COMUNICADO: REUNIÓN EN ISFD 813

Lago Puelo (ISFD 813).- El Instituto Superior de Formación Docente Nº 813 Lago Puelo informa a los alumnos de la Carrera del Profesorado de Educación Especial en Discapacitados Mentales que se llevará a cabo una reunión informativa, el miércoles 29 de abril, a las 18.

POLICÍA DESALOJÓ A COMUNIDAD MAPUCHE

Buenos Aires (Anred).- El jueves 23 por la tarde la comunidad Maliqueo fue desalojada por la policía de la provincia, aprovechando que la gran mayoría de los integrantes no se encontraban en la misma, llevándose detenida a la única persona que estaba presente, la anciana Zeferina Manchipan, que fue dejada en libertad esa medianoche.
La Comunidad Mapuche Maliqueo es una de las tantas comunidades que están protagonizando un proceso de recuperación de territorios ancestrales en la provincia de Neuquén.
Constituida como comunidad hace dos años, está ubicada a 12 kilómetros de la localidad de Villa Pehuenia, en la zona de la cordillera neuquina, en la cual las comunidades realizan año a año las veranadas, es decir el traslado del ganado para el pastoreo, que permite desarrollar la pequeña ganadería, única posibilidad de sobrevivencia de las comunidades a corto plazo.
Estos territorios se encuentran en disputa con un ex juez federal de la última dictadura militar, Pedro Laurentino Duarte, que denunció a las comunidades de "usurpadoras", abriéndoles causas penales y protagonizando intimidaciones en las cuales no faltaron las armas de fuego.
Los territorios despiertan varios intereses relacionados con especulación inmobiliaria, emprendimientos turísticos y proyectos de forestación con especies exóticas.
En este último sentido, el genocida Duarte convirtió estas tierras en una sábana de pinos ponderosa y oregón, traídos de EEUU, reforestación que trajo varias consecuencias.
Por un lado, la desertificación de los suelos y su pérdida de fertilidad, que impide el crecimiento de otras especies en las áreas plantadas con pinos, y el reemplazo de especies nativas como la araucaria o pehuén, árbol que tiene un lugar destacada en la cultura ancestral mapuche.
Muchos de estos proyectos de reforestación son producto de convenios firmados entre el CORFONE (Corporación Forestal de Neuquén) y terratenientes de la zona, como Duarte, o empresas petroleras, como Repsol.
En febrero de este año el Ministro de Gobierno, Educación y Cultura de la provincia de Neuquén, Jorge Tobares, acordó con la comunidad avanzar en varios puntos, entre ellos el relevamiento de la situación de titularización de tierras tanto de veranadas mapuches como de propiedades privadas y la conformación de una comisión para la aplicación de la ley nacional 26.160, Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria, que frena los desalojos de comunidades por cuatro años.
A pesar de este acuerdo, a principios de marzo, se dictó una orden de desalojo. El 13 de ese mes llegaron a la comunidad el juez, el fiscal y el propio Duarte para hacer una inspección ocular del territorio en conflicto, "protegidos" por varios autos policiales.
La presencia de Duarte acompañando a los representantes de la justicia fue tomada por la comunidad como una provocación, aunque legalmente Duarte podía formar parte de esa inspección por ser querellante de la causa.
En el momento en que llegaron a la comunidad queriendo inspeccionar las tierras, la comunidad les impidió entrar en su territorio. Luego de la comunicación con los abogados de la comunidad, se resolvió dejarlos hacer la inspección y por la tarde volvieron, en esta oportunidad sin Duarte.
El objetivo expresado por los visitantes era observar el lugar y hablar con integrantes de la comunidad para que les transmitieran su mirada sobre el conflicto. La comunidad supuso que el objetivo de la visita era determinar cuál es la tierra en conflicto porque no lo saben exactamente.
La concreción del desalojo el jueves, demuestra la impunidad con la que se manejan los terratenientes, las empresas, la justicia y el poder ejecutivo, que violan no sólo el acuerdo firmado con las comunidades, sino también las leyes nacionales y provinciales, vulnerando permanentemente sus derechos ancestrales.
Cuando los integrantes de la comunidad llegaron al lof, se encontraron con el territorio arrasado, con la ramada, las rukas (casas) y todas sus pertenencias destrozadas al lado de la ruta, del otro lado del alambre.
Decidieron entonces permanecer en el lugar resistiendo en espera de una respuesta por parte de las autoridades.

