En los últimos días la noticia de que un grupo de 140 familias ingresó al predio del Club Deportivo El Refugio y realizó la ocupación de 22 hectáreas en la localidad de El Bolsón, recorrió los medios regionales y nacionales. Lejos de ser una novedad, este hecho es parte de un problema recurrente desde hace más de dos décadas: la crisis habitacional y falta de planes de viviendas. Una nota de Adrián Monteleone (*)
(Foto gentileza)
El pasado 18 de agosto un grupo de personas ingresó al predio perteneciente al Club El Refugio ubicado en la Reserva Forestal Loma del Medio en la localidad andina rionegrina de la El Bolsón, con la intención de realizar una toma que en los días sucesivos llegó a un número estimado de 140 familias.
El predio ocupado había sido cedido por el INTA al mencionado club y se encuentra dentro de la Reserva Forestal Loma del Medio, creada en 1948 para proteger miles de hectáreas de bosque andino patagónico. Las ocupaciones también se extendieron hacia las cercanías del sitio turístico denominado El Mirador del Azul y Cabeza del Indio.
Desde el inicio del conflicto, autoridades del INTA y del municipio comenzaron a dialogar con los ocupantes a la vez que se dio intervención a la Justicia Federal para comenzar el desalojo mediante el uso de la fuerza. En forma paralela se entablaron tratativas para acordar un abandono del lugar voluntario en un plazo de 10 días.
Algunos sectores de la comunidad realizaron un fuerte repudio a las tomas, en defensa del área protegida que constituye un recurso vital para la actividad turística y protege ecosistemas del bosque andino patagónico. En otros casos, las denuncias y críticas se centraron en la afirmación de que “quienes toman no lo necesitan y en muchos casos las venden al poco tiempo”. El repudio también tiene su origen en la experiencia de una ocupación similar muy cercana a ésta, realizada en 2011, la cual al día de hoy es considerada el asentamiento más grande de la Comarca Andina del Paralelo 42, donde viven alrededor de 1.500 personas sin servicios esenciales como el agua potable, energía eléctrica, atención sanitaria, escuela y transporte público.
Para una mirada más amplia del tema, es importante destacar que nadie decidiría ocupar tierras o comprar lotes en las tomas para vivir si no fuera porque existe una extrema necesidad, ya que la ocupación implica ingresar en un circuito de incertidumbre, conflictividad y precarización que se traduce en el deterioro de la calidad de vida. Esa necesidad de una vivienda digna no se ve reflejada en los derechos básicos que hoy se encuentran vulnerados por el mismo Estado que asume un rol represivo y querellante sin resolver la raíz del conflicto: garantizar el acceso a la vivienda.
El problema del acceso al hábitat es un fenómeno que fue creciendo en los últimos 30 años en distintas localidades del país y responde a diversas causas con protagonistas muy heterogéneos. Más allá de las opiniones encontradas, no se puede negar que la raíz de este problema remite a una cuestión estructural: una crisis habitacional a la que pocos gobiernos han podido dar una respuesta concreta.
Según un relevamiento realizado por el Diario Rio Negro en marzo de este año, cerca de 60 mil personas viven en asentamientos en las principales ciudades rionegrinas. Al momento de ser publicados estos datos el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), se encontraba diseñando el Registro Provincial Permanente de Demanda Habitacional (RPPDH) con el fin de determinar la demanda habitacional de la provincia.
En lo que refiere a planes de vivienda, la localidad de El Bolsón se encuentra con saldo deficitario, ya que hace más de dos décadas que no existen planes masivos que contemplen la crisis habitacional y el aumento demográfico posterior a la década de 2000. Los pocos proyectos que surgieron apenas cubrieron las necesidades de algunas familias y en muchos casos se sospecha que las asignaciones respondieron a la red clientelar de los gobiernos de turno. A su vez, los créditos hipotecarios del PROCREAR sólo llegaron a cubrir las expectativas de pequeños sectores de la población que pudieron cumplir los requisitos financieros solicitados y que estaban muy alejados de los sectores populares.
No debería asombrar que las tomas en El Bolsón, se acrecentaran en la primera década de este siglo, cuando confluyeron dimensiones políticas, económicas y sociales que produjeron una nueva configuración territorial. Podemos ver que en el período intercensal que va de 2001 a 2010, la localidad de El Bolsón tuvo un aumento de un 40 por ciento de su población.
