A la comunidad de Neuquén y Río Negro:
La decisión de la jueza federal de Neuquén -avalada por un sector de la APDH- respecto a enviar a Bahía Blanca 22 casos de la causa donde se ventilan algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante el genocidio perpetrado por la última dictadura militar, significa un paso hacia la impunidad y el olvido. Son múltiples las razones jurídicas, investigativas, políticas y morales por las cuales tal determinación constituye una aberración. Aquí enumeraremos algunas con el fin de combatir la falta de información que padece al respecto la opinión pública. La conclusión se impone por sí misma: el desmembramiento de la denominada causa de los Derechos Humanos parece obedecer a una intención encubridora por parte de ciertos sectores de la justicia e implica un grueso error político de los sectores de la APDH que apoyan dicha medida.
Los casos que se enviarán a Bahía Blanca
Los 22 expedientes que se enviarán a Bahía Blanca integran el conjunto casos del que fuera el tercer gran operativo "antisubversivo" emprendido en las provincias de Río Negro y Neuquén. Dicho operativo comenzó el 9 de junio de 1976 en Neuquén, continuó en los días siguientes en Cipolletti, Cinco Saltos y Barda del Medio y terminó el 15 de junio en Cutral Co. Durante el mismo se combinaron las dos modalidades que había asumido la represión política: la clandestina o "nocturna" y el "semilegal" o "diurna". De un lado hubo secuestros realizados por el grupo de tareas (sujetos de civil fuertemente armados que se movilizaban en automóviles particulares) y del otro procedimientos de detención en los cuales los perpetradores identificaron su pertenencia al Ejército y/o las fuerzas de seguridad. Surge claramente la interrelacion entre tales "operativos negros" (grupos de tareas, secuestros, centros clandestinos) y los "operativos blancos" (detenciones semilegales, con personal de uniforme y en vehículos oficiales, presos reconocidos por decretos del Poder Ejecutivo, cautiverio en cárceles). De todos los ocurridos en la región, fue el operativo donde mejor se traslucen la jurisdicción utilizada, la separación de tareas y la coordinación conjunta de todas las fuerzas represivas (Ejército, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales). También queda al descubierto el encubrimiento deliberado de la justicia federal y la complicidad de la intervención militar de Neuquén. Fue, por último, el operativo que más desaparecidos produjo en la región. Al día de la fecha, nueve de sus víctimas continúan en ese estado: Alicia Pifarré, Carlos Schedan, Miguel Angel Pincheira, José Delineo Méndez, Carlos Cháves, Arlene Seguel, Susana Mujica, Cecilia Vecchi y Mirta Tronelli.
Aberración jurídica
Es totalmente falaz el argumento que la jueza federal esgrime para enviar esos casos a Bahía Blanca. Basada en un tecnicismo jurídico que determina que los crímenes deben ser investigados y juzgados en la jurisdicción donde se cometieron los delitos más graves, la magistrada pretende que las torturas y muerte de muchos de ellos ocurrieron en Bahía Blanca.
En primer lugar es falso que sólo allí se haya torturado a las víctimas. Hay pruebas fehacientes que demuestran que Alicia Pifarré fue primero torturada en La Escuelita de Neuquén y que muchos detenidos sufrieron el mismo trato en la comisaría de Cutral Co antes de ser trasladados a Bahía Blanca. También hay indicios que sugieren que por lo menos dos víctimas estuvieron unos días cautivas en La Escuelita de Neuquén antes de ser llevadas a aquella ciudad, sede del Comando V Cuerpo de Ejército. Para el caso de los sobrevivientes: ¿con qué criterio se pretende concluir que las torturas sufridas allá fueron más graves que las sufridas acá?
En segundo lugar, no está probado que los nueve desaparecidos hayan sido asesinados en Bahía Blanca. Aunque ello resulta posible, la idea constituye una hipótesis que de ningún modo ha sido probada. Por el contrario, hay casos que sugieren que otras víctimas podrían haber sido muertas y enterradas en la región tras ser "liberadas" en Bahía Blanca.
No es cierto que sea obligatorio que éstas causas de Derechos Humanos deban elevarse a la jurisdicción donde supuestamente se cometieron los delitos más graves. Hay muchos criterios para tomar una decisión así y no solo aquel. Los criterios de jurisdicción son en estos casos flexibles y no rígidos. El argumento técnico, por tanto, parece una mentira diseñada para confundir. Si no fuera falaz, la Fiscalía de Neuquén no podría haber apelado la derivación de los casos a Bahía Blanca. En resumen: no hay ningún argumento técnico incontestable para mandar estos expedientes a Bahía Blanca.
La mayoría de los represores del Comando V Cuerpo de Ejército y del Comando Subzona 5.1. que podrían ser imputados por los casos ocurridos aquí están muertos (Azpitarte, Cruciani, etc). Es decir que llegado el caso de que estos 22 casos llegaran a juicio en Bahía Blanca, la mayoría de los imputados serían militares y policías que actuaron en la región. ¿Para qué entonces juzgarlos en Bahía Blanca?
Aberración investigativa
En esos 22 legajos hay abundante prueba que sirve no solo para esclarecer esos casos, sino que también arrojan luz sobre las características generales de cómo funcionaban y se compenetraban el sistema clandestino y el "semilegal" de la represión con el sistema judicial, penal y la intervención militar.
