Las organizaciones,
organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación,
políticosociales, y personas, abajo firmantes, nos pronunciamos en contra de la criminalización de los niños, niñas y
adolescentes y el nuevo intento de “bajar la edad de imputabilidad” , anunciado
por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la Ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich.
Advertimos a la sociedad que la propuesta
es ineficaz y anticipamos que sólo empeorará y reforzará la violencia que
pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes,
especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución
policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales,
educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado.
Si bien la
propuesta afecta al conjunto de la población de niños, niñas y adolescentes, se
enfoca en la criminalización de aquellos que se encuentran en situaciones de
mayor vulnerabilidad social. El sistema penal juvenil actúa judicializando la
pobreza sin aportar estrategias y recursos concretos para que los niños, niñas
y adolescentes tengan sus derechos garantizados. Denunciamos que detrás
de esta “discusión” no hay una decisión política de mejorar la situación de los
más jóvenes sino usar este tema como anzuelo ante las próximas elecciones y que este debate, en el que se expresa que
bajando la edad de la punibilidad se logrará mayor seguridad, e instalado mediáticamente
por parte del oficialismo, se nutre de premisas y diagnósticos falsos.
DECIMOS
NO A LA BAJA porque es mentira que es alta la incidencia de delitos
violentos entre los más jóvenes, no existen datos públicos a nivel
nacional sobre esto, lo cual es un grave problema para elaborar políticas para
la infancia. Aún así, la información estadística de la provincia de Buenos
Aires desmiente esta afirmación, y resulta ser un indicador altamente
significativo dado que allí reside el 40% de la población del país. De
las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a
personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos. Dentro
de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos[1]. La incidencia de delitos graves es ínfima aún entre los adolescentes punibles (entre
los 16 y 18 años) pese a su sobrerrepresentación en la prensa.
DECIMOS
NO A LA BAJA porque es mentira que hay que bajar la edad
de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a lxs niñxs para
cometer delitos: si una organización criminal o las
propias fuerzas de seguridad utilizan (u obligan) a unx niñx a cometer un
delito, el delito es del adulto, el niñx es víctima y como tal debe ser
abordado. Los organismos internacionales especializados en trata y explotación
de personas han recomendado a los países que incorporen estas conductas en sus
legislaciones penales.
DECIMOS
NO A LA BAJA porque es mentira que la forma de mejorar lo que hoy existe es
bajar la edad de punibilidad y reconocer a los más pequeños un proceso con
garantías. El sistema
actual desconoce los derechos de lxs niñxs y adolescentes que ingresan al
sistema penal, pero no es legalizando lo que ocurre ilegítimamente que se va a
mejorar la situación. No es aceptando la
criminalización de lxs chicxs de menos de 16 años sino impidiendo su ingreso al
sistema penal, como se mejora su situación. La fórmula de bajar la edad y
garantizar derechos básicos durante el proceso penal ya se aplicó y fracasó en varios países de
Latinoamérica, en alguno de los cuales se bajó la edad hasta los 7 años. El
resultado es que el delito infantil no disminuyó, por el contrario se
criminalizó más a lxs niñxs y aumentaron lxs niñxs privadxs de su libertad en
la edad en la que el Estado aún no ha concluido con sus obligaciones de
protección especial a la infancia.
DECIMOS
NO A LA BAJA porque es mentira que hoy a
los niños, niñas y adolescentes no les pasa nada si cometen un delito,
no sólo “les pasa” si cometen un delito, también tienen consecuencias penales cuando no
lo cometen ya que el Juez está facultado incluso a privarlos de la libertad sin
haber determinado su participación en el hecho, y con la excusa de su cuidado. El
régimen penal actual (ley 22.278) es tan arbitrario que permite que estén presxs
por motivos por los que un adulto no lo estaría. Por eso existen Juzgados
Penales de Menores y de Responsabilidad Penal Juvenil, y cárceles para niñxs
llamadas Institutos de Menores donde a pesar del compromiso de muchos de los
trabajadores con los derechos, el trabajo sociodeucativo y la inclusión, los
institutos están sobrepasados en su capacidad,
lxs chicxs están mal comidxs, sin
atención adecuada de su salud física y psíquica, torturadxs, deprimidxs,
psiquiatrizadxs, con escasas horas de escolarización y suicidadxs antes de que
su infancia se termine. Hacia el 2015
había 3908 niñxs privadxs de la libertad de menos de 18 años[2].
