Comunicadores populares de Barricada TV y ParesTV iniciaron una
ocupación pacífica en el estacionamiento de Canal 13, en la calle San
Juan, para protestar contra la decisión de Cablevisión de negarse a
cumplir con la obligación de incorporarlos a la grilla, a pesar de
contar con licencia y autorización del Enacom. “Con el desparpajo de
quien se sabe impune, deciden quiénes hablan y quiénes no,
beneficiándose del apoyo de un gobierno que profundizó la concentración
hasta niveles nunca antes alcanzados”, repudiaron los comunicadores que
presentaron una medida cautelar contra la cableoperadora del Grupo
Clarín y Telecentro.
“Queremos preguntar, preguntar por qué no nos suben a la grilla. Queremos que nos atienda una persona responsable del grupo económico y nos explique por qué no excluyen a Barricada y Pares TV. No podemos naturalizar la impunidad con la que se mueve el Grupo Clarín”, exigió Natalia Vinelli, referente de Barricada TV, en diálogo con Página/12, desde el estacionamiento de Canal 13, rodeada por un operativo de Infantería de la Policía de la Ciudad.
La ocupación pacífica busca abrir una mesa de negociación con los representantes de la cableoperadora más grande del país que, al igual que Telecentro, se niega a incorporar a los canales comunitarios a contramano de la legislación nacional e internacional vigente y a pesar de que cuentan con licencias concursadas y aprobadas por el Enacom, presidido por la radical Silvana Giudici.
Los comunicadores de ambas señalas –las primeras y únicas en conseguir licencias de televisión para el sector sin fines de lucro– llegaron hasta el edificio ubicado en la calle San Juan con el respaldo de otras organizaciones que nuclean a radios, televisoras y medios populares tras un acto en la puerta del Enacom, donde volvieron a denunciar las prácticas implementadas por la gestión Cambiemos que obstaculica y excluye a los medios que deberían ocupar el 33 por ciento del espectro.
La cautelar presentada por Barricada TV y Pares TV, que tramita en el Juzgado Contencioso Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials, exige el cumplimiento de la normativa vigente del Enacom -organismo creado por decreto por Mauricio Macri para reemplazar la Afsca- y los tratados internacionales vigentes con jerarquía constitucional. “El comportamiento de estas empresas es discriminatorio y desigual respecto a otras señales comerciales”, advierte la presentación hecha por el abogado Mariano Suárez.
Barricada TV concursó y ganó la licencia de televisión digital abierta, con alcance a la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del Conurbano, en 2015. Sin embargo, mantuvo un extenso conflicto con Canal 13, que se negaba a liberar la señala que le fue asignada, hasta que el Enacom decidió reubicarlo en el canal 32.1.
Ahora, el Grupo Clarín persiste en desconocer la señal a pesar que desde junio cuenta con la autorización para emisiones regulares, al igual que ParesTV, canal de Luján, que mediante otra presentación judicial consiguió ser incorporado en la grilla de la cableoperadora local.
“Con su negativa, Cablevisión y Telecentro silencian voces, desconocen conflictos y dejan de lado fuentes que no tienen espacio en los medios comerciales, eliminando sumariamente de la grilla a las expresiones del sector sin fines de lucro”, repudiaron los comunicadores de ambas señales.
En ese sentido, la cautelar advierte que la discriminación hacia la comunicación popular se hace evidente con la inclusión inmediata que el canal Net TV, propiedad del Grupo Perfil y Kuarzo Entretainment Group, tuvo en las grillas de las dos cableoperadoras. Y resalta que la licencia para esa canal fue asignada por el Enacom después que las de las emisoras comunitarias.
“La diferencia es obvia: Net TV pertenece a una empresa con poder económico, que legítimamente ocupa un lugar en la grilla del cable, mientras Barricada TV es el canal autogestionado por una asociación civil sin fines de lucro”, denunció Suárez.
El conflicto se enmarca dentro de una política del Gobierno nacional contraria al fomento de los canales y radios comunitarias. Por eso, antes de iniciar la toma pacífica del canal del Grupo Clarín, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta), el Foro Argentino de Radio Comunitarias (Farco), Red Colmena, la CTEP y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se manifestaron en la puerta del organismo presidido por Giudici, una fiel opositora a la Ley de Medios durante su gestión como diputada.
Las organizaciones de la comunicación popular insistieron en denunciar la política de Cambiemos que las excluye de la pauta publicitaria oficial, obstaculiza los concursos de fomento consagrados en artículo vigentes de la Ley de Medios y persigue a las emisoras comunitarias. Como ejemplo, los comunicadores denunciaron la resolución 4951 emitida este año que, con el argumento de convocar a un proceso de “normalización” de las denominados zonas de conflicto, desconoce la existencia de las emisoras creadas después de 2006, poniendo en peligro la continuidad de las radios nacidas al calor del fomento de la Ley de Medios.
La cautelar de los casos de BarricadaTV y ParesTV también advierte que la decisión empresarial de discriminar a las emisoras sin fines de lucro no se limita a los casos de las organizaciones de comunicadores populares. Ya la justicia federal se pronunció en dos oportunidades contra Cablevisión para ordenarle que cumpla con su obligación de incluir a los canales sin fines de lucro con licencia.
La justicia de Córdoba falló en contra de Cablesivisón para ordenar que incorpore a la grilla a la señal Cba24N, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. En tanto, en Chaco, el Poder Judicial le ordenó en febrero pasado a la empresa del Grupo Clarín transmitir la señal Ciudad Televisión, de Radio Ciudad SRL de Resistencia.