POR EL VALOR SOCIAL DE LA TIERRA, EN BARILOCHE

Bariloche (Gente de Radio).- Bajo la consigna "Antes que el valor inmobiliario está el valor social de la tierra", gran cantidad de organizaciones sociales no gubernamentales y personas que se manifestaron en contra del Encuentro Patagónico Inmobiliario 2009 se reunieron, en la tarde del viernes 24 de abril, en San Carlos de Bariloche.
Una vez que arribaron al punto de encuentro, que era el Hotel Llao Llao, en el cual se realizaría una asamblea popular y panel de expositores, se encontraron con la resistencia de la policía provincial y personal de seguridad privado, que estaban apostados en la entrada de la calle que da al hotel, y con el claro fin de que los manifestantes no se acercaran a las puertas de dicho hotel.
Finalmente la aglomeración de los manifestantes rompió con el cordón de seguridad, con lo cual la fuerza de seguridad empezó a agredir a los manifestantes, sin que dichas acciones pasaran a mayores.
Si bien el Concejo Deliberante de Bariloche se expidió mediante un comunicado de prensa en repudio del encuentro, la presencia de los miembros de dicho cuerpo legislativo local fue casi nula, salvo contadas excepciones.
Entre los expositores del Encuentro Patagónico Inmobiliario 2009, se encontraban: Néstor Walenten presidente CIA, Roberto Ledo; López Saltieri; Rosendo Fraga; Ruben Pesci; Rosa García; Carlos Melconián.
El gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Saiz, que iba a ser expositor para cerrar el Encuentro Patagónico Inmobiliario, finalmente no asistió.

CLASES EN TRES FERIADOS Y EXTENSIÓN EN DICIEMBRE

Viedma (ADN).- La UnTER y el Gobierno provincial acordaron excluir la propuesta de dictar clases los sábados y recuperar los días de clase perdidos durante el paro docente con la eliminación de una semana de vacaciones de invierno y la extensión del dictado de clase hasta el 23 de diciembre.
Las partes mantuvieron una reunión que se extendió por casi 10 horas donde finalmente se acordó plasmar en un documento un nuevo esquema de calendario escolar que no logrará los 180 días de clase.
El documento firmado por autoridades del Ministerio de Educación, encabezados por la secretaria de Educación, Norma Nakandakare, y por el gremio, deberá ser ratificado en el ámbito de la paritaria.
El nuevo esquema elimina la propuesta inicial del Gobierno de dictar clase durante 9 sábados del año, ante la negativa de la UnTER de asistir a las aulas esos días argumentando complicaciones de tipo laboral y familiar para los alumnos.
La propuesta establece que se extenderá el ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre para las escuelas primarias y hasta el 18 de diciembre para las secundarias, readecuando además los cuatrimestres y eliminando las jornadas institucionales y de capacitación durante los días hábiles.
Además se sumaron dos puntos referidos a los días feriados que contempla que los feriados por la conmemoración de fechas patrias deberán invertir las horas de producción de actos con la tarea aúlica y los “feriados trasladables” se considerarán “de efectiva tarea desde lo pedagógico e institucional”.
El documento establece que la recuperación de días de clase debe ser presencial y efectiva del docente frente al alumno y remarca que “no son instancias de acreditación sino de enseñanza”.
Ahora la UnTER deberá definir si ratifica esta propuesta en el ámbito de la paritaria.

