Monsanto es la multinacional de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo. Cuenta con apoyo político y rentabilidad millonaria, y su modelo implica corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos rurales, desmontes y masivo uso de agroquímicos. Su desembarco en Córdoba de la mano de la Presidenta y del Gobernador, maíz para agrocombustibles, la nueva ley de semillas y la profundización del modelo.
Por Darío Aranda
“No soy la Presidenta de las corporaciones”
Cristina Fernández de Kirchner. 10 de diciembre de 2011.
Juana es abuela, cabello rubio y canas, una bolsa de hacer mandamos en la mano y la decisión de enfrentar a la empresa de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo: “No queremos a Monsanto”, avisa con naturalidad y arroja la primera pregunta retórica: “¿Los políticos defienden más a las empresas que a los vecinos?”.
Es miércoles a la noche en Malvinas Argentinas, a veinte minutos del centro de Córdoba. Club vecinal de fiestas, un prolijo y humilde salón, escenario de una asamblea de vecinos que se opone a la instalación de Monsanto en el barrio. Doña Juana parece una de las voces cantantes en la asamblea. Escucha atenta, primera fila y refuerza su idea: “Si el Gobernador y la Presidenta quieren a Monsanto, que la fábrica se instale al lado de sus casas”. Los vecinos la aplauden.
Monsanto tiene 111 años de historia, su sede central en Estados Unidos, una facturación anual de 7297 millones de dólares, domina el 27 por ciento del mercado se semillas a nivel mundial y acaba dar un paso más en su política expansiva: el gobierno nacional aprobó su nueva semilla de soja transgénica, impulsa el cobro de regalías por el uso del producto, impulsa una nueva ley de semillas (muy cuestionada por los campesinos) y comienza la instalación de su planta más grande de Latinoamérica en Córdoba, para avanzar con el maíz transgénico y redoblar la producción de agrocombustibles.
Apoyo político, corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos campesinos, desmontes y masivo uso de agroquímicos. La profundización del modelo en su manera más explícita.
Más de un siglo
La historia oficial señala que Monsanto Chemical Works fue fundada en 1901 por John Francis Queeny, “empleado durante treinta años en la industria farmacéutica”, que tomó el nombre de su esposa (Olga Méndez Monsanto) y creó una pequeña empresa, pero de rápido crecimiento. Con sede central en Saint Louis (estado de Missouri), su primer producto fue la sacarina.
En la década del 20 ya había convertido a la compañía en una de las principales fabricantes de productos básicos de la industria química, entre ellos el ácido sulfúrico.
En 1928, el hijo de Queeny, Edgar, tomó la presidencia de Monsanto, que alcanzó su era de expansión en la década del 30 con la adquisición de tres empresas químicas. “Desde la década del 40 hasta nuestros días, es una de las cuatro únicas compañías que han estado siempre entre las diez primeras empresas químicas de Estados Unidos”, señala Brian Tokar en su investigación “Monsanto: Una historia en entredicho”.
Tokar aporta un dato, luego retomado por Marie Monique Robin en su libro “El mundo según Monsanto”, que la empresa oculta de su historia oficial. “El herbicida conocido como Agente Naranja, que fue usado por Estados Unidos para defoliar los ecosistemas de selva tropical de Vietnam durante los años 60, era una mezcla de químicos que provenía de varias fuentes, pero el agente naranja de Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el otro gran productor del defoliante”, detalla Tokar, director de investigación en biotecnología del Instituto de Ecología Social de Vermont (Estados Unidos).
Según la investigación, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam, que experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición al Agente Naranja. “Cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de indemnización por valor de 180 millones de dólares entre siete compañías químicas y los abogados de los veteranos de guerra, el juez ordenó a Monsanto pagar el 45,5 por ciento del total”, explica y recuerda otro producto producido por Monsanto: PCB (elemento cancerígeno utilizado en transformadores eléctricos)
En 1976, Monsanto comenzó a comercializar el herbicida Roundup (a base de glifosato). “Pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo”, señala aún hoy en su sitio de internet. En 1981 la compañía se estableció como líder en investigación biotecnología. Y en 1995 fueron aprobados una decena de sus productos modificados genéticamente, entre ellos la “Soja RR (Roundup Ready)”, resistente a glifosato.
