10
AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ
EL
MISMO ESTADO, LA MISMA IMPUNIDAD.
Por
HIJOS La Plata
A
40 años del golpe genocida, y a 10 años sin Julio López, las
modalidades de la represión de Estado en detenciones arbitrarias, el
gatillo fácil, la tortura en sede policial y penitenciaria, la
desaparición forzada de personas, la existencia de presos políticos,
el espionaje y la represión en movilizaciones son moneda corriente y
creciente. Esto porque pese a los reiterados discursos referidos a
una “mayor inclusión”, subsiste una construcción de poder que
no cuestiona en lo más mínimo las crudas cotidianeidades de la
democracia representativa y la economía capitalista, y en cambio se
sirve de sus propios límites para profundizar las políticas de
Control Social: saturar los barrios pobres de policías, llenar las
cárceles de pobres con prisión preventiva como pena anticipada,
vaciar las políticas sociales en salud y educación, pretender bajar
edad imputabilidad como un fetiche del discurso de “inseguridad”
y un largo etcétera.
A 40
años del golpe genocida, y a 10 años sin Julio López,
la desaparición forzada de personas se define técnicamente como la
“privación de libertad cometida por un particular o agentes del
Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y
se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Desde
el caso del joven José Luis Franco, detenido por la policía
santafecina en Rosario el 24 de diciembre de 1983 y cuyo cadáver
apareció golpeado en un descampado; hasta el reciente caso de
Gerardo Escobar, golpeado por patovicas y policías a la salida de un
boliche en Rosario en agosto de 2015 y que apareció una semana
después en las aguas del río Paraná, podemos afirmar que se han
producido en Argentina al menos 212 casos de desaparición forzada de
personas entre 1983 y 2015. La continuidad de la práctica de
desaparecer personas tras detenerlas se comprueba con el dato de que
de los 210 casos que se registraron entre 1983 y 2015, el 40% se
dieron en las tres gestiones del matrimonio Kirchner. Digno de su
“Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de
Buenos Aires registra más de un 70% de los casos.
El
hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años
de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la
segunda desaparición forzada de López
en septiembre de 2006, porque se trata de un sobreviviente del
Genocidio expuesto como testigo en una causa de lesa humanidad que
dio inicio al proceso de juzgamiento de los crímenes del Terror de
Estado con renovada impunidad. Definen el caso el señalamiento de
las organizaciones de DDHH a la propia Policía Bonaerense, el
silencio del gobierno al respecto, pese a la gravedad material y
simbólica que presenta, y la apertura de una nueva categoría: el ex
detenido-desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer
en democracia.
Si en
momentos de alto desarrollo de la conciencia popular y las luchas
sociales la desaparición forzada se utilizaba especialmente como
método de represión política de los oponentes, hoy vemos que los
altos niveles de desigualdad y la continuidad de prácticas de
control social hacen que las víctimas afectadas sean en su mayoría
jóvenes pobres, con instrucción básica y sin empleo formal, que
habitan las barriadas populares y son el “enemigo” creado en
todas las políticas de gestión del delito. En todo caso podemos
afirmar que en el país de los 30 mil desaparecidos, y pese a estar
tipificado en específico desde 2011, el Estado sigue negándose a
investigar las desapariciones como tales.
A 40
años del golpe genocida no
se ha juzgado ni al 40% de la mínima
porción
de represores de la dictadura procesados en 10 años
de juicios. A
40 años tenemos un gobierno que niega el genocidio. A 10 años sin
Julio López,
la gestión
de Macri busca
limpiarse de la impunidad del caso López
invirtiendo los roles: el
secretario de Derecha
Humana
Claudio Avruj y el ministro de Justicia Germán Garavano anunciaron
que
el gobierno
solicitará a la Justicia que el Estado se presente como querellante
en la causa que investiga la desaparición de López.
La
movida es de un cinismo sin par, ya que es el Estado el responsable
de la impunidad de 10 años
en la causa López,
así como es el Estado, por definición,
el único
que viola los Derechos Humanos. La
transición
política
que vivimos se
parece más
a una “etapa superior” de la represión
en la década
ganada que a un giro a la derecha, como les gusta presentar a
algunos. Ante
este panorama, y con la experiencia de una década marcada por la
cooptación, la obsecuencia y la institucionalización de las luchas,
el desafío de las organizaciones de Derechos Humanos, y de todos
aquellos que se suman a la lucha contra la impunidad de ayer y de
hoy, sigue girando en torno a mantener la independencia política y
económica del estado y los gobiernos para continuar denunciando.
Sumado a ello se impone el desarrollo de un profundo trabajo de base
en los territorios donde la represión golpea. A su vez se hace
necesaria un proceso de debate y clarificación de la significancia
de la represión como política de Estado, para poder dar proyección
política a nuestros reclamos.
Como
sabemos la causa López es un verdadero laberinto de la impunidad. A
10 años no hay ningún indagado ni procesado ni detenido. Por eso,
para sumar claridad a las denuncias que hacemos, en un boletín
especial para esta fecha explicamos el caso López en 20 puntos.
YA
SALIO EL BOLETIN
ESPECIAL DE HIJOS LA PLATA POR LOS
10 AÑOS SIN JORGE
JULIO LOPEZ. CON NOTAS SOBRE LA CAUSA LOPEZ, ANALISIS SOBRE
ESTADISTICAS DE DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA, Y TEXTOS DE LAS FAMILIAS
Y LUCHADORES EN
OTROS CASOS DE DESAPARECIDOS COMO LUCIANO
ARRUGA, ANDRES NUÑEZ, IVAN TORRES Y DIANA COLMAN.
BUSCALO
EN LA FLIA DEL 17/9 EN PLAZA SAN MARTIN, O EN LA MARCHA DEL 18/9 EN
LA PLAZA.
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