MARCHA EN CONCEPCIÓN POR LOS PRESOS MAPUCHES

El Bolsón (ANPP).- Con la convocatoria de familiares y amigos de los presos políticos de Puerto Choque, Hogares de Estudiantes Mapuche, Redes de Apoyo,mañana, en la ciudad chilena de Concepción, se llevará adelante una marcha por la libertad de los presos políticos mapuches
Los allegados a las víctimas denuncian que las autoridades chilenas mantuvieron incomunicados en la cárcel de El Manzano a los comuneros José Huenuche, Ramón Llanquileo y el estudiante Jonathan Huillican.
Asimismo señalaron el accionar del fiscal Mario Elgueta, "que se dedica con exclusividad a perseguir a los luchadores mapuche en la provincia de Arauco".
Las detenciones practicadas en marzo y abril han aumentado a un número cercano a la cincuentana el número de presos políticos mapuche en Chile.
Los organizadores expresaron que existe violación de derechos humanos practicada en conjunto por la policía y las empresas forestales, hecho "que no ocupa los titulares de prensa".
“El allanamiento realizado para detener a José fue muy violento”, explicó Millaray, embarazada de siete meses. “Yo vivo en Cañete. Derribaron la puerta de mi casa, y me sacaron en ropa interior, sin presentar orden judicial, lo mismo hicieron en las comunidades.”
Interrogada acerca de qué se llevó la la policía, responde: “Libros, películas, cámaras fotográficas, celulares y otras cosas que incluso pertenecen a mi mamá y tienen que ver con su trabajo”.
Por otra parte menciono que dos de los presos requirieron urgente atención médica: Segundo Ñeguey tenia incrustados varios perdigones en la rodilla, y Jonathan resultó con graves lesiones en el oído medio como resultado de los golpes en la cabeza que le dio la policía en Temuco luego de la detención.
También fue amenazado con que le aplicarían corriente y tomarían represalia con su familia si no cooperaba.
"Los gendarmes están tratando de intimidar a los familiares y a los presos. A nosotros nos dijeron que si hacíamos protesta afuera de la cárcel, ellos dispararían a matar adentro."

Fuente: agencia Walsh.

LO ORDENÓ UNA JUEZA: BEATRIZ NO SERÁ DESALOJADA

Por Daniel Zuliani

El Juzgado de Familia N°2 a cargo de Claudia Lía Melidoni ordenó la medida de no innovar, ordenando a la Municipalidad de Lago Puelo que se abstenga de llevar adelante todo acto o medida tendiente al lanzamiento compulsivo de Nélida Beatriz Fernández y sus hijos menores y suspender todo acto ejecutorio hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.

JÓVENES NEUQUINOS MARCHARÁN POR EL BOLETO ESTUDIANTIL

El Bolsón (ANPP).- Una marcha de jóvenes en reclamo de taroifas de trasnporte más baratas para estudiantes se realizará mañana, a las 13, desde la sede central de la Universidad Nacional del Comahue, calle Buenos Aires 1400, ciudad de Neuquén.
La movilización fue convocada por la Junta Electoral de la FUC, es decir, que eintegra a todos los representantes de todos los Centros de Estudiantes de esa universidad.
"Los viajes por el Alto Valle son cada vez más caros, y los costos por estudiar han ido subiendo mucho últimamente, principalmente el boleto", explicaron los convocantes.
Refirieron además que en Río Negro existe ya una ley, la Nº 3831/04, que otorga un boleto estudiantil que implica el 50 por ciento de la tarifa mínima, pero que no se cumple.

Fuente: Grupo de Representantes de los Estudiantes de Medicina (GRAM).

ORGANIZACIONES SE POSICIONAN POR EL RECHAZO A LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD

El Bolsón (ANPP).- Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos expresaron su rechazo a los proyectos de ley que establecen la baja de la edad de imputabilidad y la necesidad de desarrollar “un debate nacional integral por la niñez”.
En esa discusión deberá entrar el análisis de la falta de oportunidades para los niños y adolescentes de los sectores populares, “los únicos que serán destinatarios de esta ley”.
Por otro lado, organizaciones y personalidades reclamaron la suspensión urgente del tratamiento de la ley para “evitar que el debate sea rehén del contexto electoral”.
“Las disputas preelectorales, el humor social condenatorio respecto de los adolescentes y niños, con la prédica de los medios que promueve el miedo por la “inseguridad” configuran un escenario inadecuado para encontrar hoy las soluciones referidas al régimen penal juvenil”, argumentaron.
Recordaron, además, que el endurecimiento de las penas y la baja de la edad de imputabilidad no asegura una mejora en lo índices de seguridad y que la única respuesta certera respecto a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social.
En el mismo ejercicio de memoria, señalaron que los adolescentes que hoy tienen entre 14 y 18 años son las “principales víctimas de las políticas neoliberales desarrolladas durante el menemismo y que expresa sus continuidades en la actualidad. Mientras miles de padres se quedaban sin trabajo, los pibes nacían en un país en dónde se destruía la educación, la salud y el trabajo con la consecuencia de la desintegración social y la marginación”.
“Argumentar que bajar la edad de punibilidad es una forma de darles garantías a los niños, es una falacia –denuncian-. Nadie las toma en cuenta a la hora de tratar con los casos de violencia policial y gatillo fácil que suceden a diario en los barrios, y la invisibilidad mediática correspondiente, como Luciano Arruga, de 16 años, quien se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de este año, cuando fue visto por última vez subiendo a un patrullero de policía.”
Entre los adherentes al rechazo a este nuevo intento de criminalizar la pobreza se encuentran Nora Cortiñas, Madres Línea Fundadora,-Adolfo Perez Esquivel, SERPAJ, el diputado Claudio Lozano, CTA Capital, ATE Capital, Junta Interna ATE-SENAF, Relatoria Niñez CABA del Capitulo Argentino de la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Hogares Don Bosco, Colectivo Enlace-Cuál Derecho?, Comisión de Derechos Humanos (Bajo Flores).

