(Abuelas de Plaza de Mayo.org)
Fuente: Organismos de DDHH.Autor: Organismos de DDHH
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Ante una multitud reunida en Plaza de Mayo, Estela de Carlotto lee parte del documento por el 40 aniversario del golpe
Autor: Abuelas Fuente: Abuelas Fecha: 24.03.2016
A
40 años del golpe genocida, que le causó tanto daño a nuestro pueblo,
con miles de asesinados, detenidos-desaparecidos, presas y presos
políticos, exiliados, con un pueblo hundido en la pobreza, sin justicia
social y con mucho miedo, estamos en esta Plaza de Mayo para reivindicar
las luchas de los 30.000.
Son 40 años de aquel 24 de marzo de 1976, cuando los genocidas ocuparon la Casa Rosada
para decidir sobre la vida y la muerte. Con el terror sistemático como
método, buscaron imponer un plan económico, político, social y cultural
de hambre y exclusión con la receta escrita por los grupos económicos,
el Gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia y con la participación de la corporación judicial.
Con la Doctrina de Seguridad Nacional, intentaron instalar la idea de un enemigo interno, formando a las Fuerzas Armadas con la Escuela
de las Américas para masacrar al pueblo. Nos llenaron al país de miedo.
El “no te metás” era la línea editorial de los medios como Clarín, La Nación
y tantos otros que fueron partícipes de los delitos de lesa humanidad.
Colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de
Estado, acusando a los militantes de asesinos, mostrando como
enfrentamientos los crímenes, escribiendo los argumentos de la “teoría
de los dos demonios”, ejerciendo la acción psicológica del terror desde
la tinta y el papel, acusando a los sobrevivientes que denunciaban a la
dictadura en el exterior de hacer una campaña “anti-argentina”.
40
años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen
haciendo lo mismo: hablan de “grasa militante” y de “ñoquis”, apuntando
contra trabajadores y organizaciones políticas, porque les molesta que
la juventud se organice, luche, sea solidaria y comprometida.
Son
40 años de lucha, memoria y militancia. 40 años buscando a nuestros
seres amados. Empezamos este camino en mucha soledad, con persecución y
represión. Las primeras Madres de Plaza de Mayo fueron
detenidas-desaparecidas en la ESMA
y arrojadas en los vuelos de la muerte. De ahí venimos, de lo difícil,
del dolor, pero también del amor por nuestros hijos, hijas, hermanos,
hermanas, padres, madres y esos miles de militantes que se organizaron y
lucharon por un país grande, justo y libre. Eligieron la política como
herramienta y se unieron en organizaciones sociales, políticas,
sindicales, estudiantiles, como la UES,
Montoneros, ERP, FAP, los Sacerdotes por el Tercer Mundo, FAL,
Vanguardia Comunista y tantas otras. Lucharon en los ingenios
azucareros, las Ligas Agrarias, el Cordobazo y el Rosariazo, los
Astilleros y las comisiones obreras de las fábricas.
Esa militancia nos da orgullo, como la nuestra y la de todos los compañeros y compañeras que luchamos para que la Patria
sea cada vez más Grande. Los que están molestos con nuestra militancia,
nos estigmatizan; pero cada victoria nos confirma que estamos en el
camino correcto. Por eso, queremos homenajear hoy también a todos los
compañeros y compañeras integrantes de los organismos de derechos
humanos y sobrevivientes que han sido parte de esta lucha y hoy no están
físicamente. Por ellos y ellas también gritamos ¡PRESENTES!
Hoy
estamos en esta Plaza con el miedo nuevamente entre nosotros. Porque
semanas atrás fue baleado un local partidario y dos militantes fueron
heridas; porque semanas antes Gendarmería tiró con balas de goma contra
una murga, mayoritariamente integrada por niños y niñas; y porque
Milagro Sala es una presa política de este Gobierno, al que le molesta
la militancia. Nos prefieren obedientes y conformistas, desinformados y
sin educación. Nos pretenden sometidos y asustados. Pero tenemos las
banderas de los 30.000 muy altas, les decimos que al miedo lo conocimos
hace rato, con la Triple A
y los genocidas, y que no van a detenernos. Vamos a seguir defendiendo
nuestros derechos, vamos a seguir defendiendo la democracia.