La empresa publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997 Monsanto eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la muerte por leucemia de un empleado tejano en 1986; una indemnización de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Tejas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador Brian Tokar.
Monsanto continuó promocionando el Roundup como “un herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas”. Pero el 26 de enero de 2007 fue condenada por el tribunal francés de Lyon a pagar multas por el delito de “publicidad mentirosa”.
En Argentina, Monsanto cuenta con una planta en Zárate (Buenos Aires) desde 1956. Hace doce años realizó una ampliación, su planta de producción de glifosato pasó a ser la más grande de América Latina. En 1978 se instaló en Pergamino y, en 1994, sumó una planta en Rojas (Buenos Aires).
En 1996, el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato. Con la firma del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, la resolución 167 tuvo luz verde en un trámite exprés: sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. El expediente, de 146 páginas, carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, y –sobre todo– el Estado argentino no realizó investigaciones propias sobre los posibles efectos del nuevo cultivo, se limitó a tomar como propios los informes presentados por la parte interesada (Monsanto).
Patentes
En 1996 la soja ocupaba en Argentina 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya llegaba a 10,6 millones. En 2011 llegó a 19,8 millones de hectáreas, a un promedio de expansión de 800 mil hectáreas por año. Representa el 56 por ciento de la tierra cultivada del país.
Luego de la devaluación de 2002, y cuando la demanda externa de soja aumentó, Monsanto intentó cobrar regalías por el “derecho intelectual” de la semilla transgénica. Federación Agraria Argentina (FAA) y el Gobierno rechazaron el pago.
Monsanto llegó hasta los tribunales europeos, donde intentó frenar judicialmente los barcos con soja proveniente de Argentina. Pero la vía judicial no prosperó.
Lejos estaba la empresa de tener problemas económicos. En 2006 había facturado 4476 millones de dólares. En Latinomérica, en sólo el primer trimestre del 2006, facturó 90 millones de dólares. Al año siguiente, mismo periodo, tuvo un incremento del 184 por ciento: 256 millones de dólares. “Gran parte se debió al mayor precio del herbicida glifosato”, anunciaba la empresa, que señalaba al glifosato como el responsable de la mitad de sus ganancias. En 2007 la facturación llegó a 7.300 millones. El presidente ejecutivo de Monsanto, Hugh Grant, expresó en 2009 a la agencia de noticias (Reuters) que la compañía planeaba expandir el negocio de las semillas a una tasa de crecimiento anual de un 20 por ciento entre el 2007 y el 2012.
El Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) estudia desde hace 25 años la concentración del mercado agropecuario mundial. “Monsanto tiene actualmente el 27 por ciento del mercado mundial de semillas, de todo tipo (transgénicas o no) y de todas las variedades. En semillas transgénicas, Monsanto tiene el 86 por ciento del mercado mundial. Es uno de los dos monopolios industriales más grandes del planeta y de la historia de la agricultura e incluso, del industrialismo. Solamente Bill Gates (con Microsoft) tiene un monopolio similar, cerca del 90 por ciento del mercado”, explicó Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.
Coincidencias
La Presidenta anuncia, desde Estados Unidos, la nueva planta de Monsanto en Argentina
Un juicio histórico que, enmarcado en la Ley de Residuos Peligrosos ((24051), abría la puerta para encuadrar las fumigaciones como delito y la posibilidad de condenar a cárcel a los productores y fumigadores.
Tres días después de iniciado el juicio, el 15 de junio, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense) y frente a las mayores corporaciones de Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos (…) Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”.
El 21 de agosto, luego de más de dos meses de juicio, la Cámara I del Crimen dictó sentencia: dictaminó que los dos hechos denunciados (dos fumigaciones, una de 2004 y otra de diciembre de 2008) violaron la normativa vigente y fueron catalogadas como delito. Y condenó a un productor Francisco Rafael Parra y al aerofumigador (Jorge Pancello) a tres años de prisión condicional, cuatro años de trabajos comunitarios y ocho años de prohibición para manipular agroquímicos.
Ese mismo día, el Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, presentó la nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”) junto a los directivos de Monsanto. La gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hace propia la publicidad de Monsanto y resalta las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”.
