DIARIO EL EXTREMO SUR DE LA PATAGONIA
POR ROMINA BOSCH ROST.El Bolsón.
Especial para EES 115.
El último gobierno radical de Río Negro, encabezado por Miguel Saiz, legó al Estado numerosas operaciones irregulares de tierras que ahora investiga la Justicia. El vacío político, la arbitrariedad y el descontrol administrativo –sumados a las sospechas de corrupción– ampararon la venta de valiosas tierras fiscales a precio vil. Entre esas operaciones inmobiliarias puestas bajo la lupa se destacan las que beneficiaron al empresario Joe Lewis y sus “socios” Nicolás Van Ditmar y Maximiliano Mazza. Desde sus empresas se muestran como “desarrolladores” de tierras, pero ejecutan meras estrategias de aprovechamiento inmobiliario a costa del Estado y perjudicando a los ciudadanos. Ahora aspiran a convertir la Pampa de Ludden en la “Pampa de Lewis”, con un emprendimiento que incluye una villa “vip” en el emblemático Cerro Perito Moreno. Una historia que impresiona por su cinismo, con la participación de correveidiles como el ex intendente Oscar Romera y el presidente del CAP, José Calviño.
Río Negro es un caso emblemático cuando se estudia la venta de tierras fiscales a titulares extranjeros. “La operatoria siempre es la misma, la provincia adjudica tierras a empresas locales, luego éstas revenden a terceros quienes las colocan en venta en el mercado inmobiliario y la adjudicación es pergeñada con el único fin de sacar las tierras del dominio público”, explicó el legislador rionegrino Luis Bardeggia.
La zona de Mallín Ahogado, específicamente los terrenos de Cipriano Soria y Sepúlveda, linderos a Hidden Lake S.A. y el emblemático Cerro Perito Moreno, se convirtieron en el objetivo de la ambición de Lewis.
Los terrenos -con una superficie de 1.498 hectáreas–fueron adjudicados a un valor de $ 60 la hectárea. De esa superficie, 850 has. fueron cedidas por el Estado a Mirta Soria, hija y heredera de Cipriano Soria. Sin esperar el lapso de cinco años que prevé la normativa para la venta de las tierras escrituradas, fueron vendidas en solo seis meses a Maximiliano Mazza, hoy propietario de la empresa Laderas del Paralelo 42 S.A y gerente de Laderas del Cerro Perito Moreno. Para esa turbia operación resultaron claves el aval del ex intendente “Cacho” Romera y del actual director del Club Andino Piltriquitrón, José Calviño –resistido por buena parte de los antiguos socios–.
La transacción se investiga penalmente como “la causa Accatino”, en la que están implicados el ex gobernador Miguel Saiz y su ministro de Producción Juan Manuel Accatino, quienes habrían adjudicado de manera ilegal las mejores tierras fiscales de la región a favor de los empresarios, a precios estrafalarios.
En esta causa están implicados además los privados Mirta Soria y Maximiliano Mazza. Las anomalías están siendo investigadas por el juez Carlos Reussi y la fiscal Daniela Zagari, quien promovió la acción penal contra los ex funcionarios rionegrinos y los privados.
Inicialmente, la denuncia penal fue presentada por el entonces legislador Luis Berdeggia y reforzada por testigos de identidad reservada. Berdeggia relata que “Soria no podría haber recibido las tierras por parte del Estado rionegrino, ya que tenía al menos otros dos inmuebles registrados a su nombre, lo cual está prohibido expresamente en la normativa vigente”.
El mega-emprendimiento
La empresa Laderas del Cerro Perito Moreno justifica el proyecto urbanístico de la villa arguyendo que “necesitan” de la explotación inmobiliaria de los 1072 lotes en plena Pampa de Ludden para financiar las obras de remodelación del centro de esquí. El loteo está diagramado para albergar 10.000 personas y se proyecta hoteles, shoppings, canchas de golf, canchas de rugby, y canchas de polo.
La urbanización propuesta desequilibra el eje de crecimiento y desarrollo del ejido municipal, generando un importante núcleo de concentración en el extremo norte del mismo, con la consecuente demanda de provisión de servicios, escolaridad, salud, seguridad, etc. Es difícil pensar en una planta de más de mil lotes ocupados con segundas residencias, que no cuente con un conjunto de cuidadores y familias empleadas por los propietarios, para el cuidado y mantenimiento de las fincas.