En
estos primeros 100 días de gobierno, nuestra democracia retrocedió
demasiado: con decretos de supuesta necesidad y urgencia, se violentaron
leyes e instituciones, como la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual y el Congreso de la Nación, cuando se intentó imponer a dos jueces de la Corte. La necesidad y urgencia que los corría era la de desarmar el país que teníamos, integrado a la Patria Grande
y con un Estado para el pueblo. Lo cambiaron por un país entregado a
las corporaciones y con un Estado de espaldas al pueblo, con lógicas
empresariales y el vaciamiento de políticas sociales fundamentales para
garantizar derechos. Para intentar asegurarse ese modelo neoliberal de
país, diseñaron un protocolo de represión para que el miedo interfiera
en la protesta social y que el reclamo por trabajo, educación, salud y
vivienda sea demonizado. Resulta importante resaltar que entre las
preocupaciones del nuevo gobierno no estuvo la de derogar una ley que no
puede seguir en vigencia: la Ley Antiterrorista. ¿Será que la usará con el protocolo de represión de la protesta social?
Por
eso, porque sin derechos no hay democracia, denunciamos que en 100
días, el gobierno de Macri, como sostuvo Rodolfo Walsh en 1977 en su
Carta Abierta a la Junta Militar,
ha “restaurado la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas
que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo
y disgregan la Nación”.
39 años después de esa Carta, los miles de despidos, la persecución a
la militancia, los planes sociales desarmados, las leyes del Congreso en
contra del pueblo y la represión, son algunos de los hechos de los
primeros 100 días de gobierno que nos convocan a defender la democracia.
Por eso, hoy están en esta Plaza las centrales obreras, porque los
trabajadores son la Patria,
porque no vamos a permitir que nos roben el derecho al trabajo, ni que
le pongan techo a las paritarias, ni que estigmaticen a los trabajadores
y trabajadoras. Después de más de 12 años de un proyecto de inclusión,
hoy las políticas de Estado empiezan a ser de exclusión social,
política, económica y cultural.
Sin
derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra arriba,
abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El
macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos
para pocos.
Estos 40 años nos encuentran en la Plaza
en la que comenzamos las rondas las Madres, Abuelas y Familiares.
Empezamos a caminar cuando estaba prohibido reunirse, cuando el Congreso
estaba cerrado, cuando la desaparición forzada de personas era el
método de exterminar a la oposición, cuando la censura era el arma del
gobierno genocida para excluir de la cultura y la información para hacer
más fácil el sometimiento del pueblo. Acá vinimos cada vez que salimos a
protestar, marchar y reclamar. Acá nos bombardearon, acá metimos las
patas en las fuentes, acá hicimos la primera marcha de la resistencia en
plena dictadura, acá nos masacraron en el 2001. Acá venimos a recordar a
nuestros seres amados, porque lucharon por un país para todos y se los
llevaron por un país para pocos. Eran mujeres y hombres con proyectos,
convicciones, solidarios, comprometidos. Son 40 años: cuatro décadas sin
esos militantes que nos faltan todos los días.
Por
eso no vamos a permitir que nadie, y menos un funcionario, niegue esta
ausencia forzada que son los 30.000 o intente reinstalar la teoría de
los dos demonios. Nuevamente, exigimos la renuncia indeclinable e
inmediata de Darío Lopérfido, un funcionario negacionista a cargo de la
cultura del gobierno de esta Ciudad, quien puso en duda la magnitud del
genocidio que sufrió nuestro pueblo. Tan grave como sus dichos es que el
Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, lo mantenga en su cargo.