CONCLUYÓ EL ENCUENTRO AMBIENTALISTA EN SAN JUAN

Por Darío Aranda

San Juan (Página 12).- “Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos, que privilegia negocios por sobre el ambiente y la salud de los pueblos.” Es la certeza que guía a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), conformado por un centenar de comunidades de todo el país, reunidas durante tres días en San Juan, una de las provincias emblema de la actividad minera. “Las UAC –como se las conoce en el espacio militante– son un espacio autónomo y asambleario, conformado por organizaciones que son la primera trinchera frente a la contaminación: pueblos en peligro por el avance minero, comunidades (rurales y urbanas) que padecen las fumigaciones, organizaciones sociales y familias víctimas de la contaminación urbano-industrial. En su noveno encuentro nacional, ratificaron el rechazo a los emprendimientos contaminantes, acordaron acciones directas (cortes de ruta, movilizaciones y escraches), denunciaron el veto a la ley que protegía los glaciares y advirtieron la creciente criminalización de la protesta. “Contra el saqueo y la contaminación”, volvió a ser la frase que unificó el encuentro.
San Juan cuenta con cinco proyectos mineros: tres en estudio, uno en plena producción desde 2005 (Veladero, de la compañía canadiense líder del sector, Barrick Gold) y otro a punto de construirse: Pascua Lama (también de la Barrick), señalado por impulsores y detractores como el proyecto minero más ambicioso de América, será el de mayor envergadura, utilizará 17 camiones con cianuro por mes, 370 litros de agua por segundo –en una zona semidesértica– y 200 camiones de explosivos al mes. Pascua Lama será el primer yacimiento en zona limítrofe –los gobiernos argentino y chileno crearon, en la década pasada, una ley que permite una zona franca minera–, puntapié para que una decena de empresas exploten montañas a lo largo de los 5000 kilómetros de cordillera.
Por los intereses en juego, no fue sorpresa que la capital sanjuanina amaneciera el viernes –día de inicio del foro de las UAC– con pasacalles defendiendo la cuestionada actividad. “Sí al trabajo. Sí al desarrollo. Sí a la minería”, fue la chicana utilizada por el Gobierno y el sector empresarial. Un hecho menor frente al accionar policial, que realizó sorpresivos retenes en las rutas de ingreso a la ciudad, donde demoró micros con participantes del encuentro. Los organizadores también denunciaron un boicot de un sector de los medios de comunicación provincial, que rechazaron cubrir el encuentro. Según las UAC, fue un pedido del Gobierno (mayor anunciante publicitario). También recordaron que fueron tapados todos los carteles que anunciaban el encuentro.
El foro consistió en trabajo en comisiones, puestas en común y plenarios de consensos. Cada comisión estuvo integrada por veinte personas, que abarcaron cuatro ejes: minería, conflictos urbanos, legales y agrotóxicos. Y hubo dos temas transversales a todo el encuentro: agua y educación. Participaron 480 personas de 40 pueblos de todo el país. Entre los acuerdos figuran: una acción binacional por Pascua Lama para inicios de junio (participarán organizaciones de ambos países), una masiva marcha en Buenos Aires, acciones en todo el país en repudio a la criminalización de la protesta, apoyo a la creación de la Corte Penal Internacional de Medio Ambiente y se decidió impulsar acciones penales contra directivos de empresas y funcionarios. También se resaltó la necesidad de unificar y nacionalizar la lucha, sin perder de vista las resistencias regionales y locales, con acciones directas (bloqueo de caminos, marchas, escraches). Durante todo el encuentro también se denunciaron las estrategias de las empresas a través de la educación. Fueron recurrentes los testimonios sobre universidades cooptadas por empresas, persecución de docentes críticos, asistencialismo en escuelas (por parte de mineras) y manuales escolares favorables a las actividades extractivas.
Las UAC exigen, desde sus primeros encuentros, la derogación de leyes mineras, aprobadas durante el menemismo y sostenidas hasta la actualidad. Las empresas siempre reconocieron las ventajas de la legislación vigente. En primer lugar, aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento. Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni tasas para la importación y gozan de estabilidad fiscal por 30 años. “Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar solo contaminación, destrucción y saqueo”, explicaron desde San Juan.
Las UAC también ratificaron el rechazo al megaproyecto minero Agua Rica, de la localidad catamarqueña de Andalgalá, cuna desde hace una década del yacimiento Bajo La Alumbrera, con una decena de denuncias por contaminación y su vicepresidente ejecutivo procesado por afectar el medio ambiente. Las organizaciones de Catamarca recordaron la sospechosa acción del gobierno provincial, que aprobó un muy cuestionado Informe de Impacto Ambiental, con el cual dio vía libre al emprendimiento.
El veto de la ley de glaciares (realizado por la Presidenta el 10 de noviembre pasado) fue uno de los temas recurrentes. “El veto de la Barrick Gold”, fue llamada por las UAC, que ayer, en plenario, aprobaron una fuerte campaña de concientización sobre los reservorios de agua. El 14 de abril pasado, Peter Munk, fundador de Barrick, fue recibido en Casa de Gobierno por Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. La foto oficial los exhibe sonrientes. Las UAC recordaron que el mismo día, en la localidad riojana de Famatina (donde Barrick Gold planea explotar un yacimiento), mujeres de las Asambleas Ciudadanas Riojanas fueron reprimidas por no permitir el paso de la empresa. Los autores de la agresión –filmados y fotografiados– fueron funcionarios provinciales y empleados de Barrick Gold. “El agua vale más que el oro”, recordó la delegación riojana.
El próximo encuentro será en Libertador General San Martín (Jujuy), sede de la cuestionada empresa Ledesma, del 24 al 26 de julio, y se agregarán dos ejes imprescindibles en la lucha contra el modelo extractivo: tierra y pueblos originarios.