El ministro Yauhar celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja, hoy aprobamos el evento número 27 y la biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
En la principal feria de agronegocios de Argentina, Expoagro, de marzo de 2012, las empresas Monsanto, Nidera y Don Mario (la principal semillera de Argentina) tenían un objetivo principal: remarcar la necesidad de que el Gobierno apruebe la nueva soja RR2.
“Esto que ves acá es la nueva tecnología”, invitaba Juan Manuel Bello, ingeniero agrónomo de semillera Don Mario, una de las empresas líderes del sector (Mu abril 2012). Se refería a una pecera de vidrio, sobre una mesa, de un metro de alto y dos de largo, dividida al medio. De un lado, la soja transgénica que se utiliza en la actualidad (llamada “RR”), tallos quebrados, hojas rotas y con agujeros de vaya a saber de qué bicho. A su lado, la nueva soja “RR2”, impecable, verde oscura, perfectas. Prometían mayor productividad, un 11 por ciento, que la soja RR.
“La idea es que se pueda comparar a simple vista. La soja RR2 BT tiene un doble gen, el RR y el gen BT, que le otorga la resistencia a insectos, patentada por Monsanto. Acá la comercializaremos cuando se logre consenso en toda la cadena, desde producción hasta exportación. Hoy se trabaja con productores para sumar voluntades, suman su adhesión para utilizar esta biotecnología, firman un acta acuerdo para darle la bienvenida a esta avance de la ciencia”, detalló.
“El consenso”, traducido al criollo, es la aceptación de los productores locales a pagar regalías. Hasta marzo de 2012, productores y Gobierno parecían resistir el cobro de regalías.
Wikileaks
“A lo largo del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después, importantes funcionarios y congresistas de Estados Unidos, además de sucesivos embajadores, presionaron a la Casa Rosada para que facilitara a la empresa Monsanto el cobro de regalías por el uso de semillas transgénicas. Lo que empezó como un duro enfrentamiento, con cargamentos de harina de soja incautados en puertos europeos en el 2004 y 2005, se encaminó hacia una negociación sobre la nueva generación de semillas, dejando atrás el intento de cobro de Monsanto, señala una serie de cables filtrados por Wikileaks”, escribió el jefe de la sección Internacionales de Página12, Santiago O’Donnell el 3 de marzo de 2011, donde cables hasta entonces secretos de la embajada mostraban una supuesta resistencia del Gobierno respecto a ceder a Monsanto.
En los cables, Monsanto aseguraba que el 85 por ciento de la soja que se producía en Argentina se hacía con su fórmula, pero menos de un tercio pagaba regalías. “Si bien el lobby oficial estadounidense a favor de Monsanto fue incesante, hasta los propios analistas de la embajada reconocieron en los cables que el reclamo era dudoso: ‘Los granjeros argentinos tienen derecho a replantar –no a revender– semillas generadas en una cosecha originada en semillas registradas sin pagar regalías, pero no a venderlas’, dice un cable de marzo del 2006 firmado por el entonces embajador Lino Gutiérrez”, explicó el editor jefe de Página12.
Cambios
El primer anunció de la soja RR2 fue realizado el 4 de julio de 2009 en Clarín Rural, uno de los principales voceros de los agronegocios (junto con el diario La Nación, socios en la muestra Expoagro). Prometía un mayor rendimiento, entre 10 y 15 por ciento mayor a la primera soja transgénica.
En septiembre de 2011, la Presidenta presentó en Tecnopolis el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), con objetivos cuantitativos a alcanzar en 2020. En cuanto a producción granaria destaca que el objetivo es aumentar un 60 por ciento la producción (de los 100 millones de toneladas, llegar a 160), con el consiguiente avance sobre nuevos territorios.
El 28 de febrero de 2012, la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y de la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular de uno de los mayores pool de siembra del continente (“Los Grobo”).
Organizaciones ambientales y campesinas aportaron la mirada ausente en el acto oficial: el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes, más poblaciones desalojadas y más uso de agrotóxicos.
