09 de octubre de 2013 / A 1460 DÍAS DEL ASESINATO DE JAVIER CHOCOBAR
Se cumple un nuevo aniversario del asesinato del referente de la Comunidad Indígena de Chuschagasta y algunas hipótesis se van confirmando. El poder político y el judicial sólo ponen trabas para el inicio de juicio oral que ya tiene tres años de requerimiento de elevación. Una movilización masiva convocada por la Unión Diaguita el 28 de agosto pasado mostró que el reclamo sigue vigente, aunque los 3 imputados y la defensa corporativa entre los terratenientes, la justicia y el gobierno provincial quieran asegurarse la impunidad. Por ContraPunto – RNMA.
Los hechos
Javier Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009 en la comunidad indígena de Chuschagasta (Trancas, Tucumán), en el mismo ataque fue baleado Andrés Mamaní (aún tiene secuelas físicas) y heridos Delfín Cata y Emilio Mamaní; estos hechos de violencia y muerte fueron llevados a cabo por el terrateniente Darío Amin y los ex policías, Humberto “el niño” Gómez y José Valdivieso. (Cinco claves para entender la impunidad).
La tranquera en donde ocurrió el asesinato, está a ocho kilómetros de Trancas, en el Chorro, a escasos 100 metros de la casa de Javier Chocobar.
La familia Amín aparece en la zona de El Chorro y La Higuera en 1959, y con un título de dudosa procedencia reclama como suyo un sector de tierras en donde se asientan la mayor parte de las familias que integran la Comunidad indígena y en el año 2008 comienza la explotación de una cantera de lajas, lugar en donde se produce el ataque con armas de fuego por parte de los 3 imputados contra las familias que protegían su territorio.
Además de la preexistencia y que viven allí desde hace generaciones, esa porción de tierra en realidad forma parte de una expropiación llevada a cabo por el estado en 1973 para ser entregada a sus habitantes, asunto que reclaman desde hace más de una década a los respectivos gobiernos para lograr la entrega efectiva de sus tierras.
A cuatro años de ocurrido el asesinato y sin fecha concreta de juicio oral contra los tres imputados, un repaso de las dilaciones y los intereses en juego.
La justicia
En agosto de 2010 se terminó el proceso de instrucción de la causa a cargo del Fiscal Arnoldo Suasnábar que requirió la correspondiente elevación a juicio oral contra Amín, Gómez y Valdivieso. Se caratuló como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, basándose en la información. La pena para esta imputación es de prisión perpetua.
Desde el 18 de febrero de 2010 y tras un “error” procesal muy discutible de la Cámara de Casación Penal, los imputados recuperaron la libertad condicional a la espera del juicio. Estuvieron menos de 4 meses con prisión preventiva en una unidad de Bomberos de la provincia de Tucumán.
Se confirmó la realización del juicio recién el 2 de marzo del año pasado, cuando se rechazó uno de los pedidos de la defensa.
La misma Cámara que los dejó libres se excusó de resolver un planteo procesal de la defensa de Gómez y sumó a las demoras procesales en el caso (Voces de la movilización por justicia por Javier Chocobar). Como resultado el juicio ya no se iniciaría en 2013. El abogado Carlos Garmendia, uno de los querellantes, fue claro al referirse que esto “no tiene una explicación racional sino es solamente por la dilación”. Y agregó que hay “un paralelo muy preocupante con el juicio de Marita Verón, que tuvo 8 años de espera por cuestiones procesales”.
El poder político
Cuatro movilizaciones realizó la Comunidad y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar. De cada una de ellas hubo alguna mesa de diálogo con diferentes ministerios y secretarías del Estado para tratar el tema puntual y de manera general las situaciones de judicialización y violencia que se multiplican y que sufren las comunidades en sus territorios. Poco queda en concreto de ellas.