Foto: No a la Mina.

OPINIÓN: CONTRA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD

Por Juguete Rabioso, Colectivo Enlace-Cuál Derecho?

Es inútil la pretensión de desentender a la justicia penal del castigo a la pobreza. El sistema de justicia penal funciona eficazmente sobre los pobres.
Repudiamos el sistema penal como forma de gestión de la conflictividad social porque es violento, criminaliza la pobreza y la protesta social, sirve a intereses de clase, es selectivo, funciona promoviendo la corrupción, reproduce la violencia, responde a la lógica teológica del castigo y además es oneroso y ni siquiera cumple los fines que pretende.
Defendemos a los más jóvenes no tanto por responsablidad, sino por solidaridad. Solo nos es posible adoptar una posición: la del repudio al sistema penal, y en especial, la prisión para ellos.
No fundamos nuestra postura de no aplicar el sistema penal a los jóvenes en ninguna incapacidad de éstos sino en un proyecto de autonomía colectivo en donde debemos eximir de las miserias de los sistemas represivos a nuestras generaciones más jóvenes, para preservarlas de su violencia, de sus efectos perniciosos. Asumimos sus inconductas como faltas propias, resultantes de una compleja trama social e instituconal, en la que el Estado se desentiende de su responsabilidad de garantizar para ellos el bienestar que todxs pretendemos para nuestros niños y adolescentes.
Proponemos otras formas para su gestión en donde no es central el dispositivo de responsabilidad propio del derecho penal, sino múltiples aspectos de los conflictos de los que hoy lo jóvenes son protagonistas.