Si bien el exitismo en torno al potencial de los yacimientos no convencionales -como elemento fundamental para lograr el autoabastecimiento energético- no ha desaparecido de las declaraciones de funcionarios nacionales, provinciales y de la dirección de YPF, éste no alcanza a garantizar la provisión cotidiana de gas, que se refleja tanto en la necesidad de aumentar la importación desde Bolivia, como en las obras de ampliación de los puertos regasificadores de Bahía Blanca y Escobar, el desaliento del consumo del GNC a través del incremento de precios y el aumento del precio del gas en boca de pozo para seducir a las operadoras. La vaticinada avalancha de inversiones externas no se concreta, y por ahora el máximo logro es haber aumentado la capacidad de refinación de YPF, que redundaría en una disminución de las importaciones de gasoil.
En este contexto, la firma del decreto 1277/12 es un avance importante en la política sectorial hidrocarburífera. Desde 1989, la ‘libre disponibilidad’ fue la piedra angular del saqueo que se materializó en la exportación de hidrocarburos, a la que se sumó la desregulación de precios y la privatización de YPF; y, finalmente, el proceso de balcanización de la gestión y explotación del recurso a partir de la provincialización del dominio.
La reglamentación del Poder Ejecutivo –con la derogación de los artículos 5 inc. d, 13, 14 y 15 inc. a, b y e del decreto 1055/89; artículos 1, 6 y 9 del decreto 1212/89; y artículos 3 y 5 del decreto 1589/89– echa por tierra ese marco (des)regulatorio y sienta las bases para una mayor planificación y gestión racional por parte de la Nación.
La nacionalización ‘de hecho’ en la gestión y regulación sectorial es una medida progresiva y de avance efectivo que repercute en numerosas áreas de nuestra sociedad. La creación de una herramienta central, pública y con una potencial inserción en el control de todas las etapas de la industria es un complemento necesario de la expropiación parcial de YPF. La planificación de las inversiones, los precios internos, el destino de los recursos, los niveles de extracción y refinación, subsumiendo los intereses particulares de las operadoras privadas al interés general, debe ser la columna vertebral de un proyecto de país soberano y justo. Hasta el momento, esta premisa había sido dejada de lado en el sector, siendo las corporaciones privadas las que dictaban discrecionalmente, y de acuerdo a su propio beneficio, el destino de la energía presente y futura.
En este sentido, la apertura del escenario en los últimos tiempos es positiva y esperamos que esta línea sea una política de Estado en los años venideros y no de carácter coyuntural por parte de un gobierno ante un escenario particular.
No obstante, esta creación de una herramienta de regulación pública todavía deja varios interrogantes, que ya hemos planteado en otras oportunidades. Por un lado, cuál será el rol del Consejo Federal de Hidrocarburos, instancia creada por la ley de Soberanía Hidrocarburífera, que se encuentra ausente en el decreto 1277. Las atribuciones conferidas a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, siembran dudas acerca de qué incidencia real tendrá el Consejo Federal de Hidrocarburos en el diseño e implementación de políticas públicas para el sector. De la resolución de este interrogante dependerá la participación que tendrán las provincias en el nuevo esquema. En este punto, será imprescindible avanzar en un régimen federal con verdadera vocación democrática, en el que la participación comunitaria y de los trabajadores remplace a la “comunidad de negocios” existente hasta el momento entre las clases dirigentes provinciales y las compañías privadas.
Como se ha mencionado en otras oportunidades, el abordaje económico ha eclipsado totalmente el debate y la implementación de políticas públicas. La participación –tanto en el Consejo Federal de Hidrocarburos y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas– de los organismos públicos responsables de garantizar el derecho a un ambiente sano brillan por su ausencia. La extracción e industrialización de hidrocarburos es una actividad contaminante, cuyos impactos sociales, ecológicos y económicos se registran a lo largo y ancho del país –entre otros, la violación sistemática de los derechos colectivos ambientales del conjunto de la población y los específicos de los Pueblos Indígenas, reconocidos en el marco jurídico nacional e internacional.
En vista de esto, los requerimientos a los operadoras no tendrían que limitarse a aspectos productivos y financieros sino también al apego a la normativa ambiental específica. Asimismo, son de público conocimiento los casos de resistencia de comunidades indígenas y campesinas que se oponen a los programas de desarrollo hidrocarburífero, y que encontraron en los organismos públicos (nacionales y provinciales) silencios o directamente represión y judicialización. Para terminar con esta situación deberían implementarse los mecanismos de consulta presentes en la legislación indígena internacional, con el objetivo de poner fin a las asimétricas negociaciones que se entablan entre comunidades y empresas, que en muchos casos redundan en la fragmentación interna de las primeras por las prácticas de reparto de dádivas llevadas a cabo por las petroleras.
El Estado no debe desentenderse de sus responsabilidades y derivar los conflictos al ámbito privado; tampoco debe convertirse en el brazo represivo al servicio de la ‘seguridad jurídica’ de las empresas, sino que debe velar y respetar los territorios que no otorgan la ‘licencia social’. Los incumplimientos y las violaciones de derechos no afectan sólo a los directamente damnificados sino que son hechos que lesionan al conjunto de la población y el país.
Entonces, ¿qué se espera para avanzar efectivamente en un programa de transición energética y que garantice plenamente los derechos colectivos? Los tiempos que vivimos no plantean únicamente el desafío de una mayor apropiación social de la renta y control público de los recursos naturales, sino también en una nueva práctica de armonía y de respeto en la relación a la naturaleza. Insistimos en que la energía debe ser concebida más allá de los límites conferidos en la actual discusión, incluyendo aspectos ambientales, culturales y sociales en igualdad de condiciones con la variable económica. Necesitamos continuar avanzando hacia una YPF acorde con los tiempos que corren: de control público, federal, democrática y con amplia participación popular y de sus trabajadores. En definitiva, una herramienta social para una transición efectiva hacia un país justo, soberano y sustentable.
Editoriales ANP
