Por Prensa Fiscalía EsquelEste lunes, minutos después de las 9:00 de la mañana, dio comienzo el juicio para determinar si existió abuso policial en los allanamientos encabezados por el GEOP en Corcovado el mes de marzo de 2009. La audiencia se realizó en el salón Aoniken y la seguridad estuvo a cargo de la Policía Federal. Se prevén varias jornadas de testigos.
Un amplio salón repleto de sillas evidenciaba la previsión de la Oficina Judicial tendiente a que ningún interesado en presenciar el juicio se quede afuera. Sin embargo la presencia de público en la primera jornada fue mínima, incluso se está evaluando la posibilidad de llevar próximas jornadas a la sala 2 de los tribunales.
Una larga historia de delito investigación y condena
El alegato de apertura del Fiscal Martín Zacchino comenzó mucho tiempo atrás de los hechos que se están juzgando. Arrancó por la muerte violenta de un bebé de nueve meses en manos de su padre, Cristian “Mai” Bustos. Por ese hecho Bustos fue juzgado, condenado a prisión perpetua y detenido con prisión preventiva en la Comisaría de Corcovado. De ese lugar se fugó. Las diferentes pesquisas llevadas a cabo para dar con su paradero permitieron determinar que el 8 de marzo de 2009 estaba en la casa de sus padres. Allí fue una comisión policial, la que sorprendida por la salida armada del “Mai” y sus hermanos, y luego emboscada por estos, se vio involucrada en un tiroteo que terminó con un policía muerto, otro herido, uno de los hermanos Bustos fallecido, otro parapléjico y un tercero con una herida en una pierna. Mientras tanto, el prófugo volvió a evadirse una vez más.
Esta situación llevó a que la policía diera intervención al Grupo Especial de Operaciones de la Policía provincial. Ese mismo día por la noche, este grupo realizó el allanamiento de la vivienda de la familia política de Cristian Bustos, buscándolo, sin dar con él. En los días siguientes se llevaron a cabo otros allanamientos en la casa de más familiares. Todos arrojaron resultados negativos. El Mai no aparecía por ningún lado.
Sin embargo, en paralelo la Fiscalía comenzó a recibir denuncias de excesos cometidos en los procedimientos. Los dueños de las propiedades allanadas denunciaron violencia física, amenazas, daños y lesiones por parte del GEOP.
Zacchino sostuvo que el GEOP actuó con abuso de autoridad, se excedió, se sobrepasaron preceptos judicialmente indicados, se violaron garantías, se lesionaron personas inocentes y se produjeron daños innecesarios. El fiscal dijo que en este caso no era una intervención más, a los ojos de estos policías se estaba buscando al asesino de un camarada.
Los hechos fueron calificados como abuso de autoridad y vejaciones agravadas por el empleo de violencia física y amenazas, cinco hechos en concurso real.
La violencia policial
La querella a cargo del Dr. Omar López de la Defensa Pública, adhirió al alegado fiscal, e hizo hincapié en la violencia desplegada por la policía. Para ilustrar lo que a su criterio se expondrá en el juicio, leyó una cita de un libro que analiza el caso Bulacio. En él la autora habla de la violencia desplegada por la policía en los lugares de detención y en las calles, del abuso de autoridad. López sostuvo que el GEOP llevó a cabo durante casi un mes en Corcovado el tipo de violencia cotidiana, creando el caldo de cultivo para que se generen otras violencias mayores.
Bajo el paraguas de las normas y la ley
Daniel Sandoval, defensor particular de Miguel Ramón Gómez, negó rotundamente la acusación y sostuvo que la actividad desarrollada por su defendido se encuadró en el rol que a este le cabe dentro de la reglamentación del GEOP, y la manda concreta de los jueces intervinientes. “Se busca sensibilizar al Tribunal”, retrucó el letrado refiriéndose a la cita llevada por López. “El caso Bulacio no es aplicable aquí”, dijo, indicando que toda esta actividad se llevó a cabo con supervisión del Ministerio Público Fiscal y las máximas autoridades policiales. “No hubo excesos”, resaltó.
El descargo
Miguel Gómez decidió declarar y responder preguntas, aunque se reservó detalles para exponer más adelante, en la medida en que avance el desarrollo del juicio. Con gran solvencia detalló el modo en que está organizada la fuerza especial y cómo es reglamentada su actuación, además de explicar la manera en la que tomó intervención en los hechos de Corcovado y el modo en que se realizó cada uno de los allanamientos.
Finalizada su alocución, Sandoval solicitó al Tribunal que ordene a los periodistas presentes que no difundan la declaración de Gómez hasta terminado el juicio. La Fiscalía y la querella solicitaron que la prensa tenga libre acceso a la sala, pero que solo informe de modo general sobre lo acontecido en cada jornada de debate, sin dar ninguna precisión sobre lo dicho por los testigos, de modo tal de evitar la contaminación del relato de los demás testigos que deberán declarar en próximas jornadas.
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