En el discurso de junio de 2012 ante los empresarios estadounidenses, la Presidenta recordó el “avance” de los científicos de la UNL, Conicet y la empresa Bioceres. Y abordó por primera vez en público el tema tabú de las patentes de semillas: “Estaban muy contentos (los directivos de Monsanto) porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. También en repatriación de científicos hacía la Argentina y fundamentalmente en respeto a las patentes. Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos hemos convertido también en defensores de las patentes”.
Al regreso de ese viaje, los tiempos se aceleraron. Monsanto tuvo vía libre para la nueva soja. E incluso visto bueno para el cobro de regalías.
El 9 de agosto, desde el XX Congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el secretario de Agricultura lo confirmó: “La estaremos aprobando en breve”.
Al día siguiente, la crónica del diario La Nación es elocuente. “En el marco de Aapresid, el tema de la nueva soja fue motivo de un encuentro informal entre directivos de Monsanto -entre ellos, el vicepresidente, Pablo Vaquero- y dirigentes de la Comisión de Enlace, como Eduardo Buzzi (presidente de la Federación Agraria Argentina), Carlos Garetto (presidente de Coninagro), Luis Miguel Etchevehere (vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina) y José Basaldúa (directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estaba el jefe del gremio de trabajadores rurales (Uatre), Guillermo Venegas. En un stand de Monsanto, todos compartieron una improvisada picada”.
Once días después, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el Ministro de Agricultura y afirmó que el Gobierno está trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Regalías
Tan milenaria como la agricultura es el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla.
Con la nueva soja, Monsanto articuló un modo privado de cobro de regalías, que elude al Estado. Firmó contratos individuales con productores (según Monsanto, ya firmó con el 70 por ciento de los productores de soja) y articuló acuerdos con acopiadoras y exportadoras, que controlarán las cargas de camiones que llegan a los acopios. Allí se realizará un test a los granos y, si se detecta que la soja es de Monsanto, se le descontará al productor el cobro de regalías. Monsanto implementó un sistema que ubica al Estado en un lugar de simple observador.
La decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es alterar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Y, junto con el Gobierno, avanza en una nueva ley de semillas.
Carlos Vicente, de la organización internacional Grain (organización referente en el estudio del mercado de semillas y las corporaciones agrícolas). “La ley actual, de la década del 70, permite el uso propio. Durante miles de años los campesinos criaron, mejoraron y cambiaron semillas, sin que nadie se las apropiara. Pero se crea un derecho de propiedad intelectual, no es la patente sino a la ‘obtención vegetal’, y se puede tener derecho de propiedad intelectual, un monopolio sobre la semilla que quita reconocimiento a los miles de años de historia campesina. Ahora alguien, las corporaciones, pueden ser dueños de las semillas”, alerta y remarca que las organizaciones campesinas se oponen de manera radical a cualquier freno al libre intercambio y circulación de las semillas “ya que esto significa frenar el histórico proceso de creación de diversidad que los campesinos han sostenido por miles de años”.
Vicente apunta a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), constituida en 1961, donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados (entre ellos, claro, Argentina). En 1978, la UPOV crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras sobre cada semilla nueva.
La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de semillas. “La UPOV91 limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave, es la apropiación de la vida”, denuncia Carlos Vicente, de Grain.
-¿Cómo se relaciona Monsanto, la nueva ley de semillas que prepara el Gobierno y la UPOV 91?
Vicente no duda: “Monsanto había anunciado a inicios de 2000 que no iba a realizar nuevas inversiones en Argentina porque no se le garantizaba seguridad jurídica. De la mano de la Presidenta en Estados Unidos, el anuncio de Monsanto de instalar su mayor planta de maíz transgénico en Córdoba, hay un acuerdo que le devuelve ‘seguridad jurídica’, se aprueba la nueva soja, le permiten en cobro de regalías por un sistema privado y se aprestan a modificar la ley de semillas”.
Vicente remarca que la modificación de la ley “va por todas las semillas, no solo la soja”, la enmarca en la “tremenda ofensiva del agronegocios” en todo el continente y la resume de una forma que mete miedo: “Es un paso hacia la privatización de las semillas, la privatización de la vida en manos de las corporaciones”.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) explicitó en julio pasado su rechazo a la nueva ley de semillas. En un comunicado, la catalogó como un “premio para los agro saqueadores” y denunció que “legitima el robo y la apropiación genética”.
