La denuncia de un conocido abogado de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), con el acompañamiento de un nutrido grupo de organizaciones de productores, comunidades y cooperativas des-cubrió, una vez más, la impunidad del empresario inglés.
Terminaba el año 2010 cuando la legislatura de Río Negro votaba una ley a pedido de Lago Escondido, pocos después el gobernador la promulgaba en tiempo récord. La norma, que recibió el Nº 4615, en pocos artículos autorizó la construcción de la central hidráulica, fijó las regalías que deberá pagar el millonario, le impuso la modesta obligación de cablear hasta Los Repollos, construir allí una estación transformadora y hacer todo eso en un plazo perentorio de 5 años, que, por supuesto, fenecieron a fines del año pasado. Una ley tan corta, con tan poco palabrerío leguleyo sería entendible y de cumplimiento para cualquiera, … pero no para quien la redactó e hizo votar.
El vencimiento del plazo debió acarrear la caducidad automática de la concesión. Quizás, los funcionarios provinciales responsables del cuidado de los bienes comunes y competentes en este asunto, así lo hubieran hecho en otros casos, pero no si el emprendedor es quien aloja al Primer Mandatario cuando descansa, extenuado de sus afanes presidenciales.
Con el plazo ya vencido el cableado apareció –de repente- enterrándose en Mallín Ahogado. Y avanzó decenas de kilómetros siguiendo una traza que pasa lejos de Los Repollos y cerca de las propiedades presentes y potenciales del magnate, de su administrador, de sus socios, de sus amigos y de sus beneficiarios políticos. Una traza; como antes el aeropuerto, como antes el loteo de la Pampa de Ludden; que solo le conviene al dueño de Lago Escondido, a su administrador, a sus socios,… etc., etc. Cualquier otro hijo de vecino que hubiera querido tirar un cable por la vía pública, casi seguro se hubiera encontrado con algún inspector o empleado de organismo competente que le hubiera exigido plano, autorización, detalle de los materiales utilizados y antecedentes técnicos de quien ejecuta la obra, requisitos todos que no son exigibles para el “tío Joe”.
Imagínese la situación: La obra vincula una central hidroeléctrica con la usina de El Bolsón. –“Quién ejecuta esta obra?”, le pregunta el imaginario inspector de órgano competente al maquinista que viene enterrando el cable. –“Acá, el Sr. XX”, dice y muestra la inscripción en la AFIP de su patrón en la consta que el contratista está autorizado a realizar la “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”. El ficticio inspector lee y relee, para ver si también dice “… e instalación de redes subterráneas de media tensión”, pero no.
La estación transformadora de Los Repollos, no se hace. Ni eN Los Repollos, ni en Mallín. Un ahorro. –“¡Pero si la Ley dice que está obligado!”, se indigna una vecina, que tuvo que cumplir con un montón de requisitos legales para poder llevar un cable de 220 V desde el circuito hasta su casa atravesando su propia chacra y esquivando hasta el más flaco de los cipreses.
La traza de la red subterránea en ejecución entró en la Reserva Forestal “Loma del Medio”, sin evaluación de impacto ambiental, sin consentimiento libre e informado de los vecinos afectados, sin control de las autoridades, sin la menor legalidad. Los “dueños” de la Reserva, el INTA, quien lo preserva para beneficio de todos los argentinos, no dijeron ni mú.
Como el Viejo Vizcacha, los funcionarios provinciales y nacionales tienen claro que
“La ley es tela de araña,
y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico,
no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos”.
y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico,
no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos”.
Por suerte, mientras el Estado miraba para otro lado. Los vecinos se hacían cargo:
-“ ¿Sabés qué? No te vamos a dejar pasar por acá”, dijeron.
Editoriales ANP
