Finalmente se hizo
público el Proyecto de Ley de Semillas que el Poder Ejecutivo elaboró y se
apresta a enviar al Congreso de la Nación.
Este proyecto nace de las
negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones
transnacionales y los grandes productores. Negociaciones que, tal y como
ocurrió en los intentos de reforma que, desde el 2012, llevó adelante el
gobierno kirchnerista, dejan afuera las necesidades e intereses de agricultores
familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos
por el agronegocio.
Es por esto que el nuevo
intento de modificación de la vigente Ley 20247, al igual que los anteriores,
contiene elementos que nos alarman y que nos hacen expresar nuevamente nuestro
rechazo contundente a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente.
Para comenzar, la
estrategia parece ser ir introduciendo cambios menores pero regresivos con los
que se avance paso a paso en la imposición de UPOV 91 ante los rechazos que
existen para la modificación de la ley.
En primer lugar, y tal
como se venía anunciando, el proyecto busca limitar el “uso propio” de las
semillas planteando que deberá pagar regalías todo aquel que haya comprado
semillas “protegidas” (art 4°) “durante las dos (2) multiplicaciones posteriores
a la adquisición de la semilla, por toda la semilla reservada para uso propio”.
Además agrega “A partir de la tercera multiplicación inclusive sólo por el uso
incremental”; o sea que en el caso de que se amplíe la superficie de cultivo el
pago deberá ser permanente (ya que no se aclara la duración que tendría en ese
caso). La limitación del derecho básico a guardar semilla para cultivar,
inherente a la misma existencia de la agricultura, es inaceptable y la
rechazamos de plano. Porque la diversidad y riqueza de nuestra alimentación
depende de la posibilidad que los agricultores familiares han tenido durante
siglos para guardar, mejorar y crear nuevos alimentos, nutritivos y sanos. No
podemos permitir que se impida el libre acceso a la semilla, sustento
fundamental de la cultura y el trabajo de nuestros/ as pequeños/as
agricultores/as.
En segundo lugar la
“excepción” al pago de regalías planteada en el artículo 4° para quienes tienen una facturación menor a “tres (3)
veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista” es
otra burla que solo busca legitimar la limitación del uso propio tratando de
que los agricultores familiares pequeños acepten la modificación. En
términos prácticos los controles recaerán sobre todos los agricultores. Pero
además el proyecto señala que “En cada compra de semilla deberá establecerse el
valor que el titular del derecho o su licenciatario podrá requerir por el uso
de su tecnología incorporada a la variedad vegetal” con lo cual deja en
libertad al titular para establecer el monto de la regalía pudiendo la misma
ser exagerada o abusiva.
En tercer lugar lo
planteado en el artículo 1° “El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS tendrá acceso
a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar que se
encuentre, a los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio
origen, en cumplimiento de la presente ley” implica la instalación de un
sistema policial de persecución de los agricultores en la cual el Estado asume
la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando y controlando toda la
cadena productiva. La reglamentación de este artículo podría empeorar mucho
más las cosas, introduciendo por ejemplo la posibilidad de que se intervenga
con fuerzas de seguridad privadas y sin intervención judicial. Esto se ve
fortalecido por el artículo 6° que plantea que quien “no permita tomar muestras
sobre el cultivo o producto de la cosecha, no proporcione o falsee una
información que por esta ley este obligado, será sancionado con apercibimiento
o multa de un mil pesos ($ 1.000) a sesenta mil pesos ($ 60.000).”
En cuarto lugar el
artículo 3° plantea que: “Cuando se emplee una variedad protegida o sin
protección que contenga un elemento patentado, el titular de la patente no
podrá impedir el uso de dicha variedad que contenga o no la tecnología
protegida a los fines de experimentación u obtención de una nueva creación
fitogenética”. De esta manera se acepta la posibilidad del patentamiento de
semillas y plantas, cuestión que en Argentina está terminantemente prohibida
por la legislación vigente (comprendiendo tanto a sus componentes físicos como
los brotes, semillas, tallos, células, frutos, bulbos, como así también a los
componentes celulares como las organelas, membranas, moléculas de adn,
secuencia genética, etc.). Esto significa la no patentabilidad y en estos momentos
está en disputa la posibilidad de patentamiento de genes en la Corte Suprema de
Justicia. Rechazamos de manera
absoluta la posibilidad de cualquier tipo de patentes sobre la vida. Permitir que el marco normativo admita estas patentes es profundizar aún más el modelo del
agronegocio, aceptando que las grandes empresas se apropien de los múltiples
conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera milenaria
en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. A su vez, este artículo cierra planteando que: “No obstante, a los
fines de la explotación comercial se requerirá el consentimiento del titular
del derecho de patentes o su licenciatario.” Con lo cual se establece que
quien realice la investigación deberá finalmente pagar regalías para poder
tener “el consentimiento” del titular de la patente.