En ellos se encuentra la prueba más contundente sobre la participación en ambas modalidades represivas de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Neuquén. Esas dos fuerzas son, justamente, las que han quedado afuera de los juicios que se llevaran a cabo en Neuquén debido a que el ex juez Guillermo Labate nunca procesó a miembros de ambas policías, con la excepción de Héctor Mendoza quien aún continúa prófugo.
Los casos de Cutral Co son los únicos de toda la causa donde se registraron torturas cometidas en una dependencia de la policía de Neuquén: la Comisaría Cuarta de la ciudad petrolera. En el operativo de Cutral Co está probada la participación en las detenciones (no en los secuestros) de altos oficiales de la policía de Neuquén que actuaron en coordinación con el Ejército, la Policía Federal y los grupos de tareas. En ese operativo todas las fuerzas operaron de manera coordinada; o sea que se prueba que todas conocían de la existencia y el modus operandi de los grupos de tareas, es decir, de los secuestradores/torturadores.
Está sobradamente probada la participación de un oficial de Policía Federal en el grupo de tareas que secuestró a Alicia Pifarré el 9 de junio de 1976. Este oficial confesó en la instrucción de los ´80 que su función era hacer de enlace entre el Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército y la Delegación Neuquén de la Policía Federal. Es, por tanto, un imputado clave para demostrar la relación entre ambas dependencias. Sin embargo, el represor nunca fue procesado por el ex juez Guillermo Labate.
La participación de la Policía Federal también surge claramente en las detenciones y secuestros de Carlos Schedan, Arlene Seguel y Alicia Villaverde. Solo a título de último ejemplo, los detenidos del 9 de junio estuvieron casi todos cautivos por horas en la Delegación de la Policía Federal antes de ser trasladados a La Escuelita de Neuquén y luego a la U9 o a Bahía Blanca.
En el caso de Alicia Pifarré también se evidencia con mucha claridad cómo la justicia federal de aquellos días actuaba como encubridora de la represión. Aunque eso no se puede probar fehacientemente (es decir, las piezas documentales no son suficientes para procesar a algún ex funcionario judicial), la complicidad de la justicia federal salta a la vista para quien quiera mirarla.
Los secuestrados el 9 de junio de 1976 constituyen los primeros casos registrados de personas que estuvieron cautivas en "La Escuelita" de Neuquén. En días posteriores, otras dos personas aún no identificadas estuvieron allí por días para, seguramente, ser torturadas. Es decir que al enviar tales casos a Bahía Blanca, se está desmembrando la historia de "La Escuelita".
Hay claros indicios de la participación de varios miembros (oficiales y suboficiales) del Destacamento de Inteligencia 182 en los secuestros y traslados a Bahía Blanca por esas fechas. Uno de ellos tampoco ha sido procesado por el ex juez Guillermo Labate aunque fue denunciado con nombre y apellido por el testigo Miguel Suñer.
Como no está probado que todos los desaparecidos de esta razzia hayan sido muertos en Bahía Blanca, al enviar sus legajos a esa ciudad se pierde una punta de ovillo para encontrar los lugares de enterramientos clandestinos en la región. La documentación prueba que por lo menos en las "liberaciones" de Miguel Angel Pincheira y José Delineo Méndez estuvieron y viajaron hacia allí oficiales y suboficiales del Comando Subzona 5.2 y del Destacamento de Inteligencia 182, lo que equivale a decir que no se sabe fehacientemente si fueron asesinados en Bahía Blanca o traídos antes a Neuquén.
Menos los casos de los secuestrados por los grupos de tareas, los "operativos blancos" fueron reconocidos en un comunicado emitido por el Comando Subzona 5.2.. Si existe esta prueba respecto a qué jurisdicción militar dio la orden para concretar las detenciones, ¿qué sentido tiene enviarlo a otra jurisdicción?
No es cierto que la investigación de lo sucedido entre el 9 y el 15 de junio esté agotada. Por el contrario, abundan líneas de investigación que no han sido profundizadas.
Aberración política
El actual juez federal de Bahía Blanca, Álvarez Canale, fue secretario del juzgado o de la fiscalía de esa ciudad durante la dictadura militar. Es decir que el juez que será encargado de investigar y elevar a juicio los 22 casos, era uno de los funcionarios que hace treinta años firmaba los rechazos y desestimaciones de los recursos de habeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos.
Las posibilidades de que esos 22 casos lleguen a juicio en Bahía Blanca son muchísimo menores a las posibilidades de que sean ventilados en Neuquén. Si esos casos no llegan a juicio habrá una cantidad indeterminada de represores impunes, entre ellos un oficial de la Policía Federal que fue miembro de los grupos de tareas, otro aún no identificado que participó del secuestro de Arlene Seguel, oficiales de la policía provincial que estuvieron en el operativo de Cutral Co y otros secuestradores, jefes, torturadores o cómplices encubridores que pudieran surgir de la consecución de la investigación.
La mayoría de los organismos de Derechos Humanos de la Argentina son proclives a que los juicios contra los represores se lleven a cabo en los lugares donde las víctimas militaban y vivían.
Aberración moral
Es de una crueldad absoluta el obligar a las víctimas a seguir esperando que sus casos lleguen a juicio. Además de los más de 30 años transcurridos, ¿cuántos más deberán esperar si sus casos van a Bahía Blanca, uno de los lugares donde, como reconoció el mismo fiscal Cañón, las causas de Derechos Humanos están más atrasadas.
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