BARILOCHE (ANBariloche).- Autoridades del Ministerio de Educación y referentes del gremio UNTER se reunieron ayer en el marco de una nueva paritaria para analizar varios temas. Entre otras cosas, se avanzó en la reformulación del calendario escolar para recuperar los días de clase perdidos por el paro del sindicato.
Del encuentro –que duró poco más de cuatro horas- participaron el ministro de Educación, César Barbeito; el coordinador de Políticas Gremiales, Alejandro Betelú; las subsecretarias de Educación, Norma Nakandakare; de Planeamiento, Doris Borobia y de Coordinación Pedagógico, Andrea Novillo Pintos y los vocales del Consejo Provincial (CPE) Jorge Sartor y Amira Nataine.
Por el sindicato participaron su secretario general, Marcelo Nervi, el secretario adjunto, Ricardo Berros, el titular de Prensa, Pedro Bichara y el vocal gremial del CPE, Héctor Roncallo.
En este marco, el Ministerio presentó la propuesta de reformulación del calendario escolar para cumplir efectivamente con el compromiso de los 180 días de clase para todos los alumnos de la provincia
Según se informó desde el gobierno, el proyecto de la cartera educativa propone la unificación de los períodos lectivos para nivel Primario de Febrero-Diciembre y de Marzo–Noviembre; la supresión de las jornadas institucionales y de los encuentros presenciales de capacitación, más realización de algún encuentro durante los días sábados.
Con esta iniciativa, el Ministerio prevé obtener 14 días hábiles en abril, 19 en mayo (más 1 días sábado), 21 en junio (2 sábados), 17 en julio, 20 en agosto (1 sábado), 22 en septiembre (2 sábados), 21 en octubre (1 sábado), 21 en noviembre (1 sábado) y 16 en diciembre (1 sábado).
La propuesta del Ministerio establece además, reducir le receso invernal en todas las regiones del 18 al 26 de julio, excepto en las zonas Andina, Andina Sur y Sur I y II donde el receso sería entre el 18 de julio al 2 de agosto.
Según la iniciativa, este calendario será de cumplimiento total para quienes hayan perdido la totalidad de los días de clase durante el paro. Mientras que quienes hayan perdido solo algunas jornadas deberán ir recuperándolas de acuerdo a cada situación.
El Ministerio propuso además crear comisiones por niveles -en ámbitos de la Subsecretarías y el CPE- para atender la especificidad que demanda la construcción de las propuestas de recuperación de días.
Ante este planteo, el gremio manifestó que acuerda con la necesidad de reestructuración de calendario escolar y para poder avanzar puntualmente en la propuesta se debe tener en cuenta la realidad de cada uno de los niveles y modalidades.
Además, la UNTER se comprometió a analizar en las Secretarías de Nivel de la organización la propuesta vertida y formalizar una respuesta en el próximo encuentro entre ambas partes, el próximo lunes 27 a las 10 en el ámbito del CPE.
Otros temas
Por otra parte y en cuanto al tema vinculado con las viviendas para los trabajadores del sector docente, las partes acordaron concretar una reunión con el Instituto de Planificación y Promoción de Viviendas (IPPV) para el martes próximo.
Asimismo, se acordó una prórroga hasta el 15 de mayo del período de inscripción para intineratos y suplencias para todos los niveles en el ciclo lectivo 2010, lo que será establecido en la norma correspondiente a dictarse en el marco del CPE.
miércoles, 22 de abril de 2009
COMUNICADO: POR QUÉ LOS 22 CASOS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD NO TIENE QUE IR A BAHIA BLANCA
A la comunidad de Neuquén y Río Negro:
La decisión de la jueza federal de Neuquén -avalada por un sector de la APDH- respecto a enviar a Bahía Blanca 22 casos de la causa donde se ventilan algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante el genocidio perpetrado por la última dictadura militar, significa un paso hacia la impunidad y el olvido. Son múltiples las razones jurídicas, investigativas, políticas y morales por las cuales tal determinación constituye una aberración. Aquí enumeraremos algunas con el fin de combatir la falta de información que padece al respecto la opinión pública. La conclusión se impone por sí misma: el desmembramiento de la denominada causa de los Derechos Humanos parece obedecer a una intención encubridora por parte de ciertos sectores de la justicia e implica un grueso error político de los sectores de la APDH que apoyan dicha medida.
Los casos que se enviarán a Bahía Blanca
Los 22 expedientes que se enviarán a Bahía Blanca integran el conjunto casos del que fuera el tercer gran operativo "antisubversivo" emprendido en las provincias de Río Negro y Neuquén. Dicho operativo comenzó el 9 de junio de 1976 en Neuquén, continuó en los días siguientes en Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio y terminó el 15 de junio en Cutral Co. Durante el mismo se combinaron las dos modalidades que había asumido la represión política: la clandestina o "nocturna" y el "semilegal" o "diurna". De un lado hubo secuestros realizados por el grupo de tareas (sujetos de civil fuertemente armados que se movilizaban en automóviles particulares) y del otro procedimientos de detención en los cuales los perpetradores identificaron su pertenencia al Ejército y/o las fuerzas de seguridad. Surge claramente la interrelacion entre tales "operativos negros" (grupos de tareas, secuestros, centros clandestinos) y los "operativos blancos" (detenciones semilegales, con personal de uniforme y en vehículos oficiales, presos reconocidos por decretos del Poder Ejecutivo, cautiverio en cárceles). De todos los ocurridos en la región, fue el operativo donde mejor se traslucen la jurisdicción utilizada, la separación de tareas y la coordinación conjunta de todas las fuerzas represivas (Ejército, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales). También queda al descubierto el encubrimiento deliberado de la justicia federal y la complicidad de la intervención militar de Neuquén. Fue, por último, el operativo que más desaparecidos produjo en la región. Al día de la fecha, nueve de sus víctimas continúan en ese estado: Alicia Pifarré, Carlos Schedan, Miguel Angel Pincheira, José Delineo Méndez, Carlos Cháves, Arlene Seguel, Susana Mujica, Cecilia Vecchi y Mirta Tronelli.
Aberración jurídica
Es totalmente falaz el argumento que la jueza federal esgrime para enviar esos casos a Bahía Blanca. Basada en un tecnicismo jurídico que determina que los crímenes deben ser investigados y juzgados en la jurisdicción donde se cometieron los delitos más graves, la magistrada pretende que las torturas y muerte de muchos de ellos ocurrieron en Bahía Blanca.
En primer lugar es falso que sólo allí se haya torturado a las víctimas. Hay pruebas fehacientes que demuestran que Alicia Pifarré fue primero torturada en La Escuelita de Neuquén y que muchos detenidos sufrieron el mismo trato en la comisaría de Cutral Co antes de ser trasladados a Bahía Blanca. También hay indicios que sugieren que por lo menos dos víctimas estuvieron unos días cautivas en La Escuelita de Neuquén antes de ser llevadas a aquella ciudad, sede del Comando V Cuerpo de Ejército. Para el caso de los sobrevivientes: ¿con qué criterio se pretende concluir que las torturas sufridas allá fueron más graves que las sufridas acá?
En segundo lugar, no está probado que los nueve desaparecidos hayan sido asesinados en Bahía Blanca. Aunque ello resulta posible, la idea constituye una hipótesis que de ningún modo ha sido probada. Por el contrario, hay casos que sugieren que otras víctimas podrían haber sido muertas y enterradas en la región tras ser "liberadas" en Bahía Blanca.
No es cierto que sea obligatorio que éstas causas de Derechos Humanos deban elevarse a la jurisdicción donde supuestamente se cometieron los delitos más graves. Hay muchos criterios para tomar una decisión así y no solo aquel. Los criterios de jurisdicción son en estos casos flexibles y no rígidos. El argumento técnico, por tanto, parece una mentira diseñada para confundir. Si no fuera falaz, la Fiscalía de Neuquén no podría haber apelado la derivación de los casos a Bahía Blanca. En resumen: no hay ningún argumento técnico incontestable para mandar estos expedientes a Bahía Blanca.
La mayoría de los represores del Comando V Cuerpo de Ejército y del Comando Subzona 5.1. que podrían ser imputados por los casos ocurridos aquí están muertos (Azpitarte, Cruciani, etc). Es decir que llegado el caso de que estos 22 casos llegaran a juicio en Bahía Blanca, la mayoría de los imputados serían militares y policías que actuaron en la región. ¿Para qué entonces juzgarlos en Bahía Blanca?
Aberración investigativa
En esos 22 legajos hay abundante prueba que sirve no solo para esclarecer esos casos, sino que también arrojan luz sobre las características generales de cómo funcionaban y se compenetraban el sistema clandestino y el "semilegal" de la represión con el sistema judicial, penal y la intervención militar.
En ellos se encuentra la prueba más contundente sobre la participación en ambas modalidades represivas de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Neuquén. Esas dos fuerzas son, justamente, las que han quedado afuera de los juicios que se llevaran a cabo en Neuquén debido a que el ex juez Guillermo Labate nunca procesó a miembros de ambas policías, con la excepción de Héctor Mendoza quien aún continúa prófugo.
