El punto de partida de la movilización es el lugar donde Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez con vida el 31 de enero de 2009 escapando de la Policía Bonaerense.
Su cuerpo recién fue hallado en 2014, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Lo habían atropellado la misma noche de su desaparición, internado y operado en el Hospital Santojanni donde falleció. Su familia, amigos y amigas siguen reclamando que se investigue qué hicieron con Luciano.
“Impulsamos hace siete años un jury de enjuiciamiento contra las primeras fiscales de la causa, Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, y el juez Gustavo Banco. El desempeño de los funcionarios contribuyó a la impunidad y obstaculizó el acceso a la verdad, pero el Estado desestimó nuestra denuncia y resolvió no acompañar a la familia. Mientras tanto, la búsqueda de Luciano y la investigación de la hipótesis policial estuvieron y están absolutamente paralizadas en el ámbito de la Justicia Federal”, denunciaron Familiares y Amigos en referencia a la Procuración bonaerense y a una Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense, que interviene.
“En ambos casos, en 2019 emitieron lamentables dictámenes desistiendo de acusar a los funcionarios – remarcan – El dictamen de la Procuración fue firmado por el procurador Julio Conte Grand, y el de la Comisión Bicameral por los legisladores Ricardo Lissalde (Frente de Todos), Walter Lanaro (Cambiemos), Mauricio Viviani (Cambiemos), Sandra Paris (Cambiemos), Flavia Delmonte (Cambiemos), Mario Giacobbe (monobloque, exCambiemos), Aldana Ahumada (Cambiemos) y Fernando Carballo (Frente de Todos, massista). La decisión de no acusar deja en soledad en la búsqueda de verdad a quienes hace más de once años esperan justicia por un delito de lesa humanidad”, agregaron.
Ahora es la Suprema Corte de la Provincia quien debería declarar admisible el juicio.
Cabe recordar que en 2015 la familia logró llevar a juicio al policía Julio Diego Torales que fue condenado a diez años de prisión por torturar a Luciano durante una aprehensión en 2008.
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