DECIMOS
NO A LA BAJA porque es mentira que el
sistema penal no hace nada con lxs chicxs de menos de 16 años acusadxs de un
delito, porque tal como ocurre con
los adolescentes de entre 16 y 18,
también a estos se les abre una causa penal aún por delitos leves y se los
puede encarcelar por tiempo indeterminado más allá de si se probó o no su
culpabilidad o de si se los “declara inimputables” por la edad. Hacia el año 2015 había 412 chicos presos por
debajo de los 16 años[3].
DECIMOS
NO A LA BAJA porque es mentira que el sistema penal es leve
con las personas menores de edad: el sistema penal que hoy se les aplica, usa la
prisión como única medida; además, es arbitrario ya que los requisitos para salir en
libertad no dependen de lxs pibxs sino de políticas que el Estado debe
garantizar (escuela, tratamientos de adicciones, familias con empleos dignos,
vivienda) y admite que se apliquen
condenas gravísimas: como el caso de las
condenas de prisión perpetua a adolescentes, por las que Argentina fue
sancionada ante Organismos Internacionales.
DECIMOS
NO A LA BAJA porque es mentira que nuestra
oposición a que se baje la edad de
punibilidad nos convierta en defensores del actual Régimen Penal de Menores, estamos en contra y diariamente lo combatimos,
pero es manifiesto el oportunismo político que rodea esta nueva arremetida, que
no pretende mejorar la situación que hoy padecen los más jóvenes sino tener un
slogan de campaña del que se hagan eco los medios de comunicación cómplices del
recorte y el despojo a las familias trabajadoras.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es
que la causa de violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre,
la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de
seguridad someten a lxs niñxs y jóvenes, la violencia machista y el manejo de
los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con
el poder político y policial, de los cuales lxs pibxs son víctimas.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es
que se trata de una política regresiva y demagógica y lo que debe garantizar la ley es que
lxs pibxs de menos de 16 años directamente no tomen contacto con el sistema
penal; mientras que entre los 16 y 18 se reduzca su ingreso en el marco de un
sistema en el que primen las garantías y las sanciones no privativas de la libertad y con contenido socioeducativo.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es
que la criminalización de lxs pibxs es la forma en que cierra el modelo de
precarización social y que esta
nueva arremetida oficialista es parte de
un proyecto político, económico y social
en el que se benefician las patronales, se refuerzan poderes a
las fuerzas de seguridad y el ejército, se reconcentran los medios de
comunicación obturando la pluralidad de voces, se paga a los fondos buitre y se
saquea el país en beneficio de los capitales directamente instalados en
el poder político; en un contexto de
despidos de trabajadorxs, retaceos en las paritarias, avance de la represión de
la protesta social, recortes presupuestarios y especialmente de los programas
socioeducativos del Ministerio de Educación; negacionismo de los crímenes de la dictadura, recrudecimiento
de las prácticas del gatillo fácil y la violencia policial, la represión a los movimientos de mujeres, de
diversidad sexual, pueblos originarios, defensores de los recursos naturales, migrantes,
trabajadores de la economía popular, recorte de las prestaciones mínimas a los jubilados yl
endurecimiento de leyes penales.
POR
ESO EXIGIMOS:
-
AUMENTAR LOS RECURSOS Y PRESUPUESTOS DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA, EN
PARTICULAR, EDUCATIVAS Y
CULTURALES, DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
- QUE
SE PONGA FIN A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE QUE DEJAN SIN TRABAJO A LAS FAMILIAS.
- QUE SE DESBARATEN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN
A LAS REDES DELICTIVAS Y PARTICULARMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE A FUNCIONARIOS
ESTATALES Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD QUE SE VALEN DE NIÑXS PARA SUS FINES.
- QUE SE DÉ INSTRUCCIONES PRECISAS A LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD Y DE CUSTODIA, PROHIBIENDO EL USO DE ARMAS DE FUEGO CONTRA LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, COMO LO PREVÉN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS Y SE SANCIONEN CON SEVERIDAD LAS TORTURAS Y OTROS TRATOS
CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES, CONTRA LOS MÁS JÓVENES.
FINALMENTE, REAFIRMAMOS QUE UN PAÍS QUE CONDENA A
SUS NIÑXS A LAS MÍNIMAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO ES UN PAÍS QUE SE CONDENA A
SÍ MISMO. UN PAÍS SIN UN PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA INFANCIA ES EN SENTIDO
ESTRICTO UN PAÍS SIN PROYECTO.
POR
ESO DECIMOS: LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD NO ES LA SOLUCION
[1] Ver base de datos en https://www.mpba.gov.ar/estadisticas.html
[2] Informe 2015 por UNICEF
Argentina https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_AdolescConflictoLeyPenal_Final.pdf
Editoriales ANP
