Las luchas contra la megaminería
La organización popular contra la megaminería se remonta a los años noventa. El gobierno de Menem adhirió a un tratado binacional (Argentina-Chile) en el año 97, que flexibilizó los marcos regulatorios para la actividad minera promoviendo, a través de las exenciones impositivas, la inversión extranjera. En esta época, se iniciaron los proyectos megamineros transnacionales Bajo La Alumbrera (Catamarca), Famatina (La Rioja), Veladero (San Juan), entre muchos otros y comenzó a gestarse un abanico de organizaciones y grupos que denunciaban los emprendimientos y sensibilizaban a las poblaciones respecto de las consecuencias socioambientales que tendría dicha explotación.
A principios de los 2000, un nuevo “boom minero” acompañó la mega devaluación de esos años, pero la construcción de un movimiento asambleario contra la megaminería empezó a mostrar su fortaleza.
En 2003, el movimiento No a la mina en Esquel (Chubut), consiguió una consulta popular en la que arrasó la negativa al proyecto minero El Desquite. Luego la legislatura provincial aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con la utilización de cianuro en toda la provincia.
En 2005, en Ingeniero Jacobacci (Río Negro), comunidades mapuche, crianceros y organizaciones sociales se opusieron al proyecto “Calcatreu” para la explotación de oro y plata a cielo abierto de la Canadiense “Aquiline Resources” y junto a movilizaciones en toda la provincia lograron la sanción de una ley anticianuro (Ley provincial 3981), la segunda en el país. Sin embargo en 2011 el gobernador del PJ, Carlos Soria impulsó con éxito su derogación en el marco de sus primeras y únicas medidas.
Un año más tarde los pueblos de Famatina y Chilecito en La Rioja, luego de años de bloqueos, cortes de ruta y movilizaciones, lograron frenar a la Barrick Gold. Al poco tiempo, la legislatura provincial aprobó una ley que prohibió la minería a cielo abierto con utilización de cianuro que tan solo un año después fue derogada.
Ese mismo año, luego meses de movilizaciones y acampes, en Mendoza se aprobó la ley que suspendía todos los proyectos mineros, pero fue vetada por el entonces gobernador del radicalismo, Cobos. Las movilizaciones y los cortes de ruta se redoblaron y en 2007 el pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722 que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería.
En 2009 la confluencia entre las asambleas de vecinos/as, las comunidades mapuche, organizaciones sindicales y religiosas permitió frenar la instalación de un mina de cobre en las inmediaciones de la localidad de Loncopué en Neuquén. Tres años después un referéndum aprobó la ordenanza 1054/12 que impide la explotación minera a gran escala en el ejido municipal.
En 2010 el pueblo de Andalgalá en Catamarca, que ya vivía las consecuencias de la minera Bajo La Alumbrera, detuvo el proyecto Agua Rica que se proponía triplicar la capacidad de explotación de La Alumbrera.
En los últimos años es destacable la tenaz lucha del pueblo de Jachal que ha sufrido cinco derrames de cianuro y mercurio desde 2015 hasta el día de hoy, como resultado de la actividad de la Mina Veladero de la Barrick Gold. Como resultados de estos derrames se ha degradado el agua potable y se destruyó la capacidad de producción de alimentos de la zona.
Las resistencias gestadas desde fines de los años ‘90, tuvieron importantes avances en la primera década del siglo XXI, dejaron valiosos saldos legislativos y organizativos, y enfrentaron la continuidad de la matriz extractivista de todos los gobiernos, provinciales y nacionales, desde entonces.
El extractivismo y la deuda
El extractivismo es la forma en la que se relaciona la sociedad capitalista con la naturaleza. La voraz apropiación y destrucción de los bienes comunes es la contracara de la producción ilimitada de mercancías que alimenta la acumulación capitalista.
La matriz extractivista actual en la Argentina se organiza en torno a dos ejes. Por un lado, las transformaciones neoliberales de las relaciones de producción que, a su vez, se estructuraron en tres pilares: el incremento de la participación del capital financiero en la producción agrícola y la transformación de alimentos en commodities, a partir la década de 1970; la expansión de la megaminería como posibilidad de ingreso de divisas favorecida por legislaciones benevolentes con el capital trasnacional y la privatización de los hidrocarburos, principal insumo energético, habilitando la exportación sin control, desde la década de 1990.
Por otro lado, todo esto se da en el marco de la posición subordinada de América Latina frente a las potencias imperialistas, característica de la división internacional del trabajo, que configura un lugar subordinado de este continente en el esquema mundial del desarrollo del capitalismo. Entonces, la matriz extractiva se ha desarrollado durante siglos en América Latina, a partir de la conquista española. En ese marco, los pueblos indígenas resistieron y en la década de 1990 lograron reinstalarse como actores centrales en el mapa político para dar batalla al irreversible impacto del sistema sobre la naturaleza. Esto cada día toma más fuerza y hoy ocupan un lugar imprescindible en las acciones políticas socioambientales en vinculación con la defensa de sus territorios ancestrales.