La nueva dinámica demográfica generó mayor presión en torno al acceso a la tierra y a la vivienda. En respuesta a ello existió una proliferación de loteos privados, aumento del precio del suelo y alquileres elevados o temporarios sin ninguna regulación del gobierno local. Este proceso demográfico de tan sólo nueve años no estuvo acompañado por una planificación territorial y estratégica, que contemplara la implementación de planes de acceso al hábitat. Por su parte, el Estado municipal dejó la solución del problema al sector privado o bien acumuló capital político a partir de algunas adjudicaciones selectivas producto de las redes de clientelismo.
El problema estructural del acceso a la vivienda adquiere una dimensión mayor en una ciudad turística como El Bolsón, en donde el mercado inmobiliario sobredimensionó el precio del suelo para la compra o los alquileres (muchas veces temporarios) y generó que el “sueño de la casa propia” sea inalcanzable para cualquier trabajador en función del aumento de la brecha entre el salario real y el valor de mercado del suelo.
Esta falta de opciones de acceso al hábitat, generó que las ocupaciones y el mercado informal de compra de viviendas se hayan transformado en los únicos mecanismos posibles con los que cuentan muchos sectores para acceder a la vivienda propia en la Comarca Andina. Estos mecanismos de autoproducción del hábitat sin apoyo técnico ni financiero, generaron que muchas familias tengan que vivir en una situación de riesgo permanente debido a deslizamientos y desmoronamientos de suelos, incendios, basurales a cielo abierto e inundaciones, sumado a la falta de servicios esenciales.
En 2016, un relevamiento realizado por la Fundación TECHO, mostró que en la localidad de El Bolsón, existían alrededor de 905 familias concentradas en 22 asentamientos. Es decir que en ese año, alrededor de 4.000 personas (casi el 20 por ciento de la población de la localidad) se encontraban apelando a estas soluciones informales a sus problemas de acceso a la vivienda. Así también, en más del 70 por ciento de los asentamientos informales relevados, las familias no contaban con ningún documento que acreditara su tenencia, ya que generalmente poseen boletos de compra-venta o algún tipo de tenencia precaria, comodatos o certificados de vivienda familiar emitidos por el Estado.
Pese a que las políticas públicas en torno al hábitat urbano fueron de insuficientes a casi nulas en los últimos 20 años, sí existieron propuestas relativas a la tierra, pero ninguna de ellas destinada a garantizar el derecho a la vivienda. Ejemplo de ello es la adjudicación de venta de tierras fiscales por parte del municipio con el fin de paliar la crisis financiera, o el apoyo del Ejecutivo a megaloteos como el denominado Laderas, a favor de la empresa que explota el cerro Perito Moreno.
También debe analizarse en este mismo contexto el avance en la toma de deuda por 350 mil dólares para la realización de obras del Plan Castello cuyo destino es la pavimentación del circuito de Mallín Ahogado, que más allá de generar una mayor conectividad con la zona, también permite un aumento de la renta al mercado inmobiliario especulativo, sin que ello le otorgue algún beneficio al Estado municipal.
El problema del acceso a la vivienda no se resuelve estigmatizando a los ocupantes de las tomas ni criminalizándolos, sino otorgando prioridad política al derecho a la vivienda digna y creando o mejorando herramientas para cambiar la situación a corto y mediano plazo: bancos de tierras, consejos locales, apropiación de la plusvalía urbana para destinar a la vivienda social, entre otros. Por otro lado, debe pensarse una planificación estratégica tanto provincial como municipal, que contemple en un corto plazo la construcción de entre 50 y 100 viviendas al año para absorber la demanda habitacional de los sectores populares, con adjudicaciones transparentes.
De seguir con la política actual de utilizar el problema de la vivienda como un capital político o dejando la producción del hábitat en manos del mercado inmobiliario formal e informal, será inevitable la reiteración de las ocupaciones y el agravamiento de las condiciones de vida de quienes viven en ellas.
La solución gradual es posible, sólo es necesario la voluntad política para hacerlo.
(*) Docente. Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades (UNQ)
Editoriales ANP
