El Bolsón (ANPP).- La situación en la norteña provincia de Jujuy es grave. El gobernador Morales pretende legalizar el terrorismo de estado y la persecusión judicial y policíaca a quienes quieran expresar descontento u oposición. De hecho, ya lo viene haciendo, y el gobierno nacional no ha intervenido la provincia. Milagros Sala lleva presa 7 años y medio en forma ilegal, y nadie ha hecho nada. Ni el gobierno nacional, ni los movimientos del partido en qué milita, o al menos, lo que han hecho, no ha obtenido resultados positivos. Gerardo Morales llegó a Jujuy a desarmar uno de los pilares de izquierda del kirschnerismo, que venía construyendo poder popular, más allá de que nos gusten sus formas y sus posicionamientos. No hubo intención política de resolver esta situación que hoy da un nuevo giro frente al creciente descontento popular.
El sector docente continua en plan de lucha y ha recibido una represión que ha quedado a la vista de todo el país sin que CTERA ni el gobierno nacional dijeran ni mu. Y cuando esto sucede, el envalentonamiento de los represores escala aceleradamente. Gerardo Morales se prepara para gobernar la provincia de manera dictatorialmente legal. Con la modificación de leyes, pretende prohibir la protesta, la expresión de desacuerdo y cualquier tipo de manifestación popular que no le convenga.
Y aunque estás medidas son inconstitucionales, Morales sabe que cuenta con el apoyo del poder político y judicial necesarios para poder aplicarlos.
Si Morales llega a la aprobación de estás reformas, la situación será gravísima. Otros gobernadores seguirán el camino que les allana un accionar dictatorial en forma legal.
Desde el pueblo jujeño, pero desde el pueblo conciente y organizado se está llamando a movilizarse y lograr que la reforma de Morales tenga que retroceder.
En jujuy, el pueblo ya está movilizado.
Editoriales ANP
