El texto que se debatiría el 21 de noviembre en el Congreso no ha sido discutido en ningún ámbito democrático y participativo y pone en juego nada más y nada menos que la soberanía alimentaria y la libre circulación de las semillas.
“La gravedad de esta avanzada es de una magnitud pocas veces vista. La entrega de este gobierno es tal que pretende privatizar incluso las semillas en favor de las grandes corporaciones, atentando contra la soberanía alimentaria de los pueblos y la libre circulación de la vida”, señaló contundente Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.
“Evidentemente están apurados para poder negociar en la próxima reunión del G20 la libertad de los pueblos a producir su propio alimento en favor de negociados millonarios. El nivel de entrega es de un perjuicio total para las presentes y futuras generaciones, con daños irreparables”, continuó el dirigente, pero también alertó: “Son los pueblos movilizados los que pueden detener estas nefastas políticas que atentan contra la vida misma”.
Es que el nuevo proyecto apunta directamente a la eliminación del derecho de uso propio de los productores sobre las semillas, una práctica milenaria de los agricultores por el cual se ha conservado la diversidad.
El proceso de patentamiento de las mismas a favor de las grandes multinacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf, entre otras, apuntaría directamente al control de los alimentos, criminalizando las semillas nativas y criollas e impidiendo el libre intercambio entre productores familiares. Asimismo, cada vez que agricultores y agricultoras utilicen una semilla sujeta a derechos de patentamiento aun sin saberlo, deberán pagar regalías.
Es así que este proyecto que empuja el Gobierno no es más que la frutilla del postre a pedido de los grandes grupos económicos que operan en nuestro país.
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