(Cecilia Litvin – Red Eco) Neuquén – Buenos Aires - A lo largo de 2010, la fiscalía federal inició, en Neuquén, 39 causas por delitos contra las personas y la libertad cometidos en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.
Particularmente, en la Unidad 9 son cada vez más los detenidos que denuncian ser víctimas de apremios ilegales de parte del personal.
No es la primera vez que se habla de estos temas en la provincia. En agosto del año pasado, dos policías fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al ser hallados culpables del delito de “severidades ilegales” por las agresiones realizadas al trabajador ceramista Pedro Alveal en 2003.
Los presos políticos Freddy Fuentevilla Saa y Villaroel Sepúlveda denunciaron acoso y hostigamiento policial, mientras estaban detenidos en unidades neuquinas en 2009.
Pero el caso más grave es el de Argentino Peloso Iturri, un interno que falleció el 8 de abril de 2008 en la Unidad 9.
Según el relato de los testigos y las pruebas, Iturri fue retirado de su celda por un grupo de penitenciarios y golpeado en reiteradas oportunidades (incluso en el servicio médico) y murió por un paro cardiorespiratorio.
Quince penitenciarios fueron indagados, entre ellos el entonces director de la cárcel, el médico y el enfermero.
A pesar de ello, y hasta que no se haga realmente justicia, la violencia continúa. Federico Egea, abogado querellante de la causa e integrante de la Asociación Zainuco, aseguró que hay testigos que fueron intimidados: “A los que están detenidos los amenazan o los apremian para que cambien su declaración, y a los que no están detenidos los amenazan de muerte”. Desde Zainuco denunciaron que se constató que se contrató a sicarios para que asesinaran a testigos fundamentales para el juicio.
Actualmente en Neuquén, son cerca de 600 los detenidos, con una edad promedio de 22 años. El 40% está procesado, y el 60 restante ya tiene condenas. La Asociación Zainuco afirmó que todas las semanas reciben denuncias por malos tratos en las cárceles, con un promedio de 20 por mes. Sin embargo, manifestaron que las presentaciones realizadas en la Fiscalía mayoritariamente no son tomadas en cuenta y terminan siendo archivadas.
Cabe recordar que a Zainuco no se le permite el ingreso a las cárceles neuquinas desde 2003. Esta denuncia se encuentra desde el mes pasado en la Corte Suprema de Justicia.
Fin de año sangriento
En la provincia de Buenos Aires, se reiteran las mismas malas condiciones de detención. En los últimos días, se registraron diferentes hechos que así lo confirman.
Luis Angel Bucci, de 29 años, murió en la Unidad Penal Nº 21 de Campana el último 31 de diciembre. Fue atacado por otro preso en el tórax y llegó muerto al hospital. En la Unidad Penal nº 39 de Ituzaingó, otro preso murió en circunstancias similares a los pocos días.
Antonio Alberto Capdevilla, de 35 años, fue detenido en la madrugada del 31 de diciembre por “desorden en la vía pública” en la localidad de General Villegas. A los pocos días, murió producto de severas quemaduras que sufrió en el 40% de su cuerpo al incendiarse su celda. Tras permanecer 22 horas internado, falleció en el hospital municipal.
Estas muertes no hacen más que dar cuenta del estado de las cárceles. Hacinamientos, torturas, falta de controles, es decir condiciones paupérrimas de detención y nula presencia y compromiso del Estado
Ya a mediados del año pasado, tras una visita por algunos penales, representantes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían expresado su “profunda preocupación por la información recibida, según la cual en los centros de detención se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Señalaron además que “las condiciones de alojamiento que se verificaron durante la visita resultan incompatibles con el principio de trato humano”. Se refirieron al mal estado general de las estructuras e instalaciones físicas y las graves deficiencias del sistema de salud. En ese marco, la CIDH había instado al Estado a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana” y lo había exhortado “a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención”.
Está claro que aún nada ha cambiado.
Editoriales ANP
