Es evidente el símbolo que expone la visita del presidente del Estado español: el Partido Popular al que pertenece y que gobierna dicho Estado, no está dispuesto a reconocer la dictadura franquista. Cabe recordar que sólo el PP se opuso en el Congreso a retirar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Además, el Estado conducido por el Gobierno de Rajoy sigue financiando dicho monumento franquista, mientras que la fundación que gestiona las cuentas de ese monumento sigue sin publicar la contabilidad, lo que ha conducido a sospechas y diversas denuncias.
Por otra parte, observamos que la ley de memoria histórica española hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de las personas desaparecidas, siendo dicha labor obligación del Estado. El Gobierno de Rajoy ha puesto en evidencia que no impulsa siquiera una política de exhumación e identificación de los cuerpos cuyo paradero conoce. Para el 2018, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no incluyen partidas presupuestarias destinadas a exhumaciones de fosas comunes ni a otras medidas de reparación a los damnificados tras el Golpe de Estado y durante la dictadura. Así, demuestra que ni siquiera tiene intenciones de cumplir la ley de memoria histórica española.
En el plano internacional, el Gobierno del PP ha rechazado la extradición de ex funcionarios que reclamaba el Juzgado que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del Golpe cívico-militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las democracias. El rechazo a la extradición pone en clara evidencia la postura del Estado español frente a la querella Ceaqua en dicha causa.
Rajoy ha expresado no tener en claro las cifras de desaparecidos del franquismo. Sin embargo, el ex juez Baltasar Garzón documentó 114.226 desaparecidos de la Guerra Civil en su auto sobre los crímenes franquistas antes de ser expulsado de la Audiencia Nacional. En definitiva, la presencia de Rajoy en un predio en el cual se recuerda a las víctimas y se repudian los crímenes contra el pueblo argentino, revela una sintonía con el desdén de aquel Gobierno por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y, en particular, una falta total de respeto por las de la dictadura cívico-militar argentina y sus familiares. Es una postura de olvido, negación e impunidad.
Como organismo de derechos humanos también denunciamos la vulneración de las garantías constitucionales en España, a través de la persecución política a opositores, la criminalización de las personas migrantes, el cercenamiento de la libertad de expresión que llega incluso al encarcelamiento como método de castigo e intento de disciplinamiento.
H.I.J.O.S. Capital
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