Los casos de Cutral Co son los únicos de toda la causa donde se registraron torturas cometidas en una dependencia de la policía de Neuquén: la Comisaría Cuarta de la ciudad petrolera. En el operativo de Cutral Co está probada la participación en las detenciones (no en los secuestros) de altos oficiales de la policía de Neuquén que actuaron en coordinación con el Ejército, la Policía Federal y los grupos de tareas. En ese operativo todas las fuerzas operaron de manera coordinada; o sea que se prueba que todas conocían de la existencia y el modus operandi de los grupos de tareas, es decir, de los secuestradores/torturadores.
Está sobradamente probada la participación de un oficial de Policía Federal en el grupo de tareas que secuestró a Alicia Pifarré el 9 de junio de 1976. Este oficial confesó en la instrucción de los ´80 que su función era hacer de enlace entre el Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército y la Delegación Neuquén de la Policía Federal. Es, por tanto, un imputado clave para demostrar la relación entre ambas dependencias. Sin embargo, el represor nunca fue procesado por el ex juez Guillermo Labate.
La participación de la Policía Federal también surge claramente en las detenciones y secuestros de Carlos Schedan, Arlene Seguel y Alicia Villaverde. Solo a título de último ejemplo, los detenidos del 9 de junio estuvieron casi todos cautivos por horas en la Delegación de la Policía Federal antes de ser trasladados a La Escuelita de Neuquén y luego a la U9 o a Bahía Blanca.
En el caso de Alicia Pifarré también se evidencia con mucha claridad cómo la justicia federal de aquellos días actuaba como encubridora de la represión. Aunque eso no se puede probar fehacientemente (es decir, las piezas documentales no son suficientes para procesar a algún ex funcionario judicial), la complicidad de la justicia federal salta a la vista para quien quiera mirarla.
Los secuestrados el 9 de junio de 1976 constituyen los primeros casos registrados de personas que estuvieron cautivas en "La Escuelita" de Neuquén. En días posteriores, otras dos personas aún no identificadas estuvieron allí por días para, seguramente, ser torturadas. Es decir que al enviar tales casos a Bahía Blanca, se está desmembrando la historia de "La Escuelita".
Hay claros indicios de la participación de varios miembros (oficiales y suboficiales) del Destacamento de Inteligencia 182 en los secuestros y traslados a Bahía Blanca por esas fechas. Uno de ellos tampoco ha sido procesado por el ex juez Guillermo Labate aunque fue denunciado con nombre y apellido por el testigo Miguel Suñer.
Como no está probado que todos los desaparecidos de esta razzia hayan sido muertos en Bahía Blanca, al enviar sus legajos a esa ciudad se pierde una punta de ovillo para encontrar los lugares de enterramientos clandestinos en la región. La documentación prueba que por lo menos en las "liberaciones" de Miguel Angel Pincheira y José Delineo Méndez estuvieron y viajaron hacia allí oficiales y suboficiales del Comando Subzona 5.2 y del Destacamento de Inteligencia 182, lo que equivale a decir que no se sabe fehacientemente si fueron asesinados en Bahía Blanca o traídos antes a Neuquén.
Menos los casos de los secuestrados por los grupos de tareas, los "operativos blancos" fueron reconocidos en un comunicado emitido por el Comando Subzona 5.2.. Si existe esta prueba respecto a qué jurisdicción militar dio la orden para concretar las detenciones, ¿qué sentido tiene enviarlo a otra jurisdicción?
No es cierto que la investigación de lo sucedido entre el 9 y el 15 de junio esté agotada. Por el contrario, abundan líneas de investigación que no han sido profundizadas.
Aberración política
El actual juez federal de Bahía Blanca, Álvarez Canale, fue secretario del juzgado o de la fiscalía de esa ciudad durante la dictadura militar. Es decir que el juez que será encargado de investigar y elevar a juicio los 22 casos, era uno de los funcionarios que hace treinta años firmaba los rechazos y desestimaciones de los recursos de habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos.
Las posibilidades de que esos 22 casos lleguen a juicio en Bahía Blanca son muchísimo menores a las posibilidades de que sean ventilados en Neuquén. Si esos casos no llegan a juicio habrá una cantidad indeterminada de represores impunes, entre ellos un oficial de la Policía Federal que fue miembro de los grupos de tareas, otro aún no identificado que participó del secuestro de Arlene Seguel, oficiales de la policía provincial que estuvieron en el operativo de Cutral Co y otros secuestradores, jefes, torturadores o cómplices encubridores que pudieran surgir de la consecución de la investigación.
La mayoría de los organismos de Derechos Humanos de la Argentina son proclives a que los juicios contra los represores se lleven a cabo en los lugares donde las víctimas militaban y vivían.
Aberración moral
Es de una crueldad absoluta el obligar a las víctimas a seguir esperando que sus casos lleguen a juicio. Además de los más de 30 años transcurridos, ¿cuántos más deberán esperar si sus casos van a Bahía Blanca, uno de los lugares donde, como reconoció el mismo fiscal Cañón, las causas de Derechos Humanos están más atrasadas.
CONTACTOS: (0299) 154138130 - 155170001
La decisión de la jueza federal de Neuquén -avalada por un sector de la APDH- respecto a enviar a Bahía Blanca 22 casos de la causa donde se ventilan algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante el genocidio perpetrado por la última dictadura militar, significa un paso hacia la impunidad y el olvido. Son múltiples las razones jurídicas, investigativas, políticas y morales por las cuales tal determinación constituye una aberración. Aquí enumeraremos algunas con el fin de combatir la falta de información que padece al respecto la opinión pública. La conclusión se impone por sí misma: el desmembramiento de la denominada causa de los Derechos Humanos parece obedecer a una intención encubridora por parte de ciertos sectores de la justicia e implica un grueso error político de los sectores de la APDH que apoyan dicha medida.
Los casos que se enviarán a Bahía Blanca
Los 22 expedientes que se enviarán a Bahía Blanca integran el conjunto casos del que fuera el tercer gran operativo "antisubversivo" emprendido en las provincias de Río Negro y Neuquén. Dicho operativo comenzó el 9 de junio de 1976 en Neuquén, continuó en los días siguientes en Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio y terminó el 15 de junio en Cutral Co. Durante el mismo se combinaron las dos modalidades que había asumido la represión política: la clandestina o "nocturna" y el "semilegal" o "diurna". De un lado hubo secuestros realizados por el grupo de tareas (sujetos de civil fuertemente armados que se movilizaban en automóviles particulares) y del otro procedimientos de detención en los cuales los perpetradores identificaron su pertenencia al Ejército y/o las fuerzas de seguridad. Surge claramente la interrelacion entre tales "operativos negros" (grupos de tareas, secuestros, centros clandestinos) y los "operativos blancos" (detenciones semilegales, con personal de uniforme y en vehículos oficiales, presos reconocidos por decretos del Poder Ejecutivo, cautiverio en cárceles). De todos los ocurridos en la región, fue el operativo donde mejor se traslucen la jurisdicción utilizada, la separación de tareas y la coordinación conjunta de todas las fuerzas represivas (Ejército, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales). También queda al descubierto el encubrimiento deliberado de la justicia federal y la complicidad de la intervención militar de Neuquén. Fue, por último, el operativo que más desaparecidos produjo en la región. Al día de la fecha, nueve de sus víctimas continúan en ese estado: Alicia Pifarré, Carlos Schedan, Miguel Angel Pincheira, José Delineo Méndez, Carlos Cháves, Arlene Seguel, Susana Mujica, Cecilia Vecchi y Mirta Tronelli.
Aberración jurídica
Es totalmente falaz el argumento que la jueza federal esgrime para enviar esos casos a Bahía Blanca. Basada en un tecnicismo jurídico que determina que los crímenes deben ser investigados y juzgados en la jurisdicción donde se cometieron los delitos más graves, la magistrada pretende que las torturas y muerte de muchos de ellos ocurrieron en Bahía Blanca.
En primer lugar es falso que sólo allí se haya torturado a las víctimas. Hay pruebas fehacientes que demuestran que Alicia Pifarré fue primero torturada en La Escuelita de Neuquén y que muchos detenidos sufrieron el mismo trato en la comisaría de Cutral Co antes de ser trasladados a Bahía Blanca. También hay indicios que sugieren que por lo menos dos víctimas estuvieron unos días cautivas en La Escuelita de Neuquén antes de ser llevadas a aquella ciudad, sede del Comando V Cuerpo de Ejército. Para el caso de los sobrevivientes: ¿con qué criterio se pretende concluir que las torturas sufridas allá fueron más graves que las sufridas acá?
En segundo lugar, no está probado que los nueve desaparecidos hayan sido asesinados en Bahía Blanca. Aunque ello resulta posible, la idea constituye una hipótesis que de ningún modo ha sido probada. Por el contrario, hay casos que sugieren que otras víctimas podrían haber sido muertas y enterradas en la región tras ser "liberadas" en Bahía Blanca.