En las últimas décadas y en el contexto del capitalismo neoliberal, la exportación de bienes primarios de bajo valor agregado producto de la explotación masiva de bienes naturales ha sido una de las principales fuentes de dólares que ha permitido a los sucesivos gobiernos paliar la falta de reservas, el pago de la deuda externa y no perder la ya escasa credibilidad crediticia en los mercados internacionales. Los diferentes gobiernos apenas aportaron modulaciones en materia impositiva y de alineamiento entre los diferentes capitales transnacionales. En este sentido, queda a la vista que tanto el ex presidente, Macri, como el actual presidente, Fernández, tuvieran por igual guiños con las corporaciones mineras en el transcurso de sus campañas electorales.
Por ejemplo, en marzo de 2019, Macri se reunió con tres empresas mineras para reactivar el proyecto Agua Rica que hasta ahora se encuentra vigente, pero en etapa de exploración gracias a la resistencia del pueblo de Andalgalá. Por su parte, Alberto Fernández reivindicó a San Juan como provincia modelo y declaró que “los que exportan son sus aliados”. Recordemos que San Juan sufrió el peor desastre ambiental de la minería argentina en 2018! La empresa Barrick Gold que opera la mina Veladero, derramó en 2015, cinco millones de litros de agua cianurada contaminando, además, con mercurio y arsénico, los ríos Potrerillos, Jáchal, Las Taguas, Palca y Blanco. Desde entonces, se ha confirmado al menos un nuevo derrame cada año.
Estas promesas de campaña no tardaron en hacerse realidad. Ocho días después de asumir Fernández adelantó a la Asociación Empresaria Argentina que había conseguido eliminar leyes provinciales que impiden la extracción megaminera y sancionar leyes de impulso a esta actividad en Mendoza y Chubut. Evidentemente, contaba con buena información. Un par de días después, fue aprobada en la legislatura mendocina la ley 9209 (que pretendía reemplazar la 7722 habilitando el uso de sustancias tóxicas en la extracción minera), en el marco de un acuerdo entre el PJ y la UCR, y rápidamente promulgada por el gobernador Suárez de Cambiemos. Lo que no estuvo en los planes de Fernández fue la enorme movilización popular.
La movilización contra lo instituido
El discurso de “hechos consumados” de Fernández frente a los empresarios se combinó con la “resignación de lo posible” que pregonaron inicialmente los legisladores del kirchnerismo en Mendoza. Para ellos, la Ley 9209, que legalizaba nuevamente la minería contaminante, “era mala, pero no se contaba con tiempo ni votos para frenarla”, lo que quedaba era “introducir controles a la ley”. Sin embargo, el pueblo mendocino decidió defender la Ley 7722 que había conquistado en 2007 confiando en sus propias fuerzas, apoyándose en la organización asamblearia y en la movilización masiva en las calles.
El paciente trabajo de las asambleas en la construcción de poder popular a lo largo de estos años mostró una potencia impresionante. La reacción del pueblo mendocino superó en masividad incluso a las jornadas de 2007. La movilización por la derogación de la Ley 9209 comenzó el domingo 22 de diciembre por la mañana en San Carlos. A lo largo de la ruta 40 columnas de las diferentes localidades se fueron sumando a la caravana y el lunes por la mañana decenas de miles se manifestaron frente a la Casa de Gobierno. La respuesta del gobernador Suárez fue una brutal represión que dejó 45 detenidos.
Por la noche, los cacerolazos inundaron la ciudad de Mendoza, en varios departamentos se anunciaron cortes sumado a que el sector vitivinícola comenzó a mostrar también su descontento expresado en la posibilidad de suspender la tradicional Fiesta de la Vendimia. El martes Suárez se apresuró en promulgar la ley y declaró que no había vuelta atrás. Las protestas siguieron el 24 y el 25 durante los festejos de navidad, y diferentes organizaciones de la sociedad civil comenzaron a posicionarse en contra de la megaminería. El jueves el gobernador anunció la “suspensión” de la reglamentación de la 9209 y llamó al diálogo en un intento por detener las movilizaciones y garantizar la realización de los festejos de la vendimia. Si bien en términos legales la “suspensión” no significaba ningún avance concreto, era el primer indicio de que la movilización callejera comenzaba a erosionar la base de sustentación política de Suárez. Esta maniobra no convenció a nadie y al día siguiente una movilización fenomenal en toda la provincia asestó el golpe definitivo contra la 9209.
Legisladorxs del PJ que unos días antes habían votado a favor de la ley en acuerdo con la UCR, pidieron su derogación, que se volvió definitiva el 30 de diciembre. En estos días de intensa agitación social por el tema minero, el flamante ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié abandonó su rol de ser el primer promotor del respeto a la Ley General del Ambiente y del principio de no regresividad ambiental. Con declaraciones ambiguas, prefirió mantenerse al margen del conflicto en lugar accionar los mecanismos políticos y legales a su disposición para preservar los bienes comunes y la vida. Su intervención en futuros conflictos socioambientales no parece ser muy prometedora.