Llegamos
a los 40 años de lucha, memoria y militancia. En estas décadas, los
genocidas pasaron más años con impunidad que presos donde deben estar:
en la cárcel común, perpetua y efectiva. Al juicio a las Juntas
Militares lo sucedieron la Obediencia Debida,
el Punto Final y los Indultos que pusieron nuevamente en las calles a
los asesinos del pueblo. El camino fue duro: hasta llegamos a ver y
escuchar a los culpables reivindicar sus crímenes en televisión. Los
señalamos con los escraches para demostrar que la condena social
repudiaba la impunidad. Empezamos a ver avanzar causas judiciales fuera
del país, mientras acá la impunidad estaba comprando en el supermercado o
paseando por la playa. Esa historia empezó a cambiar en el 2003, con el
Presidente Néstor Kirchner, quien decidió sacarle las vallas a la
historia e incluir en políticas de Estado la lucha del pueblo por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Así,
con la continuidad y profundización de las Presidencias de Cristina
Fernández, llegamos a estos 40 años del Golpe con más de 660 genocidas
condenados, 119 identidades restituidas, más de 130 ex centros
clandestinos señalizados y 35 espacios de memoria puestos en
funcionamiento. La Memoria, la Verdad y la Justicia
ya no son un imposible: son una de las victorias que vamos a seguir
defendiendo a diario. El gobierno tiene un doble discurso que hay que
denunciar: mientras declara a la prensa que los juicios a los genocidas
continuarán, despide a los trabajadores y trabajadoras que sostienen las
políticas de Estado que los garantizan, como el acompañamiento a
testigos y la investigación para las causas. Además, no cesa en el
intento de apartar a la Procuradora General de la Nación,
Alejandra Gils Carbó y ya avanzó con limitaciones a sus funciones. Las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia, como cualquier otra que
garantice derechos, sólo se sostienen con los trabajadores y
trabajadoras adentro. Por eso, exigimos que se terminen los despidos,
que se respete el derecho al trabajo, que se mantengan las políticas de
Estado de Memoria, Verdad y Justicia para que encontremos a todos los
jóvenes apropiados, para que se sigan preservando, recuperando y
resignificando los ex centros clandestinos, para que continúe la
búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos y que sigan los
juicios a los genocidas.
La del 76 fue una dictadura cívico-militar. Los grupos económicos, el Gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia
y la corporación judicial fueron la parte civil del golpe de Estado más
asesino de nuestra historia, en el que las Fuerzas Armadas desplegaron
algunos de los métodos de tortura más macabros del mundo. Se pusieron en
funcionamiento cientos de centros clandestinos de detención, tortura y
exterminio, en los que algunos integrantes de la Iglesia
y el Poder Judicial fueron parte de los interrogatorios y las torturas,
en los que hubo médicos que participaron en el plan sistemático de
apropiación de bebés, en los que se mantenía un país clandestino bajo
delitos de lesa humanidad. La participación civil en los delitos de lesa
humanidad todavía tiene demasiada impunidad. Algunos de los
responsables llegaron a juicio, pero la mayoría no. La corporación
judicial sigue beneficiando a sus socios y protegiendo a sus culpables.
Con causas cajoneadas, como la de Papel Prensa, los empresarios
genocidas caminan por las calles y hoy vuelven a cargar la tinta contra
la democracia. Desde su palco de doctrina, fue el diario La Nación
el primero en pedir impunidad para los genocidas al día siguiente del
triunfo electoral de Mauricio Macri. Los genocidas civiles no tuvieron
un papel secundario: estuvieron en la misma mesa que Videla a la hora de
planificar el terror. Incluso usaron oficinas de Clarín y La Nación
para cometer sus crímenes, e instalaciones de Ford para secuestrar,
torturar e interrogar. Esos civiles, casi en su totalidad, como Blaquier
y Massot, continúan impunes.