No es cierto que sea obligatorio que éstas causas de Derechos Humanos deban elevarse a la jurisdicción donde supuestamente se cometieron los delitos más graves. Hay muchos criterios para tomar una decisión así y no solo aquel. Los criterios de jurisdicción son en estos casos flexibles y no rígidos. El argumento técnico, por tanto, parece una mentira diseñada para confundir. Si no fuera falaz, la Fiscalía de Neuquén no podría haber apelado la derivación de los casos a Bahía Blanca. En resumen: no hay ningún argumento técnico incontestable para mandar estos expedientes a Bahía Blanca.
La mayoría de los represores del Comando V Cuerpo de Ejército y del Comando Subzona 5.1. que podrían ser imputados por los casos ocurridos aquí están muertos (Azpitarte, Cruciani, etc). Es decir que llegado el caso de que estos 22 casos llegaran a juicio en Bahía Blanca, la mayoría de los imputados serían militares y policías que actuaron en la región. ¿Para qué entonces juzgarlos en Bahía Blanca?
Aberración investigativa
En esos 22 legajos hay abundante prueba que sirve no solo para esclarecer esos casos, sino que también arrojan luz sobre las características generales de cómo funcionaban y se compenetraban el sistema clandestino y el "semilegal" de la represión con el sistema judicial, penal y la intervención militar.
En ellos se encuentra la prueba más contundente sobre la participación en ambas modalidades represivas de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Neuquén. Esas dos fuerzas son, justamente, las que han quedado afuera de los juicios que se llevaran a cabo en Neuquén debido a que el ex juez Guillermo Labate nunca procesó a miembros de ambas policías, con la excepción de Héctor Mendoza quien aún continúa prófugo.
Los casos de Cutral Co son los únicos de toda la causa donde se registraron torturas cometidas en una dependencia de la policía de Neuquén: la Comisaría Cuarta de la ciudad petrolera. En el operativo de Cutral Co está probada la participación en las detenciones (no en los secuestros) de altos oficiales de la policía de Neuquén que actuaron en coordinación con el Ejército, la Policía Federal y los grupos de tareas. En ese operativo todas las fuerzas operaron de manera coordinada; o sea que se prueba que todas conocían de la existencia y el modus operandi de los grupos de tareas, es decir, de los secuestradores/torturadores.
Está sobradamente probada la participación de un oficial de Policía Federal en el grupo de tareas que secuestró a Alicia Pifarré el 9 de junio de 1976. Este oficial confesó en la instrucción de los ´80 que su función era hacer de enlace entre el Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército y la Delegación Neuquén de la Policía Federal. Es, por tanto, un imputado clave para demostrar la relación entre ambas dependencias. Sin embargo, el represor nunca fue procesado por el ex juez Guillermo Labate.
La participación de la Policía Federal también surge claramente en las detenciones y secuestros de Carlos Schedan, Arlene Seguel y Alicia Villaverde. Solo a título de último ejemplo, los detenidos del 9 de junio estuvieron casi todos cautivos por horas en la Delegación de la Policía Federal antes de ser trasladados a La Escuelita de Neuquén y luego a la U9 o a Bahía Blanca.
En el caso de Alicia Pifarré también se evidencia con mucha claridad cómo la justicia federal de aquellos días actuaba como encubridora de la represión. Aunque eso no se puede probar fehacientemente (es decir, las piezas documentales no son suficientes para procesar a algún ex funcionario judicial), la complicidad de la justicia federal salta a la vista para quien quiera mirarla.
Los secuestrados el 9 de junio de 1976 constituyen los primeros casos registrados de personas que estuvieron cautivas en "La Escuelita" de Neuquén. En días posteriores, otras dos personas aún no identificadas estuvieron allí por días para, seguramente, ser torturadas. Es decir que al enviar tales casos a Bahía Blanca, se está desmembrando la historia de "La Escuelita".
Hay claros indicios de la participación de varios miembros (oficiales y suboficiales) del Destacamento de Inteligencia 182 en los secuestros y traslados a Bahía Blanca por esas fechas. Uno de ellos tampoco ha sido procesado por el ex juez Guillermo Labate aunque fue denunciado con nombre y apellido por el testigo Miguel Suñer.
Como no está probado que todos los desaparecidos de esta razzia hayan sido muertos en Bahía Blanca, al enviar sus legajos a esa ciudad se pierde una punta de ovillo para encontrar los lugares de enterramientos clandestinos en la región. La documentación prueba que por lo menos en las "liberaciones" de Miguel Angel Pincheira y José Delineo Méndez estuvieron y viajaron hacia allí oficiales y suboficiales del Comando Subzona 5.2 y del Destacamento de Inteligencia 182, lo que equivale a decir que no se sabe fehacientemente si fueron asesinados en Bahía Blanca o traídos antes a Neuquén.
Menos los casos de los secuestrados por los grupos de tareas, los "operativos blancos" fueron reconocidos en un comunicado emitido por el Comando Subzona 5.2.. Si existe esta prueba respecto a qué jurisdicción militar dio la orden para concretar las detenciones, ¿qué sentido tiene enviarlo a otra jurisdicción?
No es cierto que la investigación de lo sucedido entre el 9 y el 15 de junio esté agotada. Por el contrario, abundan líneas de investigación que no han sido profundizadas.
Aberración política
El actual juez federal de Bahía Blanca, Álvarez Canale, fue secretario del juzgado o de la fiscalía de esa ciudad durante la dictadura militar. Es decir que el juez que será encargado de investigar y elevar a juicio los 22 casos, era uno de los funcionarios que hace treinta años firmaba los rechazos y desestimaciones de los recursos de habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos.
Las posibilidades de que esos 22 casos lleguen a juicio en Bahía Blanca son muchísimo menores a las posibilidades de que sean ventilados en Neuquén. Si esos casos no llegan a juicio habrá una cantidad indeterminada de represores impunes, entre ellos un oficial de la Policía Federal que fue miembro de los grupos de tareas, otro aún no identificado que participó del secuestro de Arlene Seguel, oficiales de la policía provincial que estuvieron en el operativo de Cutral Co y otros secuestradores, jefes, torturadores o cómplices encubridores que pudieran surgir de la consecución de la investigación.
La mayoría de los organismos de Derechos Humanos de la Argentina son proclives a que los juicios contra los represores se lleven a cabo en los lugares donde las víctimas militaban y vivían.
Aberración moral
Es de una crueldad absoluta el obligar a las víctimas a seguir esperando que sus casos lleguen a juicio. Además de los más de 30 años transcurridos, ¿cuántos más deberán esperar si sus casos van a Bahía Blanca, uno de los lugares donde, como reconoció el mismo fiscal Cañón, las causas de Derechos Humanos están más atrasadas.
CONTACTOS: (0299) 154138130 - 155170001
martes, 21 de abril de 2009
RÍO NEGRO: NACE CENTRAL DE MOVIMIENTOS POPULARES
El Bolsón (ANPP).- El sábado 18 de abril se creó la Central de Movimientos Populares de Río Negro y la integran, por ahora, veintisiete organizaciones de toda la provincia, que se reunirán para planificar y trabajar en un plenario el 9 de junio, en Viedma.
Entre las próximas acciones, la Central solicitará audiencia con el gobernador Miguel Saiz para la presentación de la organización, además de un petitorio por "Tierra, Trabajo, Cultura y Justicia".
El plenario contó con la presencia de unos 300 militantes de las organizaciones participantes y del dirigente Luis D’Elía.
Hasta el momento, integran hoy la Central de Movimientos Populares de Río Negro: la Federacion de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) Río Negro; Movimiento “Segundo Centenario“; fundacion Quillahue; Asociacion Civil ”por un Futuro Mejor” (Viedma), Asociacion Civil “La Cantora” (Viedma), Cooperativa Constructora Atlántica (Viedma), Cooperativa Amanecer Patagónico (Viedma), Asociación Civil “Emprender de Viedma”, Asociación Civil Jóvenes Patagónicos, Asociación Civil por el Trabajo y la Cultura; Espacio Popular “Padre Mugica” (Cipolletti); Club Esperanza (Bariloche), Grupo Manitas (barrio Nahuel Hue, Bariloche), Grupo de la Cooperativa 258 (Bariloche), Grupo Pic (Bariloche), Agrupación Evita Capitana (Bariloche), Cooperativa Antu Ruca (Bariloche), Cooperativa Los Cohiues (Bariloche), Asociación de Tae Kwondo “Koguryo” (Bariloche); Cooperativa Centro Salud “Las Perlas”, Biblioteca Quimun (Las Perlas), Centro de 3ra. Edad (Las Perlas); “Hábitat El Bolsón”, Organización Social Comunitaria (OSC) de El Bolsón y la Asociación de Desocupados de El Bolsón.
Entre las próximas acciones, la Central solicitará audiencia con el gobernador Miguel Saiz para la presentación de la organización, además de un petitorio por "Tierra, Trabajo, Cultura y Justicia".