En Mendoza, la gestión del agua es un elemento que atraviesa su historia y configuración territorial y productiva. En la actualidad la provincia vive una profunda crisis hídrica agravada por el cambio climático. En este contexto, existen diferentes componentes de conflicto. Algunas propias de la competencia capitalista inter-ramas, en virtud de la compleja convivencia entre la minería y la vitivinicultura (que también consume grandes cantidades de agua y la contamina con agrotóxicos). Y otras relacionadas con la contradicción entre estas actividades y grandes sectores de trabajadores que se ven amenazados por la destrucción del ambiente donde reproducen su vida y fundamentalmente por el riesgo de quedarse sin agua potable como ya ha sucedido en otros pueblos de nuestro país. Quienes componen las asamblea provienen de diversos sectores socioeconómicos, trayectorias políticas, espacios y formas organizativas heterogéneas, a la vez que en cada territorio, localidad tienen características diferentes. En buena medida es esta heterogeneidad lo que permitió que conformen una fuerza social que interviene en este campo de tensiones sociales, con una perspectiva de defensa de los bienes comunes y de la vida. La acumulación de años de encuentros inter-asambleas y de constante organización permitieron la reacción rápida con movilizaciones y acciones directas de manera aceitada para no resignarse a lo “posible” y animarnos a hacer lo que nos dicen que es imposible.
Los desafíos por delante
La megaminería, el fracking y el agronegocio son objetivos estratégicos de la política económica de Alberto Fernández para conseguir los dólares necesarios para pagar la deuda. Por eso, a pesar de la contundente respuesta del pueblo mendocino, el gobierno continúa a la ofensiva. El presidente volvió a elogiar el “modelo minero sanjuanino”. Por su parte, Alberto Hensel, ex ministro de minería en San Juan y ahora secretario de Minería de la Nación, declaró que espera ver proyectos mineros desde Jujuy hasta Santa Cruz lo más rápido posible. Mientras el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, proponía un “green new deal” intentando darle una cobertura verde y desarrollistas a este proyecto económico basado en la extracción masiva de nuestros bienes comunes. La decidida orientación del gobierno nacional anticipa nuevos enfrentamientos por la gestión y apropiación de estos bienes. Luego de la contundente victoria en Mendoza, el centro de la disputa se ha desplazado momentáneamente a Chubut donde el pueblo se prepara para defender la histórica Ley 5001, pero ninguna porción de nuestro territorio está a salvo. A lo largo de toda la cordillera, las empresas transnacionales han puesto el ojo los suelos que contienen cobre, oro, plata y uranio. Por esta razón es necesario unir fuerzas con acciones coordinadas en todo el país en defensa del agua, poniendo de manifiesto en la agenda política las terribles consecuencias del agronegocio, la megaminería y el fracking. Estas actividades son la expresión local de la lógica de depredación y desposesión capitalista que debemos detener para salvar la vida en la Tierra. En este sentido, es urgente iniciar una transición global del sistema productivo con un horizonte ecosocialista.
La deuda funciona como una herramienta de los países imperialistas para desposeernos de los bienes comunes, por eso es fundamental rechazar de inmediato el pago. Además debemos exigir la sanción de leyes nacionales que prohíban en todo el territorio nacional las fumigaciones aéreas, el fracking y la megaminería. Con el objetivo de desmercantilizar los bienes comunes es necesario estatizar la gestión y extracción de los mismos, bajo control de les trabajadores y las comunidades. Pero estas no pueden estar aisladas de una perspectiva general del proceso de producción de bienes asociados al uso de minerales. Es imprescindible un modelo de transición que articule la disminución del volumen de producción de materiales no industrializados con la industrialización de productos de características durables, utilizando la mejor tecnología disponible. A su vez, es importante que esta transición se haga en el marco de una disminución radical del uso energético desde la extracción hasta el consumo del bien final, la incorporación de fuentes no fósiles a la matriz energética, eliminando de manera progresiva y sustantiva los elementos contaminantes y creando planes de remediación y prevención efectivos.
En definitiva, hablamos de producir según la necesidades sociales y no las necesidades del capital: dejar de producir bienes según su valor cambio, para volver a hacerlo según su valor de uso. Nuestra tierra, nuestros ríos, las montañas, los bosques, los alimentos que comemos, el derecho a preservar nuestra vida están amenazados por la destrucción del capital. El proceso mendocino, las luchas de Esquel, Jacobacci, Famatina, Loncopué, Andalgalá y Jachal, entre otras nos muestran que hay solo una salida posible y es caminar hacia un cambio de modelo económico. Esa transición se logrará únicamente con la organización desde abajo que es solo posible con el pueblo trabajador en las calles. Movilizades por la defensa del medio en el que vivimos y caminando en unidad junto a la luchas del sindicalismo combativo, los movimientos feministas e indígena, el activismo antirracista, para alcanzar una masividad que logré cambiar todo lo que necesite ser cambiado.
“¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo”. Berta Cáceres.
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