Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
23 de Noviembre de 2016
Académicos e investigadores por una verdadera Ley de Protección de Humedales apoyamos el Dictamen de Mayoría en el Senado Nacional
Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales queremos manifestar nuestra enorme preocupación frente a la posibilidad de perder por segunda vez la oportunidad de contar con una auténtica Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los humedales.
Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; todo lo cual ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la suscripción del Convenio Ramsar en el año 1971.
En concordancia con el creciente reconocimiento internacional respecto de la importancia estratégica de su valoración y protección, nos encontramos en un momento clave para avanzar en la sanción de una Ley de Presupuestos mínimos para su protección, oportunidad que viene siendo largamente postergada según nos muestra la historia reciente; puesto que en diciembre de 2015 perdió estado parlamentario el proyecto de Ley promovido de los senadores Giustiniani (PS) y Ruíz Díaz (FPV).
Con este proyecto como antecedente fundamental, los Senadores nacionales Fernando Solanas, Teresita Luna, Magdalena Odarda, Jaime Linares, Elizabeth Kunath, Sandra Giménez y Ruperto Godoy presentaron a debate un nuevo proyecto de consenso que fue debatido y enriquecido a lo largo de 12 reuniones y dos audiencias públicas de las que participaron activamente especialistas de universidades nacionales, investigadores, representantes de instituciones gubernamentales (tanto nacionales como provinciales) y un amplísimo espectro de organizaciones y movimientos sociales que realizaron sus aportes. Como corolario de este recorrido, el 20 de septiembre el proyecto obtuvo dictamen favorable (Dictamen de Mayoría), con la firma de 16 Senadores de las dos Comisiones intervinientes (de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca) y representación de todos los bloques parlamentarios.
Para comprender el marco de incertidumbre que rodea el tratamiento del proyecto de Ley es preciso remarcar que el proceso estuvo jalonado por una serie de maniobras claramente arbitrarias que pretendieron impedir que se siguiera el curso establecido.
Entre tanto, el Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador Alfredo De Ángeli comenzó a circular un borrador de proyecto alternativo (que luego se convirtió en un Dictamen en Minoría firmado por 3 Senadores) que a todas luces dista del espíritu de preservación que en el mismo se pretende enunciar.
Esto se reconoce en la intención explícita, y recurrente, de promover actividades productivas en humedales, donde se evidencia la intención de subordinar la protección de los humedales a la lógica del interés económico concentrado lo que no condice con lo que establece la Constitución Nacional (art 41) con una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. En concordancia, elimina la específica mención a la prevalencia de los principios precautorio y preventivo en materia ambiental, así como suprime peligrosamente la expresa obligación de verificar los cambios sobre humedales y su avance y retroceso y otros factores relevantes para su protección y restauración.
Por otro lado, en el articulado de dicho dictamen de minoría se omite la mención al período de moratoria para nuevas actividades o cambios de uso del suelo, que pondría un razonable freno a los procesos de destrucción de humedales mientras se realizan los inventarios y se establecen las categorías de protección y modos de uso. De esta manera, estos ecosistemas quedan expuestos a ser transformados drástica y definitivamente.
Asimismo el dictamen de minoría establece un excesivo plazo de 5 años para la realización del inventario cuando fue el propio Ministerio de Ambiente de la Nación el que señaló públicamente que un plazo de 3 años era suficiente para su realización. Además que también establece que “las previsiones de la ley se aplicarán a los humedales identificados en el Inventario Nacional de Humedales” que, en los hechos, provoca que la Ley recién comience a aplicarse a los 5 años de sancionada (cuando esté concluido el inventario) lo que, mezclado con la ausencia de moratoria, provoca un verdadero cóctel fatal para los humedales de la Argentina.
Increíblemente, el dictamen de minoría elimina en las sanciones el ítem de “cese definitivo de la actividad” como una posibilidad, sin importar la gravedad del daño (lo que podría provocar que un emprendimiento inmobiliario que deliberadamente destruyó un humedal para su construcción, sólo pague una multa y no tenga que cesar en su actividad destructora).
En síntesis, de sancionarse el dictamen de minoría tal como está redactado, no solo no se protegerían los humedales sino que se aceleraría su degradación y destrucción.
Dicho todo esto, y ante la posibilidad de nuevas maniobras que podrían conducir a la sanción de este dictamen de minoría o a la pérdida de estado parlamentario del proyecto (de no ser debatido antes del 30 de noviembre), es que instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la protección de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerán a todos, incluso a los que producen sobre humedales.
Por lo expuesto es que, los abajo firmantes, manifestamos nuestro explicito apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los humedales que cuenta con DICTAMEN DE MAYORÍA en el Senado Nacional, por cuanto considera a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad y no estar sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías.
Editoriales ANP