El plenario contó con la presencia de unos 300 militantes de las organizaciones participantes y del dirigente Luis D’Elía.
Hasta el momento, integran hoy la Central de Movimientos Populares de Río Negro: la Federacion de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) Río Negro; Movimiento “Segundo Centenario“; fundacion Quillahue; Asociacion Civil ”por un Futuro Mejor” (Viedma), Asociacion Civil “La Cantora” (Viedma), Cooperativa Constructora Atlántica (Viedma), Cooperativa Amanecer Patagónico (Viedma), Asociación Civil “Emprender de Viedma”, Asociación Civil Jóvenes Patagónicos, Asociación Civil por el Trabajo y la Cultura; Espacio Popular “Padre Mugica” (Cipolletti); Club Esperanza (Bariloche), Grupo Manitas (barrio Nahuel Hue, Bariloche), Grupo de la Cooperativa 258 (Bariloche), Grupo Pic (Bariloche), Agrupación Evita Capitana (Bariloche), Cooperativa Antu Ruca (Bariloche), Cooperativa Los Cohiues (Bariloche), Asociación de Tae Kwondo “Koguryo” (Bariloche); Cooperativa Centro Salud “Las Perlas”, Biblioteca Quimun (Las Perlas), Centro de 3ra. Edad (Las Perlas); “Hábitat El Bolsón”, Organización Social Comunitaria (OSC) de El Bolsón y la Asociación de Desocupados de El Bolsón.
OPINIÓN: ¡QUE LA CRISIS NO LA PAGUEMOS LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS
Buenos Aires (Frente Popular Darío Santillán).- La crisis económica sigue avanzando a pasos agigantados en todo el mundo, mostrando el agotamiento de un sistema en el que unos pocos –los dueños del capital, y los gerentes del capitalismo- se quedan con casi todo lo que produce el conjunto de la población. Como consecuencia directa de este sistema, mientras los ricos son cada vez más ricos, millones de familias son arrojadas violentamente a la inseguridad del hambre, la miseria, la falta de trabajo digno, salud y educación.
Pero no sólo eso: la voracidad del sistema es de tal magnitud que ya no hay nada que les alcance, y así se agotan y destruyen los bienes naturales: la tierra, el agua, el aire, los minerales, el gas, el petróleo. Lo que a la Naturaleza le lleva milenios poner a disposición de todos, es convertido por el capitalismo en propiedad privada, una mercancía sujeta a la compra-venta, extendiendo la desigualdad y perjudicando a todo el pueblo.
En nuestro país, el gobierno sostiene discursos que critican el neoliberalismo, pero las recetas “para resolver la crisis” son subsidiar –todavía más- a los grandes empresarios. Mientras tanto, se acumulan las suspensiones y los despidos; se mantiene la precarización laboral, incluso en el propio Estado; el modelo extractivo exportador favorece el saqueo de los bienes naturales, principalmente a favor de empresas trasnacionales; crecen el hambre y la pobreza y las inversiones en asistencia social se mantienen en niveles mínimos.
Muestra de esta política es el indignante monto destinado a los planes sociales (congelados en $150 pesos desde hace 7 años) y en general lo que se desatina en el presupuesto a la generación de fuentes de trabajo y asistencia de emergencia. Para no hablar de los recursos destinados –a pesar de la retórica- a los intereses financieros. Un solo dato ilustra esta política: en 2007 se pagaron intereses de deuda por $ 16 mil millones, mientras que se gastaron menos de 4 mil millones para planes sociales. Para 2009 la diferencia es todavía mayor: $24.479 millones para la “patria financiera” contra 4900 millones en promoción y asistencia social (¡5 veces menos!).
Sobre los despidos y suspensiones, ante un ministerio de Trabajo que niega los problemas, la realidad es bastante clara, y eso lo muestra la situación en las industrias automotriz y cada vez, más, la metalúrgica. El caso de Techint es ilustrativo de los empresarios “a los que le interesa el país”: a pesar de haber tenido en 2008 ganancias extraordinarias (¡1300 millones de pesos!) no quieren pagarle los premios a quienes lo produjeron. Por eso apoyamos el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de Siderar, que se manifestarán el jueves 23 frente al edificio Catalinas, sede en Capital Federal de ese grupo económico, uno de los principales aliados del gobierno.
La política del gobierno se expresa cada vez más en niveles de represión abierta, como por ejemplo lo ocurrido en el desalojo a los vecinos y vecinas del barrio El Martillo, en Mar del Plata, desalojados por la policía Bonaerense el viernes 17 de abril, con un saldo de varios heridos y 25 detenidos, y hasta el momento, sin solución a la necesidad de vivienda de las 54 familias de la Junta Vecinal Sin Techo. A 4 días de la represión, que abusó de los procedimientos ilegales, incumpliendo casi todo el contenido de la orden del juez Tapia, los vecinos siguen en la calle y se sostienen precariamente por la solidaridad del pueblo marplatense. Los vecinos en la calle llevan meses esperando, igual que cientos de miles en todo el país. Y la respuesta que llega son palos.
Y la oposición que se prepara para reemplazar al gobierno no sólo no plantea un cambio de fondo a esta política, sino que promete una salida parecida pero más a la derecha: más represión, más neoliberalismo, más beneficio para las empresas, más saqueo, más desigualdad, más injusticia.
Mientras se promueve la criminalización de los pibes, el Estado incumple las leyes de protección de la Niñez, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde intendentes kirchneristas desoyen fallos de jueces y reprimen ollas populares para que no se note que el Estado deja tirado todo lo que sobra, y que cada vez es más. Los medios de comunicación monopólicos de nuevo hablarán de la seguridad de una parte de la población pero no de la inseguridad de estar tirado en la calle, no tener trabajo, ni vivienda, ni comida, ni salud, ni educación, ni presente ni futuro.
Ante esta situación, nos preguntamos ¿Cómo es posible que este sistema injusto e irracional se sostenga? ¿Cómo es posible que sigan existiendo empresarios y políticos que ostentan riqueza y tienen la sartén por el mango, en un mundo en crisis?
Bueno, por un lado de eso se ocupan la policía y los medios masivos de comunicación, que se encargan todos los días en demostrarnos que no hay ninguna alternativa, que “así son las cosas”.
Pero también lo que hay es una grande desunión popular que hace que quienes tenemos intereses iguales o muy parecidos estemos divididos y desorganizados, y por eso, sin fuerza para enfrentar los ajustes, que siempre recaen sobre los trabajadores y las trabajadoras: en forma de falta de trabajo o empleo precario, en tarifazos, en bajos sueldos, en bienes que son necesarios pero inaccesibles. Nuestra tarea, entonces, es unirnos desde abajo, en el barrio, en el laburo, en el lugar de estudio para cambiar las cosas, para expresar la realidad que vivimos, para mostrar que no tienen por qué inevitablemente ser “así” y que el pueblo puede y debe luchar por construir otro presente y otro futuro.
Por estas razones, creemos que es importante que desde los sectores que formamos el pueblo trabajador vayamos construyendo respuestas de unidad contra las políticas de hambre y saqueo.
Pero no sólo eso: la voracidad del sistema es de tal magnitud que ya no hay nada que les alcance, y así se agotan y destruyen los bienes naturales: la tierra, el agua, el aire, los minerales, el gas, el petróleo. Lo que a la Naturaleza le lleva milenios poner a disposición de todos, es convertido por el capitalismo en propiedad privada, una mercancía sujeta a la compra-venta, extendiendo la desigualdad y perjudicando a todo el pueblo.
En nuestro país, el gobierno sostiene discursos que critican el neoliberalismo, pero las recetas “para resolver la crisis” son subsidiar –todavía más- a los grandes empresarios. Mientras tanto, se acumulan las suspensiones y los despidos; se mantiene la precarización laboral, incluso en el propio Estado; el modelo extractivo exportador favorece el saqueo de los bienes naturales, principalmente a favor de empresas trasnacionales; crecen el hambre y la pobreza y las inversiones en asistencia social se mantienen en niveles mínimos.
Muestra de esta política es el indignante monto destinado a los planes sociales (congelados en $150 pesos desde hace 7 años) y en general lo que se desatina en el presupuesto a la generación de fuentes de trabajo y asistencia de emergencia. Para no hablar de los recursos destinados –a pesar de la retórica- a los intereses financieros. Un solo dato ilustra esta política: en 2007 se pagaron intereses de deuda por $ 16 mil millones, mientras que se gastaron menos de 4 mil millones para planes sociales. Para 2009 la diferencia es todavía mayor: $24.479 millones para la “patria financiera” contra 4900 millones en promoción y asistencia social (¡5 veces menos!).