Finalmente la
administración y dirección del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) queda
conformada por un directorio integrado por 12 personas de las cuales 6 son
representantes del Sector privado. Considerando que muchas de las otras partes
(INTA, Ministerio de agroindustria) tienen intereses cercanos a los del sector
privado, consideramos que esta estructura para el INASE es inadmisible ya
que de ninguna manera puede representar los intereses de nuestro pueblo frente
a un tema tan fundamental. Este organismo así constituido consolida la
complicidad ya hace años construida entre las corporaciones, el Estado y el
sistema de investigación hegemónico, que garantizan la apropiación de la semilla
y el conocimiento para la ganancia de unos pocos y la miseria de las mayorías.
Las más de 50
organizaciones sociales que integramos la Multisectorial
No a la Ley Monsanto de Semillas entendemos que este nuevo intento de
modificación de la ley de semillas se encuentra enmarcado en un sistema
capitalista que, desde hace décadas busca convertir nuestros bienes comunes
(naturaleza, conocimiento) en mercancías para el lucro y crecimiento del poder
de unos pocos. A lo largo y ancho de nuestro continente se han llevado
adelante, de manera constante, reformas para que las grandes corporaciones
obtengan ganancias que los pueblos pagamos con la contaminación de nuestros
lugares de vida, con la pérdida de nuestros recursos para la subsistencia,
incluso, con nuestra propia salud. Los Tratados de Libre Comercio, que han
avanzado en las últimas décadas en nuestro continente, intentan extender y
consolidar estas reformas a pesar de nuestras resistencias y múltiples
luchas. Por eso sabemos que la semilla
se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las grandes transnacionales.
Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida.
Por
eso, consideramos que son principios irrenunciables para el abordaje de una Ley
de Semillas en Argentina:
1- El rechazo a toda forma
de propiedad intelectual sobre las semillas. Las semillas agrícolas han sido y
siguen siendo una creación colectiva de los pueblos y los intentos de
apropiación y privatización a través de los derechos de obtentor, patentes o normas
de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
2- Garantizar la libre
circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas
impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones.
3- Revalorizar y relegitimar
los conocimientos, saberes, creencias y prácticas locales, tradicionales y
ancestrales de las campesinas y los campesinos, indígenas y afrodescendientes y demás comunidades.
4- Promover y garantizar
su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la
producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y
productoras familiares y pueblos originarios.
5- Abandonar el impulso al
agronegocio, el control corporativo de nuestra agricultura, el uso de semillas
transgénicas y la aplicación de agrotóxicos y la entrega de nuestros bienes
naturales a través de los Tratados de Libre Comercio; promoviendo una
transición urgente hacia un modelo regional agroecológico de base campesina con
real participación de las comunidades involucradas. En este sentido,
consideramos urgente e imprescindible avanzar en un proceso de reforma agraria
integral que recupere el territorio para las mayorías sociales.
Los más de 10 mil años que
los pueblos originarios, campesinas y campesino del mundo llevan alimentando a
la humanidad sin que se viera limitado su derecho al libre intercambio es la
mejor prueba de que ese es el camino a
seguir.
Al mismo tiempo la pérdida
del 75 % de las semillas agrícolas producidas en los últimos 60 años a causa de
la agricultura industrial (según datos de la FAO) demuestran que el
agronegocio, sus transgénicos y agrotóxicos y las leyes de semillas que
promueven están acabando con el principal patrimonio que tenemos los pueblos
para garantizar nuestra alimentación en el futuro.
Junto a ello, la
codependencia a la economía neoliberal, propia del modelo agrario actual,
industrial y capitalista, que ha
generado millones de muertes y enfermedades, desplazado pueblos enteros hacia
las zonas más pobres de las ciudades, provocando terribles deforestaciones,
inutilizando millones de hectáreas de tierra al dejarlas sin nutrientes,
generando cada vez más contaminación así como más relaciones de desigualdad; ha
demostrado que aquel NO es el camino a seguir.
Señoras legisladoras, señores
legisladores: ustedes son responsables con las leyes que aprueben de que este
proceso continúe o se revierta. Los pueblos estarán atentos y vigilantes a las
consecuencias de sus acciones.
¡Las
semillas son un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad!
¡NO A
LA NUEVA LEY DE SEMILLAS MONSANTO!
¡NO A
LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA!
¡FUERA
MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA!
¡POR
UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS!
Multisectorial
NO a la Ley Monsanto de Semillas
Editoriales ANP
