Caleta Olivia, 18 de julio de 2013 (Apel).- El paso de las semanas del juicio que pretende condenar a petroleros y vecinos de Las Heras por el crimen del oficial de policía Jorge Sayago -ocurrido en la pueblada de Las Heras, en 2006- deja al desnudo el objetivo del mismo.
La Cámara Oral de Caleta Olivia, que tiene a su cargo juzgar a los imputados por el asesinato de Sayago, se ha destacado a lo largo del juicio por moderarse mucho en los interrogatorios a los testigos cuando éstos pertenecen a la fuerza policial. Sin embargo, no dudan en enviar a los vecinos que declaran a pasar varias horas “demorados”, bajo la amenaza de ser procesados por falso testimonio cuando se contradicen en sus declaraciones.
Esta actitud del tribunal no es menor, ya que los vecinos dan cuenta de las múltiples intimidaciones y apremios a que fueron sometidos no sólo por parte de la Brigada de Investigaciones de Río Gallegos, sino también la jueza de instrucción Roata de Leone.
La influencia de los K durante más de una década en la provincia de Santa Cruz queda claramente al desnudo ante la reacción -molesta y agresiva- del Tribunal ante cualquier mención de “espionaje” o referencia a la existencia de una “represión” de parte de la policía provincial aquel 7 de febrero de 2006.
A pesar de los intentos de las querellas, las diversas jornadas del juicio sólo han dejado al desnudo la debilidad de los elementos probatorios, los que han ido profundizando su fragilidad en cada audiencia.
Mientras tanto, la oposición, con la UCR a la cabeza, a través de su diputada Elsa Alvarez, se ha lanzado a pedir una “condena ejemplar para dar paz a la familia”, sosteniendo que “nada más alejado de la democracia y de las instituciones que el enfrentamiento se imponga por sobre el diálogo y la negociación; por eso, cuando lamentablemente esas pautas mínimas de convivencia civilizada se rompen, tiene que caer todo el peso de la ley sobre quienes se ponen fuera de derecho”.
Este pedido de una condena ejemplar se reduce apunta más que a establecer quién es el verdadero culpable, sino a una condena por elevación a los que se ponen “fuera del derecho” -expresión que abarcaría en la provincia a docentes, petroleros y piqueteros, quienes acumulan varios procesos en sus espaldas.
Los medios de prensa locales han sintetizado la combinación de la postura política de los K, el gobierno de Peralta y la UCR al recoger la opinión de un “letrado consultado”, el cual claramente se puede identificar entre los representantes de la querella. “De alguna manera deberá aparecer un responsable en la causa. Quizá no se llegue a determinar al autor material de la muerte de Sayago, aunque sí a los partícipes y los que, de alguna manera, tuvieron algún tipo de responsabilidad en lo que, posteriormente, derivó en el deceso del policía”.
La responsabilidad por la muerte de Sayago es, ante todo, del propio Estado, el que hasta la fecha ha sostenido su política represiva hacia los reclamos populares, sin que ninguno de sus funcionarios esté procesado.
Tanto oficialistas como opositores se encolumnan tras el reclamo de que la Justicia de Santa Cruz siga mostrando su lealtad a la hora de disciplinar a las masas, aunque ello signifique cargarle el muerto a alguno de los imputados -el cual, por haber estado en el lugar (igual que todos los pobladores de Las Heras), habría sido partícipe y tendría alguna responsabilidad.
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