Sobre los despidos y suspensiones, ante un ministerio de Trabajo que niega los problemas, la realidad es bastante clara, y eso lo muestra la situación en las industrias automotriz y cada vez, más, la metalúrgica. El caso de Techint es ilustrativo de los empresarios “a los que le interesa el país”: a pesar de haber tenido en 2008 ganancias extraordinarias (¡1300 millones de pesos!) no quieren pagarle los premios a quienes lo produjeron. Por eso apoyamos el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de Siderar, que se manifestarán el jueves 23 frente al edificio Catalinas, sede en Capital Federal de ese grupo económico, uno de los principales aliados del gobierno.
La política del gobierno se expresa cada vez más en niveles de represión abierta, como por ejemplo lo ocurrido en el desalojo a los vecinos y vecinas del barrio El Martillo, en Mar del Plata, desalojados por la policía Bonaerense el viernes 17 de abril, con un saldo de varios heridos y 25 detenidos, y hasta el momento, sin solución a la necesidad de vivienda de las 54 familias de la Junta Vecinal Sin Techo. A 4 días de la represión, que abusó de los procedimientos ilegales, incumpliendo casi todo el contenido de la orden del juez Tapia, los vecinos siguen en la calle y se sostienen precariamente por la solidaridad del pueblo marplatense. Los vecinos en la calle llevan meses esperando, igual que cientos de miles en todo el país. Y la respuesta que llega son palos.
Y la oposición que se prepara para reemplazar al gobierno no sólo no plantea un cambio de fondo a esta política, sino que promete una salida parecida pero más a la derecha: más represión, más neoliberalismo, más beneficio para las empresas, más saqueo, más desigualdad, más injusticia.
Mientras se promueve la criminalización de los pibes, el Estado incumple las leyes de protección de la Niñez, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde intendentes kirchneristas desoyen fallos de jueces y reprimen ollas populares para que no se note que el Estado deja tirado todo lo que sobra, y que cada vez es más. Los medios de comunicación monopólicos de nuevo hablarán de la seguridad de una parte de la población pero no de la inseguridad de estar tirado en la calle, no tener trabajo, ni vivienda, ni comida, ni salud, ni educación, ni presente ni futuro.
Ante esta situación, nos preguntamos ¿Cómo es posible que este sistema injusto e irracional se sostenga? ¿Cómo es posible que sigan existiendo empresarios y políticos que ostentan riqueza y tienen la sartén por el mango, en un mundo en crisis?
Bueno, por un lado de eso se ocupan la policía y los medios masivos de comunicación, que se encargan todos los días en demostrarnos que no hay ninguna alternativa, que “así son las cosas”.
Pero también lo que hay es una grande desunión popular que hace que quienes tenemos intereses iguales o muy parecidos estemos divididos y desorganizados, y por eso, sin fuerza para enfrentar los ajustes, que siempre recaen sobre los trabajadores y las trabajadoras: en forma de falta de trabajo o empleo precario, en tarifazos, en bajos sueldos, en bienes que son necesarios pero inaccesibles. Nuestra tarea, entonces, es unirnos desde abajo, en el barrio, en el laburo, en el lugar de estudio para cambiar las cosas, para expresar la realidad que vivimos, para mostrar que no tienen por qué inevitablemente ser “así” y que el pueblo puede y debe luchar por construir otro presente y otro futuro.
Por estas razones, creemos que es importante que desde los sectores que formamos el pueblo trabajador vayamos construyendo respuestas de unidad contra las políticas de hambre y saqueo.
MAÑANA, PROTESTA NACIONAL CONTRA EL AJUSTE
El Bolsón (ANPP).- A partir de una convocatoria de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), mañana habrá una jornada nacional de protesta, con paro, cortes de ruta y actos para expresar "que la crisis la paguen los capitalistas".
Los puntos principales serán Rosario, Alto Valle, La Plata, Berisso, Quilmes, San Vicente, Guernica, Puente La Noria y Capital Federal.
Organizaciones de trabajadoras y trabajadores asalariados, movimientos barriales y de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles y espacios de cultura y comunicación que conforman el Frente Popular Darío Santillán participarán de la movilización.
Bajo la consigna “los trabajadores y las trabajadoras no vamos a pagar la crisis”, también participará la Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas.
Los puntos principales serán Rosario, Alto Valle, La Plata, Berisso, Quilmes, San Vicente, Guernica, Puente La Noria y Capital Federal.
Organizaciones de trabajadoras y trabajadores asalariados, movimientos barriales y de trabajadores desocupados, agrupaciones estudiantiles y espacios de cultura y comunicación que conforman el Frente Popular Darío Santillán participarán de la movilización.
Bajo la consigna “los trabajadores y las trabajadoras no vamos a pagar la crisis”, también participará la Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas.
UNTER Y GOBIERNO DISCUTEN POR EL CALENDARIO ESCOLAR
Viedma (ADN).- A casi dos semanas que se lograra el acuerdo entre el gobierno provincial y la UnTER, se retomaron hoy las negociaciones para analizar la readecuación del calendario escolar, con lo que se pretende que los chicos recuperen algo de las clases perdidas.
Esta mañana, la delegación de Educación llevará entre otras propuestas que se dicte clases por lo menos durante 9 sábados, extender el ciclo lectivo hasta el 18 de diciembre, reducir las vacaciones y eliminar los espacios institucionales y las jornadas de capacitación.
Según las primeras estimaciones oficiales, se necesitaría recuperar 31 días en el nivel primario y de 23 días en el nivel medio.
En la paritaria -que comenzó a las 11- se confrontarán las propuestas oficiales con las alternativas ofrecidas por el gremio, aunque diversos dirigentes docentes ya han adelantado que no trabajarían los sábados.
Pese a todos los días perdidos en este conflicto, el gobierno provincial incluyó al sector docente en el asueto administrativo que tendrá lugar mañana en la ciudad de Viedma con motivo de su aniversario.
Aunque por los medios de prensa se hacen declaraciones que hablan de lograr los 180 días de clases, en los documentos oficiales la cuestión es distinta y ese requisito fue reemplazado discretamente en el acta de paritaria realizada el martes 4 de por algo más difuso como fue un cumplimiento de un “readecuado calendario escolar”.
Esta mañana, la delegación de Educación llevará entre otras propuestas que se dicte clases por lo menos durante 9 sábados, extender el ciclo lectivo hasta el 18 de diciembre, reducir las vacaciones y eliminar los espacios institucionales y las jornadas de capacitación.
Según las primeras estimaciones oficiales, se necesitaría recuperar 31 días en el nivel primario y de 23 días en el nivel medio.
En la paritaria -que comenzó a las 11- se confrontarán las propuestas oficiales con las alternativas ofrecidas por el gremio, aunque diversos dirigentes docentes ya han adelantado que no trabajarían los sábados.
Pese a todos los días perdidos en este conflicto, el gobierno provincial incluyó al sector docente en el asueto administrativo que tendrá lugar mañana en la ciudad de Viedma con motivo de su aniversario.
Aunque por los medios de prensa se hacen declaraciones que hablan de lograr los 180 días de clases, en los documentos oficiales la cuestión es distinta y ese requisito fue reemplazado discretamente en el acta de paritaria realizada el martes 4 de por algo más difuso como fue un cumplimiento de un “readecuado calendario escolar”.
VENEZUELA: TODO 11 TIENE SU 13
El Bolsón (ANPP).- El pasado 13 de abril se conmemoró en Venezuela el desbaratamiento del golpe de estado del 11 del mismo mes.
El medio internacional Prensa de Frente publicó ayer un fotoreportaje sobre la fiesta al cumplirse 7 años de que el pueblo venezolano dijo no al intento de derrocar a Chávez:
Y ya nada fue igual. El 13 de abril de 2002 selló la partida de nacimiento de una nueva era en la vida y, sobre todo, en las conciencias de todas las venezolanas y venezolanos. Gesta heroica de un pueblo que no sólo desbarató un golpe de Estado forjado 48 horas antes por los sectores más reaccionarios, con el –cuándo no- apoyo gringo y un más que activo protagonismo de los grandes medios privados; que no sólo logró rescatar a su líder y reencauzar el proceso revolucionario. Ese día, momento bisagra y punto de inflexión en la revolución bolivariana, los olvidados de siempre, que empezaban a dejar de serlo, bajaron en marea de esos barrios caraqueños sembrados en los cerros, para darse a sí mismos (y entregarle al mundo) una lección de rebeldía y audacia, de resistencia y esperanza, un curso acelerado de ejercicio de poder popular, para apropiarse de su propio destino y escribir la Historia con mayúsculas. Ese día, Caracas se bañó de pueblo.
A siete años, las orillas del Palacio de Miraflores se volvieron a vestir de rojo rojito para conmemorar aquellas jornadas, recordar a las víctimas, escuchar a su comandante y ratificar el ya clásico grito-consigna-advertencia: “Todo 11 tiene su 13”.
