por los medios de comunicación, formalmente se ha invocado, como fuente legal de la orden de represión, la ordenanza 8634/2003, que prohíbe “toda modalidad de asentamiento u ocupación ilegal de terrenos baldíos de dominio público y privados en el ejido de la ciudad de Trelew”, y habilita a la autoridad municipal, a través del juez de faltas, a proceder al “lanzamiento inmediato, y de ser necesario, con auxilio de la fuerza pública”. De tal suerte, la cobertura legal del accionar represivo que arrasó casillas, incendió otras, atropelló y apaleó personas, etc., es una norma que colisiona violentamente con normas provinciales, nacionales e internacionales de aplicación obligatoria por las autoridades, y viola sin sutilezas los más elementales principios y garantías de las personas.
Es más que evidente que una disposición municipal, bajo la forma de una simple ordenanza, no puede prevalecer sobre el derecho al debido proceso y la defensa en juicio, ni, mucho menos, sobre derechos inalienables del ser humano, como su integridad física y su libertad.
De nada sirve que quienes aquí son denunciados –funcionarios municipales y provinciales- pretendan ampararse en tal norma, absolutamente nula y contra legem.
La referencia, como fuente legal, a tal ordenanza, lejos de legitimar el obrar de los autores materiales de los hechos denunciados, revela que no fueron los únicos en cometer los delitos imputados.
De más está decir que la Municipalidad de Trelew, ni su departamento ejecutivo ni su consejo deliberante, carecen de facultades legislativas para modificar o derogar leyes nacionales, ni crear normas que las sustituyan. Aplicando un criterio estrictamente jurídico, esta ordenanza, a la que nos resistimos a llamar "norma", es nula de nulidad absoluta y manifiesta, contra legem e inconstitucional, sin que exista argumentación alguna que le pueda dar una pizca de legitimidad.
No puede ser calificada de otra manera, cuando habilita la aplicación de una sanción de carácter penal, como es el lanzamiento, sin el debido proceso penal, y por mano del aparato policial provincial, habilitando a éste a ejercer violencia directa sobre las personas.
IV. Párrafo aparte merece la resolución dictada por el juez de faltas, Marcelo Gelvez, con aparente fundamento en la inconstitucional ordenanza. Tal como surge del expte. 6380/09, el magistrado municipal, invocando “razones de sanidad de la población” y “protección del medio ambiente”, ordenó a los funcionarios municipales y a la policía provincial que carguen, como lo hicieron, sobre dos centenares de familias humildes, que fueron atacadas en el marco de un operativo militarmente concebido.
Carece de facultades suficientes un juez municipal, sin perjuicio de la ilegal ordenanza invocada, para mandar a cuerpos especiales de despliegue rápido, brigadas de perros, policía montada, topadoras, etc., a literalmente arrasar con un barrio y represaliar a sus habitantes.
Más allá de la supremacía del derecho a la vivienda por sobre los estólidos argumentos basados en la “salubridad y el medio ambiente”, el último punto de la resolución que denunciamos como acto jurisdiccional nulo, y por ende carente de toda virtualidad para habilitar el operativo criminal que se descargó sobre los vecinos, muestra a las claras la intención represiva y el desprecio por los derechos de las personas del funcionario. Con absoluta franqueza, después de ordenar el puntual “desalojo”, sumando a los anteriores inservibles argumentos el de la “paz social” (¿?), el funcionario judicial “autoriza al DEM a proceder de la manera descripta en situaciones análogas a la presente”. Semejante orden promiscua de represión futura para cualquier caso en que el ejecutivo municipal necesite reprimir ciudadanos no puede ser vista como otra cosa que una grosera violación a los principios rectores del estado de derecho y una concreta amenaza a la integridad física de la clase trabajadora.
V.- La directa participación en el hecho de numerarios de la policía provincial y de gendarmería nacional, unos participando activamente de la comisión de delitos contra las personas, y otros asegurando el perímetro y prestando así un auxilio esencial para la consecución del ilícito accionar, hace directamente responsables, no sólo a quienes efectivamente intervinieron en los hechos, sino a sus superiores jerárquicos, jefes de las fuerzas y ministros provincial y nacional del área, que no podían ignorar que estaban aportando a sus subordinados para cumplir una orden ilegal, basada en una pseudo norma carente de toda legitimidad.
