.- Ayer se realizó en el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, a cargo del juez Carlos Marcelo Cuellar, la audiencia en la que se propusieron las modalidades de ejecución de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro para lograr la apertura del camino de acceso a Lago Escondido por el paraje “Tacuifi”.Para dicho evento se encontraron presentes la amparista Magdalena Odarda junto a su letrado patrocinante, Darío Rodríguez Duch, representantes del INTI, miembros de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Viarse, Fiscalía de Estado y de la empresa Hidden Lake S.A.
También se hicieron presentes a fin de acompañar la diligencia la Diputada Nacional M.C. Fernanda Reyes, Ana Wieman y demás miembros de organizaciones sociales y ambientales que vienen promoviendo la acción legal desde un comienzo.
La audiencia, tuvo por objeto escuchar a las partes a fin de definir las modalidades de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro del año 2009, en la que se condenó al Estado rionegrino a disponer la apertura de dos caminos de acceso al lago: la senda de montaña de más de 85 kilómetros (ida y vuelta) que habilitara la empresa Hidden Lake como “Servidumbre de paso”, y el denominado “Camino de Tacuifí”, de apenas 25 kilómetros de ida pero que admite el trayecto en vehículos corrientes y permite el ingreso irrestricto de todas las personas, incluso las minusválidas.
En función del claro mandato que, para el caso, dispusiera el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 64 de 2009, ratificada y ampliada por Sentencia Interlocutoria de abril de 2012, el Juez y los amparistas sostuvieron una clara postura de respetar a rajatabla el cumplimiento del espíritu y la letra de dicha resolución, ordenando la apertura de ambos caminos, el de montañistas y el vehicular.
Para el logro de dicho objetivo el Magistrado dictará la correspondiente resolución durante los próximos días, fijando un plazo para dicho cumplimiento que no podrá exceder de 120 días y estableciendo sanciones conminatorias (astreintes) por cada día que exceda de dicho plazo, las que podrán aplicarse en forma progresiva y de modo que repercutan directamente sobre el patrimonio de los funcionarios de Viarse y/o Codema que pudieran incumplir con las medidas dispuestas por el Juzgado.
De este modo, la ciudadanía toda se encuentra a punto de ver garantizado su derecho de libre acceso a las costas de los espacios públicos de agua en todo el territorio provincial y nacional, dijo el ARI en un comunicado.
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