Ver el fotoreportaje de PDF: clic aquí
Documental sobre el intento de golpe: clic aquí
El medio internacional Prensa de Frente publicó ayer un fotoreportaje sobre la fiesta al cumplirse 7 años de que el pueblo venezolano dijo no al intento de derrocar a Chávez:
Y ya nada fue igual. El 13 de abril de 2002 selló la partida de nacimiento de una nueva era en la vida y, sobre todo, en las conciencias de todas las venezolanas y venezolanos. Gesta heroica de un pueblo que no sólo desbarató un golpe de Estado forjado 48 horas antes por los sectores más reaccionarios, con el –cuándo no- apoyo gringo y un más que activo protagonismo de los grandes medios privados; que no sólo logró rescatar a su líder y reencauzar el proceso revolucionario. Ese día, momento bisagra y punto de inflexión en la revolución bolivariana, los olvidados de siempre, que empezaban a dejar de serlo, bajaron en marea de esos barrios caraqueños sembrados en los cerros, para darse a sí mismos (y entregarle al mundo) una lección de rebeldía y audacia, de resistencia y esperanza, un curso acelerado de ejercicio de poder popular, para apropiarse de su propio destino y escribir la Historia con mayúsculas. Ese día, Caracas se bañó de pueblo.
A siete años, las orillas del Palacio de Miraflores se volvieron a vestir de rojo rojito para conmemorar aquellas jornadas, recordar a las víctimas, escuchar a su comandante y ratificar el ya clásico grito-consigna-advertencia: “Todo 11 tiene su 13”.
Ver el fotoreportaje de PDF: clic aquí
Documental sobre el intento de golpe: clic aquí
CORTE TOTAL EN EL PUENTE DEL RÍO MALLEO SOBRE LA RUTA 62
San Martín de Los Andes (AM800).- Comunidades Mapuce de la identidad territorial wijice de la Confederación Mapuce Neuquina, (CMN), realizan un corte total de la ruta 62 que une la localidad de Junín de los andes con Aluminé y el paso internacional Mamui Malal.
Las comunidades mapuches reclaman la presencia del ministro de gobierno, educación y cultura Jorge Tobares.
El pasado jueves 16 de Abril y viernes 17, comunidades del sur de Neuquén realizaron un corte en reclamo del cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 17 de Marzo en costa de Malleo, Comunidad Painefilu, con el ahora ex ministro de desarrollo social, Walter Jonson y por la negativa del gobierno provincial a firmar el acuerdo entre el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Universidad Nacional del Comahue, la organización mapuche y el estado provincial, el pasado miércoles 15 de Abril.
La firma del mencionado acuerdo pondría en marcha en la provincia del Neuquén el Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”, ley nacional 26.160.
El Werken de la Confederación mapuce neuquina, Fidel Colipan anuncio que, “estas medidas son el inicio de una serie de acciones que se desarrollaran en todo el territorio provincial ante la negativa del gobierno provincial a reconocer derechos del pueblo mapuce”.
Las comunidades del sur de Neuquén que llevan adelante esta medida son: Painefilu, Linares, Atreuko, Chiquilihuin, Rakitue, Lafkenche y Cayun.
Los voceros mapuche en el corte anunciaron que este corte será total y que solo se permitirá el paso de ambulancias por el puente., hasta tanto no se haga presente el ministro de gobierno jorge Tobares.
En un comunicado difundido el día viernes 17 señalaban, “La no firma del denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”,ley nacional 26.160 que permitiría poner freno a los atropellos contra el territorio mapuce Es una clara expresión de la política de este gobierno. Situación de suma gravedad para el presente y futuro de las 55 comunidades mapuce de la Provincia de Neuquén.
El pueblo mapuce denuncia al gobierno de la provincia por esta nueva negación al
Reconocimiento del derecho como pueblo.
Tomando las palabras del Gobernador que en reiteradas oportunidades se ha
Caracterizado como un “esclavo de la ley”, El pueblo mapuce sigue exhortando al señor gobernador que se anime a cumplir y aplicar las leyes para todos como acto de justicia y no que sea producto de la fuerza o intereses económicos, sociedad rural, inmobiliarias etc. quienes permanentemente han denunciado al pueblo mapuce como usurpador del territorio que ancestralmente ocupa.
Lo único que hemos logrado con nuestra paciencia y comprensión con las autoridades provinciales, es cargar con una serie de cargos y procesamientos que suman a la fecha 48 causas civiles y penales en los juzgados provinciales y federales. Nuestras autoridades originarias desfilan ante los juzgados como verdaderos delincuentes cuando lo único que hacen es cumplir con su deber de defender sus derechos históricamente pisoteados.”
Las comunidades mapuches reclaman la presencia del ministro de gobierno, educación y cultura Jorge Tobares.
El pasado jueves 16 de Abril y viernes 17, comunidades del sur de Neuquén realizaron un corte en reclamo del cumplimiento del acuerdo firmado el pasado 17 de Marzo en costa de Malleo, Comunidad Painefilu, con el ahora ex ministro de desarrollo social, Walter Jonson y por la negativa del gobierno provincial a firmar el acuerdo entre el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Universidad Nacional del Comahue, la organización mapuche y el estado provincial, el pasado miércoles 15 de Abril.
La firma del mencionado acuerdo pondría en marcha en la provincia del Neuquén el Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”, ley nacional 26.160.
El Werken de la Confederación mapuce neuquina, Fidel Colipan anuncio que, “estas medidas son el inicio de una serie de acciones que se desarrollaran en todo el territorio provincial ante la negativa del gobierno provincial a reconocer derechos del pueblo mapuce”.
Las comunidades del sur de Neuquén que llevan adelante esta medida son: Painefilu, Linares, Atreuko, Chiquilihuin, Rakitue, Lafkenche y Cayun.
Los voceros mapuche en el corte anunciaron que este corte será total y que solo se permitirá el paso de ambulancias por el puente., hasta tanto no se haga presente el ministro de gobierno jorge Tobares.
En un comunicado difundido el día viernes 17 señalaban, “La no firma del denominado “Programa de Relevamiento Territorial de Tierras Indígenas”,ley nacional 26.160 que permitiría poner freno a los atropellos contra el territorio mapuce Es una clara expresión de la política de este gobierno. Situación de suma gravedad para el presente y futuro de las 55 comunidades mapuce de la Provincia de Neuquén.
El pueblo mapuce denuncia al gobierno de la provincia por esta nueva negación al
Reconocimiento del derecho como pueblo.
Tomando las palabras del Gobernador que en reiteradas oportunidades se ha
Caracterizado como un “esclavo de la ley”, El pueblo mapuce sigue exhortando al señor gobernador que se anime a cumplir y aplicar las leyes para todos como acto de justicia y no que sea producto de la fuerza o intereses económicos, sociedad rural, inmobiliarias etc. quienes permanentemente han denunciado al pueblo mapuce como usurpador del territorio que ancestralmente ocupa.
Lo único que hemos logrado con nuestra paciencia y comprensión con las autoridades provinciales, es cargar con una serie de cargos y procesamientos que suman a la fecha 48 causas civiles y penales en los juzgados provinciales y federales. Nuestras autoridades originarias desfilan ante los juzgados como verdaderos delincuentes cuando lo único que hacen es cumplir con su deber de defender sus derechos históricamente pisoteados.”
lunes, 20 de abril de 2009
"CANSADA DE ANDAR RODANDO"
por Nelson Ávalos
Tiene 40 años y tres hijos menores. El mayor, de 16 años, con capacidades diferentes. El menor tiene 10 meses. Hace un año pedía ayuda a la Municipalidad de Lago Puelo. Cansada de esperar respuestas, decidió ocupar un terreno. Se ubicó al costado del camino que lleva a la Pasarela del Río Azul. Cuenta con la solidaridad de vecinos y militantes sociales. Ya le dieron plazo para desalojar.
A unos 200 metros de la entrada del camino que lleva a la Pasarela sobre el Río Azul, se encuentra la precaria vivienda de Beatriz Fernández, una vecina de Lago Puelo que decidió ocupar un terreno fiscal luego de esperar inútilmente respuestas de parte de la Municipalidad de Lago Puelo, en la cordillera del Chubut.
El pasado fin de semana, ayudada por hermanos y vecinos, levantó una habitación de madera de 4 metros por 3 en la que piensa habitar junto a sus tres hijos: Mauricio, de 16 años y con capacidades diferentes; Agustín, de 7, y Luciano de sólo 10 meses.
En diálogo con FM Alas, de El Bolsón, dijo: “Llegué a ésta decisión porque hace un año que llegué a Lago Puelo y no he tenido respuestas a mis pedidos a la Municipalidad. He andado en la casa de mis hermanos… cansada de andar rodando de una casa a otra…”.
El domingo al mediodía, Beatriz, sus hermanos y vecinos que ayudaban a levantar la casilla recibieron la visita de funcionarios municipales. Estos labraron un acta y le dijeron que tenía 48 horas para abandonar el lugar. “Nos dijeron que paremos la obra y les dijimos que no. Preguntaron quién era el responsable y les dijimos que éramos todos. Nos pidieron que firmemos el acta y no firmamos nada. Me dieron 48 horas de plazo”.