Tal como los medios de comunicación locales han destacado, no puede obviarse la evidente coincidencia del principal hecho denunciado con el lanzamiento de la precandidatura presidencial del gobernador Mario Das Neves, dato que permite afirmar, sin duda alguna, que, más allá de la responsabilidad que imputamos al gobierno municipal y la estructura policial, existió una clara decisión política del gobierno provincial y el gobierno nacional, basada en sus necesidades proselitistas, avalando lo actuado.
VI.- No puede soslayarse la simultaneidad del hecho motivo de esta denuncia con otros tantos episodios represivos de similar factura en distintos lugares del país, lo que acredita la existencia de una creciente necesidad de los gobiernos nacional y provinciales de profundizar el control y el disciplinamiento social sobre las grandes mayorías pauperizadas, que día a día ven empeorar sus condiciones laborales y materiales de vida de la mano del avance sostenido de la crisis económica que se descarga exclusivamente sobre las espaldas del pueblo trabajador.
Episodios como los ocurridos recientemente en Caleta Olivia (Ruta 3) en perjuicio de trabajadores desocupados; fusilamientos de gatillo fácil; la aplicación sistemática de torturas a personas detenidas; la persecución y represión política a organizaciones de trabajadores, etc., muestran a las claras que los acontecimientos del pasado 28 de agosto en la ciudad de Trelew, lejos de constituir un hecho aislado, no son ni más, ni menos, que parte de una política de estado que se implementa nacional y localmente para seguir garantizando los privilegios de un puñado a costa de la sumisión de las grandes mayorías.
Es destacable, sin embargo, en la especie, la impunidad garantizada por una disposición que aparenta ser una norma, que ni por origen ni por contenido puede considerarse legítima, de la mano de una resolución judicial no menos espuria. Pero esos “detalles” no hacen sino dar el color local a una política que se despliega a lo largo y ancho del territorio nacional, sea cual fuere el color del partido de gobierno, pues su base es la defensa de los intereses de los poderosos a cualquier precio –siempre que ese precio lo paguen los trabajadores y el pueblo.
VII.- Por todo lo expuesto, solicitamos se tenga por formulada esta denuncia y se instruya el pertinente sumario.
Proveer Conforme,
SERÁ JUSTICIA.-
LA CORREPI JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DENUNCIARON FUNCIONARIOS POR REPRESION EN TRELEW
Trelew (Coordinadora Contra la Represión).- Por Coordinadora Contra la Represión
María del Carmen Verdú y Daniel Truccolo, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Gonzalo Pérez Álvarez e Hilda Fredes, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión de Trelew; Ezequiel Agüero, integrante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y Raquel Caprano, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), denunciaron a la totalidad del personal interviniente, perteneciente al Departamento Ejecutivo del gobierno municipal de la ciudad de Trelew; a la policía provincial; a la gendarmería; al Sr. Juez de Faltas, Dr. Marcelo D. Gelvez; al Sr. Intendente Municipal, Sr. César Gustavo Mac Karthy; al Jefe de la Policía Provincial, Comisario General Juan Alé; al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, Sr. Máximo Pérez Catán y al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sr. Aníbal Fernández, en orden a las conductas criminales que infra describiremos, y que consideramos constitutivas de los delitos descriptos en los arts. 142 bis inc. 5º; 144 bis inc. 1º; 144 ter 1º párrafo; 144 quater inc. 1º; 248 y 269 del CP (privación ilegal de la libertad calificada; aplicación de tormentos; facilitación de la tortura; incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato)
El texto completo de la denuncia esta en el siguiente link
http://www.scribd.com/doc/19421146/denuncia-correpi
