Por Asociación Mundial de Radios Comunitarias en ArgentinaLas radios comunitarias se han constituido como actores sociales legítimos y canales de expresión para muchos grupos excluidos y marginados, a pesar de haber sido privadas de ejercer legalmente el derecho a la comunicación. Con una historia de más de 20 años sostenida en una práctica de comunicación alternativa, nuestras radios encuentran en la lucha por la democratización de las comunicaciones su razón de ser.
Tal como lo expresan los Principios para un marco regulatório democrático sobre radio y TV comunitaria elaborados por AMARC, “Las libertades de expresión, información y comunicación son Derechos Humanos fundamentales garantizados por tratados internacionales que deben ser reconocidos como tales por todas las sociedades democráticas. (...) La diversidad y el pluralismo en la radiodifusión es un objeto fundamental de cualquier marco regulatório democrático”.
Por eso valoramos la concepción del anteproyecto de ley concebido en pos de garantizar el Derecho Humano universal a la libertad de expresión y a la información, en sintonía con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones y estándares interamericanos en Derechos Humanos.
La propuesta amplía el objeto de la regulación atento a los nuevos escenarios tecnológicos en el campo de las comunicaciones.
En este sentido, son claves la diferenciación y reconocimiento de los tres actores –privados-comerciales, públicos y sin fines de lucro- y la reserva de 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, tal como fue planteado en los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
Entendemos que este es un paso trascendental para modificar radicalmente un sistema de medios que se ha configurado en base a la concentración y monopolización en manos privadas, una configuración avalada por la Ley de Radiodifusión vigente y especialmente por sus modificaciones realizadas durante períodos democráticos. La reglamentación de esta normativa será también una instancia fundamental en la cual deben estar representados todos los sectores involucrados. Por lo tanto, consideramos que una manera de garantizar ese derecho adquirido es participar activamente en el diseño del plan técnico y de la reglamentación de la nueva legislación para aportar desde nuestra mirada a la conformación de un sistema de medios equitativo.
De aprobarse este proyecto, las limitaciones a la concentración y la conformación de monopolios y oligopolios –que se expresa en la cantidad de licencias permitidas, en los límites en cuanto a la cantidad de audiencia potencial, a la propiedad cruzada, a las cadenas y repetidoras y en las exigencias de producción propia- serían una referencia fundamental para los países de la región.
También el diseño institucional contempla una participación plural que se expresa en la creación de una Autoridad de Aplicación, un Consejo Consultivo, un Consejo Asesor y una Comisión Bicameral a través de los cuales debe estar garantizada la representación de los diversos sectores involucrados: las provincias, los prestadores comerciales, los sin fines de lucro, los medios públicos, universitarios, las y los trabajadores y académicas, entre otros.
En la misma línea, valoramos el establecimiento de procedimientos de adjudicación y renovación de licencias -concurso y audiencias públicas respectivamente- y destacamos la necesidad de mecanismos de evaluación de las propuestas en base al reconocimiento y valoración del rol específico de cada tipo de medio.
En este punto, es necesario hacer notar la clara contradicción de estos principios y procedimientos con el Decreto 527, que canceló por diez años el conteo del plazo de las licencias de los medios comerciales. La anulación de este Decreto, por los mecanismos constitucionales que resulten más convenientes, es imprescindible para sostener en la práctica los principios democratizadores de este proyecto.
Desde hace 25 años somos parte de este debate y esta lucha por el reconocimiento del Derecho Humano a la libertad de expresión, a la información y la comunicación. Creemos que en este momento es fundamental ampliar la participación ciudadana sostenida para incidir en la configuración de un sistema de medios inclusivo, que garantice, a todos los sectores y grupos sociales, el derecho a expresarse libremente y ser constructores de su propio destino. Por eso nos comprometemos a seguir estudiando críticamente el anteproyecto, a aportar nuestras observaciones y sugerencias, a ser parte activa de los intercambios y a ampliar este debate fundamental que debe involucrar a toda a sociedad.
Editoriales ANP
