Ante la petición de juicio político que vecinos hemos efectuado a tres concejales de la localidad, se reiteran los métodos de maltrato hacia los que nos atrevemos a decir lo que pensamos.
No aparecen reales argumentos, y los que se esgrimen no resultan adecuados, como cuando la concejal Tornero dice que le estamos reclamando que no hiciera la declaración jurada, porque mencionamos el art. 80 de la Carta Orgánica Municipal.
Una vez más, lee mal la concejal: El art. 80 dice: “Todas las personas electas del Gobierno Municipal prestan en el acto de incorporación a sus funciones juramento de desempeñar debidamente el cargo de conformidad con lo que establece la Constitución Nacional, la de la Provincia de Río Negro, esta Carta Orgánica y la Plataforma Electoral” y luego sigue con lo de las declaraciones juradas.
ES EL MAL DESEMPEÑO DE LA FUNCION LO QUE AQUI ESTAMOS EXPONIENDO
Porque el autorizar a las Empresas Laderas -a las dos, la concesionaria del Cerro y la Inmobiliaria; no a una como dijeron al inicio- es una clara violación a lo dispuesto en el Código Ambiental que ordena la prohibición de urbanización en las áreas naturales protegidas, tal como lo es la Pampa de Ludden.
Porque ningún concejal puede arrogarse prácticas anti democráticas como lo son el maltratar al vecino, el mentir, y el adjudicarnos actuaciones de violencia y vandalismo como lo hicieron, cuando no son ciertas y existen pruebas fílmicas de nuestra presencia el 23 de noviembre pasado.
Admite el concejal Tormann que recibe dos sueldos de la administración pública, y que los tiene desde hace 27 años.
Dice la Ley 3550 -consolidada- en su art. 19: “INCOMPATIBILIDADES. ENUNCIACION: Sin perjuicio de lo establecido en el régimen específico de cada función, es incompatible con el ejercicio de la función pública: …i) Desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado, cualquiera sea su categoría, característica y la jurisdicción en que hubiera sido designado.”
El mismo concejal nos informó por cable, que el patrocinante -sin firmar- de la oprobiosa denuncia a los vecinos, sería el abogado Miguel Wisky, asesor radical. Cabe aclarar que nos enteramos de la existencia de la denuncia penal realizada a vecinos porque el abogado de Laderas (Ceballos) la presentó ante el Superior Tribunal de Justicia; una muestra más de la connivencia que estos Concejales tienen con la empresa.
A su vez, el concejal García explica que NUNCA el Partido Municipal PAYS, que adhirió a la candidatura del radical Barbeito a gobernador, y que lo llevara a la banca, le dió instrucciones acerca de la cuestión en la que decidió votar a favor de las Empresas Laderas. Y su acceso al cargo, entiende, es una ratificación de su gestión como peronista, porque su concejalía lo fue por el Partido Peronista.
En nuestras retinas se encuentra aún el gran cartel de Barbeito - Caro - García.
Nos preguntamos quién lo ratificó, ¿los peronistas a los que abandonó, o los radicales a los que abrazó?
No menores son las expresiones de radicales como Basso, quien pretende que un juicio político es un daño a la sociedad, cantinela que repite quien se presenta como el Presidente del Partido Radical local.
No salieron a decir lo mismo cuando ex funcionarios radicales de la mano de empleados de la Empresa Laderas, hace muy poco tiempo, solicitaron juicio político al concejal Aguila.
Cuando la misma herramienta que ellos usan, la usan otros vecinos ¿entonces no es correcta?
Al menos hemos logrado que den alguna explicación. Quizá logremos hacerles entender que el poder no está para hacer lo que se quiere con él, sino para respetar a la ley vigente – como lo son las ordenanzas- y al ciudadano.
La concejal de mandato cumplido, María Teresa Hube, está siendo atacada, como cada vez que no existen argumentos para exponer ante una verdad irrefutable, como la planteada en esta petición de los vecinos. Su presencia se debió a que era necesario realizar la presentación, y a su carácter de patrocinante.
¿Tampoco puede ejercer su trabajo de abogada, tal como aconteció con el periodista Walter Augello que recibió una petición de investigación de su conducta, luego de grabar lo que sucedía el 23 de noviembre en el concejo deliberante?
Esto revela, una vez más, la falta de pensamiento democrático de estos personajes.
Nosotros seguiremos en paz, reclamando que la letra de la ley no sea letra muerta, sino que se cumpla. Ya tuvimos 28 años de incumplimientos variopintos; ahora, queremos que se haga costumbre, en nuestra Provincia, el respeto a la ley.
No sólo estamos esperando ese cambio: estamos poniendo nuestro tiempo en ello.
El Bolsón, miércoles 20 de febrero del 2013.
Editoriales ANP