María del Carmen Verdú y Daniel Truccolo, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Gonzalo Pérez Álvarez e Hilda Fredes, integrantes de la Coordinadora Contra la Represión de Trelew; Ezequiel Agüero, integrante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y Raquel Caprano, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), denunciaron a la totalidad del personal interviniente, perteneciente al Departamento Ejecutivo del gobierno municipal de la ciudad de Trelew; a la policía provincial; a la gendarmería; al Sr. Juez de Faltas, Dr. Marcelo D. Gelvez; al Sr. Intendente Municipal, Sr. César Gustavo Mac Karthy; al Jefe de la Policía Provincial, Comisario General Juan Alé; al Sr. Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Chubut, Sr. Máximo Pérez Catán y al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sr. Aníbal Fernández, en orden a las conductas criminales que infra describiremos, y que consideramos constitutivas de los delitos descriptos en los arts. 142 bis inc. 5º; 144 bis inc. 1º; 144 ter 1º párrafo; 144 quater inc. 1º; 248 y 269 del CP (privación ilegal de la libertad calificada; aplicación de tormentos; facilitación de la tortura; incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato)
El texto completo de la denuncia esta en el siguiente link
http://www.scribd.com/doc/19421146/denuncia-correpi
PARAGUAY: ASESINAN A LUCHADOR CAMPESINO EN SAN PEDRO
Paraguay (ANA-Agencia de Noticias Aratiri).-3/9/09 – San Pedro, Paraguay.
El martes 2/9/09, cerca de las 7 de la mañana, los guardias privados del latifundio Iriarte Cué asesinaron a Abrahan Sánchez Galloso con un disparo de escopeta en el pecho.
El responsable directo es el ganadero Elpidio De la Cruz Rojas que aún tiene el control de las tierras en disputa de unas 5.000 hectáreas, ubicadas en la colonia Urundey, distrito de la localidad de Unión, departamento de San Pedro. "Los compañeros fueron interceptados por un grupo de matones y fue ejecutado uno de ellos", expresó Gregorio Fernández, del Espacio Unitario Popular en Radio 1º de Marzo.
El día anterior el dirigente campesino de Unión, Adolfo Villagra, cuestionó a la fiscala Lilian Ruiz, con jurisdicción en la zona señalando que solo defiende los intereses de los ricos e ignora las denuncias presentadas por los campesinos. Alberto Alderete, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra ( INDERT ) había sostenido que el Estatuto Agrario vigente desde el año 2002 solo beneficia a los latifundistas y a quienes poseen tierras malhabidas, y que los jueces y fiscales “protegen a los mercaderes de tierra”.
Mientras tanto, los campesinos esperaban acampados pacíficamente frente al latifundio “Iriarte Cue,” cumpliendo pacíficamente con el acuerdo contraído con el Indert que entiende en los temas del control del loteo de latifundios, motivo por el cual habían resuelto esperar hasta el jueves.
Frente a este nuevo asesinato político la Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista – Filial Buenos Aires – y otras organizaciones manifestaron esta mañana a A.N.A. su solidaridad con los familiares del joven Abraham Sánchez Galloso de 19 años y con la OLT cuyo objetivo en Iriarte Cue era recuperar tierra para los campesinos y frenar la indiscriminada deforestación de los bosques cometida por rollotraficantes, especialmente repudiaron la acción cómplice de las autoridades fiscales como Lilian Ruiz y policiales con los latifundistas y sus mercenarios armados contra los pacíficos campesinos. Exigieron enérgicamente a las autoridades de Paraguay el juicio y castigo a los culpables de más de 200 asesinatos de este tipo que se encuentran en la más absoluta impunidad bajo la inacción de la Comisión por los DDHH del Senado presidida por la senadora del partido “Patria Querida”, Ana Juanita Mendoza de Acha. Se exige a las autoridades responsables la inmediata remoción de los agentes de la impunidad del Ministerio Público, especialmente la fiscala Lilian Ruiz. Se pronunciaron asimismo por la libertad de los presos políticos del Partido Patria Libre y el Movimiento Agrario Popular injustamente acusados por los responsables fiscales y jueces formados en este esquema del Plan Colombia aplicado por EEUU en la región.