“Las especies y variedades que han sido obtenidas por la selección de campesinas e indígenas durante diez mil años, ahora serían de quien la patenta primero, o quien modifica un gen de los 40 mil que pueden caracterizar una planta. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y no una mercancía al servicio del capital”, reclamaron.
¿Contradicciones?
“Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…). Esto nos da la idea de que el elemento vital, agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria”, propuso la Presidenta ante los empresarios estadounidenses el 15 de junio pasado.
Quince días después, el miércoles 27 de junio y desde San Luis, la Presidenta insistió: “Debemos extender aún más la frontera agropecuaria, tenemos que hacerlo (…) Cuando venía con el helicóptero veía esos inmensos círculos aquí, en medio de esta llanura puntana, que tal vez en otro momento solo tenía pasto o criaba y engordaba terneros, como me decía el Gobernador, y que hoy, a través del riego están permitiendo generar follaje, están permitiendo generar producción en zonas impensadas en la Argentina”.
En cadena nacional, la Presidenta dio un paso más: “Yo sueño con que en mi Patagonia, que es una estepa, también podamos hacer producción intensiva de follaje de maíz. No es una fantasía, estos mismos círculos que he visto aquí, los he visto también en los campos de un conocido empresario y productor que tiene estancias en mi provincia (…) y sabemos que vamos a producir también un maíz con una variedad transgénica que nos va a permitir, precisamente, en ese lugar constituir una las zonas también donde podamos extender toda la frontera agropecuaria y la ciencia y la tecnología”.
El Movimiento Campesino Indígena (MNCI) es uno de los espacios más novedosos de la lucha agraria, con presencia en diez provincias. Integra la Vía Campesina Internacional (el movimiento mundial de campesinos y trabajadores del campo) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo (Cloc).
Durante la resolución 125 cuestionaron a la Mesa de Enlace, pero sobre todo apuntaron al modelo agropecuario. En noviembre de 2009 recibieron en Quimilí (Santiago del Estero) al entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En noviembre de 2011, luego del asesinato del campesino Cristian Ferreyra (miembro del MNCI), la organización explicitó su diálogo con el Gobierno. La Cámpora, el Frente Transversal, Nuevo Encuentro y el Movimiento Evita se movilizaron junto al MNCI, en diciembre de 2011, al Congreso Nacional y presentaron un proyecto de ley de freno a los desalojos campesinos (que aún no fue tratado).
El 27 de julio pasado, el MNCI difundió un duro comunicado contra el Gobierno Nacional. “Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos de elección”.
“La Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las transnacionales es una gran contradicción con otros principios enunciados desde el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos que los ‘dueños’ de la tierra y las transnacionales estén embolsando fortunas y en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo debemos leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale, Barrick? La Mesa de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo. El ‘yuyo’ ya no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por más”.
El Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocios implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos y represión: “Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y producir se ve amenazada con cada paso que dan las transnacionales en nuestro territorio, y es por esto que vamos a combatirlas hasta nuestra última gota de aliento. Se trata de vidas, de millones de vidas que están en juego”.
Tres semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de Monsanto.
Maíz en Malvinas Argentinas
“La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con directivos de la empresa Monsanto, quienes le anunciaron un plan de inversiones de 1.500 millones de pesos para desarrollar una planta de producción de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo (…). La nueva planta tendrá como función el tratamiento y acondicionamiento de semillas de maíz. Con las mencionadas instalaciones, la Argentina contará con las dos plantas más grandes del mundo de producción de semillas, ambas pertenecientes a Monsanto”, precisó el 15 de junio el comunicado de la compañía con sede el Estados Unidos.
Monsanto argumentaba que el maíz era importante para el desarrollo del agro argentino porque era la mejor opción para rotar con la soja, “mejora el balance de nutrientes, hace que la erosión del suelo sea menor y mejora el rendimiento”.
Argentina posee 19,6 millones de hectáreas con soja y 4,5 millones con maíz.
Dos meses después, invitados por Monsanto a Iowa (Estados Unidos), los propios periodistas de agronegocios de Clarín y La Nación revelaron la nueva avanzada del modelo agropecuario: ampliar la superficie cultiva de maíz para destinarla a agrocombustibles.