Claudio Romero, actual Secretario de Medio Ambiente de El Bolsón asegura que “al municipio y al Ejecutivo no nos cierra por escala el proyecto, por cómo se distribuye en el territorio, por la falta de evaluación de cuestiones sociales y económicas. Habría que profundizar algunos aspectos como la intervención de los bosques, los corredores de fauna, pero no parece ser el problema más crítico, si lo social y económico no sería beneficioso en su escala y su forma de distribución. Queremos evaluar más profundamente y la solución sería pensar en otro proyecto distinto en escala, concentrado cerca de la base del cerro. La empresa no tiene que olvidarse que hay un detalle: los territorios los administramos nosotros”. El funcionario plantea que “la tierra es un elemento fuerte en sí mismo, cuando uno la ocupa se va agotando, y en este caso la tierra tiene una situación dominial por parte de la empresa Laderas”.
Para Romero, es importante tener en cuenta la inclusión: “hay que pensar en el territorio, en sus modo de uso, las ofertas de trabajo, qué tipo de trabajo va a tener la gente de Mallín Ahogado y que calificación va a tener su trabajo, y la pregunta primordial es ¿qué parte de la economía vamos a reactivar?”.
Los vecinos de Mallín Ahogado –conscientes de que no tienen un lugar asegurado –apuestan a la posibilidad de “disfrutar de un centro de esquí “inclusivo” y de gestión comarcal, para el cual la inversión de la provincia debería mantenerse vigente”.
Alta suciedad
Las tierras son un símbolo de la ciudad y sus habitantes, y ambos se convierten en víctimas de un “vacío” político, acompañado de la debilidad de sus instituciones para enfrentar a los empresarios abusadores con la ley en la mano.
En mayo de 2011 se concesionó el centro de esquí Perito Moreno. Maximiliano “Sammy” Mazza, un instructor de esquí, fue el único oferente para el desarrollo integral del centro, dándose a conocer como el propietario de la empresa Laderas del Paralelo 42 S.A.
Mazza no es un actor inocente en la trama. Es hermano de Vanessa Mazza, la esposa de la “mano derecha” de Lewis, Nicolás Van Ditmar. Ella misma es un engranaje clave en los negocios de Lewis, ya que integra el directorio de Hidden Lake S.A. y se ocupa del manejo del personal.
El descontento social se inició cuando se supo que la Municipalidad de El Bolsón –entonces en mano del inefable “Cacho” Romera– había autorizado además un proyecto urbanístico de 3500 hectáreas, donde se plasmaría el desarrollo urbano de 1072 lotes, quedando afectada la “Pampa de Ludden” y sus alrededores.
Mazza prometió una inversión de unos U$S 15 millones para modernizar el centro de esquí existente, pero la condicionó a la puesta en marcha de la central hidroeléctrica que Lewis desea realizar sobre el Rio Escondido para abastecer al nuevo “mega-emprendimiento”.
Así quedó en evidencia que la concesión del centro de esquí era un caballo de Troya para permitir la creación de una “Villa Vip”, que tendría accesos exclusivos desde el Lago Escondido, propiedad de Hidden Lake S.A., y evitaría cualquier beneficio a El Bolsón.
Más “socios” putativos
Los vínculos personales de la trama no terminan con Romera ni con la familia Van Ditmar-Mazza. Para fortuna de Lewis, el centro de esquí estaba en manos del Club Andino, presidido por José Calviño. Es un viejo conocido del jefe británico porque presidente también el Club de Rugby Los Jabalíes, cuyos jugadores retozan en las canchas del Lago Escondido.
En enero de 2011, José Calviño y el ENDIPEM (ente conformado por gente del Club Andino, Laderas, Ministerio de Turismo de la Provincia y un profesional de Medio Ambiente de la Municipalidad) llaman a una licitación “nacional e internacional” que sólo se publica en el Boletín Oficial y en dos diarios argentinos. Atento a la prensa, apareció entonces Maximiliano Mazza.
Ya en 2005, el entonces gobernador Miguel Saiz firmó un acta-acuerdo donde otorga la gracia de la concesión a privados. Allí el Club Andino Piltriquitrón –con el aval de Calviño, un hombre capaz de visitar las asambleas a cara de perro y con sonrisa suficiente, a quien mucha gente de bien le desea lo contrario– se declaró “incapaz” de desarrollar el cerro. Así Saiz-Romero-Calviño evitaron que las tierras sean devueltas al fisco provincial.