Los agronegociantes sojeros asociados a los representantes de los intereses económicos imperialistas, Monsanto y Cargill, fogonean incansablemente en la prensa del sistema la criminalización de la sociedad para frenar la lucha del campesinado. Otros “socios” como el el ingeniero Aguinagalde, gobernador de Alto Paraná, promueven un escalón más en la construcción de un esquema represivo contra el pueblo. En ese sentido el gobernador declaró “pedimos que los militares salgan a las calles para resguardar a la población, esto también va a ser un entrenamiento para los militares. El objetivo es que los mismos apoyen a los policías en la lucha contra la delincuencia” ( La Nación 30 / 8 / 09 ) A pesar de los recursos y el poder de los medios que detentan no pueden negar la realidad que describe con precisión el veterano luchador antidictatorial Alfonso Resk: “ la mayor cantidad de tierra pertenece a los terratenientes, mientras que los verdaderos hijos de esta tierra no tienen digamos la posibilidad de hacer uso de ella como fuente de trabajo. En el momento en que no tiene una parcela se atenta contra el derecho a la vida, porque esa parcela de tierra es su fuente de trabajo y el trabajo es un derecho mediante el cual puede servirse a sí mismo y a la comunidad. Parte del derecho a la tierra para defender el derecho a la vida” ( ABC COLOR 30 / 08 / 09 )
En este sentido las organizaciones populares denunciaron el caso de unas 8 familias que viven hace 30 años en la zona de Carandayty, Alto Paraguay, que fueron desalojadas en forma violenta por orden del juez Eduardo Villarta, de Concepción. “El oficial de justicia Luis Simón Flecha, acompañado de una brigada de policías y empleados de la firma Panambi SA, a punto de pistolas le sacaron a algunos ancianos y mujeres con sus niños, y luego procedieron a echar con topadoras sus precarias viviendas, dejándolos al abandono y desolación. “Es una injusticia lo que están haciendo con aproximadamente 40 personas, de sacarle de sus casas y dejarle en medio del monte, pero los pobladores aún resisten cerca de la Laguna Carpincho. Los latifundistas están aparentemente construyendo una pista clandestina con topadoras y también están destruyendo la laguna, para que finalmente los pobladores no tengan más agua y desistan de su lucha en el lugar. Es criminal lo que están haciendo con nuestros parientes y compatriotas paraguayos. Rogamos a nuestras autoridades nacionales que vengan a ver este atropello”, indicó Elisa Ortega. ( La Nación, 29 / 08 / 09. )
Todo el territorio de Paraguay, es escenario de la más descarnada lucha por la tierra, por un lado los “mercaderes de tierra” por el otro el pueblo campesino …
Redacción ANA
El martes 2/9/09, cerca de las 7 de la mañana, los guardias privados del latifundio Iriarte Cué asesinaron a Abrahan Sánchez Galloso con un disparo de escopeta en el pecho.
El responsable directo es el ganadero Elpidio De la Cruz Rojas que aún tiene el control de las tierras en disputa de unas 5.000 hectáreas, ubicadas en la colonia Urundey, distrito de la localidad de Unión, departamento de San Pedro. "Los compañeros fueron interceptados por un grupo de matones y fue ejecutado uno de ellos", expresó Gregorio Fernández, del Espacio Unitario Popular en Radio 1º de Marzo.
El día anterior el dirigente campesino de Unión, Adolfo Villagra, cuestionó a la fiscala Lilian Ruiz, con jurisdicción en la zona señalando que solo defiende los intereses de los ricos e ignora las denuncias presentadas por los campesinos. Alberto Alderete, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra ( INDERT ) había sostenido que el Estatuto Agrario vigente desde el año 2002 solo beneficia a los latifundistas y a quienes poseen tierras malhabidas, y que los jueces y fiscales “protegen a los mercaderes de tierra”.
Mientras tanto, los campesinos esperaban acampados pacíficamente frente al latifundio “Iriarte Cue,” cumpliendo pacíficamente con el acuerdo contraído con el Indert que entiende en los temas del control del loteo de latifundios, motivo por el cual habían resuelto esperar hasta el jueves.
