Gacetilla de prensa
Bariloche, 11 de abril 2018
Un freno a la violencia institucional
La cúpula de la
Policía, legisladores provinciales, la delegada de Derechos Humanos,
funcionarios municipales, el Defensor de Menores, la titular de la
Secretaria de Niñez en Bariloche y Organizaciones Sociales
entre otros, firmaron un acta acuerdo con siete puntos para terminar
con la violencia institucional e implementar políticas públicas.
El acta fue producto de una sesión ampliada del
Consejo de Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes que se
realizó en la sede de la Fundación Gente Nueva del barrio Virgen
Misionera, institución a la que concurren los adolescentes
que fueron víctimas de violencia institucional el pasado viernes a
manos de personal policial de la comisaria 27 de Melipal. Estos
compromisos son similares a los que los mismos actores firmaron el año
pasado, pero no se concretaron por falta de decisión política
de algunos estamentos gubernamentales.
La obligatoriedad de la identificación del personal
policial, la apertura del Centro de Atención y Derivación de
adolescentes demorados, la formación de la policía en el área del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la presencia
del ministro de Seguridad Pérez Esteban y el compromiso para la
atención psicológica de los chicos que fueron golpeados son parte de los
acuerdos firmados.
El acta lleva la firma de la Legisladora
oficialista Silvia Paz, del Comisario de la regional tercera Daniel
Bertazzo, del Comisario Ricardo Fuentes de la Jefatura Zona 1 de esta
ciudad, del Defensor de Menores Javier Ospital, de Jimena
Palópoli delegada del área de Derechos Humanos, de Carlos Sánchez
Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad y de la directora de
la Senaf en Bariloche Daiana Salussoglia; además de las organizaciones y
demás miembros del Consejo de Infancia local.
La Defensora del Pueblo de Bariloche Beatriz Oñate que el año pasado
fue facilitadora de los encuentros no se hizo presente en esta ocasión
En la reunión estuvieron presentes papás de las
victimas quienes cuestionaron en duros términos a la cúpula policial y
destacaron
“que sus hijos no están viniendo a la escuela, ni quieren salir de la casa porque tienen miedo”
también denunciaron la falta de acompañamiento psicológico para superar
las secuelas traumáticas del episodio. Por su parte
Federico Ingaramo titular del Consejo y miembro de Fundación Gente
Nueva increpó a la subsecretaria de desarrollo Humano Alejandra
Schneebeli quien fue la funcionaria que tomó la decisión de dar de baja
los 3 contratos de las psicólogas comunitarias a fin
de febrero del corriente año.
La presidenta de la comisión de derechos Humanos de
la legislatura Silvia Paz también fue cuestionada por no haber hecho
pública la convocatoria para conformar el
Comité contra La Tortura provincial, por la demora en
hacerlo y por la impugnación que recibieron los candidatos de Bariloche
el año pasado y por la falta de la representación
de la ciudad mas grande y con mayores denuncias por violencia
institucional de toda la provincia.
Para el 14 de mayo, próxima sesión del Consejo de
Infancia fue convocado el titular de la cartera de Seguridad provincial
Gastón Pérez Esteban y la titular de la Senaf Roxana Méndez para que
implemente el centro de Atención y Derivación
de adolescentes, dispositivo comprometido por su antecesor en el cargo
Daniel Badie en agosto del año pasado.
La violencia institucional viene creciendo de hace 2
años a la fecha y el tema motivó hace un año la convocatoria a todos
los comisarios de la ciudad con la misma agenda que se trabajó ayer,
pero los compromisos asumidos no prosperaron.
“En este caso hubo familias que acompañaron, una organización que
acompañó a los chicos a denunciar en Fiscalía, pero en otros casos no
pasa lo mismo. Nosotros tenemos recabadas denuncias de adolescentes que
fueron torturados
en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril” denunciaron las organizaciones que trabajan en ese territorio.
A partir de los casos del año pasado, el
Movimiento de Infancia de Bariloche implementó un
Registro de Violencia Institucional en los barrios para los jóvenes y adolescentes que no se animen a radicar la denuncia en Fiscalía.
“La falta de políticas públicas y el recorte del presupuesto en las áreas sociales va traer aparejado mas complejidades” denunciaron los miembros de las organizaciones sociales junto a los concejales
y referentes gremiales que participaron del encuentro.