En su retórica, Saiz y Romera convalidaron con obsecuencia los objetivos ambiciosos dedel grupo. Sostuvieron sin ponerse coloraros que el “desarrollo” del Cerro Perito Moreno será una “bisagra” para el pueblo y que se necesitan “grandes inversores”, además de aclarar que el Centro de Esquí sirve si está “directamente ligado al Proyecto de Urbanización, sin uno no se puede concretar el otro.”
El proyecto de urbanización puede en el sitio web de la inmobiliaria J. P. Urruti y Asociados. Promocionan la venta de los lotes, a partir de U$S 24.000, con un 30% de anticipo. La misma información aparece en BA MAG, revista de distribución gratuita en zona norte de Capital Federal. Allí, con unas fotografías contundentes se muestra el proyecto de los lotes con el mismo valor, e invitan a los inversores a “no perderse esta oportunidad inmobiliaria”. No hacen ninguna referencia, eso sí, a que el proyecto aún es una utopía.
En tiempos en que el gobierno nacional impulsa el concepto de “licencia social”, Lewis y troupe deberán pasar el filtro municipal, para empezar. El amigo Romera ya no está, y el actual intendente Ricardo “Caleuche” García afirma que el de la Ladera de Lewis “no es un negocio transparente y claro” y aclara que “sospecho que estamos excluidos del proyecto como comunidad, porque sabemos que tienen planificado ingresar con los turistas desde la ruta 40 para llegar directamente al cerro.”
INTENDENTE MUNICIPAL RICARDO GARCÍA
“Con esta escala no vamos a aprobar nada”
El intendente de El Bolsón, Ricardo “Caleuche” García afirma que “no estoy de acuerdo con la escala que se planteada en el proyecto inmobiliario, porque estoy seguro que esto traerá complicaciones a El Bolsón, en el aspecto comercial, turístico, gastronómico, hotelero, y le pido a la empresa Laderas que reformule la escala, porque con esta escala no vamos a aprobar nada”.
“No estoy a favor de ningún tipo de especulación inmobiliaria y tampoco planteamos límites caprichosos, buscamos que haya un respeto hacia la comunidad de El Bolsón; y nos veríamos involucrados junto al Estado a hacernos cargo de todos los servicios de dichos lotes, y no me parece correcto porque es una especulación inmobiliaria”, asegura.
ASAMBLEA EN DEFENSA DEL AGUA Y LA TIERRA
“Rechazamos un proyecto elitista”
La Asamblea en defensa del Agua y la Tierra es una ONG creada con la necesidad de proteger la venta de las áreas naturales a inversores extranjeros, como es el caso de la Pampa de Ludden, en la cual se proyecta una Villa Turística.
Los asambleístas rechazan “el mega-proyecto que propone premisas elitistas basadas en una exclusividad del consumo que sólo genera mayor desigualdad social.”
Jorge Ronco, miembro de la Asamblea, afirma que “apoyamos un modelo de desarrollo local que defienda lo propio, que potencie las características del entorno natural, que haga visible el estilo de vida rural de la comunidad y que proteja el ambiente para que lo puedan disfrutar las generaciones futuras. Decimos NO al emprendimiento de la Villa Turística en el Cerro Perito Moreno”.
Para la Asamblea, la región de la Pampa de Ludden es un acuífero fundamental que nutre de agua a los canales de Mallín Ahogado, utilizados por 3000 pobladores rurales.
Oferta Saiz: $60 la hectárea
La Justicia Penal de Río Negro investiga al ex gobernador Miguel Saiz, al ex ministro de Producción, Juan Accatino y a los ex directores generales de Tierras, Jorge Belacín y Daniel Tait, por haber adjudicado en venta a precios exiguos tres lotes fiscales del área natural protegida meseta de Somuncura, transferidas por un valor de $ 9,18 la hectárea y terrenos en la Cordillera adjudicados a menos de $ 60 por hectárea.
La fiscal Daniela Zágari imputó a los cuatro ex funcionarios del Ejecutivo y solicitó una medida cautelar denominada de “anotación de litis” que resguarda que ante una pretensión de venta de esos inmuebles “se notifique al potencial comprador de que los mismos están siendo investigados por supuestas irregularidades.” Dicha medida busca impedir que si se realizan nuevas cesiones de esas tierras, los adquirentes puedan invocar haber comprado de buena fe.
La venta se materializó mediante escrituras suscriptas por Miguel Saiz y Juan Accatino, quienes habrían validado el proceso de adjudicación a fin de obtener un beneficio económico
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