Frente a este nuevo asesinato político la Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista – Filial Buenos Aires – y otras organizaciones manifestaron esta mañana a A.N.A. su solidaridad con los familiares del joven Abraham Sánchez Galloso de 19 años y con la OLT cuyo objetivo en Iriarte Cue era recuperar tierra para los campesinos y frenar la indiscriminada deforestación de los bosques cometida por rollotraficantes, especialmente repudiaron la acción cómplice de las autoridades fiscales como Lilian Ruiz y policiales con los latifundistas y sus mercenarios armados contra los pacíficos campesinos. Exigieron enérgicamente a las autoridades de Paraguay el juicio y castigo a los culpables de más de 200 asesinatos de este tipo que se encuentran en la más absoluta impunidad bajo la inacción de la Comisión por los DDHH del Senado presidida por la senadora del partido “Patria Querida”, Ana Juanita Mendoza de Acha. Se exige a las autoridades responsables la inmediata remoción de los agentes de la impunidad del Ministerio Público, especialmente la fiscala Lilian Ruiz. Se pronunciaron asimismo por la libertad de los presos políticos del Partido Patria Libre y el Movimiento Agrario Popular injustamente acusados por los responsables fiscales y jueces formados en este esquema del Plan Colombia aplicado por EEUU en la región.
Los agronegociantes sojeros asociados a los representantes de los intereses económicos imperialistas, Monsanto y Cargill, fogonean incansablemente en la prensa del sistema la criminalización de la sociedad para frenar la lucha del campesinado. Otros “socios” como el el ingeniero Aguinagalde, gobernador de Alto Paraná, promueven un escalón más en la construcción de un esquema represivo contra el pueblo. En ese sentido el gobernador declaró “pedimos que los militares salgan a las calles para resguardar a la población, esto también va a ser un entrenamiento para los militares. El objetivo es que los mismos apoyen a los policías en la lucha contra la delincuencia” ( La Nación 30 / 8 / 09 ) A pesar de los recursos y el poder de los medios que detentan no pueden negar la realidad que describe con precisión el veterano luchador antidictatorial Alfonso Resk: “ la mayor cantidad de tierra pertenece a los terratenientes, mientras que los verdaderos hijos de esta tierra no tienen digamos la posibilidad de hacer uso de ella como fuente de trabajo. En el momento en que no tiene una parcela se atenta contra el derecho a la vida, porque esa parcela de tierra es su fuente de trabajo y el trabajo es un derecho mediante el cual puede servirse a sí mismo y a la comunidad. Parte del derecho a la tierra para defender el derecho a la vida” ( ABC COLOR 30 / 08 / 09 )
En este sentido las organizaciones populares denunciaron el caso de unas 8 familias que viven hace 30 años en la zona de Carandayty, Alto Paraguay, que fueron desalojadas en forma violenta por orden del juez Eduardo Villarta, de Concepción. “El oficial de justicia Luis Simón Flecha, acompañado de una brigada de policías y empleados de la firma Panambi SA, a punto de pistolas le sacaron a algunos ancianos y mujeres con sus niños, y luego procedieron a echar con topadoras sus precarias viviendas, dejándolos al abandono y desolación. “Es una injusticia lo que están haciendo con aproximadamente 40 personas, de sacarle de sus casas y dejarle en medio del monte, pero los pobladores aún resisten cerca de la Laguna Carpincho. Los latifundistas están aparentemente construyendo una pista clandestina con topadoras y también están destruyendo la laguna, para que finalmente los pobladores no tengan más agua y desistan de su lucha en el lugar. Es criminal lo que están haciendo con nuestros parientes y compatriotas paraguayos. Rogamos a nuestras autoridades nacionales que vengan a ver este atropello”, indicó Elisa Ortega. ( La Nación, 29 / 08 / 09. )
Todo el territorio de Paraguay, es escenario de la más descarnada lucha por la tierra, por un lado los “mercaderes de tierra” por el otro el pueblo campesino …
Redacción ANA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Editoriales ANP
