Leónidas
Moldes, el juez federal con asiento en Bariloche de equívoca
trayectoria, procesó a Alac por una supuesta pintada en una pared de
Gendarmería Nacional donde, se presume, funciona su servicio de
inteligencia.
Una abusiva imposición de Moldes obliga a Alac a comparecer el primer lunes de cada mes ante la Delegación Bariloche de la Policía Federal Argentina y le prohíbe ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin dar inmediato aviso y salir del país.
El graffiti aparecido el 19 de octubre de 2017 en la calle Reconquista 96, tras una movilización en reclamo de justicia por el hallazgo del cuerpo muerto de Santiago Maldonado, expresó el repudio a la fuerza a las órdenes de la ministra Patricia Bullrich: “Gendarme asesinos”, decía.
Para la CTA Autónoma y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad en Bariloche, organización donde milita Carlina Alac, recae sobre la víctima la represalia de haber denunciado a cuatro agentes de Prefectura Naval realizando espionaje sobre su persona.
Son más de 150 los militantes que en la región son perseguidos por supuestos delitos que obedecen, sin duda, a la política represiva de Patricia Bullrich de criminalizar de la pelea por la tierra.
Una abusiva imposición de Moldes obliga a Alac a comparecer el primer lunes de cada mes ante la Delegación Bariloche de la Policía Federal Argentina y le prohíbe ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin dar inmediato aviso y salir del país.
El graffiti aparecido el 19 de octubre de 2017 en la calle Reconquista 96, tras una movilización en reclamo de justicia por el hallazgo del cuerpo muerto de Santiago Maldonado, expresó el repudio a la fuerza a las órdenes de la ministra Patricia Bullrich: “Gendarme asesinos”, decía.
Para la CTA Autónoma y la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad en Bariloche, organización donde milita Carlina Alac, recae sobre la víctima la represalia de haber denunciado a cuatro agentes de Prefectura Naval realizando espionaje sobre su persona.
Son más de 150 los militantes que en la región son perseguidos por supuestos delitos que obedecen, sin duda, a la política represiva de Patricia Bullrich de criminalizar de la pelea por la tierra.
Editoriales ANP
