LA COMUNIDAD INDIO COLALAO, PJ 33/11-RENACI, DENUNCIA:
- Que desde tiempos inmemorables nuestra familias habitan con orgullo el territorio de uso comunitario de Base Riarte, perteneciente a la Comunidad Indio Colalao, y que desde principio de la década del 90 sufre el hostigamiento, amenazas, matanza-robo de ganado, contaminación, desalojos violentos por sicarios y policías contratados por empresarios usurpadores de nuestro territorio, todo esto esta denunciado y documentado en el ámbito policial y demás esferas institucionales.
- Cuando nuestra comunidad reclamó por las violación de nuestros derechos, encontró una justicia que en vez de protegernos en el marco legal existente; nos persigue, nos reprime, nos encarcela, viola derechos elementales, demostrando que existe un plan sistemático donde intervienen policías, jueces de paz, fiscales, jueces, legisladores y funcionarios parientes, asociados a grupos empresarios con intereses en la expansión de la frontera sojera.
- Estos procedimientos son tan irregulares e indiscriminados que desconocemos quienes hoy tienen efectivamente orden de detención, ya que sin haber sido citados a declarar por las supuesta usurpación de nuestro propio territorio ancestral; sabemos por trascendidos que existen 25 órdenes de detención para comuneros de Indio Colalao, lo que constituye una verdadera cacería, que moviliza a más de 400 policías en nuestro territorio, lo que nos recuerda al genocidio del General Roca en la conquista del “desierto”.
- En Tucumán gran parte de la Justicia está manchada por los poderosos que pisotean la constitución, los tratados internacionales y desoyen el mandato de la ley 26.160 y su prorroga ley 26.554 creada por el gobierno nacional para proteger y restituir derechos de los pueblos originarios.
EXIGIMOS
- LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE NUESTROS COMUNEROS ALBERTO MERCADO Y MANUEL PASTRANA, detenidos el 27 de Julio.
- EL CESE DE LA CONSTANTE VIOLACION DE DERECHOS INALIENABLES A NUESTRA COMUNIDAD por parte de la Firma ZANJA HONDA, Presidente FREDY MORENO NÚÑEZ VELA, junto a su socia AGRO-AVANCE, perteneciente al SR JORGE POSSE; la Fiscalía X del Dr. Guillermo Herrera y el Juzgado III del Dr. Francisco Pisa.
- La inmediata intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, certificando nuestra preexistencia como Comunidad Originaria e instrumentando las medidas necesarias para la inmediata instrumentación de la Ley 26.160 promovida y ejecutada por el Gobierno Nacional y desoída por el Poder Judicial de Tucumán.
- La presencia en Tucumán de la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados de La Nación y veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se realice una investigación para determinar quiénes son los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en un país democrático donde esto no debería ocurrir.
Deseándole sinceramente el mayor de los éxitos en sus cometidos, esperando una respuesta favorable, nos despedimos de Ud. muy atentamente.
PD: Adjuntamos actas de las medidas del 04/07/12 y otra documentación necesaria.
CONTACTOS: ayllucolalao@gmail.
Cacique Lilia Delgado 0381 - 155331179
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