“¿Quién tiene la autoridad para decidir qué leyes se cumplen y qué leyes no?”, lanzó Vinelli en diálogo con este diario y recordó que desde el canal comunitario enviaron cartas particulares y cartas documento a la empresa del Grupo Clarín, pero nunca recibieron respuesta.
“Queremos preguntar, preguntar por qué no nos suben a la grilla. Queremos que nos atienda una persona responsable del grupo económico y nos explique por qué no excluyen a Barricada y Pares TV. No podemos naturalizar la impunidad con la que se mueve el Grupo Clarín”, exigió Natalia Vinelli, referente de Barricada TV, en diálogo con Página/12, desde el estacionamiento de Canal 13, rodeada por un operativo de Infantería de la Policía de la Ciudad.
La ocupación pacífica busca abrir una mesa de negociación con los representantes de la cableoperadora más grande del país que, al igual que Telecentro, se niega a incorporar a los canales comunitarios a contramano de la legislación nacional e internacional vigente y a pesar de que cuentan con licencias concursadas y aprobadas por el Enacom, presidido por la radical Silvana Giudici.
Los comunicadores de ambas señalas –las primeras y únicas en conseguir licencias de televisión para el sector sin fines de lucro– llegaron hasta el edificio ubicado en la calle San Juan con el respaldo de otras organizaciones que nuclean a radios, televisoras y medios populares tras un acto en la puerta del Enacom, donde volvieron a denunciar las prácticas implementadas por la gestión Cambiemos que obstaculica y excluye a los medios que deberían ocupar el 33 por ciento del espectro.
La cautelar presentada por Barricada TV y Pares TV, que tramita en el Juzgado Contencioso Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials, exige el cumplimiento de la normativa vigente del Enacom -organismo creado por decreto por Mauricio Macri para reemplazar la Afsca- y los tratados internacionales vigentes con jerarquía constitucional. “El comportamiento de estas empresas es discriminatorio y desigual respecto a otras señales comerciales”, advierte la presentación hecha por el abogado Mariano Suárez.
Barricada TV concursó y ganó la licencia de televisión digital abierta, con alcance a la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del Conurbano, en 2015. Sin embargo, mantuvo un extenso conflicto con Canal 13, que se negaba a liberar la señala que le fue asignada, hasta que el Enacom decidió reubicarlo en el canal 32.1.
Ahora, el Grupo Clarín persiste en desconocer la señal a pesar que desde junio cuenta con la autorización para emisiones regulares, al igual que ParesTV, canal de Luján, que mediante otra presentación judicial consiguió ser incorporado en la grilla de la cableoperadora local.
“Con su negativa, Cablevisión y Telecentro silencian voces, desconocen conflictos y dejan de lado fuentes que no tienen espacio en los medios comerciales, eliminando sumariamente de la grilla a las expresiones del sector sin fines de lucro”, repudiaron los comunicadores de ambas señales.
En ese sentido, la cautelar advierte que la discriminación hacia la comunicación popular se hace evidente con la inclusión inmediata que el canal Net TV, propiedad del Grupo Perfil y Kuarzo Entretainment Group, tuvo en las grillas de las dos cableoperadoras. Y resalta que la licencia para esa canal fue asignada por el Enacom después que las de las emisoras comunitarias.
“La diferencia es obvia: Net TV pertenece a una empresa con poder económico, que legítimamente ocupa un lugar en la grilla del cable, mientras Barricada TV es el canal autogestionado por una asociación civil sin fines de lucro”, denunció Suárez.
El conflicto se enmarca dentro de una política del Gobierno nacional contraria al fomento de los canales y radios comunitarias. Por eso, antes de iniciar la toma pacífica del canal del Grupo Clarín, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta), el Foro Argentino de Radio Comunitarias (Farco), Red Colmena, la CTEP y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se manifestaron en la puerta del organismo presidido por Giudici, una fiel opositora a la Ley de Medios durante su gestión como diputada.
Las organizaciones de la comunicación popular insistieron en denunciar la política de Cambiemos que las excluye de la pauta publicitaria oficial, obstaculiza los concursos de fomento consagrados en artículo vigentes de la Ley de Medios y persigue a las emisoras comunitarias. Como ejemplo, los comunicadores denunciaron la resolución 4951 emitida este año que, con el argumento de convocar a un proceso de “normalización” de las denominados zonas de conflicto, desconoce la existencia de las emisoras creadas después de 2006, poniendo en peligro la continuidad de las radios nacidas al calor del fomento de la Ley de Medios.
La cautelar de los casos de BarricadaTV y ParesTV también advierte que la decisión empresarial de discriminar a las emisoras sin fines de lucro no se limita a los casos de las organizaciones de comunicadores populares. Ya la justicia federal se pronunció en dos oportunidades contra Cablevisión para ordenarle que cumpla con su obligación de incluir a los canales sin fines de lucro con licencia.
La justicia de Córdoba falló en contra de Cablesivisón para ordenar que incorpore a la grilla a la señal Cba24N, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. En tanto, en Chaco, el Poder Judicial le ordenó en febrero pasado a la empresa del Grupo Clarín transmitir la señal Ciudad Televisión, de Radio Ciudad SRL de Resistencia.
“¿Quién tiene la autoridad para decidir qué leyes se cumplen y qué leyes no?”, lanzó Vinelli en diálogo con este diario y recordó que desde el canal comunitario enviaron cartas particulares y cartas documento a la empresa del Grupo Clarín, pero nunca recibieron respuesta.
Editoriales ANP