No
sólo nos daña el silencio, sino también la mentira. Por eso, volvemos a
decir que la única guerra que hubo entre 1976 y 1983 fue la de Malvinas,
en la que perdieron la vida cientos de personas en nombre de una
batalla desigual. A los crímenes de la guerra se le sumaron los delitos
de lesa humanidad cometidos por algunos jefes sobre los combatientes,
delitos que deben ser juzgados y condenados como parte del accionar
criminal del Estado terrorista. Esa es una de las deudas de esta
democracia, como también lo es la identificación de los 123 cuerpos de
quienes perdieron la vida en el conflicto bélico. Seguimos exigiendo el
reconocimiento de la soberanía sobre las Islas. ¡Las Malvinas son
argentinas! ¡Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía!
Los
genocidas mantienen los pactos de silencio. Eso se tiene que terminar.
Necesitamos saber la verdad, toda la verdad: ¿dónde están los cuerpos?
¿Dónde están los jóvenes apropiados? Ellos lo saben porque fueron
partícipes. En todos estos años, pudimos encontrar a algunos de los
nietos y nietas, quienes ya pudieron abrazarse con sus familias. Pero
faltan muchos más: por eso, porque cientos de jóvenes todavía no conocen
su identidad, los seguimos buscando. Tal vez alguno o alguna esté en
esta Plaza o alguien que está acá los conoce. Puede pasar, porque están
entre nosotros, están en alguna parte. Nosotros los buscamos siempre,
cada día. Necesitamos que se acerquen, que venzan el miedo, que asuman
la duda y que vengan: si nosotros los buscamos y ustedes se acercan,
todos nos encontramos.
Recientemente,
el Presidente de Estados Unidos se anunció que, 40 años después, serán
desclasificados archivos de la dictadura. Es obligación de todos los
Estados y gobiernos aportar a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por
eso, esperamos que se cumpla el anuncio y que finalmente podamos
acceder a toda la información que tiene ese país, que fue partícipe de
los delitos de lesa humanidad que se cometieron en las dictaduras de la
región con el Plan Cóndor. Necesitamos que desclasifiquen toda la
información, que extraditen al genocida Roberto Bravo, uno de los
asesinos de la Masacre
de Trelew, y que ayuden de manera urgente a la búsqueda de los nietos
apropiados que podrían vivir en ese país. Además, sostenemos
categóricamente que Estados Unidos debe dejar de violar los derechos
humanos tanto en su territorio como en otros, como en la cárcel de
Guantánamo.
Esta democracia de más
de 32 años tuvo que ser defendida muchas veces. Nadie olvida los
levantamientos de los carapintadas, ni la masacre de diciembre del 2001
contra la rebelión popular, cuando el pueblo volvió a ser víctima de
políticas de exclusión y represión, con más de 30 asesinados en todo el
país y las Madres nuevamente reprimidas en Plaza de Mayo. Nadie olvida.
En septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición forzada de Jorge
Julio López y seguimos exigiendo saber qué pasó con él y que haya Juicio
y Castigo a los culpables. Tampoco olvidamos la desaparición forzada de
Miguel Brú, ni lo que hicieron con Luciano Arruga y Andrea Viera, ni
los asesinatos de Fuentealba, Cabezas, Kosteki, Santillán y Mariano
Ferreyra. A 40 años del golpe genocida, nos sentimos nuevamente
convocados y convocadas a defender la democracia, porque el cambio de
gobierno está significando a diario la vulneración de derechos: miles de
personas despedidas en el Estado y el sector privado, la
criminalización de la protesta, la profundización de prácticas de
violencia institucional, la persecución ideológica, con el extremo de
que hoy tengamos una presa política, por eso decimos: ¡Libertad ya a
Milagro Sala!
Vemos también con
profunda preocupación cómo en este país cambiado se profundiza la
violencia institucional, práctica represiva que nació alimentada de los
indultos, la obediencia debida y el punto final, y que sigue siendo una
de las mayores urgencias de la democracia. Mientras haya un Poder
Judicial que, como lo hizo recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
autorice el uso de las neopicanas Taser, lejos estaremos de lograr la
erradicación de esa violencia, como también lo estaremos mientras sigan
funcionando cárceles y comisarías como lugares de criminalización de la
pobreza, de aplicación de tormentos y torturas. Por eso, repudiamos
enérgicamente, la violencia institucional cometida recientemente por la Policía de Miramar contra un joven militante estudiantil y de la diversidad sexual.