Gendarmería incluso acompañó el martes 20 de noviembre de 2012 a Darío Amín y su familia para concretar una supuesta orden para hacer entrega de la posesión de la cantera donde ocurrió el homicidio de Javier Chocobar a la Sra. María Sofía Herrera de Amin, madre del imputado. Entraron a diversas casas de familias y comieron impunemente un asado a 50 metros del lugar del asesinato. (Darío Amín en Chuschagasta: una postal de la impunidad). La querella exigió que se tomen medidas de protección de la escena del crimen y se evite la aparición de los imputados en el lugar para proteger a las familias.
En Tucumán, sectores de la justicia, dueños de tierras y funcionarios de gobierno provincial o legisladores son una misma cosa. Por ello el interés de mantener la impunidad. Porque no quieren que se enjuicie a Amín para enviar un mensaje desmoralizador y desmovilizador a las comunidades que sufren una escalada de violencia y judicialización contra sus referentes. Se calculan en más de 50 las causas abiertas en la provincia según un informe de la ONG andhes y de los abogados vinculados a la temática en Tucumán.
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Justicia por Javier
La Comunidad Indígena de Chuschagasta como parte de la UPND y el Pueblo Lule están tomando al caso Chocobar como una prioridad dentro de su organización. La masiva movilización de agosto que fue acompañada además por organizaciones sociales, políticas y de DDHH fue de una magnitud importante para Tucumán. (4 años de impunidad: masiva movilización para exigir justicia por Chocobar). Pocas son las marchas que logran dicha convocatoria, sea cual fuere el reclamo.
Este 12 de octubre cuando se cumplan 4 años también encontrará a la comunidad fortalecida realizando un homenaje abierto en su territorio. El reclamo central sigue siendo justicia por Javier Chocobar, inmediata elevación a juicio oral y perpetua para los asesinos. En ese sentido, se viene convocando a la sociedad en general a que conozca el caso y sume voces y participación para lograr estas consignas. La UPND se declaró en asamblea permanente y que seguirá con el reclamo tomando todas las medidas posibles.
En octubre de 2012, en ContraPunto se titulaba “Justicia lenta no es justicia” (Justicia lenta no es justicia). Un año después, a 1460 días del asesinato de Chocobar los hechos no hacen más que reafirmarlo.
Por ContraPunto – Prensa Alternativa
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos
Se cumple un nuevo aniversario del asesinato del referente de la Comunidad Indígena de Chuschagasta y algunas hipótesis se van confirmando. El poder político y el judicial sólo ponen trabas para el inicio de juicio oral que ya tiene tres años de requerimiento de elevación. Una movilización masiva convocada por la Unión Diaguita el 28 de agosto pasado mostró que el reclamo sigue vigente, aunque los 3 imputados y la defensa corporativa entre los terratenientes, la justicia y el gobierno provincial quieran asegurarse la impunidad. Por ContraPunto – RNMA.
Los hechos
Javier Chocobar fue asesinado el 12 de octubre de 2009 en la comunidad indígena de Chuschagasta (Trancas, Tucumán), en el mismo ataque fue baleado Andrés Mamaní (aún tiene secuelas físicas) y heridos Delfín Cata y Emilio Mamaní; estos hechos de violencia y muerte fueron llevados a cabo por el terrateniente Darío Amin y los ex policías, Humberto “el niño” Gómez y José Valdivieso. (Cinco claves para entender la impunidad).
La tranquera en donde ocurrió el asesinato, está a ocho kilómetros de Trancas, en el Chorro, a escasos 100 metros de la casa de Javier Chocobar.
La familia Amín aparece en la zona de El Chorro y La Higuera en 1959, y con un título de dudosa procedencia reclama como suyo un sector de tierras en donde se asientan la mayor parte de las familias que integran la Comunidad indígena y en el año 2008 comienza la explotación de una cantera de lajas, lugar en donde se produce el ataque con armas de fuego por parte de los 3 imputados contra las familias que protegían su territorio.
Además de la preexistencia y que viven allí desde hace generaciones, esa porción de tierra en realidad forma parte de una expropiación llevada a cabo por el estado en 1973 para ser entregada a sus habitantes, asunto que reclaman desde hace más de una década a los respectivos gobiernos para lograr la entrega efectiva de sus tierras.
A cuatro años de ocurrido el asesinato y sin fecha concreta de juicio oral contra los tres imputados, un repaso de las dilaciones y los intereses en juego.
