Patagonia -Por Darío Aranda.La multinacional italiana Benetton posee en la Patagonia Argentina 970 mil hectáreas, el equivalente a 48 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Es el mayor terrateniente del país. En 2007, un matrimonio del Pueblo Mapuche (Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir) decidió recuperar su territorio ancestral y, en una acción inesperada para el poder político y empresarial, se instaló en 535 hectáreas en el corazón de las estancias de los hermanos Carlo y Luciano Benetton.
En la década reciente, los pueblos originarios de Argentina han recuperado –mediante la acción directa– 240 mil hectáreas de territorios ancestrales. Estaban en manos de la multinacional Benetton, empresas mineras, grandes estancieros, Ejército y Gendarmería Nacional. Los pueblos indígenas de Argentina fueron despojados de la mayoría de sus territorios en campañas militares que se iniciaron en 1879, políticas de Estado que se ejecutaron bajo el nombre de Campaña del Desierto (aunque no era desierto, sino un lugar habitado desde hacía generaciones). La decisión había sido introducir nuevos territorios al mercado capitalista, para cría de ganado, agricultura y extracción de madera. Aunque en menor magnitud, con el paso del tiempo el desalojo de comunidades indígenas nunca se detuvo. El Consejo Asesor Indígena (CAI) es una de las organizaciones referentes de la lucha del Pueblo Mapuche. En la década de los 80s, a fuerza de movilizaciones y debates lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Los puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con posterior restitución. Luego de diez años de insistir por la vía administrativa, con exiguos resultados, en 1997 un trawün (asamblea) decidió avanzar con recuperaciones territoriales, acciones directas. Entre 1987 y 1989 realizaron reafirmaciones territoriales (asambleas donde se remarca la pertenencia a un lugar) en 30 mil hectáreas de la provincia sureña de Río Negro. En 2000 se produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, ocho mil hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. Entre 2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas, siempre en manos de grandes empresarios. Hasta enero de este año, y con una veintena de casos, el Pueblo Mapuche de la provincia de Río Negro llevaba recuperadas 160 mil hectáreas. La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) tiene cuatro décadas de historia en las reivindicaciones del Pueblo Mapuche de la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina. Aunque en la actualidad los mayores conflictos territoriales se dan por la avanzada de empresas petroleras, mineras y estancieros, lleva recuperadas 73 mil hectáreas. En 1995 comenzó con la mayor acción de recuperación, en un predio llamado Pulmarí, que había sido apropiado por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiado por el primer gobierno peronista (1946) y una de las mayores estancias, transferida al Ejército. En el lugar siempre permaneció un cementerio indígena. Éste y arte ancestral en piedras confirman la pre existencia indígena. El Pueblo Mapuche siempre exigió a devolución territorial. Luego de reiterados reclamos, la CMN recuperó 70 mil hectáreas, incluidas diez mil que estaban en manos del Ejército. Nueve comunidades, 900 familias, tres mil 500 personas, volvieron a territorio ancestral. La mayor parte de las recuperaciones territoriales se dieron en el sur del país, pero hay excepciones en el extremo norte. Formosa es una de las provincias más pobres del país, con un gobernador feudal (Gildo Insfrán) que se mantiene desde hace 25 años en el poder. En 1947, durante el gobierno de Juan Perón, la Gendarmería Nacional asesinó a no menos de 500 indígenas del Pueblo Pilagá. El hecho fue conocido como la “matanza de Rincón Bomba” (por el nombre del paraje). La Gendarmería se apropió del territorio indígena. En abril de 2010, familias del Pueblo Pilagá de tres comunidades decidieron volver a su territorio, 547 hectáreas. La Federación Pilagá, conformada por 20 comunidades apoya políticamente la recuperación. “Resistimos desde 1492. El Estado debe escuchar, no pedimos regalos, tienen que cumplir la ley. Acá vivieron nuestros antepasados, no es de empresarios ganaderos ni de Gendarmería, es del Pueblo Pilagá”, explicó el presidente de la Federación, Saturnino Miranda. El poder político, judicial y económico cuestiona las acciones directas de recuperación territorial. Pero los pueblos indígenas han logrado, además de la batalla política, dar la pelea jurídica, y tienen de su lado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en Argentina tiene rango supralegal (por encima del Código Civil y Penal). “Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”. La comunidad mapuche Lefimi vivió por más de cien años en Taquetrén, clima desértico de Chubut, corazón de la Patagonia. Hasta que en la década del 80 fue estafada por un empresario local que se quedó con sus diez mil hectáreas. En diciembre de 2009, la comunidad volvió a su territorio ancestral, recuperó seis mil hectáreas, enfrenta al mismo empresario que desalojó a sus ancestros y, como si fuera poco, a la multinacional minera Panamerican Silver, que planea extraer plata y plomo. “Desde hace años que queríamos volver a un nuestra tierra. Intentamos hablar con el gobierno pero nadie nos atendió. Nos cansamos de mendigar y decimos volver”, explicó paciente Germán Lefimi, de 38 años. Advierten que no dejarán su tierra, “ni por dinero, ni por otras tierras, ni por nada”. * Publicado el 15 se septiembre en el diario La Jornada de México
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