Pero con un Poder Judicial que habilita a la Policía
a pedir el documento sin justificación, y con funcionarios que, con la
excusa de combatir al narcotráfico, pretenden dejar la seguridad en los
barrios en manos de las Fuerzas Armadas, el camino en la lucha para
erradicar la violencia institucional se hace cada vez más difícil.
También
se hace difícil terminar con las violencias hacia las mujeres cuando
hay un Estado que cierra áreas de atención y protección, o con un Poder
Judicial patriarcal, que criminaliza a las víctimas, o con un Presidente
de la Nación
misógino que premia con cargos públicos a quienes denigran a las
mujeres y él mismo sostiene que, en definitiva, a las mujeres les gusta
que las traten mal. Hay mujeres que a diario pierden la vida por los
femicidios. Sin un Estado comprometido, no hay salida posible y a los
funcionarios no les queda otro lugar más que el de la complicidad. Lo
mismo podemos decir sobre la trata de personas: mientras sectores del
Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y otros funcionarios, por
acción u omisión, sean parte del delito, lejos estaremos de terminar con
ese crimen que se roba a diario miles de vidas de mujeres, hombres,
niños y niñas para la explotación sexual y/o laboral. ¡Basta de
femicidios! ¡Basta de trata de personas!
Hoy,
nuestra Patria Grande está siendo atacada, porque las corporaciones no
quieren perder su poder. En esta Plaza, repudiamos enérgicamente los
intentos destituyentes a las democracias latinoamericanas y abrazamos al
pueblo de Brasil en su defensa de la soberanía popular. Las
corporaciones van por Maduro en Venezuela, por Evo en Bolivia, por Dilma
y Lula en Brasil, demostrando que la corporación judicial y económica
no tiene fronteras. Van por nuestra libertad, nuestros derechos. Por
eso, porque tenemos memoria también en los pies, no olvidamos el camino
recorrido y sabemos que un pueblo organizado es imposible de vencer.
Porque los que desaparecieron a los 30.000 y pretendieron matar para
siempre a todas las luchas, son los mismos que hoy persiguen a los
militantes. Son los mismos que empobrecieron al país con la deuda
externa de sus empresas y dañaron con sus crímenes los que hoy vuelven a
la Casa Rosada: los Macri, la Nueva Provincia y la Sociedad Rural Argentina. Son los mismos y persiguen el mismo objetivo: atacar al pueblo organizado.
También
nos preocupa que se venda la soberanía de nuestro país con la
megaminería, la extranjerización de nuestros recursos naturales y con un
pago irresponsable a los fondos buitres. No podemos volver a aceptar
que nos impongan deudas injustas. Recordamos el daño y el hambre que nos
provocó durante décadas la deuda externa de la dictadura. No queremos
volver a eso. Defendemos a nuestro país, defendemos nuestro futuro.
A
40 años del golpe genocida, sentimos orgullo de las luchas de los
30.000 detenidos-desaparecidos. Los miramos en las fotos y los
recordamos con amor, y podemos reivindicar sus luchas. Podemos
nombrarlos acá, en la Plaza
del pueblo, y saber que son parte de esta memoria colectiva que los
abraza. Lucharon por una Patria Grande, justa, libre, solidaria e
inclusiva. Y a pesar de las pérdidas, y a pesar del dolor, y a pesar de
hoy estar viviendo un retroceso en materia de derechos en el país, nunca
perdimos ni perderemos las esperanzas: sabemos que son posibles los
imposibles. A 40 años del golpe genocida, a 40 años de lucha, memoria y
militancia, sin derechos no hay democracia.
30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE
30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE
30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
H.I.J.O.S. CAPITAL
Editoriales ANP
