El juez Sala pidió la imputación de Félix como instigador de los delitos de lesiones, atentado a la autoridad y homicidio del policía Eber Falcón. Sin embargo, no existe prueba alguna que sustente estas acusaciones que sólo se apoyan en testimonios de algunos efectivos de la policía provincial que participaron en la represión de 2010 y que sostuvieron como prueba de sus dichos el uso de un teléfono celular por parte de Félix con el supuesto objetivo de organizar la resistencia al desalojo. A partir de diversas declaraciones y de prueba documental, se comprobó que Félix se comunicaba con distintos actores e instituciones, como la Defensoría General de la Nación y el INADI, para informar lo que estaba sucediendo en el lugar y solicitar colaboración. De acuerdo con los indígenas que declararon en la causa y con la pericia antropológica realizada, las decisiones en la comunidad se toman únicamente en asamblea y no es Félix quien da órdenes.
El caso llegó al juez Sala por la apelación del fiscal Arturo Cabral. Sin embargo, el fiscal decidió no apelar el sobreseimiento recaído sobre los únicos dos policías imputados en la causa por el homicidio del miembro de la comunidad Roberto López. A su vez, recientemente había solicitado que se desestimen todas las denuncias formuladas contra los funcionarios policiales y judiciales. Este accionar de Cabral, sumado al rechazo a la viuda de Roberto López a constituirse en querellante, implicaría el cierre de la causa contra los policías ya que no queda nadie en posición de sostener la acusación contra ellos.
Frente a los reclamos por los problemas relacionados con el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras, la justicia penal provincial ha respondido en reiteradas oportunidades con procedimientos criminales dirigidos a perseguir a los miembros del grupo. La posición del fiscal es una muestra de la convalidación que la justicia provincial está dispuesta a hacer del uso abusivo de la fuerza policial y de la discriminación y persecución de la que está siendo objeto Felix Díaz. Por esta razón, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la recusación de Cabral y seguirá reclamando junto a otras organizaciones que se revierta esta acusación y se realice una investigación imparcial respecto de la responsabilidad provincial en la represión del desalojo.
La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra ha generado condiciones para la reiteración de agresiones contra los miembros de La Primavera, que continúan siendo víctimas de hostigamientos y violencia y enfrentan grandes obstáculos para que sus denuncias se realicen y sean gestionadas por las instituciones. Desde la represión de 2010, integrantes de la comunidad fueron atacados y amenazados por criollos que ocupan sus tierras en repetidas oportunidades. En abril del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para garantizar la integridad física de los integrantes de la comunidad. En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública para discutir sobre el conflicto. Sin embargo, las autoridades provinciales aun no han dado respuesta a las demandas. Es fundamental que no se siga criminalizando a Félix Díaz y a la comunidad y que se avance en soluciones de fondo a los reclamos.
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