México (La Jornada del Campo).- En Argentina se produjeron siete asesinatos de campesinos e indígenas en sólo tres años. El caso más reciente: Miguel Galván, 40 años, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), víctima de un sicario que le cortó el cuello con un cuchillo. El trasfondo de la represión: el modelo agropecuario, que pretende aumentar un 60 por ciento la producción de granos y avanzar sobre territorios donde viven y trabajan campesinos e indígenas. El gobierno nacional no condenó ninguno de los asesinatos y en el Congreso Nacional está congelado desde hace un año un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. El Consejo Plurinacional Indígena (CPI) llamó a frenar el modelo extractivo y exigió respetar los “derechos humanos” de las pueblos originarios.
Javier Chocobar, Sandra Ely Juárez, Roberto López, Mario López, Martíres López y Cristian Ferreyra. Todos campesinos e indígenas asesinados en los tres años recientes. A la triste lista se sumó el 10 de octubre Miguel Galván, integrante del Mocase-VC. Desde mediados de este año su familia había comenzado a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas para sembrar soya y maíz transgénicos.
El Mocase-VC, una de las organizaciones referentes de la lucha campesina de Argentina, había emitido el 16 de septiembre un comunicado premonitorio: “Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”, fue el título. El movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra (noviembre de 2011), había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización tres semanas antes del nuevo asesinato.
Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados”.
En marzo de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la soya transgénica con uso de glifosato, la oleaginosa ocupaba seis millones de hectáreas. En 2003 ya abarcaba 11 millones. En el más reciente ciclo, el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 19.8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), programa presentado en 2011 por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones toneladas de granos (un 60 por ciento más respecto de la actual cosecha).
El “corrimiento de la frontera agropecuaria”, eufemismo técnico para graficar la avanzada del agronegocio sobre regiones campesinas e indígenas, multiplicó los conflictos en todo el norte de la Argentina. Sólo en Santiago del Estero, el gobierno provincial contabilizó –en los cuatro años pasados– 600 conflictos por tierra.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) –un colectivo que reúne a organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y técnicos– realiza relevamiento de conflictos. En el más reciente procesamiento de datos, de agosto de 2011, había contabilizado (para la zona del norte del país) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza 11.4 millones de hectáreas y son afectadas un millón 600 mil personas.
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado, el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe. No es casualidad que el grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000: “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria”.
El 17 y 18 de noviembre se reunieron en Buenos Aires organizaciones indígenas de todo el país, entre las cuales estaban el Consejo Plurinacional Indígena (espacio de articulación nacido en el Bicentenario argentino -mayo de 2010). Apuntan de lleno al modelo extractivo (agronegocios, minería, petróleo). “Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, denuncia el documento que golpea de lleno en una de las banderas del gobierno kirchnerista: los derechos humanos y la vulneración sistemática en lo que respecta a pueblos indígenas.
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