Conti fue, junto a Héctor Oesterheld, Raimundo Gleyser, Francisco Paco Urondo y Rodolfo Walsh parte de la nómina de intelectuales perseguidos y asesinados por la dictadura militar.
Bufano también se encuentra acusado de haber participado en la llamada “Masacre de Fátima”, producida el 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas alojadas en la Superintendencia de Seguridad Social de la Policía Federal fueron trasladadas en camiones y en un punto de la Ruta 8 las fusilaron, en un paraje conocido como Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires.
El imputado por el asesinato de Haroldo Conti coordinaba la seguridad privada en el yacimiento “Veladero” de la Barrick Gold en la provincia de San Juan desde 2006.
Según ha trascendido, miembros de la asamblea de Derechos Humanos y de las agrupaciones ambientales de la provincia reconocieron al imputado por la desaparición del escritor.
El perfil de Bufano se inscribe en la lógica de la policía particular de la multinacional minera; reiteradamente denunciada por persecusión, espionaje y escuchas de ambientalistas que se oponen a sus proyectos.
En este sentido, Ramón Gómez Medero, integrante de la Unión de Asambleas Ambientales de San Juan, señala que “la cuestión de la policía privada de la Barrick es un secreto que circula.
En realidad, la mano de obra barata y sucia que trabaja para la empresa es la mismísima policía provincial. Pero el trabajo del seguimiento, las escuchas y las amenazas contra nosotros proviene de este tipo de expertos.”
Gómez Medero explica que “el llamado D-2 de la policía provincial le sirve a la minera, es decir que la seguridad pública está al servicio de la transnacional, pero este es un esquema que no sólo se da en San Juan, sino también en Catamarca, Chile y Perú donde recientemente se hizo una película al respecto que se llama Operación Diablo”.
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