“Después de la fiebre de inversiones que hubo en plantas de biodiésel a base de soja en la Argentina, el próximo turno será para el etanol de maíz. Ya hay una veintena de proyectos de plantas que suman inversiones por 1500 millones de dólares. Se estima que este biocombustible podría hacer crecer en poco tiempo 10 por ciento el área con maíz. El dato lo saben en la compañía de semillas Monsanto, que organizó una gira con periodistas por los Estados Unidos para visitar, entre otras cosas, plantas de etanol y analizar el estado actual de esta industria”, sincera la crónica de Fernando Bertello, en La Nación del 31 de agosto.
En Río Cuarto (Córdoba), donde Monsanto también instalará una planta experimental, avanza en la producción de agrocombutibles en base a maíz la empresa Bio4, de empresarios locales. También avanzan proyectos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Villa María (Córdoba), Aceitera General Deheza (del ex legislador kirchnerista Roberto Urquía), la aceitera Vicentín (con una planta en Santa Fe). Con un total de al menos 20 plantas, también se producirá agrocombustibles en Salta, Entre Ríos, San Luis y Bahía Blanca.
Los agrocombustibles acumulan una larga lista de cuestionamientos. La más reciente, en Argentina, provino en agosto pasado de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue: “Generar agrocombustibles significa destinar la parte de la superficie cultivable a la producción de granos para alimentar motores en vez de alimentar a la población. Se está siguiendo al pie de la letra las metas planteadas por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) en materia de objetivos productivos sin tener en cuenta las consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales que acarrea”.
La Cátedra, un espacio novedoso e interdisciplinario que problematiza e investiga el modelo extractivo, denunció: “Es obligación saber que aceptar el cultivo masivo de plantas para producir agrocombustibles supone incrementar la presión sobre la tierra y no justamente para producir alimentos para las poblaciones locales, lo que se traduce en el aumento de nuestra vulnerabilidad alimentaria”.
Asamblea
“Salón de fiestas y eventos Santina”. Un prolijo rectángulo de diez metros de ancho por veinte de largo. Piso de cemento, paredes blancas. Detrás de una iglesia y frente a la plaza principal, sobre la calle San Martín, la principal del barrio Malvinas Argentinas, de casas bajas, cruzado por dos rutas que corren paralelas (88 y la 19) y dividen al barrio en tres (bautizados “primera sección”, “segunda” y “tercera”).
El salón de fiestas está ubicado en la Segunda Sección. Es miércoles a la noche de calor y es la cuarta reunión de la “Asamblea Malvinas lucha por la vida”, espacio autoconvocado luego de que se enteraran por televisión, en vivo y directo de boca de la Presidenta, que Monsanto se instalaba en su barrio, 32 hectáreas que ya están cercadas con alambre y con máquinas apisonando la tierra.
Matías Marizza tiene 30 años, es maestro de segundo grado en la escuela del barrio. Cara redonda, barba rala, jeans amplios. “Nos desayunamos con el anuncio de la Presidenta”, recuerda.
El boca en boca comenzó a circular y se gestó la primera reunión de vecinos autoconvocados, el 24 de julio. “Muchos vecinos tienen parientes en el barrio Ituzaingó, conocen de las fumigaciones, del juicio. No fue una noticia agradable escuchar que Monsanto se instala en el barrio, a menos de un kilómetro de una escuela”, explica.
Yanina Barzboza Vaca tiene 21 años, habla rápido y siempre vivió en Malvinas Argentinas. “No sólo que conocemos de cerca el Ituzaingó, conocemos de cerca las fumigaciones. Acá estamos rodeados de soja. A sólo cinco cuadras de San Martín (calle principal), ya tenés soja y fumigaciones. Hace mucho que se denuncia que hay chiquitos con problemas para respirar, pero nunca nos hicieron caso”. Además, en la localidad vecina (Monte Cristo) viven familias que desde hace seis años denuncian los efectos de las fumigaciones.