“Yo soy nacida y criada acá, pero estaba en Esquel. Pero por cuestiones familiares estoy acá con mis tres hijos. Yo no me voy a ir de éste lugar si no me aseguran un a casa donde vivir…”.
Las “cuestiones familiares” a las que hace referencia es una historia de maltrato por parte de su ex marido.
Huyendo de eso llegó Beatríz nuevamente a su pueblo. Nuevos golpes, esta vez por parte de un Estado ciego y sordo, la han puesto en éste trance.
MÁS SOLIDARIDAD
El lunes por la tarde, Beatriz recibió la visita de integrantes del Colectivo por los Derechos Humanos de El Bolsón. Estos se interiorizaron de su situación y ofrecieron su solidaridad.
Norma Danielián, militante del Colectivo, reflexionó sobre el caso. “Esta es una ocupación particular, porque la mamá tiene dos luchas simultáneas. Por un lado ha denunciado a su compañero por la violencia familiar y por otro el intento de llevar adelante una vida digna. Pero nos contaba Beatriz que ya ha tenido la triste visita de un funcionario que ha amenazado con un desalojo, no sé con qué argumentos…”
El argumento tal vez sea la reciente modificación del Código de Procedimientos de la Provincia, conocida como “Ley de desalojos”. La ley trata sobre los delitos enmarcados en el artículo 181 del Código, o “usurpaciones”. Fue aprobada en la Legislatura y dice: “En las causas en que el damnificado fuera el Estado, Nacional, Provincial o Municipal, o se tratare de bienes fiscales, por petición del damnificado y a requerimiento del Fiscal, el Juez deberá disponer el inmediato reintegro de la posesión o tenencia al Estado, cuando el derecho invocado por el damnificado fuera verosímil”.
A este respecto, Danielián sostuvo que “tiene una lógica dentro del avasallamiento que vienen padeciendo los Derechos Humanos tanto en Chubut como en Río Negro. No me sorprende, pero es repudiable. Las tierras fiscales son de todos, no del Gobernador Das Neves. Y deben cumplir una función social…”
Mientras tanto, un vecino realizaba una sencilla instalación eléctrica en la vivienda. Otro vecino, mediante alargues, proveerá la energía. La solidaridad, siempre porfiada, hará menos oscura la casita y la vida de Beatriz Fernández y sus hijos.
COMUNICADO: LA DIGNIDAD NO SE DESALOJA
Comunicado de las Familias Sin Techo de Mar del Plata:
Como ya es de público conocimiento en el día de ayer el Estado, a través de la Fiscal Graciela Trill y el consentimiento del gobierno Municipal y Provincial, realizó un feroz desalojo por parte de la Policía bonaerense que, mediante un procedimiento absolutamente ilegal, reprimió a las Familias Sin Techo (hablamos de más de 50 familias, con 130 menores que se encontraban en el interior) y más de 250 personas de la Red de Apoyo que estábamos en el “Acampe de la dignidad”, defendiendo a quienes hacía tres meses recuperaron este predio abandonado por el Estado para construir allí un proyecto de vida diferente, comunitario, colectivo y solidario.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuál fue el saldo de la represión…
El saldo de la salvaje represión, que no encuentra muchos precedentes en la historia de Mar del Plata (ni siquiera en tiempos de dictadura), fue:
* 26 detenidos bajo los falsos cargos de resistencia a la autoridad y daños, entre ellos el abogado de los y las Sin Techo, Juan Pablo Gelemur, periodistas del Diario local El Atlántico y de Radio FM De la Azotea, además fueron apresados integrantes de la Red de Apoyo y de organizaciones sociales y políticas que estaban allí manifestando su solidaridad, entre otros del Centro Cultural América libre, de colaboradores de la agrupación H.I.J.O.S, de integrantes de la Comisión de Juicios por la Verdad, también miembros del Polo Obrero, del Movimiento Teresa Rodriguez, del Centro de Estudiantes de Cs. Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de las Familias Sin Techo, entre otros.
* Alrededor de 30 heridos con cortes en la cabeza y el cuerpo, impactos de balas de goma, magullones y asfixia producto de los gases. Los golpes fueron realizados con bastones, disparos con balas de goma y gases lacrimógenos, uno de ellos fue disparado a la cabeza de un compañero a solo 3 metros, tal como mataron a Carlos Fuentealba, este compañero afortunadamente esta bien y reintegrado a la pelea por la vida digna.
* La policía corrió con caballos y perros a los que una vez abandonado el predio se retiraban por el descampado hacia el barrio Pueyrredón a buscar refugio en la casa de vecinos que rápidamente ofrecieron su apoyo. Entre los que salieron primero estaba los menores que al llegar al barrio se tuvieron que tirar –en medio de un llanto desconsolado- cuerpo a tierra en casas de vecinos que los recibieron. Los últimos en salir aguantaron con mucha dignidad y entereza la represión de la policía, buscando, sólo con piedras (desmintiendo las falsas declaraciones policiales), frenar a la policía mientra los compañeros y compañeras se retiraban hacia el barrio. Pese a todo, la represión de la policía llegó hasta el barrio, a más de 400 metros del predio desalojado, con gases, balas de goma, e incluso se denunciaron disparos de pistolas 9 mm.
* Por último, y acaso, el más terrible de los saldos: Más de 50 familias en la calle, con 130 menores, que no tienen a dónde ir y para los cuales el Estado organizó esta represión inhumana e ilegal y no brindó nunca, ni brinda ahora, ninguna cobertura para su situación de desamparo.
Denunciamos que esta represión fue evidentemente premeditada, planificada y organizada por el poder político y el poder judicial, que tomó la decisión política de actuar de manera ilegal y desmedida, y con absoluta impunidad, como lo demuestra que lo hayan hecho frente a todos los medios de comunicación que se encontraban allí.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuales son los pasos a seguir…
Por un lado se está organizando la denuncia del ilegal e inhumano accionar de las fuerzas represivas, buscando señalar y pedir castigo a los responsables directos, como la Fiscal Graciela Trill y al gobierno municipal de Gustavo Pulti y al gobierno de la provincia de Bs As de Daniel Scioli, principales actores políticos del conflicto y quienes jamás buscaron una salida dialogada. Vamos a iniciar causas penales contra los responsables, vamos a buscar que el Estado argentino tenga que responder ante la OEA y la comisión interamericana de DDHH, porque la causa está presentada en esta instancia y el estado incumplió con todo lo relacionado a las características que debía tener el desalojo, según el fallo del Juez Juan Tapia.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cómo estamos…
Ayer con una mezcla de tristeza y bronca por lo perdido, hoy con la tristeza que de a poco va pasando cada vez más a alimentar la bronca y el coraje y ahora –aún con el corazón caliente- ya vamos intentando enfriar las cabezas para analizar y decidir los pasos a seguir. Estamos organizando la solidaridad de la Red de apoyo y de nuevas organizaciones y sectores que acercan y suman su solidaridad con las familias. Nos estamos reagrupando y reorganizando. Ayer se realizaron reuniones de más 350 personas en el América libre (donde están por el momento alojadas las familias), para analizar la situación. Se resolvió como primera medida, ir a la comisaría 4ta a sacar a los detenidos. Allí ya había una concentración que casi ocupaba la cuadra entera exigiendo la libertad de quienes fueron capturados ilegalmente por la policía. Con la presión en la calle la policía los liberó y ya están con nosotros/as.
Esta mañana en nueva asamblea se discutieron los puntos que denunciaríamos en la conferencia de prensa que se realizó en la municipalidad, en dónde la convocatoria a los medios se convirtió en una concentración de cerca de 250 personas que escracharon con pintadas la municipalidad y exigieron castigo a los responsables de la represión y solución para las familias que el Estado dejó en la calle.
Crece la solidaridad de los de abajo...
La solidaridad de la sociedad y las organizaciones sociales ha crecido enormemente, lo que está inyectando mucha fuerza en los ánimos de los y las Sin Techo. Como decimos siempre: la lucha sigue, porque es justa. No la van a resolver con palos, no hay represión que pueda con nuestra causa, con nuestra fuerza y con nuestra unidad. Lo importante es que estamos bien, que nuestro ánimo sigue intacto y que seguimos juntos para denunciar el accionar ilegal del Estado y para seguir luchando por las viviendas.
Somos una ola que ayer hicieron retroceder unos metros hacia el fondo del mar, pero que ahora se prepara para volver con la fuerza de la naturaleza sobre la playa a barrer con todo, esta ola está subiendo en el fondo, aguas abajo hay mucho movimiento, aguas arriba la marea se levanta gracias a la solidaridad de la sociedad marplatense, de las organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, con la fuerza y organización de la Red de Apoyo, pero sobre todo, con el contundente ejemplo de dignidad, solidaridad, valentía, compromiso, organización y unidad que nos dan, aún en este difícil momento, las Familias Sin Techo. Todo esto está haciendo que esta ola que retrocedió ayer esté preparando su vuelta. Que se preparen entonces, porque ya lo advertimos: la dignidad no se desaloja.