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La justicia
En agosto de 2010 se terminó el proceso de instrucción de la causa a cargo del Fiscal Arnoldo Suasnábar que requirió la correspondiente elevación a juicio oral contra Amín, Gómez y Valdivieso. Se caratuló como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, basándose en la información. La pena para esta imputación es de prisión perpetua.
Desde el 18 de febrero de 2010 y tras un “error” procesal muy discutible de la Cámara de Casación Penal, los imputados recuperaron la libertad condicional a la espera del juicio. Estuvieron menos de 4 meses con prisión preventiva en una unidad de Bomberos de la provincia de Tucumán.
Se confirmó la realización del juicio recién el 2 de marzo del año pasado, cuando se rechazó uno de los pedidos de la defensa.
La misma Cámara que los dejó libres se excusó de resolver un planteo procesal de la defensa de Gómez y sumó a las demoras procesales en el caso (Voces de la movilización por justicia por Javier Chocobar). Como resultado el juicio ya no se iniciaría en 2013. El abogado Carlos Garmendia, uno de los querellantes, fue claro al referirse que esto “no tiene una explicación racional sino es solamente por la dilación”. Y agregó que hay “un paralelo muy preocupante con el juicio de Marita Verón, que tuvo 8 años de espera por cuestiones procesales”.
El poder político
Cuatro movilizaciones realizó la Comunidad y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) de Tucumán para exigir justicia por Javier Chocobar. De cada una de ellas hubo alguna mesa de diálogo con diferentes ministerios y secretarías del Estado para tratar el tema puntual y de manera general las situaciones de judicialización y violencia que se multiplican y que sufren las comunidades en sus territorios. Poco queda en concreto de ellas.
Gendarmería incluso acompañó el martes 20 de noviembre de 2012 a Darío Amín y su familia para concretar una supuesta orden para hacer entrega de la posesión de la cantera donde ocurrió el homicidio de Javier Chocobar a la Sra. María Sofía Herrera de Amin, madre del imputado. Entraron a diversas casas de familias y comieron impunemente un asado a 50 metros del lugar del asesinato. (Darío Amín en Chuschagasta: una postal de la impunidad). La querella exigió que se tomen medidas de protección de la escena del crimen y se evite la aparición de los imputados en el lugar para proteger a las familias.
En Tucumán, sectores de la justicia, dueños de tierras y funcionarios de gobierno provincial o legisladores son una misma cosa. Por ello el interés de mantener la impunidad. Porque no quieren que se enjuicie a Amín para enviar un mensaje desmoralizador y desmovilizador a las comunidades que sufren una escalada de violencia y judicialización contra sus referentes. Se calculan en más de 50 las causas abiertas en la provincia según un informe de la ONG andhes y de los abogados vinculados a la temática en Tucumán.
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Justicia por Javier
La Comunidad Indígena de Chuschagasta como parte de la UPND y el Pueblo Lule están tomando al caso Chocobar como una prioridad dentro de su organización. La masiva movilización de agosto que fue acompañada además por organizaciones sociales, políticas y de DDHH fue de una magnitud importante para Tucumán. (4 años de impunidad: masiva movilización para exigir justicia por Chocobar). Pocas son las marchas que logran dicha convocatoria, sea cual fuere el reclamo.
Este 12 de octubre cuando se cumplan 4 años también encontrará a la comunidad fortalecida realizando un homenaje abierto en su territorio. El reclamo central sigue siendo justicia por Javier Chocobar, inmediata elevación a juicio oral y perpetua para los asesinos. En ese sentido, se viene convocando a la sociedad en general a que conozca el caso y sume voces y participación para lograr estas consignas. La UPND se declaró en asamblea permanente y que seguirá con el reclamo tomando todas las medidas posibles.
En octubre de 2012, en ContraPunto se titulaba “Justicia lenta no es justicia” (Justicia lenta no es justicia). Un año después, a 1460 días del asesinato de Chocobar los hechos no hacen más que reafirmarlo.
Por ContraPunto – Prensa Alternativa
Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos
Editoriales ANP