A la primera asamblea llegaron concejales, pero los vecinos los echaron. La segunda asamblea fue el 30 de julio. “Las dos primeras fueron muy desorganizadas, todos teníamos necesidad de contar lo qué veíamos y los temores”, recuerda Marizza. La tercera asamblea fue el 4 de agosto. Donde, casualidad o no, se cortó la luz en esa parte del barrio. Consiguieron un grupo electrógeno y la asamblea continuó.
Ese día se aprobó una actividad informativa al costado de la ruta, para el 15 de agosto. Se repartieron folletos a todo vehículo que cruzaba el barrio y a los vecinos. Tuvo buena repercusión en los medios de comunicación de Córdoba.
Daniel Arzani va por su cuarto mandato. En la asamblea todos los llaman “Daniel”, a secas, es un barrio donde todos se conocen. Arzani es radical, al igual que los siete concejales que le dan mayoría automática. La oposición: una concejal de Unión por Córdoba, del gobernador José Manuel De la Sota, que también apoya la instalación de Monsanto.
El Concejo Deliberante aprobó el 13 de marzo la instalación del obrador en las 32 hectáreas. “No se hizo ningún estudio de impacto ambiental que obliga la ley, no se informó a la comunidad. El Intendente hizo reuniones en casa de familias, algo habitual acá, convocadas por punteros, pero ni ahí tuvo apoyo. Los vecinos le dijeron ‘siempre te bancamos, pero en esta no’”, afirma Marizza.
La asamblea de vecinos cuenta con unos diez jóvenes que coordinan las actividades decididas por el plenario de vecinos. “Hacemos operativo lo que se aprueba en asamblea. No decidimos nada nosotros solos”, avisa Yanina Barboza.
La asamblea de hoy se espera movida. Un volante firmado por “vecinos por el sí” convoca a una reunión para mañana y remarca el apoyo a Monsanto. No saben quiénes son, pero apuestan fichas a que son de la Municipalidad. Segunda novedad: una decena de encuestadoras recorrieron el barrio y preguntaron la opinión de los vecinos respecto del Intendente, del Gobernador, de la Presidenta y, claro, de Monsanto. ¿Quién hizo la encuesta? Sólo se identificaron como “una consultora”.
Paciencia y consenso
Un argumento recurrente son los 400 puestos de trabajo que promete Monsanto y los gobiernos repiten (desde el municipal, hasta el nacional, sin olvidar al provincial). “Nos movimos, estuvimos averiguando y confirmamos que Monsanto publicó en su sitio web una convocatoria para profesionales de agronomía, química, contaduría, mecánica y marketing para jóvenes de entre 21 y 27 años, con nivel de inglés medio. Está claro que el trabajo no será para los vecinos. Según el último censo, en Malvinas no hay más de 50 estudiantes universitarios. Que no nos mientan más”, reclama Marizza.
Marizza y Barboza coinciden que la llegada de Monsanto posibilitó visibilizar las fumigaciones que rodean al barrio y también la lógica paternalista, inconsulta, de la clase política.
Convocada para las 20, la asamblea comenzó con 39 minutos de demora. Unas 150 personas, muchas mujeres con chicos, parejas jóvenes, hombres con su bolso de recién vuelto del trabajo. Primer tema, repaso de las condenas por el juicio del barrio Ituzaingó Anexo. Le siguió el panfleto de los vecinos que supuestamente sí quieren a Monsanto, acciones para frenar a Monsanto durante las próximas semanas, posibilidad de recurrir a una acción legal y la necesidad de presionar políticamente.
Por momentos la asamblea se dispara de temas. Todos quieren hablar. El clásico “compañero” de los ámbitos militantes se reemplaza por “vecino”. Muchos nunca asistieron a una asamblea, e intentan seguir discutiendo incluso luego de las votaciones. Se votó bloquear la entrada a Monsanto y concurrir, al día siguiente, a la convocatoria que apoya a Monsanto. Se aprueban ambas. Y luego algunas vecinos quieren volver a discutir. Los coordinadores vuelven a explicar la metodología, pero igual abren el juego. Saben que la batalla será larga y de la paciencia y el consenso dependerá su suerte. Enfrente está el Gobierno (en sus tres niveles) y, claro, la corporación más grande del agronegocios.
* Versión completa del artículo publicado en la revista MU de septiembre de 2012.
Editoriales ANP