Gracias a los periodistas que con valentía, arriesgaron su integridad física para registraron todo lo ocurrido.
Gracias a las organizaciones sociales y a toda la gente que se expuso en la barrera humana en el momento que comenzó la represión.
Gracias a todas las organizaciones que están acercando la solidaridad y dándoles fuerza a los y las sin techo en su lucha.
Gracias a todo el apoyo de las organizaciones nacionales que hicieron llegar su solidaridad y compromiso con esta situación.
Somos pueblo, y los pueblos no se resignan. Que preparen soluciones o sino que empiecen a construir cárceles grandes, porque van a tener que encerrarnos a todos si quieren callarnos… Pero a decir verdad mejor no, que ni se molesten: nuestros sueños no caben en sus cárceles, así como nuestra dignidad pega mucho más fuerte que sus palos, y nuestra solidaridad llega mucho más lejos que sus gases. Que lo sepan: la dignidad no se desaloja.
La represión fue ilegal e inconstitucional.
El Derecho a una viviendo digna es un Derecho Humano
La lucha sigue, porque es justa.
Mar del Plata, 18 de abril de 2008
Brutal desalojo. Esta es nuestra palabra.
Que lo sepan: la dignidad no se desaloja…
Como ya es de público conocimiento en el día de ayer el Estado, a través de la Fiscal Graciela Trill y el consentimiento del gobierno Municipal y Provincial, realizó un feroz desalojo por parte de la Policía bonaerense que, mediante un procedimiento absolutamente ilegal, reprimió a las Familias Sin Techo (hablamos de más de 50 familias, con 130 menores que se encontraban en el interior) y más de 250 personas de la Red de Apoyo que estábamos en el “Acampe de la dignidad”, defendiendo a quienes hacía tres meses recuperaron este predio abandonado por el Estado para construir allí un proyecto de vida diferente, comunitario, colectivo y solidario.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuál fue el saldo de la represión…El saldo de la salvaje represión, que no encuentra muchos precedentes en la historia de Mar del Plata (ni siquiera en tiempos de dictadura), fue:
* 26 detenidos bajo los falsos cargos de resistencia a la autoridad y daños, entre ellos el abogado de los y las Sin Techo, Juan Pablo Gelemur, periodistas del Diario local El Atlántico y de Radio FM De la Azotea, además fueron apresados integrantes de la Red de Apoyo y de organizaciones sociales y políticas que estaban allí manifestando su solidaridad, entre otros del Centro Cultural América libre, de colaboradores de la agrupación H.I.J.O.S, de integrantes de la Comisión de Juicios por la Verdad, también miembros del Polo Obrero, del Movimiento Teresa Rodriguez, del Centro de Estudiantes de Cs. Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de las Familias Sin Techo, entre otros.
* Alrededor de 30 heridos con cortes en la cabeza y el cuerpo, impactos de balas de goma, magullones y asfixia producto de los gases. Los golpes fueron realizados con bastones, disparos con balas de goma y gases lacrimógenos, uno de ellos fue disparado a la cabeza de un compañero a solo 3 metros, tal como mataron a Carlos Fuentealba, este compañero afortunadamente esta bien y reintegrado a la pelea por la vida digna.
* La policía corrió con caballos y perros a los que una vez abandonado el predio se retiraban por el descampado hacia el barrio Pueyrredón a buscar refugio en la casa de vecinos que rápidamente ofrecieron su apoyo. Entre los que salieron primero estaba los menores que al llegar al barrio se tuvieron que tirar –en medio de un llanto desconsolado- cuerpo a tierra en casas de vecinos que los recibieron. Los últimos en salir aguantaron con mucha dignidad y entereza la represión de la policía, buscando, sólo con piedras (desmintiendo las falsas declaraciones policiales), frenar a la policía mientra los compañeros y compañeras se retiraban hacia el barrio. Pese a todo, la represión de la policía llegó hasta el barrio, a más de 400 metros del predio desalojado, con gases, balas de goma, e incluso se denunciaron disparos de pistolas 9 mm.
* Por último, y acaso, el más terrible de los saldos: Más de 50 familias en la calle, con 130 menores, que no tienen a dónde ir y para los cuales el Estado organizó esta represión inhumana e ilegal y no brindó nunca, ni brinda ahora, ninguna cobertura para su situación de desamparo.
Denunciamos que esta represión fue evidentemente premeditada, planificada y organizada por el poder político y el poder judicial, que tomó la decisión política de actuar de manera ilegal y desmedida, y con absoluta impunidad, como lo demuestra que lo hayan hecho frente a todos los medios de comunicación que se encontraban allí.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cuales son los pasos a seguir…
Por un lado se está organizando la denuncia del ilegal e inhumano accionar de las fuerzas represivas, buscando señalar y pedir castigo a los responsables directos, como la Fiscal Graciela Trill y al gobierno municipal de Gustavo Pulti y al gobierno de la provincia de Bs As de Daniel Scioli, principales actores políticos del conflicto y quienes jamás buscaron una salida dialogada. Vamos a iniciar causas penales contra los responsables, vamos a buscar que el Estado argentino tenga que responder ante la OEA y la comisión interamericana de DDHH, porque la causa está presentada en esta instancia y el estado incumplió con todo lo relacionado a las características que debía tener el desalojo, según el fallo del Juez Juan Tapia.
Amig@s y compañer@s nos preguntan cómo estamos…
Ayer con una mezcla de tristeza y bronca por lo perdido, hoy con la tristeza que de a poco va pasando cada vez más a alimentar la bronca y el coraje y ahora –aún con el corazón caliente- ya vamos intentando enfriar las cabezas para analizar y decidir los pasos a seguir. Estamos organizando la solidaridad de la Red de apoyo y de nuevas organizaciones y sectores que acercan y suman su solidaridad con las familias. Nos estamos reagrupando y reorganizando. Ayer se realizaron reuniones de más 350 personas en el América libre (donde están por el momento alojadas las familias), para analizar la situación. Se resolvió como primera medida, ir a la comisaría 4ta a sacar a los detenidos. Allí ya había una concentración que casi ocupaba la cuadra entera exigiendo la libertad de quienes fueron capturados ilegalmente por la policía. Con la presión en la calle la policía los liberó y ya están con nosotros/as.
Esta mañana en nueva asamblea se discutieron los puntos que denunciaríamos en la conferencia de prensa que se realizó en la municipalidad, en dónde la convocatoria a los medios se convirtió en una concentración de cerca de 250 personas que escracharon con pintadas la municipalidad y exigieron castigo a los responsables de la represión y solución para las familias que el Estado dejó en la calle.
Crece la solidaridad de los de abajo...
La solidaridad de la sociedad y las organizaciones sociales ha crecido enormemente, lo que está inyectando mucha fuerza en los ánimos de los y las Sin Techo. Como decimos siempre: la lucha sigue, porque es justa. No la van a resolver con palos, no hay represión que pueda con nuestra causa, con nuestra fuerza y con nuestra unidad. Lo importante es que estamos bien, que nuestro ánimo sigue intacto y que seguimos juntos para denunciar el accionar ilegal del Estado y para seguir luchando por las viviendas.
Somos una ola que ayer hicieron retroceder unos metros hacia el fondo del mar, pero que ahora se prepara para volver con la fuerza de la naturaleza sobre la playa a barrer con todo, esta ola está subiendo en el fondo, aguas abajo hay mucho movimiento, aguas arriba la marea se levanta gracias a la solidaridad de la sociedad marplatense, de las organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, con la fuerza y organización de la Red de Apoyo, pero sobre todo, con el contundente ejemplo de dignidad, solidaridad, valentía, compromiso, organización y unidad que nos dan, aún en este difícil momento, las Familias Sin Techo. Todo esto está haciendo que esta ola que retrocedió ayer esté preparando su vuelta. Que se preparen entonces, porque ya lo advertimos: la dignidad no se desaloja.
Gracias a los periodistas que con valentía, arriesgaron su integridad física para registraron todo lo ocurrido.
Gracias a las organizaciones sociales y a toda la gente que se expuso en la barrera humana en el momento que comenzó la represión.
Gracias a todas las organizaciones que están acercando la solidaridad y dándoles fuerza a los y las sin techo en su lucha.
Gracias a todo el apoyo de las organizaciones nacionales que hicieron llegar su solidaridad y compromiso con esta situación.
Somos pueblo, y los pueblos no se resignan. Que preparen soluciones o sino que empiecen a construir cárceles grandes, porque van a tener que encerrarnos a todos si quieren callarnos… Pero a decir verdad mejor no, que ni se molesten: nuestros sueños no caben en sus cárceles, así como nuestra dignidad pega mucho más fuerte que sus palos, y nuestra solidaridad llega mucho más lejos que sus gases. Que lo sepan: la dignidad no se desaloja.
La represión fue ilegal e inconstitucional.
El Derecho a una viviendo digna es un Derecho Humano
La lucha sigue, porque es justa.
Mar del Plata, 18 de abril de 2008
más info: http://mdpsintecho.blogspot.com/
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